Aura Esther Vilalta Nicuesa, página 2 de 9

la aprobación de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y, con ella, la paralela modificación de determinados artículos de naturaleza procesal contenidos en la ley cambiaria y del cheque, el llamado juicio cambiario pasa a regularse, como proceso especial, en el libro IV, título III, capítulo II de la actual Ley procesal, como instrumento adecuado para dotar de eficacia y protección a los créditos documentados en letras de cambio, cheques y pagarés. Además de efectuar un breve recorrido por las distintas acciones derivadas de la Ley cambiaria y del cheque, en esta obra se analizará la nueva regulación procesal del juicio cambiario, así como las modificaciones que al respecto ha sufrido la mencionada ley especial; todo ello sin perjuicio de abordar la polémica surgida acerca de su naturaleza jurídica y demás cuestiones de interés en el proceso tales como la legitimación activa y pasiva según la acción de que se trate, la competencia territorial, la demanda cambiaria, el requerimiento de pago, el inmediato embargo preventivo, la postura del demandado deudor -con especial incidencia en la demanda de oposición cambiaria y sus causas- y los efectos de la sentencia, entre otras. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de estas acciones, así como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado.

La presente colección de acciones civiles analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. "Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa" (art. 1.088 CC). "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos". "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley" (art. 1.258 CC). En la presente obra se estudia la acción dirigida a exigir el cumplimiento de las obligaciones y de los contratos, con especial análisis de la acción de reclamación de cantidad y los diferentes tipos de intereses, tras la entrada en vigor de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de estas acciones, así como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado.

Este título aborda la regulación normativa ex novo que la Ley 42/1998, de 15 de diciembre efectúa de la hasta ahora llamada multipropiedad, en su configuración como nuevo derecho real limitado de aprovechamiento por turno. Nacen con ella un haz de facultades, deberes y acciones para propietarios, promotores, empresas de servicios y titulares de los derechos de aprovechamiento con el fin de garantizar la deseada seguridad jurídica y de tráfico, evitar los posibles fraudes a los consumidores y dar cumplimiento a la exigencia de trasposición al derecho interno de la Directiva comunitaria 94/47/CEE, de fecha 26-10-74. La presente obra, por ello, ofrece una visión práctica de todas las posibilidades extrajudiciales y judiciales que la Ley permite en la defensa de los legítimos intereses de las partes.

La impugnación de acuerdos sociales, tanto en sociedades anónimas como en limitadas, es un derecho de socios o accionistas, administradores e incluso terceros no sujetos a la disposición de las partes y exluida del arbitraje. Los requisitos de prosperabilidad, legitimación, plazos y otros aspectos procesales dependerán del tipo de vicio ante el que nos encontremos. La presente obra ofrece una visión práctica de todo aquello que necesita saber para su interposición o, en su caso, para su evitación mediante una acertada defensa.

El depósito nace desde que una persona recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla. La característica esencial es la entrega de la cosa con la única y exclusiva finalidad de su guarda, conservacion y devolucion. Ello genera en depos

¿Cómo proceder cuando sufrimos la pérdida del objeto que nos fue transmitido?, ¿Y si descubrimos con posterioridad a la venta que está gravado? Por el contrato de compraventa el vendedor se obliga a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. Y así, en virtud del saneamiento, el vendedor responderá al comprador, entre otros, de la posesión legal y pacífica de la cosa vendida y de los gravámenes ocultos que tuviere. En la presente obra se estudian las acciones de que dispone el comprador en ambos casos, así como sus requisitos de prosperabilidad, causas, efectos y otros aspectos procedimentales tras la entrada en vigor de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil; con especial tratamiento de la evicción y la preceptiva comunicación al vendedor, así como de la Doctrina Jurisprudencial al respecto. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de estas acciones, así como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado.

Por el contrato de compraventa el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o hubiera dado menos precio por ella -art. 1.484.1 CC-. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de las llamadas acciones edilicias -acciones redhibitoria y estimatoria o quanti minoris-, sus requisitos, efectos, íter procedimental tras la aprobación de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, causas de exoneración del vendedor, diferenciación con otras acciones -las derivadas del incumplimiento contractual y la decenal o por vicios en la construcción-, así como los supuestos específicos de pérdida de la cosa vendida y del saneamiento por vicios en las ventas de animales, entre otros aspectos. Con referencia igualmente a la contratación mercantil, normativa específica y derechos territoriales, así como un amplio recorrido por la doctrina científica y jurisprudencial.

La presente acción, de honda raigambre histórica, nace de la premisa o consideración de que la copropiedad es una situación provisional y ello justifica su naturaleza imprescindible y ejercitable por parte de cualquier condómino mientras la situación de copropiedad subsista. Su ejercicio y ejecución sin embargo no están exentos de numerosos interrogantes. Esta obra ofrece una visión práctica de todo aquello que necesita saber para su interposición o, en su caso, para su evitación mediante una acertada defensa

Tras la aprobación de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y la derogación expresa de los arts. 17 y 18 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, el llamado juicio ejecutivo del automóvil seguirá, en cuanto a su tramitación, los dictados comunes a toda ejecución, regulados con carácter general en la actual Ley procesal. Pero con determinadas especialidades derivadas de la naturaleza y alcance del Auto regulado en el art. 10 de aquella Ley especial o Auto de cuantía máxima, como son, a título de ejemplo, las causas de oposición a la ejecución. A través de un exhaustivo estudio de la Jurisprudencia menor se abordan los diferentes conflictos que, ya con anterioridad a la actual regulación, habían surgido al amparo de este procedimiento, de carácter especial y sumario; y, en concreto, cuestiones tales como la formación e integración, requisitos y motivos de nulidad del Auto ejecutivo; posición del ejecutado y causas de oposición, con especial estudio de la culpa exclusiva de la víctima, la concurrencia de culpas y la fuerza mayor; los efectos de la acción -la indemnización y criterios para su cuantificación-; los intereses moratorios de las compañías de seguros; la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con el requerimiento previo preceptivo y la competencia territorial en tales casos; así como los requisitos de esta acción ejecutiva, tanto desde un punto de vista sustantivo como procesal. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de estas acciones, así como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado.

La acción hipotecaria del art. 131 es un instrumento rápido de cumplimiento forzoso de créditos que se dirige directamente contra los bienes hipotecados sin que preceda fase declarativa alguna. Si bien, sometido a estrictos requisitos formales cuyo incumplimiento puede implicar fácilmente la nulidad de todo el procedimiento. La presente obra ofrece una visión práctica de todo aquello que necesita saber para su interposición o, en su caso, para su evitación mediante una acertada defensa.

La nueva Ley 8/99, de reforma de la ley 49/1960, aborda uno de los problemas más endémicos en las comunidades de propietarios: la morosidad. A tal fin articula toda una batería de medidas, entre las que se encuentra la afección real del inmueble transmitido al pago de los gastos generales correspondientes a la anualidad en curso o, en su caso, en la cual tenga lugar la adquisición y el año inmediatamente anterior; la atribución de carácter ejecutivo a los acuerdos formalizados en el acta de la junta de propietarios y el establecimiento en un procedimiento monitorio para el cobro de las deudas que se rige por las previsiones de la L.1/2000 de Enjuiciamiento Civil. La presente obra ofrece una visión práctica de las novedades legislativas apuntadas, y facilita un estudio que permite conocer el nuevo íter procesal y los instrumentos de defensa de las partes implicadas.

Las acciones derivadas del contrato de mandato suponen mecanismos de actuación en defensa de los intereses de los diferentes intervinientes en una relación de mandato, ya sea entre los propios contratantes o con respecto a terceros vinculados por el mencionado contrato. La presente obra ofrece una visión práctica de los presupuestos necesarios para la interposición de estas acciones o, en su caso, para evitar sus efectos mediante una acertada defensa; con estudio de los requisitos procesales que son de aplicación tras la entrada en vigor de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

La acción impugnatoria de la desheredación de un legitimario, dispuesta de forma expresa en testamento, es aquélla que tiene el heredero forzoso contra los herederos del causante con la finalidad de anular la institución hereditaria en la medida en que le perjudique. Supone el medio adecuado para contradecir la causa de desheredación invocada por el testador, cuya realidad deberán probar sus herederos. La presente obra ofrece una visión práctica de los presupuestos necesarios para su interposición, y demás cuestiones procedimentales aplicables tras la aprobación de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Incluye breve estudio de su tratamiento en los diferentes derechos territoriales.

Son numerosos los supuestos en que los animales, domésticos o no, pueden causar daños, ya sea por irrumpir en una vía pública provocando un accidente, o por ataques, mordeduras, embestidas, atropellos, caídas, etc. De estos daños será responsable el poseedor del animal o el que se sirviera de él, cuando se trate principalmente de animales de uso doméstico, salvo cuando exista culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor -art. 1.905 CC-; será responsable en determinados supuestos, el propietario o explotador de una heredad o coto de caza por los daños causados por ésta en las fincas vecinas -art. 1.906 CC-. En la presente obra se estudia la acción de responsabilidad extracontractual en general, con especial incidencia en la derivada de los daños causados por animales, sus elementos configuradores, requisitos, personas o entidades responsables, causas de exoneración, supuestos de concurrencia de culpas, efectos -indemnización e intereses-, cuestiones procedimentales, convenientemente adaptadas a la L. 1/2000, de Enjuciamiento Civil y otros aspectos de interés; todo ello además de un pormenorizado recorrido por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, estudio de las principales corrientes doctrinales y breve referencia del tratamiento de esta materia en los derechos territoriales. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de la acción de responsabilidad extracontractual por daños causados por animales, así como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado.

La acción ejecutiva permite plantear una demanda de cumplimiento expeditivo de las obligaciones de pago de cantidades líquidas y exigibles recogidas en determinados títulos, por un cauce especial que articula la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, y que, a diferencia de los procedimientos ordinarios, no otorga al ejecutado más que la posibilidad de oponer determinadas excepciones. La presente obra ofrece una visión práctica de todo aquello que necesita saber para una correcta interposición o, en su caso, para su suspensión o evitación mediante una acertada defensa.

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia, Bibliografía. (Incluye disquete)

Las acciones negatorias son aquellas que puede interponer el propietario de un bien contra aquél que cause una perturbación sobre el mismo; perturbación que puede ser jurídica (servidumbre u otros derechos reales) o material (inmisiones). La acción que se estudia carece de regulación normativa en el Derecho común, pero no así en el ámbito territorial, destacando por su importancia la Ley catalana 13/1990, de 9 de julio, de la acción negatoria, las inmisiones, las servidumbres y las relaciones de vecindad; norma a la que se hace especial referencia en esta obra. Se ofrece una visión práctica de los presupuestos procesales y sustantivos necesarios para la interposición de estas acciones, así como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado. Todo ello en aplicación de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y con estudio de las especialidades del juicio verbal que la mencionada Ley contempla como cauce procesal adecuado para los titulares de derechos reales inscritos, frente a aquellos que perturben su ejercicio sin título que les legitime. La Ley 22/2001, de 31 de diciembre, de regulación de los derechos de superficie, de servidumbre y de adquisición voluntaria o prefente, aprobada por el Parlament de Catalunya, deroga expresamente los arts. 4 a 25 de la Ley 13/1990, de 9 de julio, de la acción negatoria, las inmisiones, las servidumbres y las relaciones de vecindad.

La inmatriculación de fincas, la reanudación del tracto sucesivo, el expediente de liberación de cargas y gravámenes, así como otros procedimientos incluidos en la presente obra, son el medio adecuado para lograr la concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica extrarregistral. Se ofrece una visión práctica de todo aquéllo que se necesita saber para la iniciación de estos procedimientos, con especial estudio de la normativa hipotecaria y resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Incluye la modificación del Reglamento Hipotecario operada por RD. 1867/1998, de 4 de septiembre, y la incidencia que sobre esta materia han tenido las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que declaran la nulidad de pleno derecho de algunos de sus preceptos; así como, en su caso, la adaptación de estos procesos a la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.