eBooks de Derecho administrativo, página 4 de 20

El estudio se enmarca en el Proyecto Claustrat (El patrimonio material e inmaterial de los conventos de Toledo y su Diócesis) a cargo de un equipo interdisciplinar (historiadores, especialistas en arte, arquitectos, juristas, economistas, etc.), reflejo de la densa materia tratada. El patrimonio o bienes culturales de un pais constituyen el soporte material de tantos otros principios de su convivencia civilizada. En este acervo se singulariza la aportacion de la vida consagrada y las manifestaciones de fe del pueblo. En el Cristianismo, la construccion religiosa tiene su funcionalidad, su simbolismo y vocacion propia, pues entre sus muros se desarrolla un estilo de vida orientada a la esperanza que lo alimenta. Cuando hablamos de iglesia, o de oratorio de casa religiosa (edificios sagrados por antonomasia), nos referimos sobre todo a la riqueza historico-artistica y fuerza evocadora que transmiten. El Derecho, en cometido conjunto de la comunidad civil y de fe, ampara la dimension espiritual que alli alienta y tutela su legado. ¿Pero que ocurre cuando la funcionalidad y sostenibilidad del patrimonio se tambalea? ¿Como las normas eclesiasticas y los Poderes publicos pueden dirigir el proceso de readaptacion, sin merma de personas, principios y cosas? Contemplar la experiencia juridica, ante el deterioro de la vida religiosa y el abandono de los templos catolicos, en paises como Italia y Francia, nos ayuda a tomar conciencia del problema en España. Esta monografia quiere explicar el Derecho aplicable al recinto sacro en busca de nuevos usos, en defensa de su interes religioso y cultural, pero tambien buscar soluciones o, como hoy se prefiere, perfilar las mejores practicas.El autor, Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Religiosas, es profesor de Derecho Eclesiastico, en la Universidad de Castilla- La Mancha; ha colaborado en proyectos de investigacion sobre religion y Derecho, en las relaciones laborales, o regimen juridico de los ministros de culto, asi como en revistas cientificas. En el Anuario de Derecho Eclesiastico del Estado se ocupa, desde 2017, de la seccion de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en la Rev. Gral. de Derecho Canonico y Derecho Eclesiastico del Estado, publico: Preparacion religiosa a la muerte y emergencia sanitaria (nº 55, 2021), Pluralismo religioso y matrimonio (nº 53, 2020), o Laicidad, ¿pluralismo o reduccionismo religioso e ideologico? (nº 50, 2019). Es autor de: Sistema de Derecho Eclesiastico, en coautoria con D. Garcia- Pardo (Digital Reasons, 2019), El matrimonio religioso y su trascendencia juridica (European Academic Press, 2015) y Sistema educativo y dirigismo. Educacion para la ciudadania (Ediciones Alderaban, 2014).

El derecho marítimo es de origen antiguo y su fuente original fueron los usos y las costumbres de los comerciantes, aceptadas internacionalmente por la comunidad marítima, que fueron recopiladas en diferentes estatutos, tales como las Rooles de Oleran, el Guidon de la Mer y el Libro del Consulado del Mar de Barcelona. Tras la etapa de regulacion de las actividades maritimas mediante codificacion y leyes nacionales, a partir del siglo XX se inicio la incorporacion de los principales temas del derecho maritimo en convenios internacionales, con el fin de unificar internacionalmente la materia, pues la navegacion es una actividad internacional, y su regulacion juridica debe atender esta caracteristica. Actualmente, los convenios internacionales constituyen una de las principales fuentes del derecho maritimo y el metodo mas efectivo para su unificacion, sin que sea incompatible con otros, tales como las leyes modelo, el derecho formulario y los mismos usos y costumbres que originaron esta rama del derecho. En criterio del autor, la modernizacion y actualizacion del derecho maritimo debe partir de la ratificacion de, o la adhesion a, los principales convenios internacionales maritimos, y la posterior expedicion de una ley de navegacion maritima que los implemente y los complemente. Este libro hace una reseña de los principales convenios internacionales maritimos y analiza la conveniencia de que Colombia ratifique o adhiera a algunos de ellos, con el fin de modernizar y actualizar su legislacion maritima, de acuerdo con estandares internacionales de unificacion del derecho maritimo. El autor hace una descripcion inicial del objeto del derecho maritimo y de los diferentes metodos para su unificacion internacional. Tambien se refiere a una propuesta para una posible ley de navegacion maritima de Colombia, señalando su contenido y su sistema de fuentes. Posteriormente expone una relacion de los principales convenios internacionales maritimos que, en criterio del autor, cualquier pais debe tener en cuenta en el proceso de modernizacion y actualizacion de su legislacion maritima, para lo cual los clasifica en los temas de (i) Seguridad en la navegacion, (ii) Prevencion de la contaminacion ambiental marina, (iii) Responsabilidad y compensacion, (iv) Transporte maritimo y (v) Otras materias.

Para la gestión de servicios públicos, y en general para el cumplimiento de muchos de sus cometidos, las Administraciones Públicas se desenvuelven en el espacio que se abre entre su potestad de autoorganizacion y la opcion por la contratacion, inexcusablemente sometida al principio de concurrencia en la adjudicacion. En ese espacio se estan suscitando diversas controversias, derivadas sobre todo de la debil y compleja delimitacion de las formulas que pueden utilizarse para la autoprovision y los requisitos, necesariamente estrictos, que han de concurrir para su operatividad.En este libro se ofrece una categorizacion rigurosa de esas formulas a partir de la doble matriz que se conforma desde la cooperacion vertical, con el recurso a medios propios, a la cooperacion horizontal, que se articula sobre convenios entre Administraciones. Especial atencion se presta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea, fundamental en esta materia, y a las posiciones que estan adoptando las autoridades de defensa de la competencia, con un creciente protagonismo en este tema.

La relevancia que, en la era de la globalización, adquieren los puertos de interés general resulta indiscutible para el crecimiento de la economía. No en vano, el comercio exterior español se desarrolla abrumadoramente a traves de sus instalaciones. La incesante llegada y salida de buques con pasajeros y carga nos conecta con los principales destinos maritimos del mundo.Pero, aparte de la trascendencia general para la actividad economica de su flujo maritimo, vinculada a su no menos significativa relevancia social, los recintos portuarios constituyen, al mismo tiempo, una realidad compleja en la que se entremezclan una multiplicidad de actividades que giran en torno al mejor servicio del trafico portuario. Conjunto de espacios y funciones que los convierten en uno de los ambitos mas desarrollados y estrategicos del territorio.El caracter poliedrico de los puertos con proyeccion exterior, como no podia ser de otra manera, tiene su reflejo en la presencia y atencion que le prestan las distintas Administraciones publicas. Procedia pues, en buena logica, abordar un estudio amplio que intentara iluminar cuales son las principales notas de la vigente politica portuaria de interes general; como se desarrollan las relaciones entre sus sujetos; y que parametros, en fin, condicionan y reflejan el momento presente y su proyeccion futura.

Este libro pretende cuestionar una de las premisas sobre las que se ha construido la financiación de la educación y de la sanidad en España: la idea de que han de ser las autonomías las quecorran con sus gastos. ¿Esto debe ser realmente asi? ¿Quien debe financiar la educacion o la sanidad en el Estado autonomico? ¿Son los Presupuestos Generales del Estado o los presupuestos autonomicos? ¿Impuestos estatales o impuestos autonomicos?Ha sido comun la consideracion de que el principal problema de la financiacion de las Comunidades Autonomas ha sido la insuficiencia de recursos para hacer frente a los gastos de sanidad y educacion. Esto ha llevado a una progresiva ampliacion de los recursos, otorgandoles un porcentaje cada vez mayor de participacion en impuestos estatales. Si el diagnostico sigue siendo este, la insuficiencia de recursos, la solucion seria seguir incrementando los porcentajes de participacion en los impuestos estatales.A partir del estudio de la experiencia comparada de Estados Unidos, Canada y Alemania, se trata de demostrar que el problema no es la insuficiencia de recursos de las autonomias para hacer frente a los gastos de educacion o sanidad. El problema es que las autonomias estan pagando lo que no les corresponde. De acuerdo con nuestro sistema de distribucion competencial, es al Estado al que le corresponde fundamentalmente la financiacion del Estado de bienestar.

El libro que el lector tiene en sus manos, bajo la rúbrica genérica del Derecho de Daños en la era digital, se corresponde con el estudio, desde una perspectiva múltiple del derecho de daños, de algunas de las cuestiones de mayor relevancia practica en el ambito del Derecho y las nuevas Tecnologias a cargo de muy prestigiosos especialistas internacionales de la materia pertenecientes a diversas Universidades y Colegios de Abogados de Europa y America del Norte y del Sur.Comienza el texto con el estudio La responsabilidad civil de los derechos fundamentales de la persona en Internet, a cargo del catedratico de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, Domingo Bello Janeiro, para continuar con otros estudios procedentes de diversos paises americanos y europeos que enriquecen el analisis de una cuestion que, desde luego, tiene alcance mundial y verdadera dimension transnacional, comenzando por el trabajo sobre la mala fe en la tutela juridica de los derechos en la era digital a cargo del profesor y abogado argentino Pascual Eduardo Alferillo, tras lo que Los abogados y profesores paraguayos Francisco Segura Riveiro y Enrique Mongelos Aquino nos ofrecen en su texto algunas notas sobre daños y redes sociales.Seguidamente se incluye en el libro un texto sobre la proteccion de los consumidores en el entorno digital. Una mirada desde el Derecho de Argentina que firma el abogado y profesor argentino Sergio Sebastian Barocelli, actual flamante responsable de la Direccion Nacional de Defensa del Consumidor de Argentina, tras lo cual viene el texto que versa sobre "La responsabilidad de las empresas tecnologicas por la venta de datos personales desde la perspectiva norteamericana" a cargo de Maria Herrera Mellado, abogada en EEUU.Despues figura el texto sobre "La responsabilidad de los organizadores de los sistemas. de economia colaborativa", que lleva a cabo Walter F. Krieger, abogado y profesor de Derecho Civil en Buenos Aires (Argentina), para continuar con el trabajo que bajo la rubrica "Modelos de Negocios Informaticos desde el Punto de Vista Solitario" firma Victor De la Flor, abogado en EEUU, donde analiza la Sociedad Anonima en los Estados Unidos como mecanismo de proteccion de modelos de negocios informaticos.A continuacion figura el trabajo sobre el alcance de la responsabilidad civil por daños causados por la inteligencia artificial a cargo del argentino Jose Pablo Sala Mercado, asi como el que versa sobre La Inteligencia Artificial entre la culpa, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad absoluta en los sistemas juridicos del derecho continental y anglosajon a cargo del abogado y profesor colombiano Camilo Narvaez Lopez.Despues de ello, se analiza la responsabilidad ante el arbitraje on line por parte de Filip Balcerlacky Bartosz Ziemblicki, abogados y profesores en Polonia.Finalmente, en la ultima parte del libro el trabajo del academico argentino Eduardo Sambrizzi versa sobre Daños derivados de las modernas tecnicas de reproduccion asistida, concluyendo la monografia con el texto sobre refundacion del derecho en la era de la revolucion digital a cargo del abogado argentino Roque Andres Piccinino Centeno Garrido. del embrion, entre otras.

El principio de proporcionalidad es un parámetro esencial para controlar la discrecionalidad de los poderes públicos. En los últimos años se ha constatado la relevancia de este principio en la contratacion publica, que ha culminado con su reconocimiento expreso en las Directivas europeas del año 2014 y en la normativa española sobre contratos publicos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado a cabo un estudio riguroso de su papel e implicaciones en este ambito.La ausencia de estudios a nivel doctrinal y de criterios especificos que contribuyan a una adecuada utilizacion de este parametro llevan a que, en ocasiones, las entidades del sector publico tomen decisiones que limitan de forma desproporcionada el derecho de los operadores economicos a participar en las licitaciones publicas. En este escenario, es conveniente formular un marco analitico que sirva de referencia a los organos de contratacion para ajustar su actuacion a las exigencias del principio de proporcionalidad.Bajo esta premisa, la presente monografia analiza la incidencia del principio de proporcionalidad en la contratacion publica e identifica los distintos momentos del procedimiento de adjudicacion en los que su aplicacion es mas relevante. En relacion con cada uno de ellos, se formulan una serie de recomendaciones para convertir este parametro en un instrumento funcional en materia de contratacion publica.

El análisis, evaluación e implementación de la calidad de las normas jurídicas constituye ya una exigencia ineludible en las democracias avanzadas. A la mejora de esa calidad contribuye, sin duda, la participacion en su elaboracion de organos independientes y tecnicamente prestigiosos como el Consejo de Estado, cuya auctoritas los organos consultivos de las Comunidades Autonomas, en plena fase de consolidacion institucional, pretenden alcanzar.La participacion de estos organos en el procedimiento normativo sigue estando delimitada por los viejos conceptos de reglamento ejecutivo e independiente, que en este libro se diseccionan de forma minuciosa. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado nos muestran como, aunque de forma incompleta y sin gran consistencia teorica, puede observarse una ampliacion de los tipos de reglamentos que se consideran ejecutivos y se reducen, en consecuencia, los que aun no se benefician de su intervencion.En este libro se propone culminar definitivamente este proceso, prescindir de dichos conceptos y que la intervencion del Consejo de Estado se extienda a todos los proyectos normativos, tanto de rango legislativo como reglamentario.El analisis juridico ha sido el metodo tradicional de analisis del Consejo de Estado, pero en este libro se analiza su creciente atencion a la calidad normativa en sus aspectos formales, procedimentales y sustantivos (eficacia y eficiencia) y concluye con algunas propuestas para fomentar el debate sobre como estos organos pueden contribuir adicionalmente, sin merma de su independencia, prestigio tecnico y sin ser objeto de la politizacion que han sufrido otros organos constitucionales, a profundizar en la mejora del buen gobierno y buena administracion en la convulsa España del siglo xxi.

El objeto de esta monografía no consiste en abordar el estudio de la jurisprudencia en cuanto fuente formal del Derecho -cuestión sobre la que existen abundantes y exhaustivos trabajos-, sino que en ella se asume su condicion de fuente complementaria del ordenamiento juridico, en el sentido del art. 1.6 del Codigo Civil. Desde dicho enfoque, este estudio se circunscribe al ambito contencioso-administrativo, dada la escasez de trabajos especificos sobre el valor de la jurisprudencia, tema que se ha abordado, casi siempre, desde la perspectiva civilista, procesalista o de la teoria general del Derecho y, sobre todo, debido a las peculiaridades de esta rama del ordenamiento juridico, que pueden justificar, eventualmente, una respuesta distinta en este ambito.Asi las cosas, en este trabajo se comienza por delimitar el concepto de jurisprudencia para a continuacion analizar, de un lado, su eficacia -caracter vinculante, absoluto o relativo, o valor meramente persuasivo, tanto respecto de los organos judiciales inferiores como de aquellos que la emanan- y, de otro lado, su funcion en el ordenamiento juridico administrativo -proteccion de la norma y, en su caso, creacion de Derecho-, examinando no solo aquellas que le corresponde desempeñar a la luz del ordenamiento vigente, sino tambien las que deberia cumplir desde la optica de los principios de igualdad y seguridad juridica enunciados en la Constitucion.

La necesidad de que las normas se cumplan ha sido desde el principio un aspecto consustancial al mundo del Derecho. Ahora ese cumplimiento normativo ha desarrollado una perspectiva propia, en tanto en cuanto los poderes publicos pretenden aplicar nuevas politicas que tienen como objetivo cambiar comportamientos diarios de los seres humanos.Por otra parte, el desarrollo de la politica en las democracias avanzadas requiere cada vez mas transparencia en la definicion de sus objetivos, asi como en su evaluacion, entendida en el sentido de que objetivos se han cumplido y como se ha logrado ese cumplimiento. Asimismo, la escasez de recursos publicos despues de las diferentes crisis economicas, y la necesidad de optar a que demanda social se aplican los recursos existentes, fomentan la evaluacion de las politicas publicas de cara al ciudadano. Finalmente, el reconocimiento, incluso a nivel constitucional, del derecho a la buena regulacion completa el contexto actual.El analisis conductual busca los fundamentos del comportamiento humano, que a veces nos puede parecer irracional. Y es evidente que, salvo en los casos en los que se considere que los ciudadanos no cumplen de forma voluntaria las normas, la existencia de incumplimientos debe llevar a analizar su porque, ofreciendo el analisis conductual las herramientas para llevarlo a cabo.Por ultimo, no se puede dejar a cada gobierno en solitario la evaluacion de sus politicas, sino que debe existir una estructura institucional que ejerza de forma sistematica la evaluacion, aportando al debate politico y a los ciudadanos hechos comprobados. Las instituciones de control externo tienen el mandato para ejercer esta funcion.

Esta guía está dirigida a profesores, investigadores, estudiantes, editores, correctores de textos y, en general, a todas aquellas personas ligadas al mundo académico. Sus destinatarios principales son, sin embargo, aquellos que estan escribiendo o planean escribir un articulo cientifico, una ponencia, etc., en el que deben emplear la norma de presentacion de manuscritos de la American Psychological Association (APA), cuya ultima edicion ha sido publicada a fines del 2020.Si bien nada puede reemplazar la consulta directa del manual original de la APA, tener a la mano un resumen de sus aspectos mas importantes sera de mucha utilidad no solo en terminos de tiempo invertido, sino tambien de facilidad de lectura, sobre todo para quienes no leen en ingles, el idioma en que actualmente se transmite el conocimiento cientifico.El contenido de este manual se reparte en cuatro capitulos. En el primero se describen el texto academico y sus principales caracteristicas; en el segundo se exponen las normas generales de estructura y forma del estilo de la APA; el tercero esta dedicado a las normas de citacion y referencias, quiza las mas consultadas, empleadas y difundidas del manual de la APA. Por ultimo, en el cuarto capitulo y para salvaguardar los fueros de nuestra lengua se incluyen algunos aspectos del castellano que suelen causar dudas a quienes no redactan con frecuencia o no estan familiarizados con ciertos detalles del idioma.

El derecho de habeas data ha sido previsto en el artículo 15 de la Constitución Política como una garantía mínima de la que goza toda persona para conocer, actualizar, y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades publicas y privadas, es asi como adquiere gran relevancia, por erigirse como derecho fundamental autonomo, lo cual es suficiente para que el Estado este en el deber de garantizarlo en todas las esferas de su expresion y procurar su defensa cuando pueda ser objeto de violacion suya o de particulares.Las entidades financieras y centrales de riesgo son aquellas que, en ocasiones, violan o amenazan el derecho de habeas data, en tanto que generan y mantienen reportes de usuarios basados en calificaciones que no corresponden a la realidad objetiva de los negocios que entre aquellos subsiste.En este sentido, debido a la naturaleza de derecho funda- mental y a la procedencia de la accion de tutela en los casos de vulneracion y amenaza, hace que sea necesario analizar la realidad juridica que comporta la defensa por via judicial que se hace del derecho de habeas data mediante esta accion constitucional.Este libro se constituye en una herramienta de vital importancia para estudiantes de derecho, abogados litigantes y funcionarios judiciales.

Es un libro que analiza la intersección entre las políticas públicas y los derechos colectivos en el contexto colombiano. La obra se centra en entender cómo las decisiones gubernamentales impactan a las comunidades y a los grupos que buscan la defensa de sus derechos colectivos, incluidos los derechos de los pueblos indigenas, afrodescendientes y otros colectivos vulnerables.A traves de un enfoque multidisciplinario, el libro examina las herramientas legales, las estructuras institucionales y los mecanismos de participacion ciudadana que permiten la reivindicacion de estos derechos. Ademas, se aborda la historia reciente de Colombia, marcada por el conflicto armado y la busqueda de justicia social, y como estos factores influyen en la formulacion y ejecucion de politicas publicas.El autor (o los autores) hace un llamado a la necesidad de reconocer y fortalecer los derechos colectivos como parte fundamental de la construccion de un pais mas justo e inclusivo. Este libro es, por lo tanto, un recurso valioso tanto para academicos, estudiantes y profesionales en el area de ciencias sociales y politicas, como para activistas y lideres comunitarios interesados en la promocion de los derechos humanos y el desarrollo sostenible en Colombia.A traves de su contenido, el texto busca fomentar un dialogo critico sobre los desafios y oportunidades en la implementacion de politicas publicas que respeten y protejan los derechos colectivos de todos los colombianos.

Las plataformas digitales están ocupando una posición central y determinante en el creciente flujo de relaciones jurídicas y comerciales que en torno a ellas se articulan. Servicios tradicionalmente considerados publicos se ofrecen tambien a traves de plataformas, que dejan por ello una peculiar impronta en las relaciones con los usuarios. Si antes se identificaron y caracterizaron con rasgos precisos los llamados servicios en red, asistimos ahora a la eclosion de los servicios en plataforma. Los retos que se plantean a efectos regulatorios en ese nuevo entorno tecnologico son, fundamentalmente, dos: uno es mantener, o recomponer en su caso el cuadro de garantias del trafico juridico que resulta exigible por los sujetos diversos que entablan su relacion a traves de las plataformas; el otro, garantizar la adecuada atencion a los intereses generales en juego.Requiere ello afrontar como primera cuestion la de la naturaleza misma de las plataformas: si se trata de proveedores de contenidos o son ellas mismas sujetos de intermediacion, una cuestion, como otras que pueden plantearse, que no tiene una solucion univoca dada la variada tipologia de plataformas, segun reconoce la Union Europea en sus primeras aproximaciones. Tambien habra de plantearse la naturaleza y alcance de una regulacion publica, en atencion a los intereses generales presentes, que habra de encauzar con tino el natural impulso autorregulador del primer momento en el que estamos.

Se trata de una contribución para entender mejor la teoría del constitucionalismo jurídico. Reúne textos sobre teoría jurídica de la constitución, sobre conexiones entre acordar y deliberar, y sobre viejas cuestiones desde esta teoria.Josep Aguilo Regla es Catedratico de Filosofia del Derecho de la Universidad de Alicante, desde donde imparte docencia para toda America Latina en temas de argumentacion juridica, interpretacion constitucional, independencia judicial, entre otros temas de su especialidad.Forma parte del Consejo Editor de la revista Doxa. Cuadernos de Filosofia del Derecho y es Coordinador Cientifico del Portal de Filosofia del Derecho "Doxa".Entre sus publicaciones destacan; Sobre la derogacion. Ensayo de dinamica juridica (1995), Teoria general de las fuentes del Derecho y del orden juridico (2000), La Constitucion del Estado constitucional (2004), Fragmentos para una teoria de la Constitucion (con M. Atienza y J. Ruiz Manero, 2007), Sobre Derecho y Argumentacion (2008). Entre sus ensayos y articulos mas recientes destacan: "Independencia e Imparcialidad de los Jueces y Argumentacion juridica", "Nullity, Derogation and Normative powers", "Buenos y Malos: Sobre el valor epistemico de las actitudes morales y de las prudenciales", "La Derogacion en pocas palabras", "Tecnica Legislativa y documentacion automatica de legislacion", "El metodo juridico como argumentacion juridica", "Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional", "Tener una Constitucion, darse una Constitucion y vivir en Constitucion", "Presunciones, verdad y normas procesales", "Imparcialidad y aplicacion de la ley", "Dos concepciones de la etica judicial".

A través de un estudio histórico, crítico, analítico y actual del ordenamiento jurídico peruano, como del derecho comparado, la obra desarrolla los argumentos que validan a la paridad como propuesta compatible con el marco constitucional peruano.Violeta Bermudez Valdivia es Magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Catolica del Peru y abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ejercido diversos cargos de responsabilidad en entidades publicas, organizaciones de la sociedad civil y cooperacion internacional. Entre ellos, ha sido Viceministra de la Mujer y del Desarrollo Humano, Jefa del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, Directora del Movimiento Manuela Ramos, Coordinadora de Proyectos en la Oficina de Iniciativas Democraticas de USAID, Directora de planificacion y analisis estrategico de la Oficina de Cooperacion Canadiense y Jefa del Programa ProDescentralizacion de USAID. Es docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del Peru y autora de diversos articulos publicados sobre temas de democracia, gobernabilidad, derechos humanos, derechos de las mujeres y politicas publicas.

La forma y las formalidades de los contratos públicos, asícomo los demás conceptos que contienen, han estado siempre revestidos de unaenorma complejidad e importancia, por lo que en esta ocasión el tema ha sidotratado en una obra independiente. Asi, a partir del estudio del Decreto 1082de 2015, reglamentario del Estatuto General de la Contratacion de laAdministracion Publica (que derogo por completo lo establecido en el Decreto734 de 2012 y compilo lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013), del analisis dela jurisprudencia administrativa, y del examene de los laudos arbitrales, quehan sido dinamicos y hasta, en algunas ocasiones. cambiantes frente a las tesisexpuestas en la pasada edicion, a la luz del derecho se constata que la figurade los contratos estatales posee sustantividad propia, por lo que merece eldesarrollo particular que aqui se les da, incluyendo un capitulo referido a suequilibrio economico, una de las principales vicisitudes que se presenta a lolargo de su ejecucion y que comporta, sin duda, un aspecto vital y algido de lacontratacion estatal.

El libro aspectos relacionados al diseño constitucional, la evolución y el funcionamiento de diversas instituciones del régimen político peruano, buscando analizar las relaciones y conflictos que se establecen entre el Gobierno y el Parlamento.Francisco J. Eguiguren Praeli es Abogado, Magister en Derecho con mencion en Derecho Constitucional y Doctor en Humanidades por la Pontificia Universidad Catolica del Peru, donde se desempeña como profesor principal en la Facultad de Derecho.Ha sido Jefe del Departamento Academico de Derecho de la PUCP (2000-2005), y Director de la Maestria en Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la PUCP (2004-2017). Director Ejecutivo de la Comision Andina de Juristas (1991-1996); Director General de la Academia de la Magistratura (1996-1998); Presidente de la Asociacion Peruana de Derecho Constitucional; Miembro del Consejo Directivo de Transparencia; Ministro de Justicia y Derechos Humanos (julio - diciembre 2011); Embajador del Peru en España (enero 2012 - agosto 2014). Comisionado de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (enero 2016 - diciembre 2019); Presidente de la CIDH (marzo 2017 - marzo 2018). Asesor juridico y consultor en Derecho Constitucional y DDHH.

El presente Manual busca orientar a consumidores sobre los derechos que les asisten en el marco de relaciones de consumo que se dan con entidades del sector financiero, con la finalidad de que tome decisiones bien informadas.PIERINO STUCCHI LOPEZ RAYGADA es Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ESAN. Socio senior del Estudio Muñiz. Abogado considerado como leading individual en su especialidad por The Legal 500 (ranking ingles de abogados). Presidente de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales Sodital.JOSE ANTONIO BEZADA ALENCASTRE es socio del Estudio Muñiz. Abogado considerado como next generation partner en su especialidad por The Legal 500 (ranking ingles de abogados). Director de Consumo de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales Sodital. Anteriormente, fue apoderado legal del Indecopi y Asesor Legal de la Alta Direccion de la SMV. Estudios de Maestria concluidos en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia, España.OSCAR MIGUEL GARCIA TIPISMANA es Master en Finanzas y Derecho (LL.M.) por el Institute of Law and Finance adscrito a la Goethe Universitat, Alemania, con estudios en especializacion en banca y finanzas por el Instituto de Estudios Bursatiles de España. Coordinador legal encargado de la Intendencia General de Supervision de Entidades de la SMV.

En ocasiones se confunden la invalidez y la resolución de los contratos públicos, cuando realmente se trata de instituciones diferentes, con una regulación específica cada una de ellas y cuyos efectos son igualmente desiguales. Este libro tiene por objeto el regimen de invalidez de los contratos publicos, y mas concretamente de los que incoen los poderes adjudicadores, si bien en relacion a los entes del sector publico que no tienen esta consideracion en la Ley de Contratos tambien se aborda sus particularidades, pero de forma accesoria. La invalidez de un contrato, y mas que de un contrato hablariamos de la invalidez de la contratacion, significa la concurrencia de una situacion patologica en un acto de preparacion y/o adjudicacion del contrato, caracterizada por faltar o estar viciado alguno o varios de sus elementos; de concurrir un vicio, para que el acto no produzca efectos debe ser declarado invalido, produciendo esta declaracion su anulacion y abriendo la puerta a la liquidacion del contrato de haberse formalizado y al derecho de los interesados a ser indemnizados por los daños y perjuicios que hayan sufrido, circunstancias todas estas que se abordan en el presente libro.