María Burzaco Samper

Normativa actualizada con las reformas operadas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

La obra que aquí presentamos prosigue la línea de colaboración entre profesores universitarios y Abogados del Estado cuya pretensión última pasa por ofrecer una visión integral, dogmático-práctica, de parcelas singularmente relevantes del ordenamiento juridico. La crisis economica actual, las transformaciones que vive el aparato burocratico administrativo y singularmente las consecuencias que se han dejado sentir en el otrora vasto sector publico economico hacian aconsejable volver la vista sobre este ultimo, su regimen juridico y los cambios recientes que el mismo ha sufrido. La presente obra se estructura en ocho capitulos cuyo diseño toma como punto de partida la perspectiva teorica de las diversas entidades y organismos que componen el sector publico economico; enfoque que sirve de portico a los estudios de impronta predominantemente practica-aplicada. Se pretende asi, en conjunto, una obra equilibrada y util que arroje un poco de luz sobre algunos de los aspectos mas problematicos del tema objeto de estudio.

Este libro trata de aportar algo de luz sobre la cuestión de la justicia con la naturaleza. Lejos de pretender dar soluciones o recetas, es un intento de sacar a la luz preguntas y debates abiertos. Cuanto mas reflexionemos, cuantas mas mentes se queden en algun momento pensativas, mirando al vacio, cuestionandose..., estaremos mas cerca de conseguir que el concepto de justicia y en concreto, de justicia con la naturaleza, entre en nuestras vidas y nos mueva por dentro y por fuera. Es por tanto este un libro lleno de interrogantes implicitos y explicitos.

Normativa actualizada con las reformas operadas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (con las modificaciones operadas por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014); Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado; Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y normativa de las mismas.

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico d...

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,

Actualizados con las reformas operadas por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 31/2007, de 30 de octubre sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras; y Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Normativa actualizada con las reformas operadas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.Régimen jurídico del sector publico. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Con la actualizacion de cifras establecida por Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los limites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratacion del sector publico a partir del 1 de enero de 2018.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (con las modificaciones operadas por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico por la que se transponen al ordenamiento juridico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014); Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado; Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Accion y del Servicio Exterior del Estado y normativa de las mismas.

Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015 de 1 de octubre de Regimen Juridico del Sector Publico. Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contecioso-administrati

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Incluye: • Esquemas sobre los mecanismos de control en vía administrativa previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, y el

Si el ordenamiento jurídico es un sistema, coherente y pleno, integrado por un conjunto de normas vigentes en un entorno social y político determinado y en un momento concreto, el ordenamiento jurídico administrativo no es sino aquella parte del ordenamiento juridico que regula la organizacion y la actividad administrativa. Organizacion y funcionamiento de la Administracion son, pues, los dos pilares basicos sobre los que se asienta el Derecho Administrativo.Por tanto, el ordenamiento administrativo se organiza en torno a dos elementos esenciales: la nocion de Administracion Publica (elemento subjetivo) y la actividad administrativa (elemento objetivo). Por ello, la organizacion, como observa GARCIA DE ENTERRIA, no es algo ajeno al Derecho, sino justamente el origen mismo de lo juridico. Desde esta perspectiva, el Derecho de la organizacion puede definirse como el conjunto de normas reguladoras de las atribuciones, la composicion y el funcionamiento del aparato administrativo.La idea de que la organizacion administrativa es el primer postulado del Derecho Administrativo es actualmente aceptada de forma unanime, hasta tal punto que no puede hablarse de Derecho Administrativo si no existe una organizacion juridica previa. En esta linea y siguiendo a PARADA, cabe destacar que la Administracion, subjetivamente considerada, es una gran organizacion o, incluso, un conjunto o galaxia de organizaciones estructuradas en distintos niveles.