Libros de Derechos humanos, página 10 de 57

El análisis de la problemática indígena existente en Latinoamérica debe partir de una aproximación que integre todas las variables que añaden complejidad al tema como son los desafíos del multiculturalismo, las condiciones de los pueblos indígenas, sus posibilidades para un desarrollo con identidad, el fenómeno urbano del indigenismo..., considerando, además, el capital social como base de políticas públicas que sean respetuosas con las diferencias.

Por segundo año consecutivo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) confecciona un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España. A partir de las denuncias de vulneraciones recibidas y comprobadas; de los análisis propios acometidos y del rastreo de distintas fuentes de información, incluidos las aparecidas en medios de comunicación, Discapacidad y Derechos Humanos Informe España 2009 ofrece una imagen fiel de la aún más que precaria calidad de los derechos de los hombres y mujeres con discapacidad en nuestro país. A pesar de que España ha firmado y ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por Naciones Unidas en el año 2006, son muchos todavía los desajustes entre los valores, principios y mandatos del Tratado internacional y la realidad normativa y las prácticas de los poderes públicos y de los operadores privados en cuanto al respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Mantenimiento de situaciones estructurales de discriminación por ausencia de accesibilidad en entornos, productos y servicios; inexistencia de mecanismos legales sencillos, prontos y eficaces que restablezcan los derechos vulnerados; permanencia de políticas, programas y prácticas segregadoras, que niegan el derecho a ser incluido en la comunidad y a llevar una vida independiente; negaciones reiteradas y en aumento del derecho a la educación inclusiva; retraso en la regulación legal de la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad son algunas de las situaciones de violación en las que más incide el Informe . Se registran también los avances y las buenas prácticas producidas en 2009, que indican que es posible mejorar el grado de protección de los derechos de la ciudadanía con discapacidad en España. El Informe España 2009 , junto con el elaborado en 2008, serán presentados por el CERMI al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de los Estados parte de la Convención Internacional de 2006. Toma cuerpo así uno de los cometidos del CERMI como órgano de la sociedad civil designado oficialmente para el seguimiento de la aplicación de este instrumento jurídico en España.

Auts. Santiago Ripol Carulla... [et.al]. España se adhirió al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) el día 4 de octubre de 1979. Acaban de cumplirse, por lo tanto, 30 años de la pertenencia de España al sistema europeo de protección internacional de los derechos humanos establecido por el Consejo de Europa. Durante estos años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado 78 Sentencias en las que España ha sido parte demandada. Algunas de estas Sentencias son especialmente importantes en el conjunto de la doctrina jurisprudencial del Tribunal. Es el caso, por ejemplo, de la Sentencia de 9 de diciembre de 1994 dictada en el asunto López Ostra c. España. Otras han tenido gran influencia en el ordenamiento español, provocando la modificación de importantes leyes vigentes en el momento en que se produjeron los hechos denunciados ante Estrasburgo. A modo de ejemplo pueden citarse las Sentencias Barberá, Messegué y Jabardo c. España, de 6 de diciembre de 1988, y Unión Alimentaria Sanders c. España, de 19 de junio de 1989, que fueron causa de la modificación de las principales leyes procesales españolas. Esta obra recoge y sistematiza todas las Sentencias que el TEDH ha dictado en relación con España en estos seis lustros, e incluye un estudio introductorio en el que, entre otros extremos, se trata la cuestión de la recepción de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo por el Derecho español. Por constar de estos dos elementos - recopilación y sistematización, de la jurisprudencia del TEDH relativa a España, por una parte, y valoración de su influencia en el Ordenamiento español, por otra- el presente libro resulta de gran utilidad no sólo para los estudiosos del tema sino también para todos los profesionales del Derecho.

Guía de apoyo al 'Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicologic, sexual per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina', en el abordaje de los casos de acoso sexual por razon de sexo y por razon de orientacion sexual. Se dirige a todo el personal de la Administracion de la Generalitat de Catalunya como herramienta de divulgacion, pero tambien ofrece recomendaciones especificas para el personal que debe intervenir en el procedimiento de activacion del Protocolo y para las personas que ocupan cargos de mando.

Los derechos humanos sólo adquieren sentido, para Julián Marías, en torno a la persona, una de las claves de su pensamiento. El ser humano es radicalmente diferente a cualquier otro ser, con su doble estructura analitica y empirica, permanente y cambiante al mismo tiempo, y se caracteriza por su existencia argumentativa, proyectiva y futuriza. Javier Perez Duarte es doctor en Derecho, licenciado en Derecho y en Filosofia y Letras por la Universidad de Deusto, en cuya Facultad de Derecho imparte clases de Filosofia del Derecho y de Etica de las profesiones juridicas. Entre sus publicaciones cabe destacar Claves del pensamiento politico de Julian Marias, El proyecto vital en la ancianidad, en torno a la figura de Norberto Bobbio, Personificacion de las cosas y cosificacion de la persona, un analisis sobre Georg Simmel en los inicios de la gran revolucion industrial, El burgues emprendedor y el capitalista del exito, un acercamiento al estudio de Werner Sombart de estas dos figuras representativas de la modernidad y Responsabilidad y arte medico en la Ciudad Universal de Hans Jonas, acerca de los nuevos peligros del desarrollo cientifico.

Laurence Burgorgue-Larsen es Catedrática de Derecho Internacional Público Derecho Europeo en la Universidad de La Sorbona (Paris I Pantheon Sorbonne) y Directora del Máster de investigación en Derecho Europeo, asi como del Centro de Estudios sobre la Union europea (Centre de Recherche sur l Union Europeenne). Imparte, ademas, cursos de posgrado en varias universidades europeas e hispanoamericanas. Sus investigaciones en derecho internacional, europeo y constitucional comparado giran en torno al estudio de los derechos fundamentales. Entre otras publicaciones, pueden destacarse L Espagne et la Communaute europeenne (Bruxelles, ULB, 1995); Libertes fondamentales (Paris, Montchrestien, 2003); La repression internationale du genocide rwandais (Directora, Bruselas, 2003); La France face a la Charte des droits fondamentaux de l Union europeenne (Bruylant, 2005); con P. Tavernier, Un siecle de droit international humanitaire (Bruxelles, 2001); con L. Azoulai, L Autorite de l Union europeenne (Bruylant, 2006); con A. Levade y F. Picod, Traite etablissant une Constitution pour l Europe. Commentaire article par article (Parte II, La Charte des droits fondamentaux de l Union europeenne, Bruylant, 2005 y Partes I y IV, L architecture constitutionnelle, Bruylant, 2007). Amaya Ubeda de T

La conexión entre derechos humanos y utopía se desprende, básicamente, del carácter ideal de ambas categorías. Se trata de aspiraciones aún no alcanzadas. Para los defensores de una visión iusnaturalista de los derechos humanos, la positivización de los mismos reviste un marcado carácter declarativo ya que no incumbe al Estado otorgar esos derechos a los ciudadanos, sino, simplemente, reconocer y sancionar su existencia. Por contra, para los positivistas la codificación de los derechos humanos tiene un verdadero carácter constitutivo, más allá de su mero reconocimiento formal.

The prohibition of torture- the right to physical and mental integrity- is guaranteed in the strongest terms under international law. It is protected as an absolute right, non-derogable even in times of war or public emergency. The problem of torture resurfaced in the second half of the 20th Century, and more recently in the contexts of the war in Iraq, the situation of detainees in Guantanamo Bay, and of attempts to extradite persons considered to be 'threats to national security' to States where they may be at risk of torture. The main instrument to combat torture within the framework of the United Nations is the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT). It is one of the few human rights treaties which makes explicit use of criminal law in order to prevent and eradicate violations- the main obligation of States parties to the CAT is to ensure that all acts of torture are offences under domestic criminal law and that punishments are appropriate to the grave nature of such crimes. The CAT even goes beyond the traditional principles of territorial and personal jurisdiction and for the first time applies the principle of universal jurisdiction under a human rights treaty. This volume explores the problematic definition of torture in the Convention, the substantive obligations of Sates parties, the principle of 'non-refoulement', provisions for international monitoring, and the concept of preventative visits to all places of detention as contained in the Optional Protocol to the CAT. It also covers issues including the distinction between torture and cruel inhuman or degrading treatment and the principle of non-admissibility of evidence extracted under torture. Full article by article commentary on the Convention also provides historical context and thorough analysis of case-law and practice from international and regional courts and monitoring bodies. Relevant case-law from domestic courts (such as that of the House of Lords in the Pinochet case) and the practices of domestic prison inspection panels are also discussed.

The 1948 Genocide Convention has become a vital legal tool in the international campaign against impunity. Its provisions, including its enigmatic definition of the crime and its pledge both to punish and prevent the 'crime of crimes', have now been interpreted in important judgments by the International Court of Justice, the ad hoc Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda and various domestic courts. The second edition of this definitive work focuses on the judicial interpretation of the Convention, relying on debates in the International Law Commission, political statements in bodies like the General Assembly of the United Nations and the growing body of case law. Attention is given to the concept of protected groups, to problems of criminal prosecution and to issues of international judicial cooperation, such as extradition. The duty to prevent genocide and its relationship with the emerging doctrine of the 'responsibility to protect' are also explored.

La Casa de Ana Frank de Holanda y Eudeba emprenden esta edición en el marco de la actividad que cada una de estas instituciones realiza a diario. La Casa de Ana Frank, desde su tarea para el desarrollo de programas que tienen como objetivo tratar temas de discriminación, violación de los derechos humanos, construcción de ciudadanía y seguridad, poniéndolos en práctica en ámbitos educativos formales y no formales. Eudeba, con la edición y promoción de libros y materiales educativos en el ámbito de la educación y el interés general. El objetivo de este proyecto es relatar, a través de distintas historias de vida, los procesos generales de discriminación y violación de los derechos humanos desde el caso de Ana Frank hasta nuestros días en la Argentina. Al mismo tiempo, el propósito es impulsar un programa de capacitación para docentes y alumnos sobre estas temáticas en todo el país. El desarrollo de los temas está dirigido a jóvenes de entre 15 y 20 años, estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria y los primeros de la universidad.

One of the most notable advances of the last half century was the development of international human rights norms and procedures, with some degree of institutionalization within the United Nations. Human rights, perhaps as much as any topic of global significance, has reflected the influence of transnational civic associations, which have pushed governments and international institutions to take the subject seriously. Moreover, the complex pattern of the evolution of human rights reflects the unevenness of economic development, political outlook and civilizational values around the world. Reflecting the importance of this fascinating area, this collection brings together representative selections of the best writing on the main dimensions of human rights.

The customary law of belligerent occupation goes back to the Hague and Geneva Conventions. Recent instances of such occupation include Iraq, the former Yugoslavia, the Congo and Eritrea. But the paradigmatic illustration is the Israeli occupation, lasting for over 40 years. There is now case law of the International Court of Justice and other judicial bodies, both international and domestic. There are Security Council resolutions and a vast literature. Still, numerous controversial points remain. How is belligerent occupation defined? How is it started and when is it terminated? What is the interaction with human rights law? Who is protected under belligerent occupation, and what is the scope of the protection? Conversely, what measures can an occupying power lawfully resort to when encountering forcible resistance from inhabitants of the occupied territory? This book examines the legislative, judicial and executive rights of the occupying power and its obligations to the civilian population.

This study provides a comprehensive analysis of the questions pertaining to the powers of the Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations. In doing so it departs from the premise that an analysis of the limitations to the powers of the Security Council and an analysis of judicial review of such limitations by the ICJ, respectively, are inter-dependent. On the one hand, judicial review would only become relevant if and to the extent that the powers granted to the Security Council under Chapter VII of the Charter are subject to justiciable limitations. On the other hand, the relevance of any limitation to the powers of the Security Council would remain limited if it could not be enforced by judicial review. This inter-dependence is reflected by the fact that Chapters 2 and 3 focus on judicial review in advisory and contentious proceedings, respectively, whereas Chapters 4 to 9 examine the limits to the powers of the Security Council. The concluding chapter subsequently illuminates how the respective limits to the Security Council's enforcement powers could be enforced by judicial review. It also explores an alternative mode of review of binding Security Council decisions that could complement judicial review by the ICJ, notably the right of states to reject illegal Security Council decisions as a 'right of last resort'. The space and attention devoted to the limits to the Security Council's enforcement powers reflects the second aim of this study, namely to provide new direction to this aspect of the debate on the Security Council's powers under Chapter VII of the Charter. It does so by paying particular attention to the role of human rights norms in limiting the type of enforcement measures that the Security Council can resort to in order to maintain or restore international peace and security.

This second edition of C.F. Amerasinghe's successful 1993 book has been revised to include a new chapter on judicial organs of international organizations, as well as a considerably developed chapter on dispute settlement. Covering all the important institutional aspects of international organizations, it considers a range of topics, including membership and representation, international and national personality, the doctrine of ultra vives, liability of members to third parties, dissolution and succession.

When does international law give a group the right to choose its sovereignty? In an original perspective on this familiar question, Knop analyzes the ways that many of the groups that the right of self-determination most affects--including colonies, ethnic nations, indigenous peoples and women--have been marginalized in its interpretation. Her analysis also reveals that key cases have grappled with this problem of diversity. Challenges by marginalized groups to the culture or gender biases of international law emerge as integral to the cases, as do attempts to meet these challenges.

¿Qué puesto ocupan los derechos humanos en el derecho? (Agustín Squella). ¿Y si los derechos humanos no tienen un puesto en el derecho? (Nicolás López Calero).

Ed. Igor Minteguia Arregui. En el inicio del nuevo milenio, en mayo del año 2000 se firmaba en la ciudad francesa de Saint-Denis la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Desde entonces, mas de trescientas ciudades europeas se han sumado a las propuestas de la Carta, que se inspira en aquel lema de las ciudades medievales: "el aire de la ciudad nos hace libres".En la version del siglo XXI, la promesa se reformula reclamando el pilar basico de la igualdad de derechos, el reconocimiento de la pluralidad, y apelando a la sostnibilidad como garantia de futuro.

Son numerosos los infomes que han puesto de manifiesto que la democracia, especialmente los derechos de participación ciudadana y los derechos humanos son elementos clave de una política de desarrollo coherente e integral. De hecho muchas de las acciones de cooperacion al desarrollo que han venido implementandose en organismos internacionales, Estados y organizaciones publicas se han centrado bien en el establecimiento de medidas que encaminen a los paises receptores a la via democratica, bien en la profundizacion de las vias de participacion de la sociedad civil en los procesos de deliberacion publica.