Francisco Javier Garrido Carrillo

La Corte Penal Internacional, en adelante CPI, es el primer instrumento de tutela jurisdiccional internacional, de carácter permanente y de naturaleza penal e independiente, aunque vinculada sustancial, funcional y económicamente al sistema de las Naciones Unidas. Con vocación de universalidad y dotada de personalidad de derecho público internacional es complementaria respecto de las jurisdicciones de sus Estados Miembros.La CPI está facultada para enjuiciar a las personas acusadas de haber cometido los crímenes considerados más graves para la Comunidad Internacional en su conjunto: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión, siempre y cuando los Estados no puedan o no quieran realizar las indagaciones necesarias o empezar el procedimiento pertinente.A través de la creación de un órgano jurisdiccional penal de carácter supraestatal, como la CPI, la Comunidad Internacional en su conjunto pretende garantizar el respeto y la puesta en práctica de forma duradera de la Justicia, poniendo fin al fenómeno de la impunidad y asegurando el desarrollo de los Pueblos, el mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y el bienestar de la humanidad.Su doble naturaleza de órgano jurisdiccional penal supranacional y de organización internacional no afecta al adecuado desempeño de sus funciones. La CPI juzgará a los supuestos responsables de los crímenes considerados más graves para la Comunidad Internacional en su conjunto, respetando el principio de legalidad, material y procesal, y el derecho a un proceso debido con todas las garantías (due process).De acuerdo con dicho planteamiento, un individuo puede y debe ser declarado culpable por la comisión de actos constituyentes de delito, y por esa misma razón, objeto de sanción penal, solo si tanto el órgano que decide, como el proceso a través del que se decide la conducta sancionable y la misma sanción han sido legalmente predeterminados antes de la realización de los actos objetos del juicio.La problemática inherente al desarrollo de un sistema de justicia universal, que trascienda las jurisdicciones de los Estados es a día de hoy de gran actualidad e importancia.

En esta obra, lleva a cabo el autor un estudio integral del decomiso, pues las reformas llevadas a cabo no han sido meras actualizaciones, sino que han supuesto un nuevo marco de regulación, presentando multiples insuficiencias y limitaciones. Parte el a

Francisco Javier Garrido Carrillo El nuevo diseño de oficina judicial y su puesta en marcha se ha revelado como una tarea compleja y de gran dificultad por los cambios que conlleva, que van mucho más alla de una mera actualizacion de la conocida, hasta hace poco, como "secretaria judicial". Son muchas las novedades que precisan de una atencion especial y de una reflexion pausada, y entre ellas destacamos por su relevancia e implicaciones, el analisis de los servicios comunes procesales, entre ellos el Servicio comun procesal de Ordenacion del procedimiento, asimismo es clave la nueva conformacion de la figura del Secretario Judicial, titular de los Servicios Comunes Procesales y de las Unidades Procesales de Apoyo Directo, y por ultimo es preciso abordar la incorporacion de las nuevas tecnologias en el quehacer de la oficina judicial, en especial para todos los actos de comunicacion, entre todos los operadores juridicos. Esta nueva realidad que se muestra apasionante, ha de ser entendida no solo como un reto, sino como una oportunidad de mejora de nuestro sistema en beneficio del justiciable.

La libre circulación de personas, bienes y servicios entre los distintos países, ha determinado como contrapartida la globalización del crimen. Este complejo fenómeno incide profundamente en el modus operandi de la delincuencia, transformandolo y abriendo caminos ineditos. Son multiples las perspectivas desde las que se ...

La globalización de nuestra sociedad y de la economía ha supuesto la globalización del crimen, y por lo tanto la lucha contra las redes criminales y otras formas graves de delincuencia requiere y exige de los Estados una respuesta penal comun, por lo que es preciso poner en marcha instrumentos y sistemas que sean realmente eficaces. Asi mismo, un fenomeno poliedrico como el crimen organizado impone que se aborde desde una perspectiva multidisciplinar y transversal, pues los aspectos sustantivos y procesales convergen y se proyectan sobre las realidades que se combaten, debiendo ir adecuadamente entrelazados e imbricados, para que produzcan el resultado previsto. En este sentido y teniendo en cuenta que la criminalidad organizada existe y actua, esencialmente, por animo de lucro, es necesario trabajar incidiendo en el principio de que el delito no resulte provechoso, y por lo tanto profundizar en las politicas dirigidas a asfixiar economicamente a las organizaciones criminales mediante la expropiacion de las ganancias proporcionadas por sus actividades delictivas. Las medidas e instrumentos adoptados hasta la fecha han supuestos grandes avances en la direccion correcta, pero hay que reconocer, como hace la Comision Europea, que siguen siendo insuficientes e ineficientes. Por lo tanto, hay que trabajar y profundizar en los marcos juridicos disponibles y en la conformacion de mecanismos y sistemas de cooperacion, coordinacion e intervencion en la recuperacion y gestion de activos derivados del delito. Todo ello exige el diseño y adaptacion de instrumentos e instituciones penales y procesales, que han de operar en el ambito de nuestro proceso penal, respetando los derechos y garantias basicas del mismo. En este marco, son muchos los actores y profesionales implicados en esta labor, y muy numerosas las actuaciones que se requieren para conseguir un sistema garantista y a la vez eficaz. No obstante, en este objetivo y en este trabajo no se pueden perder de vista las garantias y derechos procesales de los afectados, tanto de sospechosos y acusados, asi como de terceros, por lo que los avances, y las medidas que se adopten, no pueden desnaturalizar el proceso penal, ni sacrificar los principios y garantias basicas que rigen el mismo, en pro de una necesaria eficiencia. Esta obra completa el catalogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

Esta obra ofrece una reflexión crítica y necesaria sobre el papel actual de la jurisdicción constitucional en un contexto marcado por la transformación del Estado de Derecho. En un momento de profunda crisis institucional, agravada por el auge de los populismos y la instrumentalizacion de las propias herramientas constitucionales, el autor analiza como nuestro Tribunal Constitucional ha visto reforzada su dimension politica en detrimento de su funcion jurisdiccional, generando tensiones estructurales y normativas.

Explora la ética, regulación y límites de la IA en la UE, esencial para académicos y profesionales en derecho y políticas públicas.

El carácter globalizado, transnacional y digitalizado de la criminalidad organizada ha impuesto el desarrollo de relaciones más estrechas, de networks, basados en mecanismos de cooperación judicial no solo entre los Estados de la UE sino tambien con los paises terceros a fin de elaborar una estrategia de lucha eficaz y compartida. El principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales representa el pilar de este sistema en la UE. No obstante, la necesidad de imponer excepciones al caracter automatico de este principio ante supuestos de violaciones reiteradas y sistematicas, a traves de un control horizontal del respeto de los derechos fundamentales, que puede llevar a la imposicion de excepciones, ha puesto este principio en entredicho, requiriendo elaborar una nueva declinacion y la adaptacion de los instrumentos normativos adoptados en el ambito de la cooperacion judicial al nuevo contexto. En los ultimos años las quiebras han sido cada vez mas fuertes, debido a las derivas antidemocraticas asumidas por algunos paises. De ahi, la necesidad de una respuesta mas incisiva por parte de la UE, pues este contexto interno, que contribuye a fomentar la corrupcion entre las elites en el poder y, de camino, el desarrollo de la delincuencia organizada, representa el trasfondo desde el que se desarrolla la presente obra titulada Lucha contra la criminalidad organizada y cooperacion judicial en la UE, cuyo objetivo es analizar los instrumentos, los limites y las perspectivas en la era digital de este complejo binomio.

La dimensión actual del crimen organizado, al amparo de la globalización y digitalización de la sociedad, han convertido a este fenómeno criminal en un riesgo claro para el Estado y para la buena gobernanza economica. Y por lo tanto exige de una respuesta eficaz, fundamentada en una planificacion coherente y en el diseño de estrategias y medios de lucha innovadores. A este objetivo responde la presente obra analizando desde tres frentes cuestiones actuales y centrales del crimen organizado. Por un lado los perfiles y limites de las estructuras criminales desde la globalizacion y su incidencia en los Estados de Derecho; en segundo lugar el impacto de los ciberdelitos y las tecnologias de la vigilancia con especial atencion a los criptoactivos; y en tercer lugar la recuperacion de activos como elemento esencial para que el delito no resulte provechoso. Los distintos estudios, desde una posicion critica, aportan un analisis proactivo identificando las debilidades institucionales, normativas y judiciales, y planteando posibles soluciones.

La respuesta al fenómeno de la violencia juvenil es un tema poliédrico que exige un tratamiento riguroso y multidisciplinar, y en el que la respuesta judicial ha de ser el último recurso en la acción institucional y solo para los casos de mayor gravedad. El proceso penal de menores, como un sistema complejo, se articula sobre unos principios propios y diferenciados de los que caracterizan el proceso de adultos. Entre estos, el principio de interes superior del menor, y el principio de oportunidad juegan un papel transformador en el tratamiento jurisdiccional del menor infractor, informando cada una de las fases y posibilidades del proceso, condicionando a su vez la actuacion de las partes y del Juez. Se trata de un proceso con autonomia propia en el que convergen un conjunto de opciones y sensibilidades, que han de dar lugar a un adecuado equilibrio entre la necesidad de justicia de una sociedad moderna y responsable, la responsabilidad penal de los menores infractores, y la proteccion de los mismos en dicha sociedad. Con este fin, ve la luz la presente obra, que pretenden, desde la optica de los principios y garantias que lo rigen, acercar el sistema de justicia penal, y el proceso penal de menores, a todos aquellos que, desde los distintos perfiles profesionales, desarrollan un trabajo responsable y comprometido para dar una respuesta adecuada a la criminalidad e intervencion social con menores, construyendo de esta forma una sociedad mas justa.

La globalización de nuestra sociedad y de la economía ha supuesto, de forma paralela, la globalización del crimen, que se ha transmutado en una amenaza de naturaleza transnacional, flexible y opaca. Por tanto, la lucha contra las redes criminales y otras formas graves de delincuencia requiere y exige de los Estados una respuesta penal comun insertada en una estrategia global y multidisciplinar de seguridad, que venga acompañada de la puesta en marcha de instrumentos y sistemas verdaderamente eficaces. En este marco, y teniendo en cuenta que el crimen organizado existe y actua, esencialmente por animo de lucro, las actuaciones dirigidas al decomiso, a la recuperacion de activos del delito, al control de los flujos financieros, y al reforzamiento de las medidas de investigacion, son claves en la creacion y desarrollo de una politica criminal de la UE dirigida a asfixiar economicamente a las organizaciones criminales mediante la expropiacion de las ganancias proporcionadas por sus actividades delictivas. Las medidas e instrumentos adoptados hasta la fecha han supuestos grandes avances en la direccion correcta, pero siguen siendo insuficientes e ineficientes. Por lo que es necesario que, desde el diseño de unos perfiles estrategicos en la lucha contra el crimen organizado, se afronte una revision critica de estos instrumentos y herramientas, que permita su reforma y adaptacion a la realidad actual, teniendo en cuenta que, solo el cumplimiento de la ley y la represion de las conductas ilicitas, por medio de instrumentos adecuados, respetuosos con las garantias, los derechos y los valores democraticos de las sociedades avanzadas, nos permitiran avanzar en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Esta obra completa el catalogo Aranzadi.

El Crimen organizado avanza y se desarrolla progresivamente hacia nuevas perspectivas cada vez más sofisticadas y difíciles de perseguir, siendo a día de hoy una amenaza de naturaleza transnacional,