La lucha eficaz contra las distintas expresiones de la más moderna criminalidad, obliga a los Estados a abandonar las tradicionales fórmulas de cooperación basadas en el principio de reciprocidad para avanzar hacia el fortalecimiento de los instrumentos de cooperación policial y judicial en materia penal, cristalizando en un conjunto de medidas destinadas a facilitar la investigación, la obtención de pruebas y su posterior incorporación a los procesos penales nacionales, mediante la consolidación del principio de reconocimiento mutuo.En la presente obra se pretende ofrecer una visión distinta de una de esas medidas de investigación, la intervención de las comunicaciones, centrada en el uso que de la misma se pueda realizar cuando de fenómenos delictivos en los que concurre una nota de transnacionalidad se trata. Se aborda así el contexto en el que se desarrolla la criminalidad del siglo XXI, y la incidencia que la misma ha tenido en el cambio de paradigma de la investigación penal, con un análisis de las repercusiones que en el campo de la intervención de las comunicaciones tiene este nuevo contexto.
Si hay una cuestión controvertida en el ámbito de la violencia de género es la que hace referencia a la dispensa del deber de declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta el punto de que es la unica cuestion sobre la que no se alcanzo consenso en el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero. Su trascendencia es tal que se han propuesto una pluralidad de soluciones en el intento de reducir el numero de sentencias absolutorias que la aplicacion de esta dispensa produce en los procesos penales seguidos en esta materia. El contenido de esta obra se dirige al estudio de todos los problemas planteados en las distintas fases del procedimiento, asi como de las soluciones propuestas a los mismos, en un intento de llegar a una conclusion que permita zanjar el problema.