ROSARIO DE VICENTE MARTINEZ

En 1965 veía la luz la obra de Truman Capote A sangre fría que relata el asesinato de los cuatro miembros de una familia, los Clutter, en un pequeño pueblo de Kansas, Holcomb, a manos de dos jóvenes delincuentes en libertad condicional. El estupido crimen conduciria a ambos jovenes a la horca. Este final permitio a Capote demostrar su tesis de que seis personas habian muerto a sangre fria: los Clutter y sus asesinos. Dos años despues, Richard Brooks seria el director encargado de adaptar al cine A sangre fria. Brooks presenta los hechos sin enjuiciar moralmente a los autores de los crimenes y tratando de analizar las causas que dieron lugar al desbordamiento de la violencia. La optica liberal y progresista desde la que se realiza el retrato de Dick y Perry dirige una mirada sobre los dos asesinos moralmente irreprochable, lo que no impide ocultar el horror del crimen cometido por ambos, dos individuos que, sin saberlo acaso, tratan de vengarse de una sociedad que los ha expulsado de su seno. La sagacidad de Brooks se manifiesta en todo su apogeo en el plano final. Este no es gratuito: se muestra la horca, un fundido lento en negro y nuevamente aparece el titulo de la pelicula: A sangre fria, para recordarnos que este segundo crimen es tambien espantoso, igual de monstruoso que el primero.

Tirant lo Blanch desarrolla una colección que contiene una relación de los términos más importantes de cada materia, de forma que el usuario pueda encontrar en cada uno de ellos la normativa y jurisprudencia mas importante. La profesional ¡dad de sus autores y el caracter practico de esta coleccion le dan el valor necesario para estar en manos de todo jurista.

En 1971 la introducción del llamado delito laboral en el texto punitivo marcaba un cambio de rumbo n la política criminal española al iniciar la protección del trabajador en cuanto tal, es decir, ya no sólo como persona común, sino en tanto pertenece a un sector del mercado de trabajo cuya posición como contratante exige ser considerado en pie de igualdad. En 1978 la Constitución española se marcaba como uno de sus objetivos la democratización de las relaciones de trabajo como condición necesaria de un sistema democrático en su conjunto. El cambio se iba a realizar mediante la enunciación de un conjunto de derechos laborales constitucionalmente reconocidos e integrados en un articulado sistema de garantías. En 1995 el nuevo Código penal español consolidaba una línea político-criminal tendente tanto a la protección de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores como a la desincriminación de las manifestaciones de ejercicio de esos derechos. La protección de los derechos laborales por medio del Derecho penal se convertía en una realidad y dejaba de ser la posibilidad a que aludía García Abellán en 1955. En el ámbito de la protección penal del trabajo el protagonista es el Título XV, "De los delitos contra los derechos de los trabajadores", del Libro II del Código penal, secundado por varios actores de reparto, como el delito de acoso sexual en el trabajo, los delitos contra la Seguridad Social, etc., que permiten hablar, también en España, de un Derecho penal del trabajo.

En los últimos 50 años el ser humano ha maltratado tan brutalmente los ecosistemas que ha provocado una pérdida sustancial de la diversidad biológica de la Tierra. Para luchar contra esta progresiva destrucción medioambiental se han puesto en marcha políticas, iniciativas y medidas específicamente destinadas a combatirla, entre ellas la intervención del Derecho Penal que responde a las coordenadas impuestas por la Constitución Española pero que también se enmarca en una tendencia impulsada por la Unión Europea que apuesta por el concepto de "desarrollo sostenible".A la tutela penal del medio ambiente se dedica la presente obra que analiza las cuestiones relacionadas con la misma más relevantes y examina los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y los relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos en un intento de remover conciencias para conseguir preservar el medio ambiente

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Recopilación legislativa de todos aquellas leyes que afecten a los delitos económicos.

Un estudio completo y pormenorizado de un principio fundamental y necesario del Derecho penal, e irrenunciable de la política criminal: el principio de legalidad penal, cuya formulación latina ''nullum crimen, nulla poena sine lege'', popularizo Feuerbach y desarrollo la filosofia de la Ilustracion, cuando el pueblo pasa, de ser instrumento y sujeto pasivo del poder absoluto del Estado o Monarca que lo encarna, a controlar y participar en ese poder, exigiendo unas garantias en su ejercicio. El estudio se complenta con un rastreo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde 1981 hasta mayo de 2004, y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el contenido de dicho principio. Consagrado por la Constitucion española, y aducido constantemente en cualquier propuesta de reforma legislativa, ese reconocimiento legal no ha impendido sin embargo que en España haya empezado a tambalearse con las sucesivas reformas del Codigo penal llevadas a cabo principalmente en la segunda mitad de 2003, como advierte con lucidez aqui la autora.

Preocupado por los procesos por insubordinación a la Ley marcial decretada en su Polonia natal en 1981, Krzysztof Kieslowski dedicó a la tercera entrega de su Trilogía, ejemplificación alegórica de las virtudes civiles de Libertad, Igualdad y Fraternidad, a esta última virtud, simbolizada por el rojo, título de la película y color que también representa a la Justicia, para hacer una amplia reflexión sobre los temas que moralmente, incluso hoy, son controvertidos en la Justicia de los países más avanzados: La prisión, la imparcialidad judicial, la prevención del delito, la criminología, la verdad judicial, etc.

Las innumerables modificaciones de que ha sido objeto el delito de robo y hurto de uso de vehículos desde su primera regulación por la Ley de 9 de mayo de 1950, como excepción a la impunidad general del mero uso no autorizado de cosas muebles, hasta la última reforma por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, justifican sobradamente la presente monografía que se hace eco de las enconadas polémicas doctrinales y jurisprudenciales que parecen condenadas a no tener fin. Los sucesivos cambios en el tratamiento legal del delito de robo y hurto de uso de vehículos dejan al descubierto las torpezas de un legislador que parece no atinar con una tipificación clara, eficaz y acertada de este delito.

La voluntad del recurso de casación históricamente ha sido llevar a cabo una función nomofiláctica y unificadora de la interpretación de los tipos penales, garantizándose la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicacion del Derecho. Pese a esa voluntad, el modelo anterior a la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificacion de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilizacion de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantias procesales, no permitia cumplir con dicha funcion.La Ley 41/2015 ha modificado sustancialmente el recurso de casacion penal ampliando su ambito, lo que ha permitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo pronunciarse sobre algunas de las figuras delictivas nuevas introducidas en el Codigo penal en las ultimas reformas y sobre otros delitos que, si bien no han sido objeto de cambios, si venian siendo interpretados de manera dispar por las Audiencias Provinciales.Una de las materias que se han beneficiado de este recurso ha sido la seguridad vial. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en numerosas sentencias, ha conocido y resuelto determinadas cuestiones relacionadas con los delitos contra la seguridad vial unificando doctrina y poniendo fin a una indeseable dispersion interpretativa que daba lugar a resoluciones contradictorias.La presente obra aborda la respuesta del Tribunal Supremo a todas estas cuestiones con un planteamiento inicial de las dudas planteadas y la respuesta discrepante de las Audiencias Provinciales.

La ejecución forma parte imprescindible de la potestad jurisdiccional sin la cual carecerían de efectividad las resoluciones judiciales. Pero la ejecución no es un cometido fácil ni una materia que cuente con una regulacion suficiente, agil y moderna. Son los jueces de ejecucion, que en principio es el juez de la instancia que dicto la sentencia, quienes establecen la duracion de la pena a cumplir. Es una tarea relativamente sencilla cuando se trata de una unica pena privativa de libertad pero el tramite se complica extraordinariamente cuando de lo que se trata es de fijar el maximo de cumplimiento de un penado con varias condenas pendientes de cumplir. El Codigo Penal acoge, cuando todas las penas puedan ser cumplidas simultaneamente, el principio de acumulacion material en su articulo 73. No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones temporales de la vida humana, este principio es corregido por el principio de acumulacion juridica del articulo 76 del Codigo Penal que limita la dureza que resultaria de la mera y pura acumulacion material y aritmetica de penas impuestas por un concurso real de delitos. La acumulacion de condenas supone, en definitiva, fijar el periodo de tiempo que ha de permanecer en prision un condenado a varias penas y que no se trata precisamente de una cuestion trivial lo acreditan las numerosas Circulares que ha dictado la Fiscalia General del Estado, asi como los numerosos Acuerdos del Pleno no jurisdiccionales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Con el objetivo de comprender mejor, interpretar y despejar las numerosas dudas que asaltan a los profesionales que se dedican al Derecho penal, se presenta esta obra sobre el incidente de acumulacion de condenas con un enfoque eminentemente practico acompañado de jurisprudencia y supuestos practicos.