ANTONIO DEL MORAL GARCIA

Coord. Antonio del Moral García.

El libro, la monografía Juicios Rápidos (Estudio práctico del nuevo procedimiento para el enjuiciamiento rápido de ciertos delitos), que han escrito tres compañeros fiscales, Rafael Escobar, Jaime Moreno y Antonio del Moral, resulta tan imprescindible como seductora. Imprescindible porque ahora que echa a andar la nueva criatura en carne de norma, la aplicacion practica de la misma resulta en si misma un desafio fascinante. Una norma procesal es siempre una guia con la que regirse en un mundo de procedimientos pero en el moderno proceso es, ineluctablemente, una pieza de estrategias procesales que afectan a derechos fundamentales y a graves intereses personales y materiales, a la vez que el instrumento que hace posible el Derecho Penal, que, no se olvide, es pieza insustituible en el complejo entramado del pacto para una convivencia social mas justa. Seductora porque el campo interpretativo esta tentadoramente abierto y muchas de las cuestiones que propone la nueva ley, desde la regulacion de la conformidad, o consenso segun parte de los exegetas, hasta conceptos que parecia olvidados, como los delitos flagrantes o cuasi flagrantes, pasando por el regimen, asaz complicado del alcance de los recursos interlocutorios de cara a ciertas resoluciones, el significado de la suficiencia o de la insuficiencia de lo instruido por las partes de cara a la decision de abrir el juicio oral o sobreseer la causa en los denominados juicios rapidos, por no hablar de los delicados problemas de derecho transitorio, tan espinosos cuando el derecho procesal se entrecruza con el penal sustantivo, el complejo mundo que va a suscitar los beneficios penologicos, art. 801, nacidos de la conformidad in vitro concebida a la luz de ese precepto.

Se ofrece un estudio eminentemente práctico de cada uno de los preceptos que incluye la cita de circulares e instrucciones de la FGE así como de la doctrina jurisprudencial de los tres últimos años, acuerdos y sentencias del Pleno de la Sala II.Contiene las relevantes reformas de las leyes orgánicas 5/2010 y 1/2015, se erige en adecuada herramienta para resolver multitud de cuestiones y problemas técnicos que la praxis diaria plantea al operador jurídico sea en relación a la normativa del Libro I (error, circunstancias modificativas, personas jurídicas, autoría y participación criminal, concursos de normas y de delitos, penas, su determinación y acumulación, responsabilidad civil, medidas de seguridad, prescripción de delitos?) o del Libro II (homicidio, lesiones, violencia de género, detenciones ilegales, amenazas, coacciones, delitos sexuales, delitos patrimoniales, tráfico de drogas, delito fiscal y contra la Seguridad Social, medio ambiente, urbanismo, prevaricación, cohecho, malversación, falsedades, seguridad vial, atentados, terrorismo, tenencia de armas?), sobre todo, si viene realizada por autores de reconocido prestigio que desde la judicatura, fiscalía y abogacía, aportan su dilatada experiencia.La obra se dirige a todo aquel que desde el ámbito de los tribunales (magistrado, fiscal, abogado), de la enseñanza (profesor, estudiante), o de la concreta asesoría (informe, dictamen), persiga obtener una actualizada respuesta a los problemas que suscita la Ley penal.

Dentro del Derecho de obligaciones, se ha atribuido tradicionalmente una enorme importancia al Derecho general de las obligaciones y, específicamente, al Derecho de los contratos. En cambio, se ha prestado sólo una atención marginal al Derecho de las obligaciones extracontractuales. De ello es expresivo el dato legislativo: son verdaderamente escasos los artículos que el Código Civil consagra a la responsabilidad reparadora de los daños. La parquedad de regulación plasmaba una situación social que hoy, con perspectiva histórica y a la vista de los rigores nocivos surgidos desde la primera revolución industrial (desarrollados desde entonces en progresión creciente), se contempla casi como bucólica, al ser la propia de una sociedad fundamentalmente rural y agraria, en la que, marginadas las actuaciones dañosas estrictamente delictivas, era de pequeña entidad la conflictividad dañosa de signo accidental. Por ello no es de extrañar que la responsabilidad civil quedara al margen, no sólo de la actividad legislativa, sino también de las tareas docentes e investigadoras desenvueltas fundamentalmente en la Universidad.