Rosa María Méndez Tomás

La L. 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, inspirada, entre otros, en principios como el de libre prestación de servicios y proporcionalidad en materia sancionadora, tiene por objeto, segun su propia exposicion de motivos, incorporar a nuestro ordenamiento juridico la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio y establecer el marco juridico adecuado que genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de medios electronicos. Sin perjuicio de una primera aproximacion a aspectos tales como el ambito de aplicacion de la norma, principios inspiradores, codigos de conducta y regimen de informacion y control, en esta obra se estudiaran principalmente las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios de la sociedad de la informacion, asi como el regimen sancionador, con especial analisis de la accion de cesacion y los aspectos procesales derivados de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil que le son de aplicacion, entre los que destacan las particularidades previstas en materia de consumidores y usuarios, asi como de las soluciones extrajudiciales que ofrece aquella norma especial. Se desarrollan en otra obra de esta coleccion las cuestiones relacionadas con las comunicaciones comerciales y la contratacion por via electronica.

El juicio monitorio ha demostrado, sin duda, que es una fórmula de éxito. Ciertamente, desde que fuera instaurado con la entrada en vigor de la LEC, se ha convertido en un proceso recurrente que ha permitido dotar de mayor agilidad a la reclamacion de deudas por parte de los acreedores. Por ello, no debe sorprender que, cualitativa y cuantitativamente, haya sido el proceso que mayor atencion ha recibido por parte del legislador a traves de la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la nueva Oficina judicial, perfeccionando, si cabe, la propia estructura del juicio monitorio. Se analizan en la obra el objeto, ambito de aplicacion y presupuestos necesarios para la procedencia del juicio monitorio; asi como aspectos procesales tales como la competencia territorial, legitimacion activa y pasiva, postulacion, costas e iter procedimental, con especial incidencia en la posicion que puede adoptar el deudor ante la peticion inicial del proceso monitorio. Esta nueva edicion incorpora, ademas, las novedades introducidas por la Ley 13/2009 (Oficina Judicial); entre otras, reseñar las nuevas atribuciones concedidas al secretario judicial en la fase de admision a tramite; la elevacion de la cuantia maxima para reclamar por esta via; el Decreto de archivo; etc.

La presente colección de Acciones Civiles analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposicion: legislacion, jurisprudencia, bibliografia, esquema procedimental y formularios habituales. La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, ha modificado el regimen legal de la competencia desleal y de la publicidad, con el objeto de garantizar el interes privado y mercantil de los empresarios y profesionales que participan en el mercado y, en definitiva, mejorar la proteccion de los consumidores y usuarios. Dicha reforma, que ha supuesto una modificacion sustancial de la Ley General de Publicidad y de la Ley de Competencia Desleal, otorga un tratamiento unitario a las acciones judiciales derivadas de la inobservancia de las reglas de la concurrencia en el mercado, asi como las que regulan la publicidad. El legislador ha optado por una regulacion homogenea, tanto de las acciones frente a la publicidad ilicita como de las derivadas de la competencia desleal, poniendo fin asi a la artificiosa distincion que hasta ahora realizaban ambas normativas. Esta modificacion pretende, ademas, reforzar la legislacion protectora de los consumidores y usuarios, introduciendo la tipificacion de conductas comerciales y desleales con respecto a aquellos. El legislador adopta el contenido de la normativa europea, nacida con el proposito de que la legislacion protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulacion del mercado, concretando acciones dirigidas a garantizar la tutela de los intereses de los consumidores.

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

Se estudian en esta obra todas y cada una de las incidencias y variaciones que, a partir de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, pueden darse en relación con la renta y con otros importes que corresponda abonar al arrendatario en contratos celebrados tras su entrada en vigor, tanto para viviendas como para arrendamientos para uso distinto; con especial tratamiento del juicio verbal como procedimiento en el que se dirimiran la mayor parte de las controversias que al respecto puedan surgir y del de cognicion en supuestos de reclamacion de rentas. Incluye breve estudio del regimen transitorio, con especial tratamiento de las sentencias mas recientes de la llamada Jurisprudencia menor.

La D.A. 1ª LO 3/1989 prevé que los procesos civiles, cualquiera que sea su cuantía, relativos a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la circulación de vehículos de motor, se decidirán en juicio verbal. Y la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, no ha derogado de forma expresa la mencionada norma, lo que ha dado lugar a diferentes interpretaciones acerca del procedimiento a seguir. Con independencia de la clase de juicio en el que deberán ventilarse las reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico, se estudian otras cuestiones procesales que serán de aplicación tras la entrada en vigor de la actual Ley procesal. Y ello sin perjuicio de abordar, a través de un exhaustivo estudio de la jurisprudencia menor, los conflictos surgidos al amparo de la ya citada D.A. 1.ª L.O. 3/1989. Y, en concreto, cuestiones tales como su ámbito material de aplicación, competencia territorial, postulación, la indemnización y criterios para su cuantificación, intereses, intervención del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con el requerimiento previo preceptivo y la competencia territorial en tales casos, sí como los requisitos de la acción de responsabilidad extracontractual derivada de accidentes de tráfico, tanto desde un punto de vista sustantivo como procesal. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de es-tas acciones, así como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado.

Tras la aprobación de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y la derogación expresa de los arts. 17 y 18 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, el llamado juicio ejecutivo del automóvil seguirá, en cuanto a su tramitación, los dictados comunes a toda ejecución, regulados con carácter general en la actual Ley procesal. Pero con determinadas especialidades derivadas de la naturaleza y alcance del Auto regulado en el art. 10 de aquella Ley especial o Auto de cuantía máxima, como son, a título de ejemplo, las causas de oposición a la ejecución. A través de un exhaustivo estudio de la Jurisprudencia menor se abordan los diferentes conflictos que, ya con anterioridad a la actual regulación, habían surgido al amparo de este procedimiento, de carácter especial y sumario; y, en concreto, cuestiones tales como la formación e integración, requisitos y motivos de nulidad del Auto ejecutivo; posición del ejecutado y causas de oposición, con especial estudio de la culpa exclusiva de la víctima, la concurrencia de culpas y la fuerza mayor; los efectos de la acción -la indemnización y criterios para su cuantificación-; los intereses moratorios de las compañías de seguros; la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con el requerimiento previo preceptivo y la competencia territorial en tales casos; así como los requisitos de esta acción ejecutiva, tanto desde un punto de vista sustantivo como procesal. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de estas acciones, así como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado.

Consistiendo la preterición en la omisión de un heredero forzoso en el testamento, las acciones sucesorias de ella derivadas son el medio con el que cuenta el legitimario para defender su derecho a la legitima. Y asi, se persigue la reduccion o anulacion de la institucion de heredero en el caso de que el causante haya preterido, de forma intencional o no, respectivamente, a algun heredero forzoso. Se ofrece una vision practica de todo aquello que necesita saber para la interposicion de estas acciones tras la entrada en vigor de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, incluyendo breve estudio de su tratamiento en los diferentes derechos territoriales.

)(¿Qué es la publicidad?, ¿Qué debe considerarse por publicidad ilícita?, ¿Qué debemos entender por publicidad subliminal?, ¿Existen productos cuya publicidad exija un mayor control?, ¿Cómo se tramita un expediente en solicitud de autorizacion previa para publicitar determinados productos?, ¿Como puede obligarse al cese o a la rectificacion de determinada publicidad? Estas y otras muchas cuestiones conforman el objetivo de la presente obra. Y, en especial, las acciones de cesacion y rectificacion, sus elementos, requisitos, especialidades, procedimiento y efectos; todo ello tras la aprobacion de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, con especial incidencia en las modificaciones que la nueva norma procesal introduce en relacion con estas acciones y en materia de consumidores y usuarios, asi como las particularidades que regula de manera dispersa.

Las acciones negatorias son aquellas que puede interponer el propietario de un bien contra aquél que cause una perturbación sobre el mismo; perturbación que puede ser jurídica (servidumbre u otros derechos reales) o material (inmisiones). La accion que se estudia carece de regulacion normativa en el Derecho comun, pero no asi en el ambito territorial, destacando por su importancia la Ley catalana 13/1990, de 9 de julio, de la accion negatoria, las inmisiones, las servidumbres y las relaciones de vecindad; norma a la que se hace especial referencia en esta obra. Se ofrece una vision practica de los presupuestos procesales y sustantivos necesarios para la interposicion de estas acciones, asi como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado. Todo ello en aplicacion de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y con estudio de las especialidades del juicio verbal que la mencionada Ley contempla como cauce procesal adecuado para los titulares de derechos reales inscritos, frente a aquellos que perturben su ejercicio sin titulo que les legitime. La Ley 22/2001, de 31 de diciembre, de regulacion de los derechos de superficie, de servidumbre y de adquisicion voluntaria o prefente, aprobada por el Parlament de Catalunya, deroga expresamente los arts. 4 a 25 de la Ley 13/1990, de 9 de julio, de la accion negatoria, las inmisiones, las servidumbres y las relaciones de vecindad.

1. Normas fundamentales.2. Normas básicas.3. Normas complementarias.4. Registros mercantiles.5. Mercado de valores.6. Inversiones extranjeras.

Las acciones derivadas del contrato de mandato suponen mecanismos de actuación en defensa de los intereses de los diferentes intervinientes en una relación de mandato, ya sea entre los propios contratantes o con respecto a terceros vinculados por el mencionado contrato. La presente obra ofrece una vision practica de los presupuestos necesarios para la interposicion de estas acciones o, en su caso, para evitar sus efectos mediante una acertada defensa; con estudio de los requisitos procesales que son de aplicacion tras la entrada en vigor de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Con esta finalidad la presente obra se conforma de formularios comentados, con notificaciones, cláusulas y modelos más habituales en la práctica forense; selección de la legislación aplicable; sentencias resumidas y clasificadas por conceptos que facilitaran su consulta; esquemas procedimentales y una amplia relacion bibliografica. Y ello al amparo de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, cuyos preceptos en esta materia se hallan dispersos a lo largo de su articulado, sin que exista un proceso especial y comun que sirva de cauce a los litigios en materia arrendaticia.

La acción impugnatoria de la desheredación de un legitimario, dispuesta de forma expresa en testamento, es aquélla que tiene el heredero forzoso contra los herederos del causante con la finalidad de anular la institución hereditaria en la medida en que le perjudique. Supone el medio adecuado para contradecir la causa de desheredación invocada por el testador, cuya realidad deberán probar sus herederos. La presente obra ofrece una visión práctica de los presupuestos necesarios para su interposición, y demás cuestiones procedimentales aplicables tras la aprobación de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Incluye breve estudio de su tratamiento en los diferentes derechos territoriales.

Esta acción es instrumento procesal para la obtención de la ineficacia de un contrato nulo y la retroacción al estado posesorio anterior, si bien la nulidad requiere no ser confundida con instituciones juridicas afines tales como la anulabilidad o la resc