Rafael Rojo Álvarez-Manzaneda

En los últimos años las tarjetas se han convertido en uno de los instrumentos de pago más relevantes. Su facilidad de uso, la rapidez y relativa seguridad en la ejecución de las transacciones, el acceso al crédito y la función de caja que normalmente incorporan, las han convertido en un instrumento esencial en nuestra sociedad de consumo. No obstante, la implantación masiva de las tarjetas contrasta con la complejidad que presentan estos instrumentos financieros desde una perspectiva jurídica, en la medida en que su gestión, emisión y aceptación descansa en una estructura contractual que involucra a distintos sujetos y negocios jurídicos, y que en la práctica viene a agravar los principales problemas a los que su funcionamiento puede dar lugar. Entre ellos, sin duda ocupa un lugar destacado el relativo a la utilización fraudulenta de la tarjeta como consecuencia básicamente del extravío, sustracción o falsificación -por manipulación o, mucho más frecuentemente, clonación o duplicación- de la tarjeta, o de la apropiación de sus datos de identificación. A la finalidad de esclarecer el reparto de los riesgos y la responsabilidad entre la entidad suministradora del sistema, la emisora, el titular y el establecimiento comercial, por las obligaciones de pago que traigan su causa de la utilización fraudulenta de la tarjeta, se dedica precisamente la presente monografía. El interés práctico y dogmático de este estudio así como su actualidad lo evidencia, además, la copiosa jurisprudencia a la que ha dado lugar esta problemática, y que en esta obra es revisada y sistematizada con rigor y exhaustividad, a tenor de lo dispuesto para estos instrumentos de pago por la Ley de Servicios de Pago y su normativa de desarrollo, en cuyo marco se tiene que analizar la validez e interpretación de las cláusulas de adhesión presentes en los contratos de emisión y adhesión al sistema de tarjetas.

Y es que, como Instituciones de Inversión Colectiva, los Fondos de Inversión Inmobiliaria canalizan el ahorro de una colectividad de sujetos hacia la inversión en bienes inmuebles de naturaleza urbana, permitiendo al pequeño y mediano inversor no solo acceder al mercado inmobiliario, sino también diversificar riesgos y disponer de una gestión profesional de la inversión realizada. Pero, además, y dado que el objeto de estas Instituciones consiste en la inversión en inmuebles urbanos para su explotación en alquiler, cabe advertir en ellos un privilegiado instrumento para impulsar el sector del arrendamiento urbano en general y de la vivienda en particular. A este respecto, de todos es sabido que España se encuentra dentro de los países de la Unión Europea en los que existe menos vivienda en alquiler frente a la alternativa en propiedad. Sólo un 11% frente al 40% de media en Europa. Los Fondos de Inversión Inmobiliaria, cuyo objeto es la inversión en inmuebles con destino al arrendamiento, pueden contribuir a superar ese desfase.

En esta monografía se lleva a cabo un estudio riguroso e interdisciplinar de la compleja cuestión del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia financiera, y ello, a través de una exhaustiva labor de sistematización, análisis y reflexión crítica de la doctrina del Tribunal Constitucional existente en la materia. Partiendo de los principios e instituciones que configuran con carácter general el sistema de reparto de competencias en materia económica (tales como la definición de una competencia como exclusiva, compartida y concurrente, y sus efectos; los criterios de supletoriedad, de prevalencia y residual; la eficacia territorial de las normas; los principios de unidad económica y de mercado; la noción de bases, etc.), el autor profundiza en el significado y alcance de las competencias estatales y autonómicas sobre la organización y la actividad de las Cajas de Ahorros, sin olvidar a otros empresarios sobre los que las Comunidades Autónomas también han asumido competencias exclusivas, como son las cooperativas y las mutualidades de seguros. Precisamente a partir de las competencias exclusivas autonómicas sobre determinados empresarios financieros, se aborda con particular detalle la competencia estatal sobre la legislación mercantil y la posibilidad y las repercusiones del reconocimiento de potestades legislativas, reglamentarias y ejecutivas a las Comunidades Autónomas en materia de Derecho Mercantil. Todo ello, junto al ineludible tratamiento de cuestiones de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo y de Derecho Civil, dado el carácter transversal de la materia abordada.

En un momento de incertidumbre para la economía, en general, y el mercado inmobiliario, en particular, la reciente Ley 11/2009, de 26 de octubre, ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico la regulacion de las Sociedades Anonimas Cotizadas de Inversion en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). Figura semejante a la que en los mercados financieros mas desarrollados se conoce con el nombre de Real Estate Investment Trusts (REITs). Estas nuevas sociedades se consagran al objeto de alcanzar importantes objetivos de politica social y economica. A traves de ellas, se pretende impulsar a un tiempo tanto la inversion en bienes inmuebles urbanos, como el mercado de alquiler en España; al tiempo que se dota al ahorrador de un activo mas -las acciones de estas nuevas sociedades- en el que invertir, con una rentabilidad estable a medio y largo plazo, liquidable en el mercado secundario y con un privilegiado regimen fiscal. Las SOCIMI vienen a colocarse asi, en nuestro mercado financiero, junto a las Instituciones de Inversion Colectiva Inmobiliaria, procurando canalizar el ahorro de una colectividad de sujetos, para invertirlo fundamentalmente en bienes inmuebles de naturaleza urbana y obtener un rendimiento para los inversores a partir de la explotacion de su patrimonio inmobiliario en alquiler. Unas y otras estan llamadas a concurrir, sin que las SOCIMI vengan a desplazar a las sociedades ni a los fondos de inversion inmobiliaria. No obstante, la distinta configuracion de unas y otras, hace albergar la esperanza de que las SOCIMI tengan una implantacion mayor en nuestro mercado financiero del que hasta la fecha han tenido las IIC inmobiliaria. En consideracion a ello, en la presente obra se acomete un analisis profundo y riguroso de estos nuevos instrumentos y sus virtualidades ante la actual situacion de los mercados inmobiliario, arrendaticio y financiero

Desde que su reconocimiento se incorporara definitivamente a nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de separación del socio en caso de falta de reparto de los dividendos no ha pasado desapercibido, dada su significativa relevancia en el funcionamiento y gobierno de nuestras sociedades de capital. Se trata de una causa de separacion a la que le ha rodeado el debate y la controversia, tanto en su fundamento como en los presupuestos diseñados para su nacimiento y ejercicio; y ello desde una perspectiva dogmatica, pero tambien practica, evidenciada, esta ultima, por la existencia de un buen numero de resoluciones tanto judiciales como de la Direccion General de los Registros y del Notariado.Esta obra pretende contribuir al esclarecimiento de este particular derecho del socio, analizando su justificacion y caracteres, como instrumento de tutela del socio y de resolucion de conflictos alternativo a la impugnacion del acuerdo de aplicacion del resultado, y como derecho disponible. Se abordan, acto seguido, los presupuestos subjetivos y objetivos precisos para su nacimiento, con atencion al sentido y alcance de su exclusion respecto a ciertas sociedades; al periodo temporal de suspension desde la constitucion de la sociedad; y a los requisitos relativos a los beneficios obtenidos y a los dividendos a distribuir por parte de la junta, sin olvidar el derecho de separacion en funcion de las cuentas consolidadas. Finalmente, el estudio se ocupa del procedimiento fijado para el ejercicio del derecho de separacion y de los efectos que este despliega para la sociedad y el socio saliente.

Estudia y analiza el sistema financiero italiano, comparándolo con el español y la situación de las fundaciones bancarias.