José Ramón Parra Bautista

La entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, provocó un cambio radical en la tramitación de los procedimientos concursales en España, unificando las antiguas suspensiones de pagos y quiebras en un solo procedimiento y, a la vez, modifico la Ley Organica del Poder Judicial con la creacion de los Juzgados Mercantiles, especializados en la tramitacion de los procedimientos concursales. La aplicacion practica del regimen de los recursos en el seno del procedimiento concursal, regulado en el articulo 197 LC, esta provocando no pocos problemas interpretativos, provenientes, en gran medida, por la forma en que el legislador ha decidido que se conecten el sistema de recursos regulado por la Ley Concursal y el previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, asi como la determinacion de cual debe de prevalecer en determinados supuestos en que se produzca un choque frontal entre ambos ordenamientos. Se pretende, mediante una exposicion ordenada de los problemas practicos detectados, proponer una solucion a los mismos con arreglo a los criterios jurisprudenciales y doctrinales que hasta la fecha hemos tenido conocimiento, realizando un estudio concreto de cada uno de los recursos aplicables, con especial mencion al concepto de la "apelacion diferida".

El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles es el de mayor relevancia para las entidades locales por su capacidad recaudatoria, sobre todo a partir de la Ley 52/2002, de 28 de de diciembre de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, que modificó el Impuesto sobre Actividades Económicas con importantes efectos sobre la recaudación del mismo y los recursos de los Ayuntamientos. La regulación del IBI es extremadamente compleja, existiendo dos administraciones, la tributaria del Estado y la municipal, cuyas actuaciones han de coordinarse en un sistema normativo ciertamente peculiar. No sólo ha de atenderse a la normativa y a la gestión catastral, cuya finalidad sobrepasa y va más allá de la mera preparación de la liquidación del IBI, sino que, también, los municipios mediante las ordenanzas fiscales estableces una normativa. Este libro pretende ser una manual de impugnaciones de todos los actos administrativos que se suscitan en el ámbito de este impuesto. Por ello se atiende no solo a la impugnación de los valores catastrales, sino que se estudia el régimen de impugnaciones de las Ordenanzas Municipales, las Ponencias de Valores Catastrales y las liquidaciones del impuesto, es decir, de toda la actuación administrativa que se relaciona con este impuesto local.

"Los autores que han alumbrado esta obra forman parte de un grupo selecto de profesionales provenientes de la práctica concursal diaria en múltiples procedimientos. Con esta obra han pretendido cubrir una necesidad imperiosa: la de dotar al proceso concursal de un arquitectura sólida, que permita asegurar su eficacia partiendo de las buenas prácticas concursales. Los formularios aquí presentados cumplen con esa función con enorme solvencia y exhaustividad.Se ha construido formalmente, en su práctica totalidad, un proceso concursal completo: comenzando por la solicitud del concurso según se trate de un concurso voluntario o necesario, las diferentes opciones nos conducen a la desestimación de la solicitud, con los correspondientes recursos, o a la declaración del concurso, desplegándose entonces todos los efectos que le son propios, lo que la presente obra examina sistemáticamente, siguiendo el orden de la propia Ley Concursal al abordar tales efectos sobre el deudor, sobre las acciones individuales, sobre los contratos y sobre las acciones de reintegración de la masa activa. Se trata de una obra irrepetible, tanto por el hecho de aportar un completo catálogo de formularios que cubren la arquitectura completa del proceso concursal como por el hecho de que están adaptados a la reciente reforma concursal, en vigor desde el enero de 2012."

La posibilidad de declaración de concurso de las personas físicas y familias constituyó una de las principales innovaciones de la nueva Ley Concursal. Transcurrido más de un lustro desde que entrara en vigor la LC, por todos es conocido que dicha Ley ha supuesto la erradicación de la distinción formal, existente en la normativa anterior, entre deudor comerciante y no comerciante, así como de la dualidad de procedimientos regulados para declarar el concurso de cada uno de aquéllos: por un lado, el concurso de acreedores y la quita y espera (si el deudor no era comerciante); y, por otro, la quiebra y suspensión de pagos (si era comerciante). Así, en la actualidad -y a pesar de que no sean pocas las voces que claman lege ferenda por la regulación de un procedimiento simplificado, separado y específico que regule la insolvencia del consumidor, como medio adecuado con el que evitar que haya de aplicárseles a éstos el rigor formal y sustantivo de la LC-, nos encontramos con un sólo procedimiento aplicable a la universalidad de deudora, aunque con ciertas especificaciones previstas para los consumidores, que van a ser objeto de estudio en el presente comentario.

Fiscalidad de operaciones inmobiliarias 1:Tributos que gravan la propiedad y titularidad de derechos reales de uso y disfrute sobre inmuebles. La compraventa de un terreno rústico, de un solar, de una edificación, o el arrendamiento de inmuebles, son operaciones inmobiliarias que por frecuentes, para un lego en la materia, pudieran tildarse como jurídicamente simples. Ahora bien, por todos es conocido que dicha aseveración, además de ser incierta, puede procurar más de un quebranto de cabeza, amén de un más que probable coste económico, a aquel profesional que acomode su ejercicio profesional o empresarial al dictado de la misma. Efectivamente, y si desde una perspectiva civil no van a ser pocas las circunstancias que se han de tener en cuenta al formalizar dichas operaciones, no cabe duda que, desde el punto de vista fiscal, son diversos los condicionantes, tanto de carácter objetivo como subjetivo, que influyen en la sujeción de una concreta operación a unos u otros impuestos, o lo que es lo mismo, son diversas las circunstancias que van a determinar que el coste tributario de una operación, tanto para comprador como vendedor, sea superior o inferior. Es por ello que todo aquel profesional que de alguna forma actúa en el mundo inmobiliario debe de contar con los conocimientos necesarios con los que poder influir legalmente en la determinación del referido coste fiscal.