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El autor de esta obra ha recopilado cuarenta y cinco sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, seleccionadas como básicas por los motivos que explica el Estudio Preliminar y siguiendo el orden por el que las sentencias se recogen en la parte documental, que es el que en esencia correspondería a un Curso de Derecho Comunitario dedicado a su Parte General, esto es, centrado en su naturaleza, competencias de la Comunidad Europea y su sistema político explicado a través del proceso decisorio, sistema de fuentes y jurisdiccional y, finalmente, principios rectores de sus relaciones con los Estados miembros.

Casi veinte años después de nuestro ingreso en las Comunidades Europeas, el Derecho Comunitario sigue planteando en España, al igual que en otros Estados miembros, complejos problemas concernientes a su relación con los Derechos nacionales, que afectan de manera especial a los Jueces, aplicadores últimos del ordenamiento europeo. Esta obra que alcanzó el Premio Martínez Emperador del Consejo General del Poder Judicial en su XVI edición (2002), aborda los elementos de discusión que presiden la labor de El Juez español y el Derecho Comunitario en su primacía sobre el interno, su eficacia tanto en su vertiente aplicativa como interpretativa, y la cooperacion entre las jurisdicciones comunitaria y nacional, en particular a través de la cuestión prejudicial. También analiza el papel que corresponde al Tribunal Constitucional en la plena integración del Derecho Comunitario en nuestro país, así como su condición de órgano jurisdiccional capaz de entablar un diálogo con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, proponiendo una reconsideración de su doctrina al respecto.

Recoge el presente volumen el núcleo constitucional duro de la Unión Europea, integrado por el Tratado de la Unión Europea y el de Funcionamiento de la Unión Europea (el cual sustituyó, en virtud del Tratado de Lisboa que entro en vigor el 1 de diciembre de 2009, al de la extinta Comunidad Europea), y la Carta de los Derechos Fundamentales.La Carta, solemnemente proclamada en Niza en diciembre de 2000 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comision, y adaptada en Estrasburgo en diciembre de 2007, fue incorporada por la reforma de Lisboa a dichos Tratados, a los que se equipara en valor juridico, por la via de la remision (articulo 6.1 TUE). Tambien estan dotados de ese mismo valor juridico los Protocolos anexos a ambos Tratados, recogiendo el volumen una seleccion de aquellos que presentan un marcado caracter institucional. A la mencionada seleccion sigue otra, esta vez referida a los principales instrumentos reguladores de la organizacion y el funcionamiento de las Instituciones europeas (Consejo Europeo -encargado de dar a la Union los impulsos necesarios para su desarrollo y de definir sus orientaciones y prioridades politicas generales-, Parlamento Europeo, Consejo, Comision, Tribunal de Justicia y Tribunal de Cuentas) y de sus Organos consultivos (Comite Economico y Social, y Comite de las Regiones), con el fin de poner a disposicion de los operadores politicos yjuridicos una herramienta basica y eficaz para la comprension del complejo sistema de poder decisorio y de control judicial en el seno de la Union. Se completa el volumen, finalmente, con un minucioso y exhaustivo indice analitico para facilitar su consulta.

Ricardo Alonso García es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Premio Extraordinario). Ha sido Investigador Visitante en las Universidades de Harvard y Nacional Autónoma de México, e impartido cursos de postgrado en foros europeos y latinoamericanos, incluida la Academia de Derecho Europeo de Florencia. Entre otras publicaciones, puede destacarse El juez español y el Derecho comunitario, Premio Rafael Martinez Emperador 2002, del Consejo General del Poder Judicial. Actualmente es Catedratico de Derecho Administrativo y Comunitario de la Universidad Complutense, donde dirige el Titulo de Especialista en Derecho de la Union Europea (Sistema Constitucional y Mercado Interior), miembro de la Junta Directiva de la Asociacion Española para el Estudio de Derecho Europeo, y codirector de la Revista Española de Derecho Europeo. Es tambien miembro de la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales (Cordoba, Argentina), coordinador cientifico del Foro Permanente de Cortes Supremas del MERCOSUR (Brasilia), e integrante de la listae juristas que pueden presidir los Tribunales Arbitrales del MERCOSUR (fue Presidente del IX Tribunal Arbitral).

Ricardo Alonso García, Catedrático de Derecho Administrativo y Comunitario, y Director del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional (Universidad Complutense de Madrid), ha sido Investigador Visitante en las Universidades de Harvard y Nacional Autonoma de Mexico, y ha impartido cursos de postgrado en foros europeos y latinoamericanos, incluida la Academia de Derecho Europeo de Florencia. Entre sus publicaciones, puede destacarse El juez español y el Derecho comunitario (Premio Rafael Martinez Emperador 2002, del Consejo General del Poder Judicial) y Las sentencias basicas del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Thomson-Civitas, en 3ª edicion). Es miembro de la Junta Directiva de la Asociacion Española para el Estudio de Derecho Europeo, Codirector de la Revista Española de Derecho Europeo (Thomson Reuters-Civitas), y Vocal del Consejo de la Revista de Derecho Comunitario Europeo y de la Revista de Administracion Publica (Centro de Estudios Politicos y Constitucionales), asi como de la Revista Poder Judicial (Consejo General del Poder Judicial) y de la Gaceta Juridica de la Union Europea y de la Competencia (La Ley). Es tambien miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y Doctor honoris causa por la Universidad Empresarial Siglo 21 (Cordoba, Argentina), e integrante de la lista de juristas que pueden presidir los Tribunales Arbitrales del Mercosur (fue Presidente del IX Tribunal Arbitral), donde ha ejercido como coordinador cientifico de su Foro Permanente de Cortes Supremas (Brasilia).

Precedida de un Estudio sobre los orígenes y el alcance de la reforma resultante del Tratado de Lisboa, recoge la presente edición un extracto de dicho Tratado y las Declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental, asi como las versiones consolidadas del Tratado de la Union Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea, incluidos los Protocolos y Anexos a los Tratados (que, segun dispone el articulo 51 del Tratado de la Union, forman parte integrante de los mismos), y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Union Europea proclamada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007, la cual adapta la version de 7 de diciembre de 2000 (en virtud del articulo 6, del Tratado de la Union, la Carta tiene el mismo valor juridico que los Tratados).Tambien incorpora, en lo que concierne de manera especifica al Tratado de Funcionamiento de la Union, la modificacion de su articulo 136 (en relacion con un mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro) en virtud de una Decision del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011, y, por lo que respecta a los Protocolos, el nuevo articulo 2 del Protocolo (nº 36) sobre las disposiciones transitorias, resultante del Protocolo de su modificacion de 23 de junio de 2010, que afecta de manera particular a España (al aumentar en 4 el numero de sus eurodiputados). Ambas modificaciones entraran en vigor una vez sean ratificadas por todos los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

Recoge el presente volumen el núcleo constitucional duro de la Unión Europea, tras la entrada en vigor, el 1 de diciembre de 2009, de la reforma firmada en Lisboa en diciembre de 2007. Dicho núcleo lo integran el Tratado de la Union Europea y el de Funcionamiento de la Union Europea (el cual viene a sustituir al de la extinta Comunidad Europea), completados por la Carta de los Derechos Fundamentales. La Carta, solemnemente proclamada en Niza en diciembre de 2000 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comision, y adaptada en Estrasburgo en diciembre de 2007, ha sido incorporada por Lisboa a dichos Tratados, a los que se equipara en valor juridico, por la via de la remision (articulo 6.1 TUE). Tambien estan dotados de ese mismo valor juridico los Protocolos anexos a ambos Tratados, recogiendo el volumen una seleccion de aquellos que presentan un marcado caracter institucional (incluidos, en nota a pie, los Protocolos prometidos por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Union a Irlanda y a Chequia, para salvar la ratificacion final del Tratado de Lisboa). A la mencionada seleccion sigue otra, esta vez referida a los principales instrumentos reguladores de la organizacion y el funcionamiento de las Instituciones europeas (Consejo Europeo ?encargado de dar a la Union los impulsos necesarios para su desarrollo y de definir sus orientaciones y prioridades politicas generales, Parlamento Europeo, Consejo, Comision, Tribunal de Justicia y Tribunal de Cuentas) y de sus Organos consultivos (Comite Economico y Social, y Comite de las Regiones), con el fin de poner a disposicion de los operadores politicos y juridicos una herramienta basica y eficaz para la comprension del complejo sistema de poder decisorio y de control judicial en el seno de la Union. Se completa el volumen, finalmente, con un minucioso y exhaustivo indice analitico para facilitar su consulta.

La implantación obligatoria del nuevo título de grado en Derecho, impuesta por la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el marco del proceso de convergencia iniciado por la Declaracion de Bolonia de 1999, implica profundos cambios en la forma en que las diferentes disciplinas juridicas son expuestas por los profesores y estudiadas por los alumnos en las Universidades españolas. Asi, el nuevo credito ECTS, junto con la tradicional enseñanza a traves de lecciones magistrales, asigna un papel capital, en el proceso de adquisicion por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes, a las clases lectivas practicas asi como a la realizacion de otras actividades academicas dirigidas, como seminarios o trabajos, con la conviccion de que la enseñanza practica debe asumir una mayor relevancia en nuestra Universidad. El panorama de los libros de texto y manuales universitarios en España ha carecido hasta el momento de recursos que respondan a las necesidades que, tanto para el profesor como para el alumno en la preparacion de la asignatura, plantea el nuevo sistema de enseñanza universitaria. Con la coleccion Textos y materiales, la Editorial Thomson Reuters / Civitas pretende colmar esa laguna ofreciendo un compendio articulado y coherente de fuentes documentales primarias de las distintas materias que figuran en los planes de estudio del grado en Derecho, completadas con las explicaciones y referencias bibliograficas necesarias para su adecuado uso.

Este volumen contiene las siguientes disposiciones: - Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. - Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial. - Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales. - Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Organico del Ministerio Fiscal. Se incluye un indice de conceptos que facilita la consulta de la obra.

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho. Esta Ley persigue dotar a los organos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolucion de controversias, eviten abusos equilibrando la proteccion y tutela de los distintos intereses en conflicto, protejan mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales y proporcionen mayor seguridad juridica al mercado laboral. Pretende una respuesta mas eficaz y agil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y ofrece un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el ambito laboral para una mejor proteccion de los derechos.El objetivo principal de esta Ley es establecer, ampliar, racionalizar y definir con mayor claridad el ambito de conocimiento del orden jurisdiccional social, con fundamento en su mayor especializacion, conocimiento mas completo de la materia social y marco procesal especialmente adecuado a los intereses objeto de tutela de este orden.Con la nueva Ley reguladora de la jurisdiccion social se afronta una modernizacion de la normativa anterior a partir de la concentracion de la materia laboral, individual y colectiva, y de Seguridad Social en el orden social y de una mayor agilidad en la tramitacion procesal. De esta manera, se pretenden superar los problemas de disparidad de los criterios jurisprudenciales, dilacion en la resolucion de los asuntos y, en consecuencia, fragmentacion en la proteccion juridica dispensada. Esta obra se completa con un indice de conceptos para facilitar su consulta.

Se recoge actualizada y puesta al día la normativa básica del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley y Reglamento).

La Ley Concursal supuso, desde el momento de su promulgación, un importante hito en nuestro Derecho de la insolvencia, al instaurar un sistema concursal moderno y unitario, de aplicación tanto a personas juridicas como naturales; sistema que tiene como pilares los principios de unidad legal, de disciplina y de procedimiento; e incorporo soluciones economicas razonables, acompañadas de diversas garantias y de la creacion de una jurisdiccion especializada, constituida por los jueces de lo Mercantil.El nombre elegido para denominar el procedimiento unico es el de concurso, expresion clasica que, desde los tratadistas españoles del siglo XVII, paso al vocabulario procesal europeo y que, por antonomasia describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor comun. No se persigue con ello solamente rescatar un vocablo tradicional en la terminologia juridica española, sino utilizarlo para significar el fenomeno unificador de los diversos procedimientos de insolvencia e identificar asi graficamente el procedimiento unico, como ha ocurrido en otras legislaciones.

El texto refundido de la Ley de Suelo de 20 de junio de 2008 renueva profundamente el ordenamiento estatal de la ordenación territorial y urbana, con la introducción del modelo del desarrollo urbano sostenible y de tecnicas destinadas a resolver los graves problemas del suelo.En esta edicion se ofrece un panorama exhaustivo del estado actual del Derecho estatal, no solo de la planificacion territorial y urbana, sino tambien de la ordenacion de la edificacion. Ademas de la Ley de 2008, se incluyen el Reglamento de Valoraciones de 2011, la Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas de 2013 (parcial), el Reglamento sobre Inscripcion en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanistica de 1997 y la Ley de Ordenacion de la Edificacion de 1999. Tambien se recogen, entre otros, de forma parcial el Codigo Tecnico de la Edificacion, los preceptos todavia vigentes del texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, asi como otra serie de normas en materia de planeamiento, gestion y disciplina urbanisticas.El amplio contenido de la obra permite formarse una cabal idea de las normas vigentes en este campo tan abigarrado y cambiante. Los textos estatales van acompañados de las necesarias notas de concordancia y de aclaraciones que insertan cada precepto en el contorno que le es propio. El denso indice analitico resultara de gran utilidad para todos los operadores juridicos que han de aplicar a diario el Derecho del suelo y de la edificacion. El lector podra asi operar con esta normativa compleja con la mayor facilidad, seguridad y eficacia.

En esta obra, de un contenido tan complejo como es el medio ambiente, se ha procurado dar una visión amplia de la problemática ambiental, con exclusión de las disposiciones relativas al medio ambient

La presente edición pretende ser una obra de consulta básica y útil para el profesional del Derecho que tiene que actuar en y ante los tribunales y para el estudiante y el estudioso que se acerque a

La Ley Concursal supuso, desde el momento de su promulgación, un importante hito en nuestro Derecho de la insolvencia, al instaurar un sistema concursal moderno y unitario, de aplicación tanto a personas juridicas como naturales; sistema que tiene como pilares los principios de unidad legal, de disciplina y de procedimiento; e incorporo soluciones economicas razonables, acompañadas de diversas garantias y de la creacion de una jurisdiccion especializada, constituida por los jueces de lo Mercantil.El nombre elegido para denominar el procedimiento unico es el de concurso, expresion clasica que, desde los tratadistas españoles del siglo XVII, paso al vocabulario procesal europeo y que, por antonomasia describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor comun. No se persigue con ello solamente rescatar un vocablo tradicional en la terminologia juridica española, sino utilizarlo para significar el fenomeno unificador de los diversos procedimientos de insolvencia e identificar asi graficamente el procedimiento unico, como ha ocurrido en otras legislaciones.

La principal novedad de esta edición con respecto a las anteriores es la inclusión, por su novedad e indudable importancia, de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, cuya entrada en vigor está fijada para el 1 de abril de 2017. Junto con esta Ley de futura vigencia, se recogen las normas basicas que regulan, en la actualidad, la propiedad industrial, a saber, la Ley de Patentes de 1986, la Ley de Marcas de 2001, y la Ley de Proteccion Juridica del Diseño Industrial de 2003.Asimismo, con miras a conseguir un volumen manejable y atendiendo al caracter complementario y de consulta subordinada, se recogen en formato electronico en Proview, los Reglamentos de desarrollo de las Leyes citadas: Reglamento para la ejecucion de la Ley de Patentes de 1986 (Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre), Reglamento de la Ley de Marcas (Real Decreto 687/2002, de 12 de julio), y el Reglamento de la Ley de Proteccion Juridica del Diseño Industrial (Real Decreto 1967/2004, de 27 de septiembre).La obra se completa con un exhaustivo Indice de conceptos con las principales voces y subvoces de la legislacion compendiada, que facilitan su consulta.

Se recoge totalmente actualizada y puesta al día la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El presente libro incluye, en primer lugar, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo comun a todas las Administraciones Publicas, incluyendo el sancionador y el de reclamacion de responsabilidad de las Administraciones Publicas, y los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; y en segundo lugar, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico, que regula las bases del regimen juridico de las Administraciones Publicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Publicas y de la potestad sancionadora, asi como la organizacion y funcionamiento de la Administracion General del Estado y de su sector publico institucional. Las dos Leyes suponen un importante hito en la historia reciente del Derecho Administrativo en cuanto pretenden sistematizar y contemplar en dos bloques normativos homogeneos las relaciones ad extra (Ley 39/2015) y las relaciones ad intra (Ley 40/2015) de las Administraciones Publicas. Cada una de las leyes va precedida de una Presentacion del Prof. Luis Martin Rebollo, Catedratico de Derecho Administrativo, en la que realiza un breve analisis de las mismas. Ademas, se incluye un indice analitico para facilitar la consulta de la obra. Y por ultimo, el libro contiene una tabla de equivalencias entre la Ley 30/1992 y las Leyes 39/2015 y 40/2015, y otra tabla entre la Ley 40/2015 y las Leyes 30/1992, 6/1997 y otras normas.

Contiene este volumen la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882), actualizada conforme a las sucesivas leyes de reforma y complementada, entre otras, por las siguientes disposiciones legales:- Ley Organica del Poder Judicial (1985).- Ley Organica de Conflictos Jurisdiccionales (1987).- Ley de Demarcacion y de Planta Judicial (1988).- Estatuto Organico del Ministerio Fiscal (1981).- Ley Organica del Tribunal del Jurado (1995).- Ley Organica de proteccion a testigos y peritos en causas criminales (1994).- Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Union Europea (2014).- Ley Organica reguladora del procedimiento de Habeas Corpus (1984).- Ley Organica de Proteccion de la Seguridad Ciudadana (2015).- Ley Organica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000).- Reglamento de la responsabilidad penal de los menores (2004).- Ley Organica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (1986).- Ley de Extradicion Pasiva (1985).- Ley Organica de la Competencia y Organizacion de la Jurisdiccion Militar (1987).- Ley Organica Procesal Militar (1989).La obra se completa con un extenso indice analitico para facilitar su consulta.