GRACIA MARIA LUCHENA MOZO

El estudio del Derecho concursal debe tener en cuenta una faceta importante relacionada con los créditos públicos y de la que se ha dicho muy poco hasta ahora. Esto es, el comportamiento de los acreedores publicos en los procedimientos concursales y su posible calificacion como ayuda de Estado incompatible con el Derecho comunitario.El Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) parte de la idea general de que la posible perdida de ingresos de naturaleza fiscal que sufriria un Estado como consecuencia de la aplicacion a una empresa de una legislacion en materia concursal no puede justificar, por si sola, que dicha legislacion se califique de ayuda de Estado ilegal, pero ello no obsta para entender que tal ventaja puede derivar, como sostiene la jurisprudencia comunitaria, de la falta de adopcion de previsiones por parte de los acreedores publicos tendentes al cobro de deudas tributarias y que supone la tolerancia del impago sistematico de las mismas.Decisiones de la Comision y Sentencias, algunas de ellas contradictorias, que han llevado finalmente a la elaboracion del denominado test del acreedor privado como parametro para analizar el proceder de los poderes publicos en un procedimiento concursal.

No resulta desconocida la importancia de las empresas familiares en nuestra economía como institución creadora de riqueza, promotora de innovación y generadora de empleo. En efecto, dichas empresas representan un gran porcentaje de las entidades asentadas en nuestro territorio, siendo ademas las que mayor presencia poseen en toda Europa. Por ello, el objetivo de este estudio es poner a disposicion de los profesionales y empresarios interesados en el tema una monografia que aborde, desde el punto de vista de la fiscalidad, las cuestiones mas relevantes que afectan a las empresas familiares tras las ultimas modificaciones llevadas a cabo en nuestro Ordenamiento tributario con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y de modificacion parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevencion del Fraude Fiscal y la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptacion de la legislacion mercantil en materia contable para su armonizacion internacional con base en la normativa de la UE. Por otro lado, la creciente internacionalizacion de la economia española en ambas direcciones, es decir, la mayor presencia de empresas extranjeras en España y la mayor actividad de nuestras empresas en el extranjero, motivado, principalmente, por los procesos de integracion regional, como en el caso de la Union Europea, asi como la globalizacion de los mercados, conlleva que la fiscalidad internacional haya tomado un papel relevante en el contexto del comercio internacional, y con ella la planificacion fiscal internacional. Ahora bien, si tenemos en cuenta las caracteristicas que estan presentes en las empresas de caracter familiar podriamos decir que, tal vez, sean las mejor llamadas a la internacionalizacion y a planificar fiscalmente sus inversiones en el exterior. La prudencia en la toma de decisiones a la hora de arriesgar el capital y la flexibilidad de sus estructuras para adaptarse a nuevas coyunturas economicas las hace las candidatas perfectas a la hora de utilizar las

La presente Serie Fiscal analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos peculiares en la tramitación de los diferentes procedimientos, facilitando, además, el material necesario para el ejercicio profesional: legislacion, jurisprudencia, bibliografia, esquema procedimental y formularios habituales.La eficacia y la recaudacion ejecutiva son notas inherentes a la exigencia de un sistema tributario justo que vincula tanto a los poderes publicos como a los ciudadanos. Consecuencia de inmediata derivacion de la condicion ejecutiva y ejecutoria de los actos administrativos es su contigua ejecucion pese a que el sujeto obligado a su cumplimiento discrepe del contenido del mismo. A ello da respuesta el procedimiento de apremio contra el patrimonio del deudor con el fin de dar satisfaccion a la deuda tributaria que permita hacer efectivo el principio de contribucion a los gastos publicos en funcion de la capacidad economica que nuestra Constitucion recoge en el articulo 31. Sin embargo, para evitar el peligro de que la justicia pierda su sentido o que se afecten derechos o intereses legitimos se arbitran las medidas cautelares que pretenden dar efectividad a la tutela judicial y que permiten proclamar la existencia de un "derecho a la tutela cautelar" incluido en el derecho fundamental que contiene el art. 24 de la CE. Sobre esta base se analiza la suspension del procedimiento de apremio prevista en el art. 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que podra hacerse efectiva mediante el recurso de reposicion o a traves de las reclamaciones economico-administrativas de acuerdo con lo establecido en el art. 177 del Reglamento General de Recaudacion. Junto a estos supuestos que pueden considerarse tradicionales de suspension pueden existir, y de hecho existen, otras hipotesis que producen tambien efectos suspensivos del procedimiento de apremio como la interposicion de las tercerias de dominio y de mejor derecho que tambien son tratadas.

Esta obra se dedica a una materia específica dentro de la función de protección medioambiental de los tributos, como es la fiscalidad que recae sobre los residuos. El tratamiento diverso a que se han sometido los residuos en cada uno de los paises precisa de un analisis acerca de las posibilidades de tributacion que se consideran mas eficaces para luchar contra este problema medioambiental. El objeto de estudio se limita a los principales tributos autonomicos existentes en España en materia de residuos solidos. Para ello, antes de abordar el modelo de tributacion que cada Comunidad Autonoma ha establecido, en el primer capitulo se examina la normativa comunitaria que marca las directrices en esta materia, asi como su ejecucion por la Ley 10/1998 de Residuos y el resto de normativa estatal sobre medioambiente, acompañado por una breve anotacion sobre la fiscalidad de los residuos en otros paises desarrollados. Tras la observacion de los limites competenciales en que las Comunidades Autonomas se mueven y la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de tributacion medioambiental, la dinamica seguida por las autoras se desarrolla analizando en profundidad la estructura juridica de cada uno de los impuestos autonomicos sobre residuos solidos. Por ultimo, en un tercer capitulo, se aportan las premisas que deben preceder a la decision del establecimiento de un tributo medioambiental, las propuestas de mejora del diseño de los impuestos sobre residuos ya implantados y las conclusiones mas sugerentes a las que se ha llegado acerca de las lineas de imposicion en el tema.

El libro que tiene el lector en sus manos es fruto de una estrecha colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Almería. En él se hace un riguroso pero sucinto análisis de la parte general del Derecho Financiero y Tributario que permite a los que se acercan por primera vez a la materia tener una vision general del tema, convirtiendose ademas en obra de referencia para aquellos profesionales e investigadores de esta rama del Ordenamiento juridico ya que ofrece un estudio sistematico de la disciplina de indudable valor.

La pérdida de la diversidad biológica del mundo, sus consecuencias económicas y ecológicas son un hecho constatado. Muestra de ser asunto de urgente preocupación a nivel mundial es la rápida ratificacion del Convenio sobre la Diversidad Biologica tras la "Cumbre de la Tierra" de las Naciones Unidas en 1992. Pero si en la Cumbre de Rio el gran paradigma fue la relacion entre espacio natural protegido y conservacion de la biodiversidad, tras la Cumbre Rio +20, el paradigma es una conservacion activa, que procura su uso sostenible en el contexto de cambio global, concibiendose a los espacios naturales protegidos como verdadero suministrador de servicios ecosistemicos tales como la riqueza de la biodiversidad, el mantenimiento optimo de acuiferos, la fijacion de CO2 o el paisaje; servicios todos ellos que mejoran el bienestar del conjunto de la sociedad. No obstante, las repercusiones de las areas protegidas trascienden las meramente ambientales para dejar sentir su potencial en las ventajas y desventajas socioeconomicas que afectan a las areas de influencia donde se ubican, como pueden ser los beneficios obtenidos del turismo o la propia explotacion de los recursos procedentes de las actividades agrarias, ganaderas y forestales o las limitaciones de uso y explotacion de la tierra. Por ello, probablemente, haya llegado el momento de superar la filosofia de los sistemas compensatorios establecidos y adoptar en toda su extension el principio de quien protege percibe. Es decir, establecer sistemas por el que se incentiven las practicas agroforestales generadoras de externalidades positivas no remuneradas por el mercado, superando con ello la compensacion del lucro cesante tradicionalmente adoptado. Son, precisamente, dichas externalidades positivas las que nos han servido de base para proponer medidas fiscales para la conservacion de los ENPs teniendo en cuenta el objetivo sobre la biodiversidad de la EU para 2020 o las medidas sobre la naturaleza adoptadas en la Cumbre de la ONU de 2019 en Nueva York. En definitiva, este estudio se basa en un enfoque transversal, interpretativo y discursivo, que afirma que las ideas, los conceptos, definiciones y principios no solo describen la realidad, sino que tambien la construyen.

Este trabajo se centra, principalmente, en los mecanismos internacionales de resolución de conflictos, más específicamente el Procedimiento de Acuerdo Mutuo (MAP) regulado en los Convenios de Doble Imposicion (CDI), asi como en las tendencias actuales surgidas de BEPS (Acciones 14 y 15) y que han calado tambien en el Derecho de la UE a traves de la Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los mecanismos de resolucion de los litigios de doble imposicion [COM(2016) 686 final ]. Analizadas estas, y vistas las dificultades para su correcto funcionamiento, nos atreveremos a sugerir el recurso a la actuacion colaborativa en la resolucion de controversias fiscales internacionales que permita la potenciacion de la resolucion alternativa de conflictos en el seno del modelo colaborativo como escenario de futuro. El valor de estas soluciones alternativas radica en su potencial para: - evitar que se produzca una doble imposicion al ayudar a los paises a obtener informacion mas completa antes de emitir una evaluacion, sobre los hechos y las consecuencias fiscales de las actividades internacionales del contribuyente; y, - motivar a las jurisdicciones a trabajar conjuntamente para resolver las disputas fiscales internacionales mas rapidamente y de una manera que reduzca los costes tanto para los contribuyentes como para ...