Libros de Derecho procesal. Procedimiento penal, página 9 de 72

La obra es el fruto de una dilatada experiencia de su autor en tres ámbitos complementarios: el ejercicio de funciones fiscales, la docencia universitaria y la preparación de opositores. Está redactada con un lenguaje claro y preciso, centrada en el analisis de la norma positiva, aunque sin eludir aportaciones doctrinales, y concebida en la medida de lo posible en forma de discurso o conferencia, de acuerdo con el caracter oral de las pruebas que han de superar los aspirantes a ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal y Cuerpo de Letrados de la Administracion de Justicia, a quienes va dirigido principalmente el libro. Al propio tiempo la obra propone, mediante notas a pie de pagina para no interferir en el texto, una inmersion en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los ultimos 15 años y en la mas reciente del Tribunal Supremo, asi como en la doctrina de la Fiscalia General del Estado. En particular, el tema relativo a los medios de investigacion tecnologica, sin duda el aspecto mas importante aunque menos difundido de los reformados por el legislador, puede parecer descompensado, pero al mismo tiempo la solucion por la que se ha optado se adelanta, acaso, a un posible desdoblamiento en las futuras ediciones del programa de la oposicion. La sustancial coincidencia de contenidos de los programas de las oposiciones de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal y al Cuerpo de Letrados de la Administracion de Justicia en lo que al Derecho Procesal Penal se refiere, permite que el manual sea utilizable en la preparacion de ambas pruebas. Solo el tema 32 de la oposicion a Letrados de la Administracion de Justicia presenta un contenido especifico que ha hecho necesario su inclusion en un apendice como tema separado.

En este nuevo libro, sus autores, expertos operadores juridicos de la jurisdiccion penal, desde una perspectiva novedosa que toma en cuenta la aplicacion de los diferentes tipos penales a casos concretos,ofrecen un amplio estudio de una de las partes mas importantes del Codigo Penal, la referida a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconomico.

Este libro hace su aparicion para entrar en claro conflicto con nuestros dogmas y conocimientos previos sobre la sistematica del dolo y la culpa; conocimientos que por mucho tiempo y de manera reiterada se reprodujeron en tratados, monografias y articulos y que si bien eran constantemente sometidos a critica, no se penso decididamente en la posibilidad de guiar su discusion en otro sentido.

Prof. Adolph Prins (Bélgica) Profesor de Derecho y Procesal Penal en la Universidad de Bruselas (de 1879 a 1919) e inspector general de las cárceles (de 1883 a 1917). Seguidor de la escuela positiva italiana, se le debe en gran parte la organizacion del Tribunal de menores y la ley de 1912 sobre la proteccion de la infancia. Fundo (1889) la Union Internacional de Derecho Penal.

La presente obra se inclina en todo momento a defender y preservar el debido proceso en el juicio penal y muy particularmente se encuentra dedicado a tratar el derecho de defensa e igualdad de las partes, como garantias de proteccion y legitimidad cuando hacemos una comparacion y ponderacion con la reformatio in peius.

El derecho penal clásico aisla al culpable de lo que le rodea y analiza sobre todo su voluntad en el momento en que cometio la infraccion.

La presente obra refereida al despliegue y analisis de la Presuncion de Inocencia y el Debido Porceso Penal, topicos trascendentales del Derecho Procesal Penal Moderno, llena un vacio dentro del proceso penal adversarial acusatorio, toda vez que se desprende del mismo que va dirigido no solo a los estudiantes de Derecho y otras disciplinas de las Ciencias Juridicas de las Universidades latinoamericanas y de Europa, sino a todos los estudiosos del Derecho Procesal Penal y de las Ciencias Criminologicas.

Segundo volumen de la obra dedicada al estudio de la prueba en el proceso penal. Los autores, Magistrados y Profesores Universitarios expertos en Derecho Procesal penal, ofrecen al lector una visión amplia que refleja el fundamento y los problemas que se plantean en la practica forense.Las diligencias de investigacion y prueba en el proceso penal es una materia de especial interes por la complejidad de las normas legales, asi como por la variabilidad de las decisiones jurisprudenciales. Circunstancias que determinan la necesidad de ofrecer estudios actualizados y completos sobre esta institucion del proceso penal. Este segundo volumen se dedica al estudio de los distintos medios de investigacion y prueba en el proceso penal (cuerpo del delito, testifical, pericial), con excepcion de los que, de inicio, afectan a derechos fundamentales y por lo tanto tienen un tratamiento especifico que sera objeto de estudio en el tercer volumen de esta obra (entrada y registro e intervencion de comunicaciones). Son siete los estudios doctrinales en los que se analizan concretos medios de prueba penal desde un punto de vista amplio que incluye la introduccion de los hechos en la fase de instruccion hasta su valor como medio de prueba en el plenario. Se tratan las siguientes cuestiones:- la inspeccion ocular, el levantamiento del cadaver y la reconstruccion de los hechos, la intervencion del imputado en la adquisicion de la fuente probatoria.- el cuerpo del delito y la identificacion formal del delincuente.- el reconocimiento en rueda del acusado.- las declaraciones de los sometidos al proceso penal en calidad de sospechosos, imputados o acusados.- la practica y el aseguramiento de la prueba, la especificidad de la declaracion del testigo victima de los hechos y la valoracion de la prueba en el plenario.- la proteccion de testigos y el agente infiltrado.- clases de intervenciones corporales: obtencion de muestras de ADN y negativa del imputado a someterse a la diligencia.- la prueba pericial y los problemas que plantea la jurisprudencia que permite valorar como prueba documental ciertos informes periciales.

El presente trabajo trata la problemática de las faltas tanto desde la perspectiva penal como procesal acompañando a su contenido doctrinal y jurisprudencial actualizado la legislación básica y un amplio listado de formularios tanto de escritos de parte como de resoluciones judiciales o del Secretario Judicial -diligencias y decretos-.En el ambito penal la obra ha sido adaptada a la ultima gran reforma del codigo penal que representa la L.O. 5/2010, de 22 de junio que destaca en grandes lineas por la introduccion de un nuevo regimen de cumplimiento de la pena de localizacion permanente en regimen penitenciario de caracter potestativo para el juzgador en el caso de sentencias condenatorias por una falta reiterada de hurto, la nueva regulacion de la prescripcion, la tipificacion de las faltas contra la propiedad intelectual e industrial y de deslucimiento de bienes muebles y por el incremento de las penas en la falta de suelta peligrosa de animales feroces o dañinos y de abandono de animales domesticos.En el ambito procesal se han incorporado las modificaciones que se han producido en el enjuiciamiento de las faltas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la oficina judicial, reconociendo un mayor protagonismo al Secretario Judicial al tener competencia para señalar la celebracion del juicio oral y destacando tambien entre otros aspectos la nueva regulacion sobre la grabacion de la vista y su documentacion y la remision en la ejecucion de la responsabilidad civil a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil aunque con la particularidad de que la ejecucion sera promovida de oficio por el Juez que hubiese dictado la sentencia.

La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras Normas Procesales, ha sido preparada por Julio Muerza Esparza, Catedrático de Derecho Procesal. Además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, actualizada a la fecha de cierre, se ha dado especial importancia a aquellas normas que han supuesto importantes modificaciones en el sistema procesal español, en particular, la Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado; la Ley Organica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor; la Ley Organica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccion Integral contra la Violencia de Genero; la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Juridica Gratuita, y su Reglamento; la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayuda a las Victimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual; la Ley Organica 4/2000, de 11 de enero, que regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integracion social; la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencion y entrega; la Ley 18/2011, de 3 de julio, de uso de las tecnologias de la informacion y la comunicacion en la Administracion de Justicia y el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, que regula los depositos y consignaciones judiciales en metalico, de efectos o valores.

Dentro de los cuantiosos gastos que motiva el proceso penal, las costas procesales constituyen la parte susceptible de ser reintegrada a quien los ha soportado indebidamente. La resolución procesal que contiene el pronunciamiento en costas (Sentencia, Auto o Decreto, segun los casos) es un titulo ejecutivo iliquido, que precisa un ulterior procedimiento de liquidacion para fijar definitivamente su cuantia y posibilitar su ejecucion. Los tramites necesarios para practicar la tasacion de costas, se recogen tanto en la LECrim como en la LEC, por remision normativa. En la presente obra se hace especial hincapie en las particularidades de la reclamacion de honorarios en el proceso penal, partiendo de la confusa regulacion de las costas en este ambito y sin olvidar que, tanto la doctrina procesalista actual como la jurisprudencia, coinciden en destacar su naturaleza procesal, cuyo fundamento no es el punitivo sino el resarcimiento de los gastos procesales indebidamente soportados.

Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal. Monografía Nº25, año 2011.

En los últimos diez años las telecomunicaciones han experimentado una evolución extraordinaria. El correo electrónico, las redes sociales, y otras formas de comunicación electrónica han sustituido en una gran parte a la comunicacion telefonica tradicional.La intervencion de las telecomunicaciones es una diligencia fundamental en la investigacion criminal que sigue estando deficientemente regulada. Recientemente, diversas normas administrativas han tratado de suplir esta insuficiencia legal. Tampoco la jurisprudencia resuelve de forma suficiente ni uniforme los graves problemas que plantea la interceptacion de las nuevas formas de comunicacion.Este trabajo realiza un estudio sistematico y actualizado de la intervencion de las telecomunicaciones. Como novedad, se analiza el procedimiento integrado de interceptacion (SITEL) mecanismo que permite interceptar cualquier tipo de comunicacion electronica. Asimismo, se abordan aspectos de gran actualidad como la inviolabilidad de las comunicaciones con el Abogado defensor, o la extension y limites del deber de conservacion de datos impuesto a las operadoras que presten servicios de comunicaciones electronicas.El tratamiento de todas estas cuestiones se efectua buscando el imprescindible equilibrio entre el respeto a los derechos individuales y garantias procesales, y la necesaria incorporacion de las nuevas las tecnologias en la persecucion y enjuiciamiento de los delitos.