Antonio Descalzo González

Aunque un sector ciertamente relevante de la doctrina española ha expuesto su escepticismo hacia cualquier reflexión, abstracta y compleja, sobre el concepto del Derecho administrativo. es claro que su estudio constituye, no obstante, un requisito inexcusable para poder conocer las instituciones que utilizaran los operadores juridicos y, ante todo, para no caer en el error de confundir el sentido y finalidad de cada una de ellas. Aqui se trata, en detalle, de analizar la naturaleza del proceso contencioso-administrativo y su posible incidencia en la configuracion general del Derecho administrativo, pues, en efecto, aunque en su construccion tecnica inicial el contencioso-administrativo es un proceso objetivo al acto previo dictado por la administracion publica, en nuestros dias, por el contrario, no trata tanto de comprobar en sede judicial la correccion legal de la decision administrativa previa, cuanto de tener una solucion juridica que procede aplicar al supuesto planteado conforme a las pretensiones que cada una de las partes ha deducido en defensa de sus respectivos derechos e intereses. Sucede, sin embargo, que en el modelo de justicia administrativa asi implantado cabe detectar uno que otro obstaculo que puede impedir, quizas, su mejor desarrollo y desenvolvimiento segun sus nuevos principios y circunstancias administrativas.Aqui se trata, en detalle, de analizar la naturaleza del proceso contencioso-administrativo y su posible incidencia en la configuracion general del Derecho administrativo, pues, en efecto, aunque en su construccion tecnica inicial el contencioso-administrativo es un proceso objetivo al acto previo dictado por la administracion publica, en nuestros dias, por el contrario, no trata tanto de comprobar en sede judicial la correccion legal de la decision administrativa previa, cuanto de tener una solucion juridica que procede aplicar al supuesto planteado conforme a las pretensiones que cada una de las partes ha deducido en defensa de sus respectivos derechos e intereses. Sucede, sin embargo, que en el modelo de justicia administrativa asi implantado cabe detectar uno que otro obstaculo que puede impedir, quizas, su mejor desarrollo y desenvolvimiento segun sus nuevos principios y circunstancias administrativas.Sucede, sin embargo, que en el modelo de justicia administrativa asi implantado cabe detectar uno que otro obstaculo que puede impedir, quizas, su mejor desarrollo y desenvolvimiento segun sus nuevos principios y circunstancias administrativas.

Cuando se cumplen diez años de su publicación, la novena entrega de Los Diez Esenciales de Aranzadi aborda la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.Como notó la Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2017, de 22 de junio, la Ley persigue el objetivo de limitar la intervencion de los poderes publicos y particularmente de la Administraciones publicas en relacion con los operadores configurando restrictivamente las tecnicas de limitacion en el acceso y ejercicio de todas las actividades economicas

"Leyes de Régimen Jurídico del Sector Público, del Procedimiento Administrativo Común, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de Eficiencia Digital en la Justicia. Actualizada con la LO 1/2