Humberto Gosálbez Pequeño

El Procedimiento Administrativo Sancionador es, sin duda alguna, un tema de necesario conocimiento para cualquier profesional del Derecho público. El abogado administrativista, el funcionario o empleado público que tramita o resuelve un expediente administrativo sancionador, el juez o magistrado contencioso-administrativo que conoce de un recurso contra la actividad sancionadora de la Administración pública precisan conocer básicamente, primero, y, después, interpretar/aplicar los principios y las normas administrativas esenciales del Derecho administrativo sancionador; es más, el procedimiento sancionador también conviene ser conocido por el propio ciudadano o administrado que se relaciona con cualquier Administración pública y que, por tanto, ha sido -o probablemente será- sancionado por la comisión de una infracción de tráfico, de medioambiente, tributaria, laboral, urbanística, de sanidad, de actividad empresarial, etc. Esta obra es un manual práctico básico sobre este elemental y trascendental procedimiento administrativo. La obra comienza con un sucinto, pero condensado, estudio con una finalidad docente y pragmática, apropiado para jóvenes abogados y funcionarios e incluso para profesionales que quieran o precisen iniciarse o regresar al Derecho administrativo sancionador; continúa con una clasificación de una selecta jurisprudencia consolidada, así como con varios esquemas sobre el contenido esencial de los preceptos legales y reglamentarios abordados; por último, facilita al lector unos modelos de formularios específicos y habituales para aprovechar sus conocimientos administrativistas. Nada más, pero nada menos. Los lectores, primero, y la editorial después, juzgarán el resultado. El veredicto del jurado (lector) y el fallo del "juez" (editorial) serán, por cierto, inapelables; el autor lo asumirá.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público aspira a convertirse –al igual que su “ley pareja”, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

La economía colaborativa ha originado un cambio relevante en el mercado de ciertos bienes y servicios, especialmente los turísticos, propiciando conflictos de intereses entre los sujetos intervinientes (empresarios, consumidores, plataformas intermediarias) y afectando a diversos intereses publicos, cuestionandose asi la idoneidad de la normativa vigente. La regulacion de este novedoso mercado de prestacion de servicios turisticos y otros servicios colindantes o instrumentales plantea aun ciertos desafios y retos, dada la heterogeneidad de derechos e intereses afectados (los derechos de los usuarios y consumidores, la libre concurrencia y la competencia desleal, la libertad de empresa, la unidad de mercado, la ordenacion territorial, la convivencia social, el mismo modelo de ciudad sostenible,). Esta obra multidisciplinar ofrece el status quo actual de nuestro complejo ordenamiento juridico territorial y sectorial, prestando una especial atencion a la intervencion de los poderes publicos administrativos en defensa de los intereses generales.

El mercado colaborativo se ha manifestado a través de distintos tipos de empresarios y consumidores/usuarios; especialmente, a través del empleo de plataformas digitales ha introducido en el mercado bienes o servicios, alterando las relaciones juridicas de los sujetos tradicionales (empresario, productor, mediador, consumidor). Empresas como Cabify, Uber, Airbnb, Blablacar, y otras son ejemplos notorios de esta evolucion del mercado y del consumo. Esta obra colectiva pretende ser un minitratado del Derecho del consumo colaborativo, hasta ahora inexistente en el mercado editorial juridico. Su parte general y su parte especial, su pluridisciplinariedad juridica, hacen una obra singular y de futura referencia para la apasionante evolucion juridica que se avecina en las proximas decadas

El marco normativo actual sobre el novedoso mercado de prestación de ciertos servicios turísticos que ha irrumpido como una subespecie de la llamada economía compartida o colaborativa, caracterizada, en principio, por una ausente regulacion ad hoc, una utilizacion de las llamadas tecnologias de la informacion y la comunicacion (TICs) y la intervencion de un tercer sujeto singular que es la empresa intermediadora entre el empresario y el consumidor a traves de las conocidas plataformas digitales, es aun deficiente. El inicial intercambio colaborativo de bienes y/o servicios entre ciudadanos (economia del compartir o actividades P2P peer-to-peer) sin animo comercial alguno, evoluciono hacia un nuevo -e indefinido aun- mercado colaborativo, con empresas y animo de lucro incluido, no tiene aun una regulacion completa y adecuada sobre este mercado turistico colaborativo, y sobre la accion de las plataformas digitales, estando pendiente de regulacion. Ante esta situacion, las empresas del sector turistico, el legislador y las Administraciones publicas tendran que evolucionar y ordenar juridicamente esta actividad turistica singular.

La protección jurídica del patrimonio de las Administraciones Públicas cobra una especial importancia cuando se trata de los bienes de las Administraciones locales, por ser éstas las entidades públicas territoriales con menos recursos y, sin embargo, las más cercanas a los ciudadanos. Resulta esencial la garantía de las posesiones y las propiedades públicas frente a las usurpaciones y los expolios ocasionados por los particulares, la protección que ofrece así la principal potestad atribuida a la Administración local para la defensa de su patrimonio: la llamada recuperación de oficio, también denominada reintegro posesorio o interdicto administrativo. La actual normativa reguladora de esta prerrogativa administrativa es absolutamente insuficiente y deficiente. Tanto la regulación de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, como la del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, ofrecen escasa calidad técnica; y tampoco resultan aceptables las sucintas regulaciones reglamentarias autonómicas de los bienes locales que han sido también objeto de la obra. El análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial que se ha realizado en este estudio lo confirma, demandando una urgente revisión del marco normativo vigente. La obra pretende contribuir a esta reforma delimitando la recuperación posesoria de otras potestades administrativas protectoras del patrimonio público como son el deslinde o la autodefensa posesoria, esclareciendo el objeto y el sujeto principal presente en esta institución administrativa, diseccionando el procedimiento administrativo requerido para el ejercicio de la potestad y, sobre todo, utilizando la doctrina civilista en la exposición de los dos elementos institucionales más confusamente tratados en el Derecho administrativo: la finalidad y la causa de la recuperación de oficio.