CARLOS CLIMENT DURAN

La valoración de las pruebas relativas a cualquier delito supone la realización de una labor intelectual predominantemente centrada en los hechos. En este sentido, la valoración judicial de las pruebas es una actividad prejurídica, al igual que también lo es la valoración realizada por los jurados, porque los criterios valorativos a emplear no son de carácter propiamente jurídico, sino que son los suministrados por la experiencia ordinaria, por la lógica vulgar o por el sentido común. Como dice Mittermaier, «el Juez, propiamente hablando, es un verdadero jurado». Así como la labor de los profesores o de los legisladores se centra más en el aspecto puramente jurídico o político de las normas, aunque sin renunciar al análisis de su proyección fáctica, la actividad judicial se nuclea básicamente en torno a la valoración de los hechos y a su subsunción en las normas, lo que supone la plena comprensión de su significado jurídico y de su exacto alcance. Es decir, que la actividad judicial se caracteriza por la determinación de cuáles son los hechos ilícitos ocurridos y por la subsunción de éstos en las normas preexistentes, y de todo esto se extrae la consecuencia legalmente prevista, que es una condena o una absolución; pero la actividad de los jueces no se circunscribe, al menos en principio, al análisis técnico-jurídico de las normas promulgadas o de los criterios político-criminales que las orientan o que deberían orientar la reforma de tales normas. Si en algún caso concreto hacen un análisis de este tipo, predominantemente técnico o político, es con motivo de la aplicación de un determinado precepto a un hecho concreto. Por esto puede decirse que los jueces, en cuanto juzgan casos concretos, son especialistas, antes que nada, en la aplicación del sentido común, o sea, en el uso de las reglas de la lógica vulgar y de la experiencia ordinaria. El uso de la lógica vulgar, no de la lógica pura, es la esencia de la actividad judicial2. Además,

Todas las reformas integradas: Esta obra permite visualizar de un golpe de vista cada artículo con sus distintas redacciones y reformas escalonadas, desde la más novedosa a la más antigua, facilitando la comparación del tipo y la pena para su aplicación retroactiva en Beneficio del reo.

Aunque el contenido esencial de la presente obra es el Código Penal de 1995, cada uno de sus artículos va seguido de su legislación concordada, e incluso del texto de las normas que están directamente relacionadas con cada uno de ellos. Asimismo, se expone y se extracta sistemáticamente toda la jurisprudencia, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, relacionada con cada artículo que se ha producido desde mediados de 1997. Se logra así que, de un solo golpe de vista, se pueda averiguar cuál es el estado legal y jurisprudencial en que se halla un determinado artículo del Código penal vigente. Contiene también el texto del Código Penal de 1973, con la tabla de correspondencias de los artículos de uno y otro Código, así como las tres Circulares de la Fiscalía General del Estado que han interpretado el modo de hacer las revisiones de las penas originariamente impuestas con sujeción al Código Penal de 1973. Se ofrece igualmente una completa selección de las leyes penales especiales, así como de la normativa sobre extradición y sobre responsabilidad civil por accidentes de trabajo, con exposición del baremo y de sus sucesivas actualizaciones. Por último, se contienen las Instrucciones, Circulares y Consultas de la Fiscalía General del Estado relacionadas con cada uno de los artículos del Código Penal. Se han incluido también las recientes modificaciones penales, producidas por las Leyes Orgánicas 7/2000, 8/2000 y 9/2000, que afectan a la legislación sobre terrorismo, extranjería y menores.

El delito de detención ilegal cometido por una autoridad o funcionario público (artículos 167 del Código Penal) es una modalidad agravada del delito de detención ilegal cometido por un particular. El código Penal de 1995 establece una doble regulación, distinguiendo ente el delito de detención ilegal material, tanto si media causa criminal (artículo 167) como si media causa criminal (artículo 530) por un lado, y el delito de detención ilegal formal por quebrantamiento de cualquiera de las garantías inherentes a la detención (artículos 530y 531). Esta especial modalidad delictiva suele ser perpetua por funcionarios de policía, con lo que su regulación punitiva tiene una especial importancia ya que constituye una importante garantía de todos los ciudadanos frente a cualquier posible abuso policial.