Juan Carlos Gavara de Cara

En este trabajo se han analizado las razones que abundan a que el Estado debe ser neutral políticamente y que son numerosas, ya que se estructura una sociedad política pluralista, cuyo reconocimiento como principio y valor constitucional tiene como consecuencia la garantia de la igualdad en el ejercicio de los derechos de libertad, incluidos los de caracter politico, que deben posibilitar que no se perjudique la competencia politica, proteger los derechos de los participantes en la misma, garantizar la libertad en el proceso de formacion de la voluntad politica y de la opinion publica, asegurar la proteccion de los intereses generales e impedir la utilizacion de los recursos publicos por la autoridad publica para fines partidistas.

La regulación de derechos de los ciudadanos en los actos normativos reguladores de los entes descentralizados (Constituciones o Estatutos) en los Estados compuestos es un elemento que ha sido objeto de multiples reflexiones, pero se trata de una constante conectada al sistema de distribucion de competencias. La finalidad del trabajo ha sido realizar un estudio de dichos derechos en union de los distintos titulos competenciales que les sirven de soporte para su articulacion en dichos actos normativos creadores y reguladores de los entes descentralizados a partir de tres sistemas distintos (España. Italia y R. F. de Alemania), es decir, centrando el estudio en los distintos ambitos materiales que regulan dichos derechos y sus interrelaciones con las competencias que pertenecen y ejercen dichos entes. En este sentido, la idea central que se ha utilizado, ha sido tratar de determinar que los derechos denominados estatutarios, regionales o incluso los de los Lander no son concebidos en un sentido subjetivo, sino que su dependencia de unas reglas competenciales ocasiona que exclusivamente puedan analizarse como principios objetivos, requiriendo en todo caso un despliegue normativo y una implementacion por los poderes constituidos para que efectivamente puedan considerarse plenamente derechos subjetivos.

Si la sociedad de la comunicación global ha venido acompañada de promesas desmesuradas y de utopías todavía incumplidas, hoy día es obligatorio examinar y evaluar por qué ha sido así. Es ya un imperativo. No podemos, cuando la técnica es tan decisiva en nuestras vidas, abandonarnos a una confianza ciega en la tecnología, y tampoco la docilidad ante sus determinaciones puede seguir siendo nuestro comportamiento habitual. Se trataría, justamente, de lo contrario, de sustituir la confianza ciega por el espíritu crítico, reflexivo y metodológicamente científico, por un lado, y la docilidad por la autonomía de acción. Necesitamos, por tanto, desarrollar una actitud consciente, capaz de sopesar los efectos positivos y negativos de los cambios y, sobre todo, capaz de inspirar nuevos desarrollos técnicos y nuevos cursos de acción que se acomoden a las aspiraciones del ser humano.

La regulación de derechos de los ciudadanos en los actos normativos reguladores de los entes descentralizados (Constituciones o Estatutos) en los Estados compuestos es un elemento que ha sido objeto de multiples reflexiones, pero se trata de una constante conectada al sistema de distribucion de competencias. La finalidad del trabajo ha sido realizar un estudio de dichos derechos en union de los distintos titulos competenciales que les sirven de soporte para su articulacion en dichos actos normativos creadores y reguladores de los entes descentralizados a partir de tres sistemas distintos (España. Italia y R. F. de Alemania), es decir, centrando el estudio en los distintos ambitos materiales que regulan dichos derechos y sus interrelaciones con las competencias que pertenecen y ejercen dichos entes. En este sentido, la idea central que se ha utilizado, ha sido tratar de determinar que los derechos denominados estatutarios, regionales o incluso los de los Lander no son concebidos en un sentido subjetivo, sino que su dependencia de unas reglas competenciales ocasiona que exclusivamente puedan analizarse como principios objetivos, requiriendo en todo caso un despliegue normativo y una implementacion por los poderes constituidos para que efectivamente puedan considerarse plenamente derechos subjetivos.

Este libro tiene por objeto el estudio del grado de homogeneidad de los regímenes electorales en los Estados compuestos y también analizar las causas de dicho fenómen

Una perspectiva de análisi jurídico de los medios de comunicación digitales, tanto a nivel interno como comparado, permite concluir que se plantean similares problemáticas en los diversos Estados, como pueden ser la de determinar si procede una identica proteccion constitucional y juridica a los medios tradicionales y a los cibermedios, la correccion juridica de medidas restrictivas como el cierre de paginas webs oblogs, la aplicacion de la proteccion de derechos de terceras personas como mecanismo de los juicios paralelos y el alcance del derehco de olvido.....

El presente trabajo se ha centrado en el análisis del control judicial y los parámetros utilizados por la jurisprudencia para resolver las colisiones entre derechos en materia de medios de comunicacion, tanto desde una perspectiva comparada como del propio ordenamiento juridico interno. Los actuales sistemas de control de los medios de comunicacion tienden a confluir, con interconexiones entre los diferentes mecanismos de ejercicio del control, que se pueden caracterizar como actividades de autorregulacion, corregulacion y de regulacion. La actividad de ponderacion judicial tiende a objetivizar los comportamientos, de forma que se puede decir que configuran parametros que funcionan como normas y que recaen sobre la responsabilidad de los medios para determinar la importancia del objeto o contenido de la informacion o el cumplimiento de un codigo etico de caracter profesional. La importancia creciente de los medios de comunicacion audiovisual implicara que se extienda los parametros combinados de control a los otros medios de comunicacion como la prensa escrita, que debera adoptar criterios de autorregulacion, corregulacion y de regulacion similares a los utilizados en la Ley General de Comunicacion Audiovisual y compatibles entre si.

Esta obra pretende dar un alcance teórico a la problemática del contenido y la función del término de comparación (tertium comparationis) en la aplicación del principio de igualdad, para tratar de obtener conclusiones que intenten explicar la diversidad de supuestos prácticos a los que se somete aquél. La investigación responde al análisis de un problema, que se centra en intentar establecer las razones por las cuales en unas ocasiones un Tribunal Constitucional permite articular un término de comparación y en otras no, a pesar de enfrentarse a un mismo supuesto factual de similares, equiparables y homogéneas características. Para ello, este estudio se centra en los aspectos relevantes para la determinación de la diferenciación, es decir, en la articulación del término de comparación, a pesar de que no siempre aparecen de forma clara la distinción entre determinación y justificación de la diferenciación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Constitución. Desarrollo, rasgos de identidad y valoración en el XXV aniversario (1978-2003), ofrece al lector un análisis y valoración de los principales temas desarrollados por la Constitución Española de 1978. Como es sabido a finales del pasado año se cumplieron los veinticinco años de la aprobación y entrada en vigor de nuestra Constitución. Este aniversario se ha conmemorado y se sigue conmemorando mediante numerosos congresos, seminarios y publicaciones, algunas de ellas ya publicadas y otras en preparación. Dentro de los proyectos del área de Derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona se decidió que la contribución a las efemérides consistiría en la publicación de un libro colectivo sobre el desarrollo de la Constitución escrito por profesores de dicha área. En este sentido, se ha tratado de realizar trabajos que reflejaran los principales problemas del desarrollo constitucional, como es obvio no con la ambición de solucionarlos sino, simplemente, de plantearlos en sus dimensiones básicas, estableciendo el estado de la cuestión en que se encuentran en la actualidad. Ello requería, desde el punto de vista estructural, un tratamiento similar de cada uno de ellos, con pautas comunes a seguir para su realización. Adecuarse a estas pautas ha sido lo que ha permitido dar coherencia a esta publicación. Desde el punto de vista del contenido, los trabajos se han centrado en tres grandes aspectos: a) la discusión constituyente; b) el desarrollo de cada institución concreta; y c) sus posibles perspectivas de evolución. El resultado final de los trabajos no ha consistido en un tratamiento sistemático de la materia por otro lado, imposible en tan poco espacio sino en reflejar y saber valorar los principales problemas de interpretación y aplicación que ha ocasionado la Constitución, proponiendo, en su caso, posibles líneas generales de evolución futura. En cualquier caso, conviene destacar que el análisis de la discusión con

La autonomía universitaria es académica, científica, organizativa, financiera, contable para articular unas Universidades dotadas de personalidad jurídica con su propio ordenamiento constituido por los Estatutos y sus reglamentos y protocolos de actuacion. El Estatuto de la Universidad constituye la manifestacion mas importante de la autonomia universitaria, ya que se regula la propia organizacion y actividad y son objeto de deliberacion por el claustro universitario formado por componentes de los diversos grupos que constituyen la comunidad universitaria, convirtiendose en la fuente primaria de la autonomia normativa de cada Universidad. En el presente trabajo se ha analizado el recorrido jurisprudencial y comparado de este instituto para determinar las posibilidades actuales de su interpretacion. En nuestro caso, la autonomia universitaria seguramente se ha convertido en un mito, una adoracion que ha permitido su concrecion como un derecho fundamental, con un amplio contenido hipotetico, pero con pocas concreciones, limitando su titularidad a un sujeto colectivo, la comunidad universitaria, sin recorrido para los integrantes de dicha comunidad, pero que sufren los posibles excesos teoricos de un reconocimiento constitucional sin un contenido preciso y especifico.

La realidad del sistema universitario español es compleja, con todo la discusión pública se centra en el tema del Gobierno de la Universidad como principal eje en el que van a converger los problemas y las soluciones. No obstante, tras las numerosas reformas y cambios normativos se puede facilmente comprobar que no se han alcanzado los resultados pretendidos, las practicas no han sido adecuadas y los problemas permanecen sin que se prevea una solucion a corto plazo. Este trabajo trata de fijar las cuestiones relativas al Gobierno de la Universidad, tanto las actuales como las futuras, tratadas en nuestro contexto, analizando las propuestas de reforma, asi como la situacion en los principales Estados a nivel comparado para tratar de determinar unas conclusiones aplicables en nuestro sistema. Los recorridos y reglas que se siguen en todos los sistemas suelen ser similares, ya que el Gobierno de la Universidad puede ser mas profesionalizador o externo a la Comunidad Universitaria, o mas participativo e interno a dicha Comunidad si se opta por adoptar una perspectiva mas academica. Entre los dos extremos se situan muchas vias intermedias, pero la complejidad que encierran las actuales Universidades, sus sistemas de gobierno, la rendicion de cuentas no perfectamente estructurada, posibilitan que no hayan soluciones globales estructuradoras y funcionales para los Estados de nuestro contexto y para todos los sistemas universitarios. En este sentido, las reformas del Gobierno de las Universidades no deben adoptar perspectivas coyunturales, sino materiales, de fondo y pensadas para desarrollar su funcionalidad a largo plazo.

En materia de teoría general de derechos fundamentales en la Constitución Española, a diferencia de lo que sucede en la doctrina Constitucional alemana…..

Las Universidades públicas, como centros de enseñanza, de docencia y de investigación, tienen la responsabilidad de transferir el compromiso con la igualdad, como principio informador y valor social, a las generaciones futuras…..

La dimensión objetiva de los derechos sociales se configura como mandatos constitucionales articulados en obligaciones jurídicas objetivas, fundamentalmente para los poderes legislativos y ejecutivos, que permiten la deduccion posterior de derechos subjetivos. Este aspecto subjetivo se puede caracterizar por un efecto reflejo que posibilita eventualmente fundamentar demandas de defensa por inactividad, negligencia o reversibilidad de medidas publicas que infrinjan el mandato constitucional. La dimension objetiva de los derechos sociales implica deducir que estos constituyen fuentes potenciales de competencias publicas, tanto en el sentido tecnico de titulos competenciales con los que siempre se pueden interrelacionar, como de habilitacion a la intervencion publica y a la prestacion en favor de la sociedad en la materia. Los derechos sociales son inseparables de las competencias, es decir, del contenido objetivo interrelacionado hasta el punto que su dimension subjetiva depende de su intermediacion.

En este trabajo colectivo se analiza la necesidad y el alcance de un principio de neutralidad en el constitucionalismo, es decir, los ámbitos en los que se impide adoptar decisiones o realizar actividad que favorezca determinadas y concretas posiciones ideologicas u opciones politicas, es decir, actividad de tendencia en ambitos regidos por la idea de interes general o publico. La mayoria de las Constituciones se limitan a reconocer el principio de neutralidad como un principio de caracter implicito, por lo que se hace necesario determinar cuales son las ideas o los principios constitucionales que permiten derivar e integrar su contenido prescriptivo. La crisis de la democracia y el uso partidista de las instituciones implica que sean necesarios limites a movimientos y fuerzas politicas que proyectan una vision ideologica hegemonica en la sociedad. Las respuestas constitucionales y desde la Union Europea y la defensa de sus valores no constituyen tan solo un parametro que hay que respetar para formar parte de los Tratados y permanecer en la Union, sino que son tambien la esencia misma del principio de neutralidad.

En este trabajo se han analizado las razones que abundan a que el Estado debe ser neutral políticamente y que son numerosas, ya que se estructura una sociedad política pluralista, cuyo reconocimiento como principio y valor constitucional tiene como consecuencia la garantia de la igualdad en el ejercicio de los derechos de libertad, incluidos los de caracter politico, que deben posibilitar que no se perjudique la competencia politica, proteger los derechos de los participantes en la misma, garantizar la libertad en el proceso de formacion de la voluntad politica y de la opinion publica, asegurar la proteccion de los intereses generales e impedir la utilizacion de los recursos publicos por la autoridad publica para fines partidistas. Juan Carlos Gavara de Cara. Catedratico de Derecho Constitucional en la Universidad Autonoma de Barcelona. Josu de Miguel Barcena. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria