Lorenzo Morillas Cueva

El título del libro es un resumido anticipo de sus componentes esenciales; esto es, las respuestas jurídicas a la corrupción política direccionadas hacia la doble dimensión de dicha corrupción que va desde la contabilidad irregular en procesos electorale

El ejercicio de la medicina se ha visto sacudido en las últimas décadas por una serie de circunstancias transformadoras de su propia realidad. De la medicina tradicional, conservadora y paternalista, se ha ido a una sumamente activa, operativa, sofisticada, sustentada en avanzadas y complejas tecnologías, pero también generadora de importantes riesgos en su aplicación. El profundo cambio, generalmente para bien, a excepción de sus cuotas de masificación, tanto en pacientes como en personal sanitario, hace que sea uno de los fenómenos sociales más relevantes para la comunidad ciudadana, deseosa y, al mismo tiempo, exigente de una sanidad, sobre todo pública, que realmente le de las prestaciones que una sociedad avanzada requiere. El camino, obviamente no es fácil. Se han de conjugar las garantías exigibles para el correcto ejercicio de la profesión médico-sanitaria con los derechos de los pacientes, pilar fundamental de las relaciones clínico-asistenciales. Todo ello no ha pasado desapercibido para nuestros legisladores ni a nivel internacional ni nacional. Se precisa, desde las más diversas perspectivas, interpretar, en clave de aclaración y fijación conceptual de las premisas más importantes a tener en cuenta, la situación jurídica de unos y otros, los derechos y obligaciones de los profesionales sanitarios y, al mismo tiempo, de los ciudadanos que necesitan de su atención e, incluso, de las instituciones sanitarias y de los propios responsables del sistema. En esta línea hemos situado la investigación y ahora el libro que mostramos, en razón a nuestra especialización jurídica, pluridisciplinar y transversal, a nuestros conocimientos de una materia que nos ha ocupado mucho tiempo y esfuerzo, a un compromiso por conseguir una mejor y más adecuada protección de la salud para todos los ciudadanos y ciudadanas que requieren de un servicio tan importante y vital para todos.

Los autores*, catedráticos de Derecho Penal y prestigiosos especialistas en la materia nos ofrecen esta ingente obra: Sistema de Derecho Penal Español, parte Especial, incorporando las últimas reformas de la normativa penal sobre la materia, incluyendo jurisprudencia y doctrina con relación a la parte especial. La obra recoge, al término de cada capítulo, amplia e interesante bibliografía especializada. Por tanto, nos encontramos con una herramienta muy útil, no sólo para los profesionales del derecho, sino también, con un manual imprescindible para los alumnos de Grado de Derecho y así mismo, como una obra básica para postgrados, que estudian master y oposiciones especializados en esta Parte Especial del Derecho Penal.

Como en su momento anuncié, en la publicación del Tomo I de esta obra, dedicado a los Fundamentos conceptuales y metodológicos del Derecho Penal y a la Ley Penal, el completo de mi Derecho Penal. Parte general está estructurado en cuatro grandes apartados, los dos citados anteriormente que han integrado el primero de los tomos ya publicado y los correspondientes a la teoría del delito y a la de sus consecuencias, que han de rematar el Tomo II. En dicho último caso he optado, dada la magnitud de las cuestiones a tratar, por dividirlo, a su vez, en dos volúmenes. Uno, el que ahora presento, ocupado fundamentalmente por la teoría del delito en sus nociones generales y, en relación al delito doloroso, por el primero de los juicios en lo que estructuro su contenido, el de Antijuricidad. El otro, final del trabajo, se completará, con el juicio de culpabilidad, el error, las especialidades formas de aparición del delito y las consecuencias jurídicas de éste... (El autor).

El Diccionario de la Real Academia fija el término corrupción, en su primera acepción, en “la acción y efecto de corromper” y este último verbo en la dimensión que aquí nos interesa como “sobornar a

En la tercera edición de esta obra, revisada y puesta al día en enero de 2020, los autores, catedráticos de Derecho Penal y prestigiosos especialistas en la materia nos ofrecen esta ingente obra: Sistema de Derecho Penal, parte Especial, incorporando las

Las leyes reformadoras utilizadas, de manera directa, en el desarrollo de este libro, que abarca las producidas durante el año 2022 y parte de 2023, lo que no evita, sino todo lo contrario, relacionar las anteriores mas relevantes y aquellas de otras materias que puedan incidir en la interpretacion de las modificaciones, son: LO 6/2022 de 12 de julio complementaria de la ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminacion, de modificacion de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal, LO 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de informacion financiera y de otro tipo para la prevencion, deteccion, investigacion o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificacion de la LO 8/1980, de 22 de septiembre, de financiacion de las comunidades autonomas y otras disposiciones de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal -larguisima y compleja nominacion, que incluye variedad de cuestiones en algunos casos de dificil coordinacion, el ambito penal queda reducido a la exclusiva modificacion, como inclusion del delito leve multirreincidente del apartado 2 del articulo 234-

Exhaustivo estudio de la reciente reforma del Código Penal (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015). En sus más de mil páginas ofrece un análisis de todas las novedades, realizado por un gran elenco de autores expertos en la materia y dirigidos por Lorenzo Morillas Cueva.

La pena de prisión entre el expansionismo y el reduccionismo punitivo

Hay que comenzar congratulándose de la publicación de este libro, que con el genérico título de Estudios sobre Derecho y Deporte agrupa dieciséis trabajos de investigación que versan sobre los principales y mas complejos problemas que actualmente vinculan al Derecho Penal con el deporte. Ademas, porque es fruto del trabajo de investigacion conjunto llevado a cabo por relevantes penalistas de las Universidades de Granada y Florencia que, bajo direccion de los prestigiosos Profesores Lorenzo Morillas y Fernando Mantovani, nos aportan un ejemplo de cooperacion entre Universidades europeas que se han preocupado de reflexionar conjuntamente sobre temas de gran actualidad, interes y proyeccion, poniendo en comun sus experiencias y conocimientos. Desde esta perspectiva, no se puede mas que felicitar a los responsables de la iniciativa. (del prologo)

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 incluso defendiendo su influencia, no obstante el titulo III sigue a la Constitucion de 1876. En materia de proteccion de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitucion portuguesa de 25 de abril de 1976.No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en las vigentes Constituciones de Italia de 22 de diciembre 1947, francesa de 4 de octubre de 1958 ni siquiera despues de la reforma constitucional introducida en 2003, ni en la Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949. Sin embargo, Alemania si fue pionera en limitar la autonomia de la libertad contractual iniciando las restricciones a la libertad de mercado desde el siglo XIX asi, por ejemplo, la Ley de 1894 sobre plazos en materia de prestamos en los que se establecen requisitos y limites a las clausulas abusivas en los contrato de creditos para compra de bienes muebles, aunque no fue hasta la decada de los sesenta cuando se inicio la proteccion legal de los consumidores y usuarios.La defensa de los consumidores ha tenido una gran evolucion desde la entrada del Codigo Penal de 1995. El tipo de conflicto juridico que suele ir aparejado a esta relacion entre consumidor y ofertante de los servicios ha ido evolucionando desde su respuesta civil y la administrativa, en los casos en que la administracion tiene que sancionar de terminadas conductas, a su entrada en el Codigo penal.Un tema aparentemente sencillo seria determinar que rama del ordenamiento juridico debe de intervenir para proteger los intereses de los consumidores. En principio las relaciones contractuales relativas al consumo no tendrian que tener mayor problema que las derivadas del Derecho contractual civil. Sin embargo, las nuevas formas de produccion y de contratacion en masa hacen inviable dicha posibilidad y es por ello que el Derecho administrativo y el Derecho penal entran de lleno en la proteccion del consumidor como sujeto pasivo abstracto que representa a una colectividad. Por tanto, los resultados que afecten directamente al patrimonio de un sujeto individual se protegeran con los delitos patrimoniales y, dado que afecta directamente al patrimonio, el Derecho administrativo no va a actuar

De los dos pilares esenciales en los que se sustenta la Parte General del Derecho Penal, ha tenido tradicionalmente gran prevalencia, en cuanto a la atención doctrinal a él dedicada, el relativo a la teoría jurídica del delito. Por contra, a la teoría de las consecuencias jurídicas de aquél el interés prestado ha sido menor, al menos desde una perspectiva unitaria. Cierto es que se han escrito espléndidas obras con relación a la pena, a la medida de seguridad, a la responabilidad civil derivada del delito y a las costas procesales, y que bastantes de las nuevas corrientes doctrinales le están otorgando especial atención a la pena y a la medida de seguridad, pero igualmente lo es que ha sido de forma individualizada, sin una proyección teórica global de todas las consecuencias que se derivan de la infracción criminal. Esto no deja de extrañar en una materia a la que, por ejemplo, el Código Penal vigente dedica noventa y cinco artículos del Libro primero, del 23 al 117 más los referidos a la responsabilidad civil dimanante de los delitos y faltas, artículos 19 a 22, mientras que el delito, en términos generales, se atiende en no más de veinte.Por ello, la presente obra se marca, inicialmente, los siguientes objetivos: primero, pergeñar una teoría de las consecuencias jurídicas del delito que sea válida para reavivar la atención de los especialistas; segundo, dotar a los alumnos de la licenciatura de Derecho de un medio de estudio para esta parte del Programa; tercero, servir de cauce a la discusión científica sobre los temas en ella planteados; cuarto, ofrecer a los prácticos del Derecho penal un libro de consulta que les pueda ser útil en su cotidiana actividad. El criterio sistemático desarrollado para la elaboración del trabajo corresponde con prioridad al seguido por el Texto punitivo español.

Intervienen: Carlos Aránguez, Ignacio Benítez, Concepción Carmona, Nuria Castelló, Mª José Cruz, Eva Domínguez, Patricia Esquinas, Pilar Fernández, Jesús Martínez, David Lorenzo Morillas, Miguel Olmedo, Esther Evelia Rubiáles, J. Mª Suárez, Eleta Torres y Javier Valls