Juan José Fernández Domínguez

La idea de una cláusula social irrumpe en la globalización reclamando un espacio para los derechos sociales dentro de la libre actividad económica mundial. Fracasado el intento de hacerlo a traves de una norma universal, y con solo expresiones provenientes de la UE, Estados Unidos y convenios bi o multilaterales, la OIT vuelca sus esfuerzos (en colaboracion mas o menos fructifera con organizaciones internacionales y sujetos no-gubernamentales) para conseguir este objetivo a traves de una RSE cuya validez debe quedar medida por sus resultados, manteniendo las virtudes de sus expresiones clasicas (etiquetado social o codigos de conducta), pero corrigiendo alguno de sus problemas, como la convivencia con los convenios colectivos o, sobre todo, la insatisfactoria verificacion de su cumplimiento. En este panorama van haciendose hueco los AMI, como experiencia mas avanzada de RSE en tanto acuerdos negociados con la contraparte sindical con un contenido mas completo y procedimientos paritarios de implementacion, supervision y correccion, para dar a luz un instrumento de naturaleza juridica y funcionalidad que anticipan una evolucion evidente.

En la presente monografía se analizan las consideradas por el legislador como "prestaciones familiares", tanto en su modalidad contributiva-considereación como tiempo cotozado de determinados períodos de excedencia por cuidado de hijos y otros familiares-como no contributiva, a través de asignaciones económicas directas que acogen tres prestaciones diferentes, si bien todas ellas vinculadas a una misma situación de necesidad: la presencia de responsabilidades derivadas de la existincia de hijos.

El despido colectivo, como solución jurídica a la crisis de una empresa (o consecuencia de la evolución en las formas de producción), enfrenta al jurista con un haz de complejos problemas que van desde el propio concepto hasta, y sobre todo, el procedimiento a seguir para su utilización. La presente monografía analiza de manera exhaustiva y desde una perspectiva práctica todos ellos, prestando especial atención al expediente ordinario de regulación de empleo, tanto en su fase inicial y de instrucción como en las distintas formas de finalización, incluida la eventual impugnación judicial. Su contenido se completa con el estudio de los expedientes especiales de suspensión de contratos, fuerza mayor y un cuidadoso examen de los que se deben tramitar ante el Juez de lo Mercantil en el supuesto de empresas en situación de concurso.

En un momento en el cual los Estados de Europa parecen dejar atrás sus intereses parciales para marchar todos juntos por la senda de una construcción unitaria, parece obligado volver la vista atrás para constatar que los gestores del personal en las distintas Administraciones Públicas españolas conocen y sufren todos los días la enorme inseguridad jurídica generada por una regulación falta de coherencia, obsoleta en muchos casos, provisional en otros, con competencias concurrentes de diferentes Administraciones y resultado de una acumulación normativa en cascada, motivo de una de las tasas de conflictividad más altas. De ahí que resulte necesario proceder a reformar la legislación sobre función pública, no en vano la Ley 30/1984, y sus ulteriores modificaciones parciales, no han servido para conseguir una adecuada gestión de los empleados públicos capaz de reajustar el personal existente a las necesidades reales. Es necesario, pues, implantar una estructura administrativa cada día más similar (aun cuando no idéntica) al sistema productivo privado, debiendo asumir idénticos principios informadores (economía, productividad, celeridad, eficacia, disciplina...) y análogas técnicas de actuación, dando la importancia que merece en todo este proceso a la negociación colectiva como instrumento de fácil adaptación a las necesidades concretas de cada organismo o entidad.

La coexistencia en el seno de los Entes públicos de funcionarios y laborales con distinto sistema de reclutamiento y disímiles derechos y obligaciones, pero ocupando los mismos puestos de trabajo, provoca serios agravios comparativos, capaces de dificultar una gestión eficaz de los mal llamados recursos humanos.

CAPÍTULO I. Dificultades de integración en una sociedad multicultural: los riesgos psicosociales entre los trabajadores inmigrantes.CAPÍTULO II. La empresa familiar, y su buen gobierno, como mecanismo apto para la consecución de empresas saludables.CAPÍTULO III. La prevención de riesgos psicosociales en la economía colaborativa: los e-nómadas.CAPÍTULO IV. Promoción de la salud mental en el trabajo autónomo tradicional y en las nuevas formas de emprendimiento.CAPÍTULO V. Los riesgos psicosociales en la contratación temporal.CAPÍTULO VI. Los riesgos psicosociales en el trabajo a tiempo parcial.CAPÍTULO VII. Prevención de riesgos psicosociales y descentralización productiva: un binomio habitualmente olvidado y de difícil combinación.CAPÍTULO VIII. La incidencia de los factores "estralaborales" en la salud mental de los trabajadores.CAPÍTULO IX. Los riesgos psicosociales ante una vigilancia empresarial tecnológicamente avanzada: garantías preventivas y posibilidades de resarcimiento.CAPÍTULO X. Movilidad internacional de trabajadores y prevención de riesgos laborales. La influencia de los desplazamientos transnacionales en los riesgos psicosociales

ÍNDICE: CAPÍTULO I: Unilateralidad y legalidad en el reconocimiento de los derechos colectivos de los funcionarios.- CAPÍTULO II: La representación de los funcionarios. 1. La LORAP como origen de las diferencias entre funcionarios y trabajadores. 2. Breves apuntes sobre la representación sindical de los funcionarios. 3. Constitución de los órganos de representación. 4. Competencias y facultades de los órganos de representación funcionarial. 5. La necesaria conexión entre representantes y representados. 6. Dos específicas vías de actuación de los representantes: libertad de expresión y distribución de la información. 7. El crédito horario como derecho instrumental por excelencia de los representantes. 8. El derecho de reunión. 9. La participación institucional. 10. Las dos últimas garantías: derecho a la no discriminación y apertura de expediente contradictorio. 11. Conductas antisindicales en el seno de la Administración Pública.- CAPÍTULO III: Negociación colectiva. 1. Principales causas de alejamiento entre la negociación colectiva funcionarial y laboral. 2. Otras singularidades de la negociación colectiva en la función pública.- CAPÍTULO IV: El derecho a la huelga de los funcionarios públicos. 1. Introducción. 2. Particularidad de la huelga de funcionarios respecto a la de los trabajadores. 3. Servicios esenciales en la función pública. 4. Los efectos peculiares de la huelga en los funcionarios públicos.- BIBLIOGRAFÍA.

Indice: I.-Fomento de la contratación indefinida y conversión del empleo temporal en fijo; II.-Reformas en materia de contratación temporal; III.-Subcontratación de obras y servicios; IV.-Inspección de trabajo y seguridad social y Comisión Consultiva Nacional de convenios colectivos; V.-La reforma de las prestaciones por desempleo; VI.-La reforma de las prestaciones del fondo de garantía salarial; VII.-Servicios públicos de empleo, intermediación en el mercado de trabajo y políticas activas de empleo; VIII.-La mujer en el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio; IX.-El trabajo de las personas con discapacidad enla reforma laboral.

Encuadernado en rústica plastificada y con cubierta azul. Edición de 1993.

Encuadernado en rústica semirrígida plastificada. Coeditado con la Universidad de León (1999). El imparable progreso en el conocimiento genético enfrenta al jurista a una realidad de ADN, ARNh, ARNm, alelos recesivos, procesos de trascripcion y traduccion, mutaciones... para la que no esta preparado. No se trata ya de avanzar juridicamente detras de la Ciencia algo logico, sino de establecer el cauce que regule su desarrollo; y la tarea no es sencilla si se carece de un bagaje de conocimientos cientificos minimos. Buena prueba de lo dicho es la proporcionada en el concreto ambito del Derecho del Trabajo por las pruebas de seguimiento y control genetico (tests geneticos) aplicadas de forma creciente a los trabajadores sin un suelo juridico minimo de garantia. El presente trabajo analiza algunas pautas de Derecho existentes a nivel internacional y trata de proporcionar algunos criterios sobre los que se deberia cimentar una regulacion futura para atender convenientemente su practica tanto en estadios precontractuales, como durante el periodo de prueba y el desarrollo de la relacion laboral.

La reflexión sobre algunos temas especialmente vividos de nuestra disciplina pasa, muchas veces sin razón aparente y sin transición, de lamentables e injustificados olvidos a un interés inusitado. Tal es lo que ocurre con la posición de la mujer -frente al varón- ante y no dentro del ordenamiento jurídico, de forma particularmente acusada en sus relaciones con el sistema de la Seguridad social. Perdidos en la confusión de múltiples formas de discriminación directa o indirecta, tan difíciles de detectar en ocasiones como de cohonestar las oportunas medidas de acción positiva de respuesta, Juan José Fernández Rodríguez se ofrece al lector como guía experto para desbrozar artificios molestos, sortear obstáculos y, como cabe exigir a un científico, mostrar la senda de un razonamiento científico serio. El presente ensayo, pragmático, práctico e indudablemente funcional, aporta una visión jurídica de conjunto imprescindible sobre una de las más importantes dimensiones o extensiones del artículo 14 de la Constitución, sine ira et studio.

Encuadernado en símilpasta española (1996). El libro que se ofrece ahora al lector es un diccionario, es decir, una obra que se propone recoger y explicar de forma ordenada voces de una materia determinada, que en este caso es una materia juridica: el proceso social. La materia objeto de explicacion las instituciones basicas del Derecho Procesal Social y la forma de abordarla la ordenacion de voces propia del diccionario determinan el resultado, que, por otra parte, es un resultado elegido que responde a la finalidad de proporcionar, en una consulta rapida, lo esencial de cada voz o concepto desde una vertiente practica, como apoyo para la labor de los que desde distintas zonas de interes estudio, enseñanza, practica forense o judicial tienen que trabajar con las normas procesales en el ambito social. Ello exige una labor de sintesis, en la que predominan necesariamente los contenidos informativos frente a la investigacion. El Diccionario consta de ciento veintiseis voces, en las que se integran los conceptos basicos del Derecho Procesal Social. La seleccion de voces incluye las nociones fundamentales del regimen juridico general aplicable a todos los procesos del orden social, del proceso ordinario y de las distintas modalidades, asi como de los recursos y la ejecucion. Dentro de cada voz principal hay cuando su complejidad lo hace necesario distintos epigrafes que desarrollan los puntos fundamentales del correspondiente concepto. La obra se cierra en un momento de maduracion y revision de la reforma de 1990. Esta reforma ha madurado, porque hay ya un proceso amplio de elaboracion jurisprudencial y cientifica sobre ella, que nos proporciona una informacion completa sobre sus principales problemas aplicativos y sus posibles soluciones. Pero tambien se ha iniciado una revision importante con la Ley 11/1994 y la Ley 42/1994, que llevan al nuevo Texto Refundido de 1995. La revision sigue con alguna norma posterior, como la Ley 1/1996. De este proceso de revision da cuenta el Diccionario.

Panorama exhaustivo y documentado de los expedientes de regulación de empleo, entendidos en sentido amplio, y una nueva y rigurosa profundización en la complejidad de sus trámites administrativos.

La estructura de la población rural de Castilla y León, calificada por baja densidad, dispersión y agudo envejecimiento hacen que el diagnóstico de sus necesidades se convierta en vital a la hora de planificar toda una linea de actuaciones a nivel regional y local ordenadas a revertir la situacion: El libro ofrece al lector un analisis detallado de los problemas y propone soluciones atentas a la diferente dimension de los municipios y las demandas concretas de los distintos colectivos en aspectos relacionados con el catalogo de servicios sociales existentes y el requerido, la sostenibilidad y habitabilidad del entorno y las medidas destinadas a mejorar la atencion sanitaria y promover la salud.

Amplia perspectiva de la evolución de la profesión de los Graduados Sociales al calor de su presencia ante los órganos de la jurisdicción social, analizando los acontecimientos más destacados en la afirmacion de sus competencias frente a otras profesiones, asi como los problemas practicos que se suscitan a traves del pleno reconocimiento de su condicion de representantes tecnicos en el proceso. La obra se cierra con un compendio de reivindicaciones para el futuro mas inmediato que, como siempre, vendran de la mano de necesarios cambios en el modelo de formacion actual y la asuncion de nuevas atribuciones en materia, por ejemplo, de recursos y justicia gratuita

Hasta este momento no ha habido un estudio científico amplio que analice como un todo: las formas de control del Carnaval de Cádiz por las autoridades, de las prohibiciones que emanaron del gobierno central y de los alcaldes de la ciudad, y de la actividad de la censores en los libretos de los autores carnavalescos.. En LÁPIZ ROJO (Censura, control y prohibiciones en el Carnaval de Cádiz) se aborda, respectivamente, cómo afectaron en el Carnaval de Cádiz las Leyes de Prensa, las prohibiciones impuestas por las autoridades y la censura de las letras de carnaval desde su nacimiento a principios de siglo XX, hasta el fin de la dictadura franquista.. El capítulo más innovador de LÁPIZ ROJO trata sobre los censores. Es el capítulo que más incógnitas nos deja para futuros avances en la investigación del autor sobre la censura: ¿quiénes eran los censores? ¿a qué se dedicaban? ¿bajo qué criterio desarrollaban su trabajo?.