Miguel Casino Rubio

Todos los días en nuestras carreteras se denuncian miles de infracciones de tráfico. De antemano se sabe, sin embargo, que muchas de esas denuncias se perderán en el camino y, por tanto, que buena parte de las infracciones cometidas quedara irremediablemente sin sancion. Entre otras razones por culpa de un procedimiento sancionador tan salpicado de tramites y formalidades que su conclusion sin ninguna tacha supone con frecuencia una autentica carrera de obstaculos. Los infractotes (o sus abogados) saben muy bien de estas dificultades de la Administracion y por eso, aunque saben tambien perfectamente de su culpa, no dudan en aprovecharlas. La Administracion por su parte, que conoce tambien de sobra sus debilidades, reclama por lo comun mas medios y, en ocasiones tambien, la oportuna reforma legal que le ponga a salvo de los infractores habiles. Buena prueba de esta curiosa historia son los significados problemas que plantea el cumplimiento del deber del propietario de identificar al conductor infractor. Una cuestion realmente delicada, en la que ha terciado incluso el Tribunal Constitucional, y que resulta decisiva por cuanto atiende a la fase inicial del procedimiento sancionador, arriesgando su suerte desde el primer momento. Esta obra analiza el problema y sus principales manifestaciones, y propone algunas posibles soluciones.

Esta obra ante todo se propone resolver el problema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que tiene su referencia en el artículo 149.1.29.ª CE y su expresión clave en la seguridad publica. Desde alli empieza su tarea Casino, alli comienza a cavar y, claro, lo primero que encuentra, son una serie de sentencias del TC que analiza y eventualmente critica. No satisfecho, a partir de ahi busca ayudas por otras vias, hace catas, sondea en distintos lugares. Indaga en muchas de las exposiciones doctrinales mas reveladoras, incluidas algunas de autores españoles clasicos no suficientemente estudiados. Explora muchos caminos, escoge casi todos los buenos, abandona casi todos los malos y refuta los prejuicios que tanta obscuridad han arrojado sobre en esta materia. En todo ello va encontrando elementos valiosos y preciosos para su concreto objetivoy para los otros de mayor calado.

Hasta no hace mucho tiempo la definición del concepto de "sanción administrativa" y la necesidad de distinguir técnicamente las sanciones de otras medidas de intervención o policía administrativas de contenido igualmente desfavorable para su destinatario no suponian entre nosotros ningun motivo de preocupacion. Hoy, sin embargo, son abundantes las opiniones doctrinales y las sentencias judiciales que se cuidan de esta distincion y de ofrecer unos pocos criterios que permitan con mayor seguridad colocar en su lugar a la correspondiente medida administrativa. Aunque mucho se ha avanzado en este asunto, todavia hay mas de un cabo suelto y bastantes malentendidos, segun lo testimonia el hecho de que no falten precisamente los supuestos dudosos con soluciones doctrinales y jurisprudenciales practicamente para todos los gustos. En este contexto enredado, y tomando pie en el concepto material de sancion administrativa que en forma una unanime manejan la doctrina y la jurisprudencia, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, este libro bucea criticamente en la propia doctrina constitucional para ver cuales son los criterios que utiliza el Tribunal para determinar cuando una medida administrativa merece realmente el nombre de sancion , y alertar de sus debilidades

La aparición de un problema nuevo: la incidencia del régimen y jurisprudencia penales. Causas y consecuencias de un fenómeno creciente. El Estado actual de la cuestión a la luz de la última jurisprudencia. El ejemplo de los daños por intervenciones policiales cumplidas "fuera de servicio". La insuficiencia de las respuestas actuales. El error del enfoque actual y la consecuente necesidad de resituar la cuestión. La responsabilidad civil derivada de delito y el ejemplo del derecho privado. Razones y consecuencias de su naturaleza exclusivamente civil. El traslado de las mismas al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Dificultades que resultan de la regulación sustantiva en el código penal del instituto resarcitorio. La prescripción y la cosa juzgada. El problema de la incidencia del proceso penal en el procedimiento administrativo. El plazo de prescripción de la acción, la suspensión del procedimiento y la cosa juzgada en la jurisprudencia y la doctrina administrativas. De un tiempo a esta parte es claramente perceptible un notable en el número de sentencias penales que enjuician problemas de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Este aumento de la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración derivada de delito de sus funcionarios apenas ha encontrado reflejo en la doctrina. Para el autor no existe razón alguna que justifique el actual desdoblamiento de la responsabilidad civil de la Administración en dos regímenes jurídicos (en función del carácter delictual o no de la conducta productora del daño). Al hilo de esta preocupación y de la demostración de las soluciones que se proponen, se advierten en la obra las negativas consecuencias que provoca la actual doble regulación sustantiva en la correcta comprensión y funcionamiento del plazo de prescripción aplicable a la acción civil ex delicto y en la institución de la cosa juzgada.