IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

El "Estudio Jurídico del ICO (...)" representa una respuesta nueva y revolucionaria en este ámbito, dentro de un sector tan importante como es el de la construcción, en su pretensión más buscada: la defensa de los derechos de las EMPRESAS CONSTRUCTORAS, víctimas injustas del gravamen tributario, y que cuestiona: la aplicación llevada a cabo por los Ayuntamientos desde el punto de vista del principio de legalidad, los privilegios que se atribuyen las Administraciones Autonómicas y otros Entes públicos como eventuales acreedores contractuales del impuesto (Contratos Administrativos de Obras), la situación de las entidades Subcontratistas como realizadoras de las construcciones y las entidades Promotoras como contribuyentes que no pierden su condición aunque realicen el pago a las constructoras, etc. Todo ello conectado, a priori, con el contenido urbanístico de la regulación legal del impuesto, que obliga a conocer los expedientes de solicitud de licencia de obras gestionados por las Gerencias de Urbanismo y a posterior con las deudas de las Administraciones Públicas en concepto de impago de Certificaciones de Obras.