JUAN MUÑOZ SANCHEZ

Análisis de los problemas interpretativos que plantea una de las figuras delictivas de mayor arraigo en el Código Penal: el delito de detención, así como de la totalidad de los tipos específicos vigentes en nuestro ordenamiento en relacion con aquel. Para ello se utilizan exhaustivamente las doctrinas española, alemana e italiana, asi como toda la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

Los delitos contra la integridad moral constituyen una de las más importantes novedades que introduce la Parte especial del código penal de 1995. Bajo esta rúbrica se han agrupado el delito de tortura, que se configura como un delito autonomo y ha ampliado su ambito de aplicacion, y dos nuevos tipos penales que regulan los tratos degradantes cometidos por particulares o por funcionarios publicos. La idea que permite agrupar estas conductas delictivas y que fundamenta su punicion es el atentado contra un bien juridico que deriva directamente del derecho constitucional a la integridad moral y la prohibicion de la tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes. Con la inclusion de este Titulo se quiere llenar el vacio de proteccion frente a las agresiones que, sin suponer un delito de lesiones o malos tratos, impliquen crueldad, brutalidad y provocacion de sufrimientos fisicos o psiquicos humillantes, vejatorios o envilecedores.

Cuando en 2000 el pleno del Consejo general del Poder judicial decidió sacar a convocatoria pública la realización de un estudio empírico de alcance nacional sobre la relación entre drogas y delincuencia a partir de los datos suministrados por la jurisdiccion penal, la Seccion de Malaga del Instituto andaluz interuniversitario de Criminologia se sintio directamente concernida. Un significativo grupo de investigadores en ella integrados llevaban ya un buen numero de años prestando especial atencion a la politica criminal sobre drogas que se habia ido configurando desde los años 80 en nuestro pais y en todo el planeta, y a las consecuencias que habia producido. En los ultimos tiempos el objeto de estudio se habia ampliado al encaje juridico que podia darse a politicas innovadoras de reduccion de daños en drogas. La oferta del Consejo general del Poder Judicial constituia, dadas las facilidades de acceso prometidas y la financiacion propuesta, una magnifica oportunidad para llevar a cabo una mmasiva aproximacion empirica a la realidad judicial sobre el papel de las drogas en la criminalidad.