José Fernando Merino Merchán

Tradicionalmente, las controversias entre Estados han pertenecido al ámbito del derecho internacional público. Esta doctrina ha sido, ciertamente, dominante, hasta que el Estado ha empezado a ejercer funciones comerciales, sean estas realizadas por el mismo o por medio de una entidad publica o Agencia estatal, entablando una relacion comercial con particulares. La idea de que la controversias se susciten en este ambito puedes ser sometidas al arbitraje comercial internacional, ha sido patrocinada fundamentalmente por los operadores mercantiles privados que han preferido someter la cestion a arbitraje antes que a la jurisdiccion de los tribunales del Estado afectado, por entender que se tienen mas garantias de neutralidad, respecto al juez del Estado.La cuestion del sometimiento del Estado y/o sus Agencias al arbitraje, ha tenido su punto algido con la aparicion de las llamadas naciones en desarrollo emergente, que siguiendo el modelo de los antiguos Estados socialistas, tomaron a su cargo la propiedad de los recursos energeticos, flotas mercantiles y aerolineas y empresas bancarias y de inversion.

Incluye las refomas de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de Reforma de la Ley 60/2003 y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado, completada por la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, que modifica la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.y los cambios introducidos por necesarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y sus reformas posteriores, desde la extensisima Ley 13/2009, de 5 de diciembre, Ley 37/2011 de 19 de abril, han tenido una clara incidencia en el ambito del arbitraje, por afectar, por ejemplo, entre otras materias al proceso judicial de anulacion del laudo y a la ejecucion de este. No han sido solamente esas modificaciones legislativas las que han incidido sobre el arbitraje; tambien la promulgacion de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediacion en Asuntos Civiles y Mercantiles, en la medida en que esta figura forma parte del conglomerado de sistemas alternativos de solucion de conflictos, porque en muchas ocasiones la mediacion es la antesala del arbitraje; pero tambien debe tenerse en cuenta a la hora de adaptar el presente libro a la realidad juridica actual, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilizacion y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, que reconocen a la mediacion y al arbitraje como formas de Pero sobretodo y en mayor medida, hay que tener en cuenta la "jurisprudencia" recaida en materias como nombramiento y remocion de arbitros, conocimiento de la accion de anulacion y reconocimiento de laudos y resoluciones extranjeras dictadas por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autonomas, que han sustituido en esas competencias a las Audiencias Provinciales despues de la Ley 11/2011

Aparece esta nueva edición del libro "Regímenes Históricos Españoles" del Profesor Merino Merchan, justamente cuando se cumplen 200 años del comienzo del constitucionalismo español y con ello la reafirmacion moderna de la nacion española con la proclamacion del Estatuto de Bayona y el levantamiento del pueblo contra la invasion napoleonica; y, al mismo tiempo cuando se cumplen 30 años de la actual Constitucion que retorno al pueblo español sus libertades y soberania plena. El autor no ha querido introducir ninguna modificacion en esta nueva edicion de su obra, salvo, claro esta, las correcciones obligadas por algun error tipografico de la primera edicion. Por tanto, la obra vuelve a poner de manifiesto que los regimenes politicos historicos españoles, constituyen una sucesion de sistemas formalizados en los que se aprecia la ausencia de una revolucion industrial y de la subsiguiente revolucion liberal que sirviese de sustrato doctrinal e ideologico a las formas organizativas del poder. Por ello, tomando como referencia este dato, la historia del constitucionalismo español es la historia de un conjunto de codigos politicos rigidos que impidieron de hecho toda reforma desde los propios postulados vigentes en cada momento historico. A diferencia de otras naciones, en la historia del constitucionalismo español no cabe hablar de cambios constitucionales, sino de cambios revolucionarios o reaccionarios que pretendian no tanto transformar la realidad politica del momento como de sustituirla completamente por la via del pronunciamiento. Esa es la razon por la que el libro que ahora se ofrece en esta nueva y cuidada edicion de la Editorial Dilex, pretende examinar los diferentes regimenes constitucionales habidos en España desde una perspectiva historico-institucional, con el fin de que los alumnos para los que fue pensada esta obra y todos aquellos interesados en la historia politica española

Aproximación a la teoría general del Estado, en la que los autores examinan los elementos esenciales de la democracia actual como sistema permanente de diálogo entre gobernantes y gobernados; asimismo, se exponen tanto las diferentes formas territoriales de organizacion estatal como la diversa tipologia de la Jefatura del Estado. La obra incluye, desde una vision constitucionalista, la organizacion territorial del Estado español y la proyeccion de este en el ambito de la Union Europea.

En esta 3ª edición de la obra, los autores han incorporado los profundos cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales ylas prácticas arbitrales sobrevenidas desde 1992 hasta nuestros días. La obra pretende dar cuenta de estas transformaciones, siperder al propio tiempo el bagaje adquirido por la institucion en todos los ordenes hasta hacer de la misma-particularmente en elmedio internacional- un modo normal de solucion de controversias. En este lapso de tiempo se ha asistido a una expansion y a unperfeccionamiento constante del arbitraje como institucion de Derecho, ganando ambitos, mejorando su tecnica, aumentando sunivel de autonomia y suficiencia, adquiriendo, en definitiva, eficacia, en pro de una mayor seguridad en las operaciones juridicas.

Potestad jurisdiccional del Estado y su equivalente jurisdiccional. Reconocimiento y expasión del equivalente jurisdiccional en el derecho público.