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Es un libro que analiza la intersección entre las políticas públicas y los derechos colectivos en el contexto colombiano. La obra se centra en entender cómo las decisiones gubernamentales impactan a las comunidades y a los grupos que buscan la defensa de sus derechos colectivos, incluidos los derechos de los pueblos indigenas, afrodescendientes y otros colectivos vulnerables.A traves de un enfoque multidisciplinario, el libro examina las herramientas legales, las estructuras institucionales y los mecanismos de participacion ciudadana que permiten la reivindicacion de estos derechos. Ademas, se aborda la historia reciente de Colombia, marcada por el conflicto armado y la busqueda de justicia social, y como estos factores influyen en la formulacion y ejecucion de politicas publicas.El autor (o los autores) hace un llamado a la necesidad de reconocer y fortalecer los derechos colectivos como parte fundamental de la construccion de un pais mas justo e inclusivo. Este libro es, por lo tanto, un recurso valioso tanto para academicos, estudiantes y profesionales en el area de ciencias sociales y politicas, como para activistas y lideres comunitarios interesados en la promocion de los derechos humanos y el desarrollo sostenible en Colombia.A traves de su contenido, el texto busca fomentar un dialogo critico sobre los desafios y oportunidades en la implementacion de politicas publicas que respeten y protejan los derechos colectivos de todos los colombianos.

Las plataformas digitales están ocupando una posición central y determinante en el creciente flujo de relaciones jurídicas y comerciales que en torno a ellas se articulan. Servicios tradicionalmente considerados publicos se ofrecen tambien a traves de plataformas, que dejan por ello una peculiar impronta en las relaciones con los usuarios. Si antes se identificaron y caracterizaron con rasgos precisos los llamados servicios en red, asistimos ahora a la eclosion de los servicios en plataforma. Los retos que se plantean a efectos regulatorios en ese nuevo entorno tecnologico son, fundamentalmente, dos: uno es mantener, o recomponer en su caso el cuadro de garantias del trafico juridico que resulta exigible por los sujetos diversos que entablan su relacion a traves de las plataformas; el otro, garantizar la adecuada atencion a los intereses generales en juego.Requiere ello afrontar como primera cuestion la de la naturaleza misma de las plataformas: si se trata de proveedores de contenidos o son ellas mismas sujetos de intermediacion, una cuestion, como otras que pueden plantearse, que no tiene una solucion univoca dada la variada tipologia de plataformas, segun reconoce la Union Europea en sus primeras aproximaciones. Tambien habra de plantearse la naturaleza y alcance de una regulacion publica, en atencion a los intereses generales presentes, que habra de encauzar con tino el natural impulso autorregulador del primer momento en el que estamos.

Se trata de una contribución para entender mejor la teoría del constitucionalismo jurídico. Reúne textos sobre teoría jurídica de la constitución, sobre conexiones entre acordar y deliberar, y sobre viejas cuestiones desde esta teoria.Josep Aguilo Regla es Catedratico de Filosofia del Derecho de la Universidad de Alicante, desde donde imparte docencia para toda America Latina en temas de argumentacion juridica, interpretacion constitucional, independencia judicial, entre otros temas de su especialidad.Forma parte del Consejo Editor de la revista Doxa. Cuadernos de Filosofia del Derecho y es Coordinador Cientifico del Portal de Filosofia del Derecho "Doxa".Entre sus publicaciones destacan; Sobre la derogacion. Ensayo de dinamica juridica (1995), Teoria general de las fuentes del Derecho y del orden juridico (2000), La Constitucion del Estado constitucional (2004), Fragmentos para una teoria de la Constitucion (con M. Atienza y J. Ruiz Manero, 2007), Sobre Derecho y Argumentacion (2008). Entre sus ensayos y articulos mas recientes destacan: "Independencia e Imparcialidad de los Jueces y Argumentacion juridica", "Nullity, Derogation and Normative powers", "Buenos y Malos: Sobre el valor epistemico de las actitudes morales y de las prudenciales", "La Derogacion en pocas palabras", "Tecnica Legislativa y documentacion automatica de legislacion", "El metodo juridico como argumentacion juridica", "Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional", "Tener una Constitucion, darse una Constitucion y vivir en Constitucion", "Presunciones, verdad y normas procesales", "Imparcialidad y aplicacion de la ley", "Dos concepciones de la etica judicial".

A través de un estudio histórico, crítico, analítico y actual del ordenamiento jurídico peruano, como del derecho comparado, la obra desarrolla los argumentos que validan a la paridad como propuesta compatible con el marco constitucional peruano.Violeta Bermudez Valdivia es Magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Catolica del Peru y abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ejercido diversos cargos de responsabilidad en entidades publicas, organizaciones de la sociedad civil y cooperacion internacional. Entre ellos, ha sido Viceministra de la Mujer y del Desarrollo Humano, Jefa del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, Directora del Movimiento Manuela Ramos, Coordinadora de Proyectos en la Oficina de Iniciativas Democraticas de USAID, Directora de planificacion y analisis estrategico de la Oficina de Cooperacion Canadiense y Jefa del Programa ProDescentralizacion de USAID. Es docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del Peru y autora de diversos articulos publicados sobre temas de democracia, gobernabilidad, derechos humanos, derechos de las mujeres y politicas publicas.

La forma y las formalidades de los contratos públicos, asícomo los demás conceptos que contienen, han estado siempre revestidos de unaenorma complejidad e importancia, por lo que en esta ocasión el tema ha sidotratado en una obra independiente. Asi, a partir del estudio del Decreto 1082de 2015, reglamentario del Estatuto General de la Contratacion de laAdministracion Publica (que derogo por completo lo establecido en el Decreto734 de 2012 y compilo lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013), del analisis dela jurisprudencia administrativa, y del examene de los laudos arbitrales, quehan sido dinamicos y hasta, en algunas ocasiones. cambiantes frente a las tesisexpuestas en la pasada edicion, a la luz del derecho se constata que la figurade los contratos estatales posee sustantividad propia, por lo que merece eldesarrollo particular que aqui se les da, incluyendo un capitulo referido a suequilibrio economico, una de las principales vicisitudes que se presenta a lolargo de su ejecucion y que comporta, sin duda, un aspecto vital y algido de lacontratacion estatal.

El libro aspectos relacionados al diseño constitucional, la evolución y el funcionamiento de diversas instituciones del régimen político peruano, buscando analizar las relaciones y conflictos que se establecen entre el Gobierno y el Parlamento.Francisco J. Eguiguren Praeli es Abogado, Magister en Derecho con mencion en Derecho Constitucional y Doctor en Humanidades por la Pontificia Universidad Catolica del Peru, donde se desempeña como profesor principal en la Facultad de Derecho.Ha sido Jefe del Departamento Academico de Derecho de la PUCP (2000-2005), y Director de la Maestria en Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la PUCP (2004-2017). Director Ejecutivo de la Comision Andina de Juristas (1991-1996); Director General de la Academia de la Magistratura (1996-1998); Presidente de la Asociacion Peruana de Derecho Constitucional; Miembro del Consejo Directivo de Transparencia; Ministro de Justicia y Derechos Humanos (julio - diciembre 2011); Embajador del Peru en España (enero 2012 - agosto 2014). Comisionado de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (enero 2016 - diciembre 2019); Presidente de la CIDH (marzo 2017 - marzo 2018). Asesor juridico y consultor en Derecho Constitucional y DDHH.

El presente Manual busca orientar a consumidores sobre los derechos que les asisten en el marco de relaciones de consumo que se dan con entidades del sector financiero, con la finalidad de que tome decisiones bien informadas.PIERINO STUCCHI LOPEZ RAYGADA es Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ESAN. Socio senior del Estudio Muñiz. Abogado considerado como leading individual en su especialidad por The Legal 500 (ranking ingles de abogados). Presidente de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales Sodital.JOSE ANTONIO BEZADA ALENCASTRE es socio del Estudio Muñiz. Abogado considerado como next generation partner en su especialidad por The Legal 500 (ranking ingles de abogados). Director de Consumo de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales Sodital. Anteriormente, fue apoderado legal del Indecopi y Asesor Legal de la Alta Direccion de la SMV. Estudios de Maestria concluidos en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia, España.OSCAR MIGUEL GARCIA TIPISMANA es Master en Finanzas y Derecho (LL.M.) por el Institute of Law and Finance adscrito a la Goethe Universitat, Alemania, con estudios en especializacion en banca y finanzas por el Instituto de Estudios Bursatiles de España. Coordinador legal encargado de la Intendencia General de Supervision de Entidades de la SMV.

En ocasiones se confunden la invalidez y la resolución de los contratos públicos, cuando realmente se trata de instituciones diferentes, con una regulación específica cada una de ellas y cuyos efectos son igualmente desiguales. Este libro tiene por objeto el regimen de invalidez de los contratos publicos, y mas concretamente de los que incoen los poderes adjudicadores, si bien en relacion a los entes del sector publico que no tienen esta consideracion en la Ley de Contratos tambien se aborda sus particularidades, pero de forma accesoria. La invalidez de un contrato, y mas que de un contrato hablariamos de la invalidez de la contratacion, significa la concurrencia de una situacion patologica en un acto de preparacion y/o adjudicacion del contrato, caracterizada por faltar o estar viciado alguno o varios de sus elementos; de concurrir un vicio, para que el acto no produzca efectos debe ser declarado invalido, produciendo esta declaracion su anulacion y abriendo la puerta a la liquidacion del contrato de haberse formalizado y al derecho de los interesados a ser indemnizados por los daños y perjuicios que hayan sufrido, circunstancias todas estas que se abordan en el presente libro.

En el Derecho Administrativo Sancionador, desde hace mucho tiempo la doctrina no se ha puesto de acuerdo, hay quienes consideran que es una parte del derecho penal común y que solo los tribunales pueden aplicar sanciones, otros que, es derecho administrativo penal.

El Derecho regulatorio se está reivindicando y configurando en el mismo espacio en el que se forjaron otras disciplinas jurídicas antes de su reconocimiento académico: el de la práctica profesional mas conectada con la realidad (economica y tecnologica en este caso), con la aparicion de nuevos sujetos (como son aqui las agencias y organismos reguladores) en una nueva correlacion entre Estado y sociedad, entre lo publico y lo privado, que se manifiesta en el potenciado protagonismo de los operadores, en la posicion garante que adopta el Estado, en el modo de adopcion de decisiones, en la consecuente reasignacion de responsabilidades y en el grado de la intervencion jurisdiccional.Pero el Derecho regulatorio, y esta es otra de sus señas mas marcadas, no solo se atiene a las referencias juridicas mas convencionales (legales, institucionales, jurisprudenciales), sino que incorpora las que proceden de la economia y de la ciencia. Son dos asi los frentes en los que se esta desarrollando este Derecho: el de la regulacion de servicios de interes general, segun el modelo imperante de regulacion en competencia que mira de continuo a la situacion del mercado, y el de la regulacion de riesgos, indexado al progreso del conocimiento cientifico y su aplicacion tecnologica. Tal vez no pueda ofrecerse de el todavia un detallado perfil dogmatico, pero es un Derecho muy pujante y plenamente operativo en el que bien pueden advertirse sus principios conformadores.

El presente libro analiza el principio de subsidiariedad en el régimen económico de la Constitución Política de 1993, desde una perspectiva filosófica, política, y prestando atención al desarrollo nacional y global que ha habido sobre el mismo.ALBERTO CRUCES BURGA es abogado y magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Ha sido profesor del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y de Derecho Constitucional Economico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro Fundador de la Asociacion Perspectiva Constitucional. Actualmente se desempeña como Asesor Principal en el Congreso de la Republica. Ha sido asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional del Peru y miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial.

El libro abarca de manera sistemática la regulación de los servicios públicos en el Perú. El texto, escrito por abogados y para abogados, aborda desde una perspectiva jurídica temas usualmente tratados desde una perspectiva teorica o tecnica.Ricardo Alfonso Leyva Flores. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Magister en Gestion de la Energia por la Universidad de ESAN y candidato al Master en Regulacion de la London School of Economics. Socio fundador y lider del Departamento Juridico de "Uribe y Leyva Asesores de Energia", con mas de 15 años de experiencia en regulacion energetica. Adicionalmente, es autor de diferentes publicaciones en materia de regulacion energetica en Peru y es asesor legal de diferentes entidades publicas y privadas en materia de energia.

En este trabajo se intenta aportar algunas reflexiones sobre el modelo jurídico establecido en materia religiosa en Colombia, el cual fue construido primordialmente por la jurisprudencia constitucional. Se pretende demostrar que, pese a que la Corte defiende el caracter laico del Estado, la misma jurisprudencia constitucional ha permitido que la Iglesia catolica conserve algunos de los privilegios de que gozaba antes de 1991. Por otra parte, algunos beneficios de la Iglesia catolica han sido extendidos a otras congregaciones en aras de garantizar la igualdad de todas. Sobre este punto se intentara justificar que esta estrategia atenta contra el caracter laico del Estado ya que privilegia injustificadamente el fenomeno religioso. Lo anterior hace que el modelo de laicidad establecido por via jurisprudencial se asemeje mas a un Estado pluriconfesional que a uno laico, dado que algunos de los privilegios de la Iglesia catolica no se han eliminado, sino que se han extendido a las demas congregaciones.

Este libro se dedica a explicar cómo opera y cómo se organiza el Estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. El mejoramiento de la Administración Pública es una tarea fundamental. Encontrar mejores formas de gobierno es esencial para cumplir todas y cada una de las finalidades sustantivas de la accion publica. Pero es muy dificil pretender mejorar la organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional o subnacional, sin antes conocer a cabalidad y en su intimidad como esta organizado el Sector Publico Colombiano. Esta es la tarea que juiciosamente propone el autor y que se cumple con exito, como lo comprobara el lector.El trabajo de Luis Leguizamon es significativo y puede ser muy relevante para tener una comprension completa de la forma de organizacion y funcionamiento que ha adoptado Colombia. El lenguaje del libro es claro y es academico. Retrata de la mejor forma la singularidad del modelo de organizacion estatal colombiano, lo recorre tecnicamente, y luego resume e ilustra con innumerables ayudas graficas y figuras.Esta publicacion llena un vacio para entender cual es el modelo de reparto de poder y los mecanismos de articulacion entre niveles de gobierno adoptados. A esto se agregan valiosas explicaciones que ofrece el autor. Sobre las fuentes documentales mas usadas en este trabajo, habria que decir que son fuentes normativas y de jurisprudencia, de manera principal y, de doctrina, en menor medida.

El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada, con la autoridad suficiente para imponer un orden jurídico dentro de su propio territorio y para hacer respetar su personalidad ante el concierto internacional. El Estado es, pues, un ente social con una ordenacion juridica estable y permanente que absorbe en su organizacion todos los elementos que lo integran.

El término de política pública (en adelante P.P) hoy en día se ha convertido en una gran posibilidad para que las comunidades encuentren una solución a sus necesidades problémicas. Las sociedades más vulnerables encuentran que cuando el Estado procede a elaborar una P.P en determinado aspecto, sus necesidades por lo menos tendran la posibilidad de ser atendidas, y con ello vislumbran una solucion a las mismas.El presente trabajo inicia con la propuesta de un concepto de politica publica, producto de la experiencia laboral y academica del autor, asi como los aportes de sus estudiantes de la materia, el cual se trabaja revisando cada uno de sus componentes, de forma tal que el lector aclare sus dudas respecto al concepto. Asi mismo, se alude a los terminos de legitimidad, legalidad, gobernabilidad, gobernanza y gobernacion, y su interrelacion con la politica publica. De igual manera, se plantea una tipologia de la politica publica, la cual es una propuesta que recoge aspectos de tiempo, gestion, territorialidad y enfoque al momento de implementar la misma.Este trabajo pretende ser una herramienta basica conceptual para todos los publicos, pues se cree que su tematica esta reservada para politologos, abogados, cientificos sociales, funcionarios del Estado y administradores publicos; sin embargo, hoy mas que nunca ha quedado revaluada la teoria que solo el Estado y quienes lo estudiaban eran los unicos que debian interesarse en estos temas, por el contrario, todas los miembros de la sociedad deben tener un conocimiento, asi sea basico, de politica publica, tanto como demandantes de las necesidades sociales o como ejecutores y contribuidores en plantear sus soluciones.Fragmento tomado de la Introduccion

La elección de nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo para definir los casos con base en la falla del servicio, cuando los hechos lo permiten para privilegiar este título de imputación, lo que refleja en la practica son las nuevas exigencias del Estado Social de Derecho que obligan al administrador de justicia a darle una nueva mirada a la responsabilidad patrimonial, al sustraerlo de la forma como actuaba bajo el amparo de la vision individualista del Estado de derecho decimononico y llevarlo a un escenario en el que se le exige ser mas dinamico para buscar la realizacion de un orden justo. De alli que nuestro juez, actual- mente, por demanda de la misma Carta Politica perciba la institucion de la responsabilidad patrimonial con una vision mas acompasada con el marco politico de esta, lo cual le ha permitido derivar de la falla del ser- vicio otras funciones complementarias, sin desdibujar su naturaleza de compensar o reparar al dañado, para contribuir de esta manera, y ese es el ideal, a generar una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

La obra que hoy nace a la vida tiene tres partes fundamentales: la primera se dedica a precisar los conceptos fundamentales de la reparación integral en Colombia; la segunda se dedica a analizar los limites y las excepciones a la reparacion integral; la tercera estudia los aspectos relevantes de la prueba para obtener la reparacion integral. El doctor Garcia Rodriguez, pone orden en una materia de por si compleja como es la reparacion, en cualquier ambito del derecho que se le mire: administrativo, civil o penal; o en cualquier otra actividad que haya ocasionado un daño; ya que el presupuesto de la reparacion es necesariamente la causacion de un daño.El libro, del doctor Franklin Garcia Rodriguez, es la llave maestra, que nos permite ingresar con principios claros y paso seguro al area de la responsabilidad y de la reparacion integral; el autor, nos suministra los argumentos fundamentales para hacer valer los derechos de quienes han sufrido daños, especialmente de quienes han sufrido daños a causa de la violencia generalizada que ha padecido Colombia como son las victimas de la sociedad civil. Desde ahora, auguramos a esta obra el destino de convertirse en un libro de referencia obligada para todos los que quieran conocer a fondo el tema de la reparacion integral en Colombia.Jaime Araujo Renteria Expresidente Corte Constitucional

La presente Galatea textual busca evaluar el resplandor que dimanan los principios constitucionales, como deber de obediencia a la que se deben someter todas las instituciones públicas para determinar hipo- teticas fallas del sistema normativo que puedan conducir a una aparente indisciplina por parte de los funcionarios administrativos al momento de reconocer, aplicar y otorgar las garantias basilares que le corresponden al conglomerado social cuando navega por una causa o procedimiento sancionatorio de rango administrativo.Se pretende entonces, generar una reflexion sucinta que devele la probable y constante falencia, por parte de la rama ejecutiva, en el reconocimiento de la tridivision de las ramas que constituyen el poder publico, en tanto que esta, al parecer en determinadas ocasiones ha pretendido actuar como el todopoderoso estatal rebasando las funciones legales que le corresponden a sus pares constitucionales.Por esta virtud, es necesario definir las potestades otorgadas a la administracion general del Estado, con la finalidad de comprender si estas se erigen como patente de corso para desairar los principios inherentes a sus causas o actuan como fuente para extralimitar los alcances de la funcion publica, habida cuenta que los denominados principios elementales del debido proceso han sido definidos como la barrera de contencion ante los probables excesos pasionales en que pueda incurrir la administracion.

El contrato de obra es una de las figuras típicas contractuales más utilizadas en el derecho contemporáneo y en todos los tiempos -desde el derecho romano y el derecho común-, en cuya fase de ejecucion pueden presentarse multiples riesgos que pueden afectar el equilibrio eco- nomico del contrato dado su caracter bilateral, sinalagmatico, y la reciprocidad de sus prestaciones. Uno de aquellos riesgos que suele materializarse en la praxis consiste en la mayor permanencia en obra por causas no imputables al contratista de obra, el cual ha sido objeto de analisis y desarrollo principalmente desde el ambito jurisprudencial y arbitral, pero en muy poca medida en el doctrinal.En ese sentido, la principal justificacion de esta obra consiste en que, si bien es cierto la jurisprudencia del Consejo de Estado y los tribunales de arbitramento han señalado algunos criterios sobre los presupuestos para que proceda el reconocimiento de la mayor permanencia en obra, lo cierto es que otros requisitos se escapan o se encuentran dispersos en sus lineamientos, en virtud de que se trata de un tema muy especifico en la fase de ejecucion del contrato de obra que dependera de la causa de su origen, segun cada caso en concreto y particular.