José Flors Matíes

El recurso de casación debería ser en la actualidad instrumento para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley. Con el recurso no se trata tanto ni principalmente de hacer justicia en el caso concreto, cuanto de atender a fines de interés general, especialmente a la unificación en la interpretación de la norma material. La función esencial del recurso es asegurar la unidad del ordenamiento jurídico y la aplicación igual del mismo para todos. Y sin embargo las cosas están sucediendo de otra manera. La casación debería ser instrumento jurídico uso poco normal, dado que con una primera instancia y con un recurso de apelación cabría esperar que los ciudadanos vieran satisfecho su derecho a la tutela judicial. No está sucediendo así y el recurso de casación se está utilizando en la práctica como una instancia más, como una fase casi necesaria en los procesos en los que la ley permite que se llegue al mismo. La existencia de varios miles de recursos de casación al año hacen necesaria una obra como la presente en la que el estudio es eminentemente práctico, aunque sin renunciar a darle el sentido general que la casación tiene. Por otro lado una obra sobre la casación debe atender también al recurso extraordinario por infracción procesal. Los dos recursos sólo tienen sentido si se estudian de modo complementario. Y esto es lo que se hace en libro, lector, que tienes en las manos.

La presente obra constituye una exposición de los temas de derecho procesal, contestando al programa de oposiciones a ingreso en las carreras Judicial y Fiscal, persiguiendo una uniformidad en cuanto al tiempo de exposición que el examen oral exige, sin renunciar al contenido y rigor científico necesarios. Se incluyen esquemas para facilitar la memorización y exposición del temario.

La declaración de voluntad judicial en que consiste la afección que es el elemento determinante del embargo, exige que el tribunal controle de oficio la concurrencia de los requisitos de: 1- Que el bien sea embargable (art.609), 2- Que se respete el orden prestablecido (art.592), 3- Que no se exceda en la suficiencia (art.584), y 4- que el bien pertenezca al ejecutado. Este último es el requisito a tener en cuenta cuando se pretende atender a la tercería de dominio.

D. Juan Montero Aroca, catedrático de derecho Procesal en la Universitat de València, y D. José Flors Matíes ambos magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de de la Comunidad Valenciana, nos ofrecen en esta obra un pormenorizado análisis, de carácter eminentemente práctico, de los procesos de ejecución. El artículo 117.3 de la Constitución Española dictamina que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se manifiesta tanto en el juzgar como en el hacer ejecutar lo juzgado. Con ello, además de poner de manifiesto que la jurisdicción no se limita a declarar o decir el derecho, evidencia el que es el esquema conceptual que podemos considerar más sencillo y lógico: Primero se declara el derecho (proceso de declaración) y luego se procede a su ejecución (proceso de ejecución). Este esquema es el que se descubre en el índice de cualquier código procesal civil o ley de enjuiciamiento civil cuando, aparte de las disposiciones generales, regula, primero, los procesos declarativos para atender, después, a la que puede llamar ejecución forzosa pero que, con mejor técnica procesal, debería denominarse procesos de ejecución. El operador jurídico encontrará en esta obra toda la jurisprudencia extractada ilustrando la información más completa y autorizada sobre la actuación posterior a la sentencia. Al final de la obra el profesional puede encontrar un anexo con los todos los Formularios, que simplificarán su tarea. Su carácter práctico y la autoridad de sus autores convierten este tratado en un punto de referencia imprescindible en la práctica jurídica.

2ª Edición .

El recurso de casación debería ser en la actualidad instrumento para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley. Con el recurso no se trata tanto ni principalmente de hacer justicia en el caso concreto, cuanto de atender a fines de interés general, especialmente a la unificación en la interpretación de la norma material. La función esencial del recurso es asegurar la unidad del ordenamiento jurídico y la aplicación igual del mismo para todos. Y sin embargo las cosas están sucediendo de otra manera.(...)

Bajo el titulo de Derecho Penitenciario se recoge un análisis de los aspectos fundamentales de la ejecución de la pena privativa de libertad, precedido de una introducción al sistema de penas centrada en las novedades más importantes de las reformas de 2003. Desde la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria en 1979 apenas había habido reformas significativas, sin embargo la Ley 7/2003 de 30 de Junio modificó sustancial-mente el sistema penitenciario español con el establecimiento de nuevos criterios de clasificación. En esta edición se han tenido en cuenta todas las reformas aprobadas tras la aparición de la edición anterior en 2001, especialmente las que afectan a las figuras penitenciarias más relevantes; se han ampliado las referencias jurisprudenciales con una especial atención a la jurisprudencia constitucional sobre derechos fundamentales en el ámbito penitenciario y se han actualizado los problemas prácticos que se derivan de la aplicación de esta materia.

Tras la excelente acogida de la primera edición del Tratado de Juicio Verbal, aparece esta 2ª edición totalmente actualizada, resultado del esfuerzo de reescribir el Derecho procesal con la atención puesta en el juicio verbal. En ese esfuerzo: 1.º) Se ha estudiado el juicio verbal que debemos considerar también juicio ordinario, que es el que se determina por la cuantía. 2.º) Se ha atendido también a las doce materias que se reconducen al juicio verbal, sin atender a la cuantía, lo que ha supuesto estudiar todas y cada una de las especialidades que se encuentran, bien en la propia LEC, bien fuera de la misma como procesos especiales extravagantes. Desahucio. Precario. Interdictos (adquirir, retener, recobrar, obra nueva, obra ruinosa). Efectividad de derechos reales inscritos. Alimentos. Acción de rectificación. Venta de bienes muebles a plazos. Arrendamiento financiero. Acción de cesación. Calificación registral. 3.º) Todo lo anterior se integra en un tratamiento de las instituciones procesales generales vistas desde la perspectiva del juicio verbal, con el ánimo de que el libro sea un verdadero tratado sobre este juicio, de modo que no sea necesario acudir a otros libros para atender a esas instituciones generales. La obra, desde la fidelidad al rigor científico y a la precisión conceptual, que es algo irrenunciable y sin lo que todo lo demás carece de sentido, se orienta a la utilidad para la práctica. Ese intento de rigor y de utilidad es lo que lleva a ofrecer unos formularios diferentes, acomodados a la nueva realidad.

No siempre se tiene la suficiente fuerza de voluntad para resistirse a escribir unas líneas con las que explicar la razón de ser de un libro. Esa razón de ser debe estar implícita en la existencia misma del libro y, si no es así, mejor es no publicarlo, pero hay ocasiones en que, ni siquiera el saber que más vale estar callado, y el haberío aprendido con experiencias muy poco gratas, impide tomar la pluma y ponerse a escribir. Esta es una obra de dos magistrados de una misma Sala, la de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que vimos, primero, con preocupación y, luego, con esperanza, como el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil les iba a atribuir el conocimiento de un nuevo recurso, el extraordinario por infracción procesal, y que decidimos que la promulgación de la Ley no nos debía pillar sin estar preparados. Frente a tanto desatino como se había dicho y propuesto respecto de la competencia de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia -y lo más absurdo ha sido siempre el pretender atribuirles el conocimiento de un recurso de apelación penal-, la competencia que les atribuye la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil es razonable y, sobre todo, se corresponde con el sentido político de esas Salas, sentido que es olvidado casi siempre que, tanto instituciones públicas y aún constitucionales como personas físicas, se refieren a la poca competencia de las Salas.