Rosa María Méndez Tomás

La presente colección de Acciones Civiles analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposicion: legislacion, jurisprudencia, bibliografia, esquema procedimental y formularios habituales. La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, ha modificado el regimen legal de la competencia desleal y de la publicidad, con el objeto de garantizar el interes privado y mercantil de los empresarios y profesionales que participan en el mercado y, en definitiva, mejorar la proteccion de los consumidores y usuarios. Dicha reforma, que ha supuesto una modificacion sustancial de la Ley General de Publicidad y de la Ley de Competencia Desleal, otorga un tratamiento unitario a las acciones judiciales derivadas de la inobservancia de las reglas de la concurrencia en el mercado, asi como las que regulan la publicidad. El legislador ha optado por una regulacion homogenea, tanto de las acciones frente a la publicidad ilicita como de las derivadas de la competencia desleal, poniendo fin asi a la artificiosa distincion que hasta ahora realizaban ambas normativas. Esta modificacion pretende, ademas, reforzar la legislacion protectora de los consumidores y usuarios, introduciendo la tipificacion de conductas comerciales y desleales con respecto a aquellos. El legislador adopta el contenido de la normativa europea, nacida con el proposito de que la legislacion protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulacion del mercado, concretando acciones dirigidas a garantizar la tutela de los intereses de los consumidores.

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

Se estudian en esta obra todas y cada una de las incidencias y variaciones que, a partir de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, pueden darse en relación con la renta y con otros importes que corresponda abonar al arrendatario en contratos celebrados tras su entrada en vigor, tanto para viviendas como para arrendamientos para uso distinto; con especial tratamiento del juicio verbal como procedimiento en el que se dirimiran la mayor parte de las controversias que al respecto puedan surgir y del de cognicion en supuestos de reclamacion de rentas. Incluye breve estudio del regimen transitorio, con especial tratamiento de las sentencias mas recientes de la llamada Jurisprudencia menor.

El juicio monitorio ha demostrado, sin duda, que es una fórmula de éxito. Ciertamente, desde que fuera instaurado con la entrada en vigor de la LEC, se ha convertido en un proceso recurrente que ha permitido dotar de mayor agilidad a la reclamacion de deudas por parte de los acreedores. Por ello, no debe sorprender que, cualitativa y cuantitativamente, haya sido el proceso que mayor atencion ha recibido por parte del legislador a traves de la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la nueva Oficina judicial, perfeccionando, si cabe, la propia estructura del juicio monitorio. Se analizan en la obra el objeto, ambito de aplicacion y presupuestos necesarios para la procedencia del juicio monitorio; asi como aspectos procesales tales como la competencia territorial, legitimacion activa y pasiva, postulacion, costas e iter procedimental, con especial incidencia en la posicion que puede adoptar el deudor ante la peticion inicial del proceso monitorio. Esta nueva edicion incorpora, ademas, las novedades introducidas por la Ley 13/2009 (Oficina Judicial); entre otras, reseñar las nuevas atribuciones concedidas al secretario judicial en la fase de admision a tramite; la elevacion de la cuantia maxima para reclamar por esta via; el Decreto de archivo; etc.

La L. 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, inspirada, entre otros, en principios como el de libre prestación de servicios y proporcionalidad en materia sancionadora, tiene por objeto, segun su propia exposicion de motivos, incorporar a nuestro ordenamiento juridico la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio y establecer el marco juridico adecuado que genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de medios electronicos. Sin perjuicio de una primera aproximacion a aspectos tales como el ambito de aplicacion de la norma, principios inspiradores, codigos de conducta y regimen de informacion y control, en esta obra se estudiaran principalmente las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios de la sociedad de la informacion, asi como el regimen sancionador, con especial analisis de la accion de cesacion y los aspectos procesales derivados de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil que le son de aplicacion, entre los que destacan las particularidades previstas en materia de consumidores y usuarios, asi como de las soluciones extrajudiciales que ofrece aquella norma especial. Se desarrollan en otra obra de esta coleccion las cuestiones relacionadas con las comunicaciones comerciales y la contratacion por via electronica.

Consistiendo la preterición en la omisión de un heredero forzoso en el testamento, las acciones sucesorias de ella derivadas son el medio con el que cuenta el legitimario para defender su derecho a la legitima. Y asi, se persigue la reduccion o anulacion de la institucion de heredero en el caso de que el causante haya preterido, de forma intencional o no, respectivamente, a algun heredero forzoso. Se ofrece una vision practica de todo aquello que necesita saber para la interposicion de estas acciones tras la entrada en vigor de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, incluyendo breve estudio de su tratamiento en los diferentes derechos territoriales.

)(¿Qué es la publicidad?, ¿Qué debe considerarse por publicidad ilícita?, ¿Qué debemos entender por publicidad subliminal?, ¿Existen productos cuya publicidad exija un mayor control?, ¿Cómo se tramita un expediente en solicitud de autorizacion previa para publicitar determinados productos?, ¿Como puede obligarse al cese o a la rectificacion de determinada publicidad? Estas y otras muchas cuestiones conforman el objetivo de la presente obra. Y, en especial, las acciones de cesacion y rectificacion, sus elementos, requisitos, especialidades, procedimiento y efectos; todo ello tras la aprobacion de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, con especial incidencia en las modificaciones que la nueva norma procesal introduce en relacion con estas acciones y en materia de consumidores y usuarios, asi como las particularidades que regula de manera dispersa.

Las acciones derivadas del contrato de mandato suponen mecanismos de actuación en defensa de los intereses de los diferentes intervinientes en una relación de mandato, ya sea entre los propios contratantes o con respecto a terceros vinculados por el mencionado contrato. La presente obra ofrece una vision practica de los presupuestos necesarios para la interposicion de estas acciones o, en su caso, para evitar sus efectos mediante una acertada defensa; con estudio de los requisitos procesales que son de aplicacion tras la entrada en vigor de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Por el contrato de compraventa el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habria adquirido o hubiera dado menos precio por ella -art. 1.484.1 CC-. Se ofrece una vision practica de todo aquello que se necesita saber para la interposicion de las llamadas acciones edilicias -acciones redhibitoria y estimatoria o quanti minoris-, sus requisitos, efectos, iter procedimental tras la aprobacion de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, causas de exoneracion del vendedor, diferenciacion con otras acciones -las derivadas del incumplimiento contractual y la decenal o por vicios en la construccion-, asi como los supuestos especificos de perdida de la cosa vendida y del saneamiento por vicios en las ventas de animales, entre otros aspectos. Con referencia igualmente a la contratacion mercantil, normativa especifica y derechos territoriales, asi como un amplio recorrido por la doctrina cientifica y jurisprudencial.

La responsabilidad civil extracontractual del fabricante, productor, importador o suministrador de bienes y productos por los daños que generen éstos podrá exigirse en unos casos al amparo de la L.26/1984, General para la defensa de los consumidores y usuarios, y en otros en virtud de la aplicacion de la responsabilidad objetiva que sanciona la L.22/1994, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos. La presente obra nace con la modesta pretension de clarificar los ambitos de aplicacion de ambas normas, y ofrecer una vision practica de todo aquello que necesita saber para la interposicion de la correspondiente accion o, en su caso, para dominar los instrumentos de defensa de que dispone el demandado con objeto de obtener una reduccion de la responsabilidad -de existir esta- o incluso una total exoneracion.

La D.A. 1ª LO 3/1989 prevé que los procesos civiles, cualquiera que sea su cuantía, relativos a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la circulación de vehículos de motor, se decidirán en juicio verbal. Y la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, no ha derogado de forma expresa la mencionada norma, lo que ha dado lugar a diferentes interpretaciones acerca del procedimiento a seguir. Con independencia de la clase de juicio en el que deberán ventilarse las reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico, se estudian otras cuestiones procesales que serán de aplicación tras la entrada en vigor de la actual Ley procesal. Y ello sin perjuicio de abordar, a través de un exhaustivo estudio de la jurisprudencia menor, los conflictos surgidos al amparo de la ya citada D.A. 1.ª L.O. 3/1989. Y, en concreto, cuestiones tales como su ámbito material de aplicación, competencia territorial, postulación, la indemnización y criterios para su cuantificación, intereses, intervención del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con el requerimiento previo preceptivo y la competencia territorial en tales casos, sí como los requisitos de la acción de responsabilidad extracontractual derivada de accidentes de tráfico, tanto desde un punto de vista sustantivo como procesal. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de es-tas acciones, así como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado.

Esta acción es instrumento procesal para la obtención de la ineficacia de un contrato nulo y la retroacción al estado posesorio anterior, si bien la nulidad requiere no ser confundida con instituciones juridicas afines tales como la anulabilidad o la resc

La presente colección de acciones civiles analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. La acción resolutoria es aquélla por la que el contratante perjudicado por el incumplimiento de la otra parte, solicita la resolución del contrato con efectos retroactivos, como si éste nunca hubiera existido, junto con la indemnización de los daños y perjuicios causados. Se estudia en general esta acción, pero con especial incidencia en la acción resolutoria de contratos de compraventa de inmuebles con precio aplazado, en la que se amplían los requisitos de viabilidad. Así como las novedades introducidas en determinadas compraventas de bienes muebles con precio aplazado por la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Se analiza, además, brevemente la condición resolutoria expresa y los medios de cancelación registral. Se ofrece una visión práctica de todo aquello que se necesita saber para la interposición de estas acciones, así como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado.

El depósito nace desde que una persona recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla. La característica esencial es la entrega de la cosa con la única y exclusiva finalidad de su guarda, conservacion y devolucion. Ello genera en depos

¿Cómo proceder cuando sufrimos la pérdida del objeto que nos fue transmitido?, ¿Y si descubrimos con posterioridad a la venta que está gravado? Por el contrato de compraventa el vendedor se obliga a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. Y asi, en virtud del saneamiento, el vendedor respondera al comprador, entre otros, de la posesion legal y pacifica de la cosa vendida y de los gravamenes ocultos que tuviere. En la presente obra se estudian las acciones de que dispone el comprador en ambos casos, asi como sus requisitos de prosperabilidad, causas, efectos y otros aspectos procedimentales tras la entrada en vigor de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil; con especial tratamiento de la eviccion y la preceptiva comunicacion al vendedor, asi como de la Doctrina Jurisprudencial al respecto. Se ofrece una vision practica de todo aquello que se necesita saber para la interposicion de estas acciones, asi como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado.

La acción impugnatoria de la desheredación de un legitimario, dispuesta de forma expresa en testamento, es aquélla que tiene el heredero forzoso contra los herederos del causante con la finalidad de anular la institución hereditaria en la medida en que le perjudique. Supone el medio adecuado para contradecir la causa de desheredación invocada por el testador, cuya realidad deberán probar sus herederos. La presente obra ofrece una visión práctica de los presupuestos necesarios para su interposición, y demás cuestiones procedimentales aplicables tras la aprobación de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Incluye breve estudio de su tratamiento en los diferentes derechos territoriales.