Manuel Carrasco Durán

El Estado es el principio de igualdad. Esto es lo que diferencia al Estado de todas las demás formas del poder político conocidas en la historia. Justamente por eso, el Estado es un poder con vocación juridica. Es, en realidad, el primer y, hasta el momento, el unico poder con vocacion juridica que ha existido en la historia de la convivencia humana. No por casualidad, cuando Jules Michelet se pregunta en el prologo a la primera edicion de su Historia de la Revolucion Francesa por cual ha sido la aportacion de la Revolucion a la historia de la Humanidad, contesta sin dudar que el Derecho.El principio de igualdad es lo que permite expresar unitariamente la vida del Estado. Su proceso de genesis, sus relaciones, una vez constituido, con los ciudadanos, su articulacion organica no son mas que expresiones de la igualdad. Expresiones mas directas en unos casos y mas necesitadas de mediaciones en otros, pero expresiones siempre del principio de igualdad.esta es la razon por la que el Estado puede ser explicado cientificamente. El principio de igualdad es lo que ha permitido al Derecho constitucional diferenciarse de la literatura juridico-publica del periodo inmediatamente anterior y constituirse en ciencia. La ciencia es explicacion unitaria de la forma de manifestarse de los fenomenos por su determinacion interna. En el caso del Derecho constitucional, explicacion de todos los fenomenos juridico-constitucionales. Solamente un principio universal como la igualdad permite tal explicacion. Unicamente con el, podriamos decir parafraseando a Friedrich von Gerber, se puede pasar de la estadistica a la ciencia, de la simple enumeracion de relaciones juridicas particulares a su explicacion unitaria. Esto es lo que persigue este Curso de Derecho constitucional. Explicar como a partir del principio de igualdad el Estado desemboca en la Constitucion como norma juridica, iniciandose con ella un proceso de sometimiento del Estado al Derecho que no se detiene nunca. No puede haber ni una sola operacion constitucional, sea el poder constituyente, la interpretacion de la Constitucion o el control de constitucionalidad, ni uno solo de los derechos fundamentales o de los poderes del Estado, que no tenga que ser explicado como una derivacion del principio de igualdad. Naturalmente, todo esto se intenta demostrar a partir del estudio de un Estado constituido: el Estado español a partir del 29 de diciembre de 1978.

El presente trabajo lleva a cabo un estudio doctrinal del derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva del Derecho constitucional que, al mismo tiempo, resultará útil y práctico para el profesional del Derecho. Para ello, en primer lugar, se examina la razon de ser del derecho a la tutela judicial en el Estado de Derecho. Asimismo, se detalla el contenido del derecho a la tutela judicial como integrado por los derechos de acceso al proceso, a una resolucion motivada y fundada en Derecho, a la ejecucion de las resoluciones judiciales firmes y a la prohibicion de indefension, y se desgranan las vertientes que componen estos derechos. Se distingue el derecho a la tutela judicial de otras figuras afines. Finalmente, se incluye un completo y actualizado examen de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa a este derecho y un indice por materias. En especial, se enuncian los tests argumentativos que utiliza la jurisprudencia para contrastar las resoluciones judiciales con respecto a cada derecho y vertiente que integra el derecho a la tutela judicial.

La respuesta de los Estados democráticos al terrorismo se suele plantear en términos de debate entre libertad y seguridad. Sin embargo, este planteamiento no es correcto. En los Estados democráticos, libertad y seguridad no son dos conceptos opuestos, sino vinculados. El Estado, que tiene el monopolio de la violencia legitima, es el unico ente con capacidad de proporcionar seguridad a toda la ciudadania. Sin embargo, la seguridad no es un fin en si mismo, sino un medio para garantizar las condiciones que hagan posible el desarrollo de la vida en libertad. En ultimo termino, la garantia de la libertad es, tambien, la garantia de la seguridad del individuo frente al poder del Estado. El terrorismo global supone un desafio para el Estado democratico en varios sentidos. Por una parte, pone en discusion el monopolio de la violencia propio del Estado. Pero, por otra parte, plantea el peligro de que el Estado democratico se desnaturalice, si su respuesta al terrorismo llega al extremo de poner en peligro el sistema de libertades. La respuesta al terrorismo, por tanto, tiene que ser ponderada. La cuestion reside en saber donde colocar el fiel de la balanza. Este libro ofrece al lector un marco para la comprension de las medidas antiterroristas adoptadas por muchos Estados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El libro detalla la respuesta al terrorismo global proporcionada por Estados Unidos, Reino Unido, Canada, Francia y las instituciones de la Union Europea. Junto a ello, y ya en nuestro ambito, se examina la singularidad que supone utilizar la ilegalizacion de partidos politicos como instrumento de lucha contra el terrorismo.

El Curso práctico de Derecho de la empresa es un libro destinado a quien pretenda adentrarse en la dimensión aplicada de la normativa que rodea cualquier actividad empresarial. Se trata de trascender del mero conocimiento de la norma a la plena aplicacion del Derecho. Los autores han tratado de ofrecer, con la debida coherencia academica, una obra que pueda ser utilizada sin requerir la constante presencia de un profesor, permitiendo asi una enseñanza autonoma. A su vez, el libro puede ser manejado tanto por personas que no tengan previos conocimientos juridicos como por estudiantes del grado de Derecho. Y todo ello desde la busqueda de aquellos topicos que aparecen con mayor frecuencia en la praxis.La cuarta edicion supone una revision a fondo de la tercera, pero respetando los avances que ya se habian introducido en cuanto a numero de temas y ordenacion de los casos de menor a mayor dificultad. Se ha pretendido, en definitiva, mantener las virtudes de una obra contrastada durante los ultimos quince años para la formacion en el Derecho de la empresa, renovando casos, materiales y autoevaluaciones para preservar la consecucion de sus objetivos.

Una aproximación a la interpretación jurisprudencial del artículo149.1.13 de la Constitución .La ordenación de las actividades económicas constituye uno de los temas que mayor grado de conflicto ha generado entre el Estado y las Comunidades Autonomas. Por una parte, las Comunidades Autonomas tienen competencia exclusiva en relacion con un buen numero de actividades economicas, pero, por otra parte, el Estado dispone de una competencia transversal, la relativa a las bases y la coordinacion de la planificacion general de la actividad economica (art. 149.1.13a de la Constitucion), que le permite incidir en la ordenacion del conjunto de la actividad economica; por un lado, se admite generalmente que el Estado debe llevar a cabo una labor de direccion de la politica economica, pero, por otro lado, son constantes las quejas de las Comunidades Autonomas acerca de las injerencias en sus ambitos competenciales ocasionadas por las normas del Estado que, amparandose en esta funcion, regulan hasta el detalle aspectos de las actividades que son objeto de sus competencias y, con ello, recortan, de hecho, su capacidad para decidir politicas propias en torno a las actividades economicas. La presente obra estudia de forma completa esta materia, para lo cual presta especial atencion a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de la competencia del Estado sobre las bases y la coordinacion de la planificacion general de la actividad economica.

La participación política es una cuestión crucial para el futuro de nuestras democracias. El grito de «no nos representan», que se hizo común durante las movilizaciones del 15-M, en 2011, expresa de

El Estado es el principio de igualdad. Esto es lo que diferencia al Estado de todas las demás formas del poder político conocidas en la historia. Justamente por eso, el Estado es un poder con vocación juridica. Es, en realidad, el primer y, hasta el momento, el unico poder con vocacion juridica que ha existido en la historia de la convivencia humana. No por casualidad, cuando Jules Michelet se pregunta en el prologo a la primera edicion de su Historia de la Revolucion Francesa por cual ha sido la aportacion de la Revolucion a la historia de la Humanidad, contesta sin dudar que el Derecho. El principio de igualdad es lo que permite expresar unitariamente la vida del Estado. Su proceso de genesis, sus relaciones, una vez constituido, con los ciudadanos, su articulacion organica? no son mas que expresiones de la igualdad. Expresiones mas directas en unos casos y mas necesitadas de mediaciones en otros, pero expresiones siempre del principio de igualdad. Esta es la razon por la que el Estado puede ser explicado cientificamente. El principio de igualdad es lo que ha permitido al Derecho constitucional diferenciarse de la literatura juridico-publica del periodo inmediatamente anterior y constituirse en ciencia. La ciencia es explicacion unitaria de la forma de manifestarse de los fenomenos por su determinacion interna. En el caso del Derecho constitucional, explicacion de todos los fenomenos juridico-constitucionales. Solamente un principio universal como la igualdad permite tal explicacion. Unicamente con el, podriamos decir parafraseando a Friedrich von Gerber, se puede pasar de la estadistica a la ciencia, de la simple enumeracion de relaciones juridicas particulares a su explicacion unitaria. Esto es lo que persigue este Curso de Derecho constitucional. Explicar como a partir del principio de igualdad el Estado desemboca en la Constitucion como norma juridica, iniciandose con ella un proceso de sometimiento del Estado al Derecho que no se detiene nunca. No puede haber ni una sola operacion constitucional, sea el poder constituyente, la interpretacion de la Constitucion o el control de constitucionalidad, ni uno solo de los derechos fundamentales o de los poderes del Estado, que no tenga que ser explicado como una derivacion del principio de igualdad. Naturalmente, todo esto se intenta demostrar a partir del estudio de un Estado constituido: el Estado español a partir del 29 de diciembre de 1978.