Luis Alfredo de Diego Díez

NDICE: Ejecución del fallo: piedra angular de la tutela judicial. El derecho a la ejecución frente al legislador. El derecho a la ejecución frente a los tribunales.

La notificación es un "instrumento capital" del derecho de defensa (STC 55/2003). Su finalidad primordial es lograr que el acto administrativo sea conocido por el interesado para que pueda aquietarse o reaccionar contra el mismo con todas las garantías. Por ello, la Administración tiene la responsabilidad de realizar las notificaciones con una especial dosis de escrupulosidad, celo y respeto de las normas que regulan los actos de comunicación; y tiene también la carga de acreditar la realidad y regularidad de las notificaciones. La eficacia del acto administrativo dependerá de que se comunique al interesado con arreglo a Derecho. Va de suyo, pues, la vital importancia que, tanto para la Administración como para los administrados, tiene el conocimiento y manejo de las claves que regulan todo lo relativo a esta materia. En esta obra se examinan con minuciosidad los requisitos y garantías que han de cumplirse en la práctica de las notificaciones administrativas, con especial énfasis en la jurisprudencia elaborada en torno a este tema. Es una obra eminentemente práctica, dirigida a todos los profesionales del Derecho (abogados, jueces y demás operadores jurídicos) que demandan soluciones a los casos reales con los que han de enfrentarse. No en vano, el presente trabajo está salpicado de una amplia y variada jurisprudencia que resuelve la compleja problemática que diariamente se plantea ante los tribunales.

El tiempo no es un elemento inocuo en Derecho. En el procedimiento sancionador, el transcurso del tiempo tiene efectos liberatorios para el inculpado. Si no se administran adecuadamente los tiempos en el ejercicio de la potestad sancionadora, la infracción puede prescribir, el procedimiento caducar o la sanción devenir inejecutable por prescripción. En cualquier caso, el procedimiento sancionador, con los recursos materiales y humanos empleados, habrá sido inútil. De ahí la importancia que, tanto para la Administración como para los inculpados, tiene conocer y manejar correctamente las claves que regulan los institutos de la prescripción y de la caducidad. En esta 2.ª edición actualizada se han tenido en cuenta nuevas aportaciones doctrinales y, sobre todo, dada la utilidad práctica que se ha pretendido imprimir a la obra, se han incluido las últimas resoluciones de nuestros tribunales sobre la materia. Entre ellas, es de reseñar, singularmente, el cambio de criterio del Tribunal Supremo en torno a la caducidad de los procedimientos disciplinarios contra jueces y magistrados, admitiendo, por fin, que esa garantía les es también aplicable. Por lo demás, se han reestructurado y ampliado algunos apartados para su mejor sistematización y comprensión. El resultado es un pormenorizado estudio de la variada problemática que, a la hora de aplicar la prescripción y la caducidad, se plantea diariamente ante los órganos jurisdiccionales, ofreciendo soluciones reales a situaciones reales.

El procedimiento penal abreviado autoriza, bajo ciertas condiciones, la celebración del juicio oral sin la presencia del acusado. Como contrapartida, aparece en la ley un nuevo remedio procesal (el "recurso" de anulación) dirigido a cuestionar la regularidad del proceso contumacial, por considerar que se llevó a cabo sin concurrir todos y cada uno de los presupuestos que legalmente lo hacían posible. Nuestro legislador dedica un solo precepto (el art. 793 de la LECrim.) a este remedio para anular sentencias, cuya "virtud", ciertamente insólita, ha sido la de lograr poner de acuerdo a toda la doctrina respecto de su parquedad, precariedad, deficiencia, ambigüedad y un largo etcétera de descalificativos. Su desafortunada regulación ha propiciado una gran disparidad de criterios interpretativos, dando lugar a posturas auténticamente contradictorias y, lo que es peor, todas ellas perfectamente defendibles. En esta obra se intentan desenmarañar, con el máximo rigor y minuciosidad, las más variadas cuestiones surgidas en torno al "recurso" de anulación. Se aportan soluciones prácticas, regadas con jurisprudencia, tanto constitucional como ordinaria, y se ofrecen al operador jurídico unos escogidos formularios de indudable utilidad para su ejercicio profesional.

Una completa obra que desmenuza prácticamente todas las facetas del tráfico, la circulación y la seguridad vial.El procedimiento sancionador se estudia desde los principios de la potestad sancionadora y desde el propio procedimiento sancionador.Se acompaña de la normativa complementaria sobre controles metrológicos, tanto de velocidad como de alcoholemia, estudia las Escuelas de Conductores, los conocimientos, aptitudes y comportamientos para conducir vehículos, las estaciones de ITV, los tacógrafos, los delitos contra la seguridad del tráfico, y un completo estudio de la Dirección General de Tráfico.Todo ello acompañado de un exhaustiva selección de jurisprudencia de todos los Tribunales, desde el Tribunal Constitucional a los Juzgados de Instrucción y abundantes citas bibliográficas.

SINOPSIS.En las últimas décadas ha sido extraordinaria la proliferación de los llamados "pleitos en masa". Para hacerlos frente, la LJCA contempla dos soluciones específicas (art. 7

A través de la presente guía damos respuesta a estas y otras cuestiones y analizamos desde un punto de vista práctico los recursos contencioso-administrativos por medio de la jurisprudencia más relevante, el planteamiento y resolucion de pequeñas cuestiones, todo ello acompañado de una serie de esquemas didacticos sobre la materia, que ayudaran al lector a tener una vision global de los distintos recursos regulados en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.En esta obra podran conocer paso a paso la regulacion de cada uno de los recursos contra resoluciones procesales a interponer en el orden contencioso-administrativo: recursos contra providencias y autos, recurso de apelacion, recurso de casacion, el nuevo recurso de casacion contra autos sobre autorizacion o ratificacion judicial de medidas sanitarias, la revision de sentencias firmes y los recursos contra las resoluciones del letrado de la Administracion de Justicia, todo ello acompañado de un listado de formularios actualizados que culminan esta guia

La finalidad de este manual, Derecho tributario y procedimientos de desarrollo. Comentarios y casos prácticos, no es otra que la de efectuar un estudio completo de la normativa que conforma la estructura central del sistema fiscal, realizado mediante el analisis de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), asi como de sus diferentes reglamentos de desarrollo. Al ser conscientes de la complejidad que, en ocasiones, pueden revestir tanto los aspectos materiales como los formales de esta materia, se han incorporado ejemplos en cada uno de los capitulos que integran el manual para que sea mas asequible su conocimiento y comprension.Esta obra persigue que, no solo los alumnos, sino tambien los profesionales de la asesoria fiscal puedan hallar solucion a las diferentes situaciones que, a lo largo del ejercicio de sus actividades, puedan encontrarse.Las situaciones de hecho con las que, en ocasiones, se encuentra el profesional de la asesoria son a veces inmodificables. Sin embargo, las soluciones que a dichas situaciones se les puede dar desde un punto de vista fiscal pueden ser muy diferentes. El conocimiento, tanto de los aspectos materiales como procedimentales, permite elegir la mejor opcion al menor coste fiscal y todo ello con el respaldo de la ley. Ese es precisamente el objetivo de este libro.Este primer volumen, que comprende los primeros 13 capitulos, abarca el estudio del derecho tributario material, asi como de los procedimientos de gestion tributaria y de inspeccion. En el segundo, que recoge los capitulos 14 a 18, se estudian: el procedimiento de recaudacion, el regimen de las infracciones y sanciones tributarias, los delitos contra la Hacienda publica, los procedimientos especiales de revision, el recurso de reposicion y las reclamaciones economico-administrativas

El procedimiento administrativo se define como «el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresa

¿Qué es el silencio administrativo?.¿Cuándo hablamos de silencio administrativo estimatorio o desestimatorio?.¿Qué plazos rigen?.El acto administrativo, ¿cuándo es válido y eficaz?, ¿qué requisitos le son exigibles a tal efecto?.A lo largo de esta guia encontraran la respuesta a todas estas preguntas y muchas otras especialidades sobre estas materias, todo ello en base a un estudio profundizado de la Ley 39/2015, de 1 octubre, y abundante jurisprudencia relevante que ayudara a una comprension mas ilustrativa de los diferentes temas.Para los mas curiosos, en la presente obra tambien podran encontrar una extensa relacion de lecturas recomendadas, asi como una serie de formularios que seran de gran ayuda para la aplicacion practica de la materia

La percepción que del agresor hayan podido retener en su memoria la víctima del delito o los testigos presenciales, constituye un valioso elemento para lograr la identificación del delincuente; sobre todo teniendo en cuenta que en un buen número de delitos el contacto entre el agresor y su víctima es inevitable. De ahí que diligencias tales como el reconocimiento en rueda -y su habitual antecedente en la investigación: el reconocimiento fotográfico-, resulten aún idóneas a tal fin, pese al indiscutible avance en este campo de los métodos científicos (huellas dactilares, análisis de voz, marcadores de ADN, etc.). Esta monografía desgrana detalladamente las exigencias y garantías que deben procurarse, tanto en sede policial como judicial, al practicar la identificación del delincuente, bien sea por medio de fotografías o por el reconocimiento en rueda (incluso por la llamada «rueda de voces»). Para ello se conjugan los planteamientos doctrinales con la cotidiana realidad jurisprudencial, ofreciendo al operador jurídico un minucioso y exhaustivo elenco de las soluciones dadas por nuestros tribunales a la más variada casuística sobre la materia.

¿Qué se entiende por ejecución de sentencias…..

Jurisdicción y procedimiento contencioso-administrativo. Paso a paso se constituye como una guía,

La detención es una medida limitativa de derechos que puede resultar legítima según en qué casos y circunstancias. El control sobre los eventuales abusos en la utilización de esta medida o en su ejecucion, exige instrumentos expeditivos a disposicion de los particulares afectados. Se precisa una rapida reaccion de los organos judiciales para poner fin a privaciones de libertad ilegitimas. Esta es precisamente la finalidad del habeas corpus, pues se trata de "una garantia procesal especifica prevista por la Constitucion para la proteccion del derecho fundamental a la libertad personal" (STC 154/1995). Su cognicion limitada no permite, sin embargo, otro control judicial que el relativo a la regularidad o legalidad de la detencion, sin mas consecuencias que la terminacion o modificacion de la misma (SSTC 98/1896, 104/1990, 12/1994, 21/1996 y 86/1996).En estos tiempos y en nuestro pais, el uso del habeas corpus ha servido para reaccionar contra detenciones innecesarias, temporalmente excesivas o violatorias de derechos (tales como la asistencia letrada). Pero es en materia de extranjeria (detenciones gubernativas de extranjeros para su expulsion) donde en mayor medida se hace uso de este proceso hoy en dia.