Susana Galera Rodrigo

Cuando han transcurrido casi diecisiete años completos desde que se iniciara, puede ya decirse que el siglo xxi es un período desafiante que cuestiona la nitidez y la vigencia de la percepción humana de las cosas y de las instituciones esenciales que gobiernan sus sociedades.Parece que durante el siglo xx cambalache, problematico y febril se fue urdiendo un nuevo modelo de relaciones sociales basado en un estadio cientifico y tecnologico inimaginable al comienzo de la centuria, y que ha eclosionado en estas primeras decadas del siglo XXI: internet y comunicaciones; el desarrollo de la bio y tecno-medicina, el control de la enfermedad y el alargamiento de la vida; la armonizacion de los perfiles de las sociedades humanas expresada con la idea de aldea global; el movimiento incesante hacia una mayor equidad en beneficio de colectivos sociales especificos; las formas de gobierno supranacional y al tiempo el reconocimiento de lo local como nivel optimo de gestion publica; la certeza de la finitud de los recursos naturales y los riesgos para nuestra especie no tanto para el planeta del modelo exponencial de produccion y consumo.Y mientras tales acontecimientos trepidantes suceden se mantiene, en lo esencial, un modelo institucional y juridico que se remonta al menos al siglo XVIII: division de poderes con preeminencia parlamentaria; un sistema juridico basado en la primacia incondicional de las Constituciones nacionales; una actividad internacional reservada a los Estados con exclusion de otros poderes publicos entre otros contenidos que seguimos enseñando en las Facultades de Derecho y que, sin intensas matizaciones, resultan anacronicos e ineficaces en su desempeño.La arquitectura juridica e institucional del Estado-nacion reclama una urgente renovacion que asegure su eficacia en una sociedad intensamente condicionada por el factor tecnologico y por escenarios supraestatales de actuacion politica. Y es que tal arquitectura no es sino un instrumento al servicio de fines y objetivos que, estos si, permanecen inalterables: una convivencia pacifica; el respeto de los derechos individuales y colectivos y el control del ejercicio del poder publico dirigido siempre a la satisfaccion del interes general. El primer paso de esta renovacion es la identificacion de disfunciones y lagunas, tarea a la quiere contribuir, modestamente, este libro.

La configuración de un modelo urbano en la UE ha sido más el resultado indirecto de determinadas políticas con incidencia territorial que un objetivo predeterminado en eventuales decisiones políticas. Estos modelos sucesivos no estan contenidos como prototipos en obligaciones de Derecho positivo, pero su recepcion ha sido propiciada bien por mandatos especificos en ambitos concretos -como niveles de calidad del aire o regimen de residuos- o bien, con caracter mas general, por una tipica accion de fomento que vincula la financiacion por fondos y programas europeos a la (voluntaria) observancia o desarrollo de estos modelos. Desde los primeros elementos de ambientalizacion, este proceso ha ido añadiendo otros que han hecho de las ciudades los laboratorios de soluciones transformadoras y sostenibles (Comision Europea 2018), dominadas por la renovacion urbana, la conectividad verde, la menor ocupacion y sellado de suelo y, mas recientemente, la interaccion con un sistema energetico descentralizado y de proximidad. Adicionalmente, es destacable el interes creciente de las instituciones europeas en la participacion de las entidades subestatales -regionales y locales, en su terminologia- en la ejecucion de sus politicas con el declarado proposito de mejorar su eficacia: es este el primer elemento de una vision ampliada de la participacion, en la que concurren agentes y no gubernamentales y de la sociedad civil, conformandose de esta forma un sistema de gobernanza que viene a sustituir las viejas formulas de decision administrativa marcadamente unilateral y aun arraigada en nuestra cultura administrativa.

Administración mixta: Tercera vía de aplicación. Encuadernado en rústica plastificada y con cubierta azul. Coeditado con el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucia (1998). La UE progresa imparablemente por la senda de la territorializacion de sus competencias que se sobreponen sobre las de los Estados y los entes inferiores a estos, lo que origina problemas institucionales mayusculos que afectan sobre todo al Derecho administrativo. Este enfoque no ha prosperado como seria de esperar, con lo que surgen grandes perplejidades, y no solo para los administradores, a la hora de articular relaciones con la Union. A estos propositos responde la obra de Susana Galera que aborda la acomodacion y empleo de los instrumentos disponibles en el ordenamiento español para canalizar los controles de la Comision sobre las autoridades nacionales que aplican determinadas normas comunitarias. Las tecnicas empleadas son las tipicas de control: autorizacion previa o ex post, potestad de ordenar la revocacion del acto al organo nacional o competencia para establecer el Informe final en una inspeccion realizada conjuntamente por los agentes nacionales y comunitarios. Otra consecuencia de peliagudo manejo, que parte de la consideracion del territorio comunitario como unidad sustantiva, es la articulacion de las competencias de las distintas autoridades intervinientes en un procedimiento administrativo unico, a traves, entre otras, del artilugio de los Informes vinculantes.

La intervención pública sobre el comercio exterior de bienes. Encuadernación: Rústica plastificada y con cubierta azul. Edición de 1995.

Índice. Introducción. Transición energética: el mercado de la energía como punto de partida. Cambio climático: De lo global a lo local. Ciudad y urbanismo. Ciudad en transformación. Medio natural. Es

Éste es un libro de DErecho comparado en el sentido más enriquecedor del término, el que permite contruir la realidad jurídica sobre la base de examinar la evolución de una institución concreta en dos ambitos distintos, aunque a la postre, en este caso, necessariemente complementarios como son el Derecho español y el comunitario.