J.L. IRIARTE ANGEL

El Código ofrece conjuntamente, tanto normas internacionales de origen comunitario, Convenios bilaterales en materia de reconocimiento y ejecución en España de decisiones judiciales extranjeras, convenios bilaterales sobre cooperación judicial, convenios multilaterales (en materia de documentos públicos extranjeros, personas físicas, matrimonio, protección de menores, alimentos, sucesiones, obligaciones contractuales, responsabilidad contractual y arbitraje), como normativa interna, con una selección de las principales normas que contienen disposiciones de Derecho Internacional Privado (Código Civil, Ley y Reglamento del Registro Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica de Protección al menor, Ley y Reglamento Hipotecario, Ley de Asociaciones, la nueva Ley de Fundaciones y el Reglamento del Registro Mercantil). Todas ellas con las modificaciones sufridas en el último tramo de la pasada legislatura y con la adición de nuevas disposiciones: Reglamento (CE) 2201/2003 de 27 de noviembre sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) 1347/2000. El Convenio Bilateral con la República Dominicana de 15 de septiembre 2003. La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Además, los Reglamentos comunitarios ya recogidos en la edición anterior aparecen en su redacción actual, posterior a mayo de 2004, reflejando las modificaciones suscitadas por la incorporación de nuevos Estados miembros a la Comunidad.

La incorporación de un Código de Derecho internacional privado a la colección de Códigos Básicos Aranzadi responde a una necesidad plural: El contexto socio-económico del mundo actual globalizado supone una evolución importante para esta rama del Derecho, en la medida en que la mayor frecuencia de situaciones privadas internacionales, objeto de esta disciplina, exige respuestas cada vez más diversificadas que abarcan el amplio espectro de la vida y actividades tanto de la persona física como de las personas jurídicas. Desde una óptica regional, en el marco de la Unión Europea, el principio de libre circulación de mercancías, personas, servicios, capitales y resoluciones judiciales al que se aúna, por obra del Tratado de Amsterdam de 1 de mayo de 1999, el elenco de nuevas competencias de los artículos 61 y 64 del TCE implica un sistema de fuentes prioritarias en el proceso de creciente comunitarización del Derecho internacional privado de los Estados miembros [Reglamento (CE) 1346/2000, de 29 de mayo, sobre procedimiento de insolvencia, Reglamento (CE) 1347/2000, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, Reglamento (CE) 1348/2000, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, Reglamento (CE) 44/2001 de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Reglamento (CE) 2157/2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE)]. La creciente producción paralela de normas convencionales elaboradas en el seno de organizaciones internacionales (Conferencia de La Haya, Consejo de Europa, Unidroit, Uncitral, Mercosur, OMC, OMPI, etc.) nos sitúa ante una proliferación de fuentes necesitadas de sistematización en cuanto a sus respectivos ámbitos de aplicación.