Ricardo Yáñez Velasco

La presente obra subraya la importancia de la Psicología en las Ciencias jurídicas, singularmente en el Derecho procesal. Sin embargo, se encuentra infrautilizada y permite ineficiencias muy significativas, por ejemplo en la institucion del Jurado, sea para el proceso de seleccion representativa de sus miembros legos, base de su autentica legitimacion politica, sea en como componerlo, en la eleccion del mecanismo de deliberacion o en el nivel de instruccion juridica a recibir. Sobre estos y otros temas se plantean las opciones mas eficaces, en el orden de mejorar un sistema muy relevante en el ambito de la participacion ciudadana en la Administracion de Justicia.

Mediante un repaso minucioso de la normativa vigente, este trabajo afronta las implicaciones procesales más significativas de la expulsión del extranjero inculpado en el enjuiciamiento criminal, ya sea por aplicacion de la sancion administrativa por infraccion de las normas de extranjeria o por la "sustitucion" de una pena privativa de libertad o una medida de seguridad impuestas en sentencia penal firme.La presente obra afronta las implicaciones procesales mas significativas de la expulsion del extranjero inculpado en el enjuiciamiento criminal, ya sea por aplicacion de la sancion administrativa por infraccion de las normas de extranjeria o por la sustitucion de una pena privativa de libertad o una medida de seguridad impuestas en sentencia penal firme. Sin renunciar a un repaso basico de la normativa vigente, se cuestionara especialmente la actual practica mayoritaria de tribunales en el primero de los supuestos, ayuna de base legal, asi como muchos de los motivos que critican el actual art. 89 del Codigo penal español, sin perjuicio de plantear su supresion a fin de asumir un sistema unico donde la expulsion administrativa imponga una respuesta coordinada cuando el expulsable este vinculado a uno o varios procesos penales, en cualquiera de sus etapas.

Derecho procesal detrás de los bastidoresLa obra toma como eje de estudio la nulidad procesal enlazada con derechos y garantías del justiciable tan representativos como la prueba y la defensa, singularmente el peritaje en el proceso penal, el ofrecimiento de acciones penales y civiles a las presuntas victimas y ofendidos, el juicio en ausencia del acusado y la expulsion de personas de nacionalidad extranjera antes o durante su enjuiciamiento criminal.Las casos judiciales mediaticos son faciles de identificar con la Politica y la corrupcion del poder, lo que en buena medida radica en la perenne critica a la eleccion de los miembros de tribunales superiores, y tambien del Tribunal Constitucional, eventual interviniente ulterior. Pero la inmensa mayoria de juicios, cotidiana y habitual, se lleva a cabo en organos judiciales ajenos a ese interes partidista tan publicitado, de mano de un personal jurisdiccional que, a pesar de la creciente llamada al respeto del Estado de Derecho que desde la representacion del colectivo judicial viene reiterandose en los ultimos años, es a no dudarlo el protagonista ultimo y principal del incumplimiento sistematico y generalizado del orden procesal establecido por el legislador ordinario. Muy lamentablemente, la explicacion de tan paradojica y vergonzante situacion se as...

Cuando el ser humano afronta el miedo, o simplemente vive la incertidumbre, se activan mecanismos de defensa que con frecuencia ni controla porque siquiera se da cuenta de ellos, alcanzando incluso afectaciones radicales de la percepcion de la realidad, o de otros aspectos fundamentales de la memoria. Y todo esto es bien conocido por quienes sin el mas minimo escrupulo lo utilizan como herramienta del poder, por mucho que abunden individuos que operan de manera similar pero sin esa calculada intencionalidad, a menudo bajo muy peligrosas inercias irreflexivas. El conjunto impregna la dinamica gubernamental y acaba por embrutecer universales como el Derecho, la Democracia, la Ley o la Soberania, que a diferencia del Gobierno moderno, problema nuclear de nuestra Politica actual, si han venido siendo estudiados y desarrollados durante largo tiempo. De este modo, con el declive de la civilidad como contexto ultimo, la evolucion juridica se ha transformado en una preocupante involucion alejada cada vez mas de esa Justicia que es horizonte del Estado Social y Democratico de Derecho, aproximandose sin cesar a un Estado de seguridad donde el temor ciudadano y la inseguridad son, paradojicamente, los elementos esenciales para su construccion y afianzamiento.La autoproteccion de ese tipo de Estado de leyes y el poder factico subyacente pasa por arrinconar autenticos valores como la participacion politica y la libertad, en particular la de expresion, del mismo modo que excluye mecanismos intrinsecamente propios de las estructuras democraticas,incluso criminalizandolos, como ocurre con la desobediencia civil. Y para ello no importa lo mas minimo torcer el Derecho, particularmente el penal y el procesal, desnaturalizando su contenido hasta cotas que no hace mucho habrian sido impensables. Un modo de recuperar el cauce legitimo hacia un verdadero Estado de Derecho justo puede estar en comprender la logica y significado de conceptos juridico-politicos esenciales, superando la ignorancia sobre lo exigible de la funcion publica, propiciando la superacion de confusas percepciones de la realidad y ocultas intenciones del poder. Sin ello resulta extremadamente dificil reconocer las vias de accion no solo colectivas sino tambien individuales que a cada uno se ofrecen para oponerse a la represion y a la injusticia, planteamiento de urgencia en la actualidad española.Ricardo Yañez Velasco es licenciado y doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona, donde ha sido docente en el Departamento de Derecho administrativo y Derecho procesal, asi como profesor invitado en otras Universidades de Cataluña. En la actualidad es profesor del Instituto Superior de Derecho y Economia e imparte clases de su especialidad en la Facultad de Psicologia de laUniversitat Autonoma de Barcelona; ha publicado medio centenar de trabajos en revistas juridicas especializadas, asi como ocho obras conjuntas y una docena de monografias.Ha sido asesor letrado del equipo juridico de Amnistia Internacional-Catalunya desde 1994 a 2000, organizacion de la que fue activista desde 1986; asi como de Juristas sin fronteras desde su fundacion a principios de los años noventa. Formo parte de la Comision de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona hasta noviembre de 2003, habiendo sido miembro del Instituto de Psicologia, Sociologia y Medicina Juridicas de Barcelona. Desde febrero de 2000 ejerce la funcion juri...

Con la aprobación de la Ley 22/2003 Concursal se configura un nuevo panorama en el Derecho Mercantil Español. El concurso de acreedores muestra innumerables conductas que pueden resultar jurídico- criminalmente relevantes, como por ejemplo el concurso doloso del articulo 260 CP. En esta obra repasamos varios grupos de delitos relacionados directa o indirectamente con la falta de solvencia, real o fingida, insistiendo en que muchos de los apuntes procesales antes mencionados mantienen parte de su valor, especialmente en referencia a los delitos singulares especificamente vinculados con la insolvencia civil y mercantil (articulos 257 y ss. CP). Los hechos generadores de las insolvencias, o a ellas concomitantes, siempre han podido ajustarse a los delitos de quiebra o alzamiento de bienes, no en vano denominados, junto a otros, insolvencias punibles. Y aunque en el futuro desapareciera el tipo de articulo 260 CP seguiria siendo viable un nutrido cumulo de figuras delictivas irremediablemente anundadas al comportamiento civil y mercantil ilicito. Esto ocurre con defraudaciones, falsedades, delitos societarios, injustos contra la Hacienda publica o vulneraciones de derechos de los trabajadores.

El arbitraje constituye una herramienta en manos de la autonomía del sujeto, cuyo reconocimiento frente a la intervención estatal favorece una implicación directa que facilita en muchas ocasiones la resolucion de conflictos. Y junto con la mediacion, conciliacion y otros metodos, el arbitraje muestra una alternativa a la jurisdiccion con innumerables ventajas, sin por supuesto negar sus siempre avisados inconvenientes. Pero la contraposicion no debe servir para justificar la bondad de una via de resolucion con base en las deficiencias de cualquier otra. No se trata de reaccionar frente a la saturacion de los tribunales jurisdiccionales, sino de aceptar sin tanta desconfianza una descongestion de la jurisdiccion como efecto secundario de una institucion heterocompositiva de solucion de conflictos, alternativa a la judicializacion acostumbrada de la controversia civil y mercantil. Deben asumirse valores intrinsecos por mucho que de un modo colateral se provoquen beneficios en otras sedes, como lo seria el desahogo de la Administracion de justicia, que fomentaria la agilidad en la respuesta judicial al problema, rapidez por demas subrayada como virtud del arbitraje. En cualquier caso, es mejor desoir las criticas a veces planteadas contra el mismo, a modo de institucion que ganaria justificaciones objetivas -y asi adeptos- contra peor se hallase el estado de la jurisdiccion civil.

El peritaje constituye pieza indispensable para el éxito de los intereses del justiciable en un alto porcentaje de litigios civiles. Sin embargo, ante la tutela judicial pretendida por el demandante o por el demandado, se presenta un destacable obstáculo de signo económico. Quienes no pueden beneficiarse de la justicia gratuita afrontan un destacable coste pericial, en algunas ocasiones insalvable, en otras irrecuperable si, pese a vencer en juicio con declaración de costas, el condenado a su pago resulta insolvente.

La impugnación penal en España es el fruto de un reiterado parcheo legislativo, triste deudor de una Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada en 1982, que adoptó el sistema de instancia única. Hoy dia afrontamos un conjunto heterogeneo de recursos jurisdiccionales que complica todavia mas su comprension, a causa de la diversidad de organos judiciales en el orden penal. Esta obra trata de extraer los componentes indispensables del recurso en el enjuiciamiento criminal, ofreciendo vias de solucion a los problemas que en la practica se suscitan, y con ello contribuir al debate dogmatico de una muy necesitada reforma procesal penal, tanto organica como sustantiva. La impugnación penal en España es el fruto de un reiterado parcheo legislativo, triste deudor de una Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada en 1982, que adoptó el sistema de instancia única. Hoy dia afrontamos un conjunto heterogeneo de recursos jurisdiccionales que complica todavia mas su comprension, a causa de la diversidad de organos judiciales en el orden penal. Esta obra trata de extraer los componentes indispensables del recurso en el enjuiciamiento criminal, ofreciendo vias de solucion a los problemas que en la practica se suscitan, y con ello contribuir al debate dogmatico de una muy necesitada reforma procesal penal, tanto organica como sustantiva.