SOFIA DE SALAS MURILLO

La obra se centra en el papel que el Registro civil cumple respecto a las diferentes situaciones de discapacidad de la persona. Situaciones que en ocasiones corresponden con el tradicional concepto de estado civil (modificaciones judiciales de la capacidad de obrar con sus respectivos regímenes de guarda legal), y que en otros casos, como los patrimonios protegidos, los poderes preventivos o la asistencia, pueden quedar fuera de ese marco, y sin embargo encuentran su correspondiente reflejo registral. Cuestiones todas ellas que se hallan en un decisivo momento de redefinición, tanto por el impacto en nuestro ordenamiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de la persona con discapacidad, cuanto por el proceso de profunda reforma y modernización al que se halla sometido en la actualidad nuestro centenario Registro civil, que acaba de culminar con la recientemente aprobada Ley 20/2011, de 21 de julio. Dichas cuestiones son analizadas a la luz de legislación actual -estatal y de las Comunidades Autónomas- y de la transitoriamente vigente, desde la doble coordenada de la legislación sobre discapacidad y la legislación registral.

Los estudios doctrinales sobre la propiedad forestal no han crecido en número de manera proporcional a la importancia de la misma, importancia que es fruto a su vez, como dijera el maestro Lacruz Berdejo, de la disminución del volumen de los montes y el consiguiente aumento de su necesidad económica y ecológica. Esta monografía aborda una cuestión poco tratada desde la perspectiva civil como es la titularidad de los montes, de la que sin embargo es la jurisdicción ordinaria quien conoce, y lo hace con arreglo a criterios civiles. Hasta ahora existían perspectivas parciales o respuestas a problemas concretos, pero no un tratamiento transversal y completo de los sujetos, las causas de atribución y las consecuencias de la titularidad desde el punto de vista del Derecho civil. La profesora de Salas pone especial atención a las consecuencias civiles de determinadas actuaciones administrativas, como la inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad pública o el deslinde administrativo, sin olvidar las complejas relaciones que se producen a causa de la usucapión en este ámbito, o de la trascendencia y novedosa regulación actual de su inscripción en el Registro de la propiedad, en especial por los mecanismos introducidos para los montes privados, pero en defensa, precisamente, del dominio público. En la obra se aborda el problema, todavía sin resolver, de los montes de socios, con referencia a vías que podría el legislador seguir en una futura reforma, a la vista de la insatisfactoria respuesta que la cuestión ha recibido en la legislación reciente.

Cuando se acaban de cumplir treinta años de la aprobación de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, por la que se reformó el Código civil en materia de tutela, nuestro sistema jurídico parece llamado a experimentar un profundo cambio para adaptarse a los postulados de la Convencion de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 26/2011 ha modificado numerosas normas del ordenamiento con vistas a dicha adaptacion, pero no ha abordado los aspectos juridico-privados. Queda por tanto pendiente esta tarea del legislador, que ha de tener presentes las directrices de la Convencion la cual, en este punto, gira en torno al sistema de apoyos a prestar a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad legal Este volumen colectivo pretende ser una aportacion a dicha tarea. El volumen se divide en tres partes, la primera de las cuales aborda la cuestion central del impacto de la Convencion en nuestro sistema y en tres ordenamientos juridicos de nuestro entorno. Se reflexiona aqui sobre la disyuntiva entre romper con el sistema de tutela de autoridad y de distincion entre capacidad juridica y capacidad de obrar, o reformarlo sobre la base del sistema ya existente. La segunda parte del volumen se centra en el funcionamiento real de tutela y curatela, con sus virtualidades y carencias, y ello desde la autoridad que da el doble enfoque judicial y academico. La tercera y ultima parte se dedica a otras figuras de guarda y proteccion distintas de las clasicas tutela, curatela y defensor judicial, que estan llamadas a cumplir -y que de hecho ya estan cumpliendo- un decisivo papel de "apoyo" de las personas con discapacidad en la linea marcada con la Convencion de Naciones Unidas (art. 12.3). Ha coordinado la serie de estudios que se dan cita en esta obra Sofia de Salas Murillo, una Profesora Titular de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza que es una acreditada especialista en estas cuestiones de Derecho de la persona y de la familia, linea dentro de la cual cuenta con una abundante produccion doctrinal y con un participacion muy notable en Proyectos I +D. MARIANO YZQUIERDO TOLSADA Catedratico de Derecho civil Director de la coleccion

La presente obra tiene como objeto el estudio sistemático de la responsabilidad civil por daños causados por personas en las que concurre una enfermedad o deficiencia que, en terminología del Código Civil, le impidan gobernarse por si misma. Esta carencia de capacidad de autogobierno les convierte, en cierta medida, en potenciales productores de riesgos en una medida mas elevada que la correspondiente a personas en las que no se dan estas circustancias. La consecuente necesidad de criterios claros sobre este punto choca con un panorama legislativo todavia incompleto en algunos extremos y que no deja de plantear incertidumbres. Partiendo del analisis del concepto de imputabilidad civil, la autora estudia el juego de las diversas responsabilidades que se pueden concitar - la del autor material del daño, segun este o no incapacitado, asi como la del guardador legal o de hecho - ofreciendo soluciones razonadas que no pierden de vista los modelos frances y aleman; este ultimo, recientemente reformado.

El Derecho ha desarrollado una creciente sensibilidad frente a situaciones de vulnerabilidad de la persona, que se ha manifestado en una nueva perspectiva desde la que aborda instituciones tradicionales -ahora mas centradas en su funcion protectora y empoderadora- y que, aparte de humanizar el Derecho, puede incidir en sus bases o categorias tradicionales. La obra aborda el estudio de esta perspectiva desde un punto de vista general, en orden a definir principios, categorias e instrumentos aplicables a la globalidad de situaciones; pero tambien desde prismas concretos, focalizando la atencion en problemas y respuestas especificos relacionados con determinadas condiciones o circunstancias de la persona.

La obra presenta una visión de conjunto de los diferentes cauces que el ordenamiento jurídico español ofrece para efectuar el deslinde de fincas. Cuestión frecuentemente litigiosa, tanto entre particulares como cuando alguna de las fincas es de titularidad de una administracion publica, se encuentra regulada en diferentes normas civiles y administrativas, estatales y autonomicas. La figura como tal presenta perfiles aparentemente claros, si bien se demuestra que no lo son, ni en su diferenciacion respecto a otras acciones en el caso del deslinde judicial, ni en sus efectos, teoricamente reservados con caracter general al ambito posesorio, si bien la realidad revela que sobrepasan con mucho este. Las reformas efectuadas por las Leyes 13 y 15/2015, de reforma de la Ley hipotecaria y de jurisdiccion voluntaria, ademas de regular los procedimientos de deslinde acordado o convencional, dependiendo, respectivamente, de si se trata de fincas inscritas o no, abren nuevas perspectivas para la figura, como su relacion con el valor probatorio de la inscripcion de la representacion grafica georreferenciada, o la rectificacion de superficie de las fincas registrales. Tambien se abordan distintas cuestiones civiles, de indudables consecuencias practicas, que plantean los deslindes administrativos.