Rafael Rojo Álvarez-Manzaneda

En esta monografía se lleva a cabo un estudio riguroso e interdisciplinar de la compleja cuestión del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia financiera, y ello, a través de una exhaustiva labor de sistematización, análisis y reflexión crítica de la doctrina del Tribunal Constitucional existente en la materia. Partiendo de los principios e instituciones que configuran con carácter general el sistema de reparto de competencias en materia económica (tales como la definición de una competencia como exclusiva, compartida y concurrente, y sus efectos; los criterios de supletoriedad, de prevalencia y residual; la eficacia territorial de las normas; los principios de unidad económica y de mercado; la noción de bases, etc.), el autor profundiza en el significado y alcance de las competencias estatales y autonómicas sobre la organización y la actividad de las Cajas de Ahorros, sin olvidar a otros empresarios sobre los que las Comunidades Autónomas también han asumido competencias exclusivas, como son las cooperativas y las mutualidades de seguros. Precisamente a partir de las competencias exclusivas autonómicas sobre determinados empresarios financieros, se aborda con particular detalle la competencia estatal sobre la legislación mercantil y la posibilidad y las repercusiones del reconocimiento de potestades legislativas, reglamentarias y ejecutivas a las Comunidades Autónomas en materia de Derecho Mercantil. Todo ello, junto al ineludible tratamiento de cuestiones de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo y de Derecho Civil, dado el carácter transversal de la materia abordada.

Y es que, como Instituciones de Inversión Colectiva, los Fondos de Inversión Inmobiliaria canalizan el ahorro de una colectividad de sujetos hacia la inversión en bienes inmuebles de naturaleza urbana, permitiendo al pequeño y mediano inversor no solo acceder al mercado inmobiliario, sino también diversificar riesgos y disponer de una gestión profesional de la inversión realizada. Pero, además, y dado que el objeto de estas Instituciones consiste en la inversión en inmuebles urbanos para su explotación en alquiler, cabe advertir en ellos un privilegiado instrumento para impulsar el sector del arrendamiento urbano en general y de la vivienda en particular. A este respecto, de todos es sabido que España se encuentra dentro de los países de la Unión Europea en los que existe menos vivienda en alquiler frente a la alternativa en propiedad. Sólo un 11% frente al 40% de media en Europa. Los Fondos de Inversión Inmobiliaria, cuyo objeto es la inversión en inmuebles con destino al arrendamiento, pueden contribuir a superar ese desfase.

En un momento de incertidumbre para la economía, en general, y el mercado inmobiliario, en particular, la reciente Ley 11/2009, de 26 de octubre, ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico la regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). Figura semejante a la que en los mercados financieros más desarrollados se conoce con el nombre de Real Estate Investment Trusts (REITs). Estas nuevas sociedades se consagran al objeto de alcanzar importantes objetivos de política social y económica. A través de ellas, se pretende impulsar a un tiempo tanto la inversión en bienes inmuebles urbanos, como el mercado de alquiler en España; al tiempo que se dota al ahorrador de un activo más -las acciones de estas nuevas sociedades- en el que invertir, con una rentabilidad estable a medio y largo plazo, liquidable en el mercado secundario y con un privilegiado régimen fiscal. Las SOCIMI vienen a colocarse así, en nuestro mercado financiero, junto a las Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria, procurando canalizar el ahorro de una colectividad de sujetos, para invertirlo fundamentalmente en bienes inmuebles de naturaleza urbana y obtener un rendimiento para los inversores a partir de la explotación de su patrimonio inmobiliario en alquiler. Unas y otras están llamadas a concurrir, sin que las SOCIMI vengan a desplazar a las sociedades ni a los fondos de inversión inmobiliaria. No obstante, la distinta configuración de unas y otras, hace albergar la esperanza de que las SOCIMI tengan una implantación mayor en nuestro mercado financiero del que hasta la fecha han tenido las IIC inmobiliaria. En consideración a ello, en la presente obra se acomete un análisis profundo y riguroso de estos nuevos instrumentos y sus virtualidades ante la actual situación de los mercados inmobiliario, arrendaticio y financiero

Estudia y analiza el sistema financiero italiano, comparándolo con el español y la situación de las fundaciones bancarias.

Desde que su reconocimiento se incorporara definitivamente a nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de separación del socio en caso de falta de reparto de los dividendos no ha pasado desapercibido, dada su significativa relevancia en el funcionamiento y gobierno de nuestras sociedades de capital. Se trata de una causa de separacion a la que le ha rodeado el debate y la controversia, tanto en su fundamento como en los presupuestos diseñados para su nacimiento y ejercicio; y ello desde una perspectiva dogmatica, pero tambien practica, evidenciada, esta ultima, por la existencia de un buen numero de resoluciones tanto judiciales como de la Direccion General de los Registros y del Notariado.Esta obra pretende contribuir al esclarecimiento de este particular derecho del socio, analizando su justificacion y caracteres, como instrumento de tutela del socio y de resolucion de conflictos alternativo a la impugnacion del acuerdo de aplicacion del resultado, y como derecho disponible. Se abordan, acto seguido, los presupuestos subjetivos y objetivos precisos para su nacimiento, con atencion al sentido y alcance de su exclusion respecto a ciertas sociedades; al periodo temporal de suspension desde la constitucion de la sociedad; y a los requisitos relativos a los beneficios obtenidos y a los dividendos a distribuir por parte de la junta, sin olvidar el derecho de separacion en funcion de las cuentas consolidadas. Finalmente, el estudio se ocupa del procedimiento fijado para el ejercicio del derecho de separacion y de los efectos que este despliega para la sociedad y el socio saliente.