eBooks de Derecho administrativo, página 5 de 23

El análisis, evaluación e implementación de la calidad de las normas jurídicas constituye ya una exigencia ineludible en las democracias avanzadas. A la mejora de esa calidad contribuye, sin duda, la participacion en su elaboracion de organos independientes y tecnicamente prestigiosos como el Consejo de Estado, cuya auctoritas los organos consultivos de las Comunidades Autonomas, en plena fase de consolidacion institucional, pretenden alcanzar.La participacion de estos organos en el procedimiento normativo sigue estando delimitada por los viejos conceptos de reglamento ejecutivo e independiente, que en este libro se diseccionan de forma minuciosa. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado nos muestran como, aunque de forma incompleta y sin gran consistencia teorica, puede observarse una ampliacion de los tipos de reglamentos que se consideran ejecutivos y se reducen, en consecuencia, los que aun no se benefician de su intervencion.En este libro se propone culminar definitivamente este proceso, prescindir de dichos conceptos y que la intervencion del Consejo de Estado se extienda a todos los proyectos normativos, tanto de rango legislativo como reglamentario.El analisis juridico ha sido el metodo tradicional de analisis del Consejo de Estado, pero en este libro se analiza su creciente atencion a la calidad normativa en sus aspectos formales, procedimentales y sustantivos (eficacia y eficiencia) y concluye con algunas propuestas para fomentar el debate sobre como estos organos pueden contribuir adicionalmente, sin merma de su independencia, prestigio tecnico y sin ser objeto de la politizacion que han sufrido otros organos constitucionales, a profundizar en la mejora del buen gobierno y buena administracion en la convulsa España del siglo xxi.

El objeto de esta monografía no consiste en abordar el estudio de la jurisprudencia en cuanto fuente formal del Derecho -cuestión sobre la que existen abundantes y exhaustivos trabajos-, sino que en ella se asume su condicion de fuente complementaria del ordenamiento juridico, en el sentido del art. 1.6 del Codigo Civil. Desde dicho enfoque, este estudio se circunscribe al ambito contencioso-administrativo, dada la escasez de trabajos especificos sobre el valor de la jurisprudencia, tema que se ha abordado, casi siempre, desde la perspectiva civilista, procesalista o de la teoria general del Derecho y, sobre todo, debido a las peculiaridades de esta rama del ordenamiento juridico, que pueden justificar, eventualmente, una respuesta distinta en este ambito.Asi las cosas, en este trabajo se comienza por delimitar el concepto de jurisprudencia para a continuacion analizar, de un lado, su eficacia -caracter vinculante, absoluto o relativo, o valor meramente persuasivo, tanto respecto de los organos judiciales inferiores como de aquellos que la emanan- y, de otro lado, su funcion en el ordenamiento juridico administrativo -proteccion de la norma y, en su caso, creacion de Derecho-, examinando no solo aquellas que le corresponde desempeñar a la luz del ordenamiento vigente, sino tambien las que deberia cumplir desde la optica de los principios de igualdad y seguridad juridica enunciados en la Constitucion.

Se considera una obra integral que contiene las sentencias más relevantes del Consejo de Estado, Sección Tercera, Corte Suprema de Justicia Salas Civil, Penal y Laboral y la Corte Constitucional, relacionadas con la responsabilidad y el tema de daños, durante los ultimos años (2016-2019), ya que, por circunstancias ajenas, incluso el fenomeno de la pandemia COVID-19, impidieron la publicacion del numero cuatro del Anuario. Ademas, contiene articulos de doctrina relacionados con la responsabilidad civil y del Estado, algunos de autoria de docentes de la especializacion.

El Sistema Parlamentario con Primer Ministro, resulta muy adecuado y necesario.El debate está abierto.La forma de accionar de los dirigentes políticos, nacionales y provinciales en ambas crisis históricas en Argentina, durante 2020/21 y aquella de 2000/03 lo demuestra. La sociedad requiere discursos complementarios y politicas de Estado. Estamos en proceso de "caos dinamico", asi lo denomino, donde casi todo esta aprobado y cuestionado. Llego el tiempo de priorizar acuerdos con sustento parlamentario multisectorial.Considero que el comienzo de la salida de la pandemia es el momento exacto, cuando tanto hay que hacer. Propongo una agenda sobre cambios.Necesitamos a su vez, avanzar a una Federacion, para aspirar al desarrollo sustentable.Estamos en epoca de fundar la Segunda Republica.La reforma politica es factible, las ventajas son expuestas en este trabajo, se requiere lo primordial la accion de los actores/as y el clamor ciudadano.

La necesidad de que las normas se cumplan ha sido desde el principio un aspecto consustancial al mundo del Derecho. Ahora ese cumplimiento normativo ha desarrollado una perspectiva propia, en tanto en cuanto los poderes publicos pretenden aplicar nuevas politicas que tienen como objetivo cambiar comportamientos diarios de los seres humanos.Por otra parte, el desarrollo de la politica en las democracias avanzadas requiere cada vez mas transparencia en la definicion de sus objetivos, asi como en su evaluacion, entendida en el sentido de que objetivos se han cumplido y como se ha logrado ese cumplimiento. Asimismo, la escasez de recursos publicos despues de las diferentes crisis economicas, y la necesidad de optar a que demanda social se aplican los recursos existentes, fomentan la evaluacion de las politicas publicas de cara al ciudadano. Finalmente, el reconocimiento, incluso a nivel constitucional, del derecho a la buena regulacion completa el contexto actual.El analisis conductual busca los fundamentos del comportamiento humano, que a veces nos puede parecer irracional. Y es evidente que, salvo en los casos en los que se considere que los ciudadanos no cumplen de forma voluntaria las normas, la existencia de incumplimientos debe llevar a analizar su porque, ofreciendo el analisis conductual las herramientas para llevarlo a cabo.Por ultimo, no se puede dejar a cada gobierno en solitario la evaluacion de sus politicas, sino que debe existir una estructura institucional que ejerza de forma sistematica la evaluacion, aportando al debate politico y a los ciudadanos hechos comprobados. Las instituciones de control externo tienen el mandato para ejercer esta funcion.

Esta guía está dirigida a profesores, investigadores, estudiantes, editores, correctores de textos y, en general, a todas aquellas personas ligadas al mundo académico. Sus destinatarios principales son, sin embargo, aquellos que estan escribiendo o planean escribir un articulo cientifico, una ponencia, etc., en el que deben emplear la norma de presentacion de manuscritos de la American Psychological Association (APA), cuya ultima edicion ha sido publicada a fines del 2020.Si bien nada puede reemplazar la consulta directa del manual original de la APA, tener a la mano un resumen de sus aspectos mas importantes sera de mucha utilidad no solo en terminos de tiempo invertido, sino tambien de facilidad de lectura, sobre todo para quienes no leen en ingles, el idioma en que actualmente se transmite el conocimiento cientifico.El contenido de este manual se reparte en cuatro capitulos. En el primero se describen el texto academico y sus principales caracteristicas; en el segundo se exponen las normas generales de estructura y forma del estilo de la APA; el tercero esta dedicado a las normas de citacion y referencias, quiza las mas consultadas, empleadas y difundidas del manual de la APA. Por ultimo, en el cuarto capitulo y para salvaguardar los fueros de nuestra lengua se incluyen algunos aspectos del castellano que suelen causar dudas a quienes no redactan con frecuencia o no estan familiarizados con ciertos detalles del idioma.

El derecho de habeas data ha sido previsto en el artículo 15 de la Constitución Política como una garantía mínima de la que goza toda persona para conocer, actualizar, y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades publicas y privadas, es asi como adquiere gran relevancia, por erigirse como derecho fundamental autonomo, lo cual es suficiente para que el Estado este en el deber de garantizarlo en todas las esferas de su expresion y procurar su defensa cuando pueda ser objeto de violacion suya o de particulares.Las entidades financieras y centrales de riesgo son aquellas que, en ocasiones, violan o amenazan el derecho de habeas data, en tanto que generan y mantienen reportes de usuarios basados en calificaciones que no corresponden a la realidad objetiva de los negocios que entre aquellos subsiste.En este sentido, debido a la naturaleza de derecho funda- mental y a la procedencia de la accion de tutela en los casos de vulneracion y amenaza, hace que sea necesario analizar la realidad juridica que comporta la defensa por via judicial que se hace del derecho de habeas data mediante esta accion constitucional.Este libro se constituye en una herramienta de vital importancia para estudiantes de derecho, abogados litigantes y funcionarios judiciales.

Es un libro que analiza la intersección entre las políticas públicas y los derechos colectivos en el contexto colombiano. La obra se centra en entender cómo las decisiones gubernamentales impactan a las comunidades y a los grupos que buscan la defensa de sus derechos colectivos, incluidos los derechos de los pueblos indigenas, afrodescendientes y otros colectivos vulnerables.A traves de un enfoque multidisciplinario, el libro examina las herramientas legales, las estructuras institucionales y los mecanismos de participacion ciudadana que permiten la reivindicacion de estos derechos. Ademas, se aborda la historia reciente de Colombia, marcada por el conflicto armado y la busqueda de justicia social, y como estos factores influyen en la formulacion y ejecucion de politicas publicas.El autor (o los autores) hace un llamado a la necesidad de reconocer y fortalecer los derechos colectivos como parte fundamental de la construccion de un pais mas justo e inclusivo. Este libro es, por lo tanto, un recurso valioso tanto para academicos, estudiantes y profesionales en el area de ciencias sociales y politicas, como para activistas y lideres comunitarios interesados en la promocion de los derechos humanos y el desarrollo sostenible en Colombia.A traves de su contenido, el texto busca fomentar un dialogo critico sobre los desafios y oportunidades en la implementacion de politicas publicas que respeten y protejan los derechos colectivos de todos los colombianos.

Las plataformas digitales están ocupando una posición central y determinante en el creciente flujo de relaciones jurídicas y comerciales que en torno a ellas se articulan. Servicios tradicionalmente considerados publicos se ofrecen tambien a traves de plataformas, que dejan por ello una peculiar impronta en las relaciones con los usuarios. Si antes se identificaron y caracterizaron con rasgos precisos los llamados servicios en red, asistimos ahora a la eclosion de los servicios en plataforma. Los retos que se plantean a efectos regulatorios en ese nuevo entorno tecnologico son, fundamentalmente, dos: uno es mantener, o recomponer en su caso el cuadro de garantias del trafico juridico que resulta exigible por los sujetos diversos que entablan su relacion a traves de las plataformas; el otro, garantizar la adecuada atencion a los intereses generales en juego.Requiere ello afrontar como primera cuestion la de la naturaleza misma de las plataformas: si se trata de proveedores de contenidos o son ellas mismas sujetos de intermediacion, una cuestion, como otras que pueden plantearse, que no tiene una solucion univoca dada la variada tipologia de plataformas, segun reconoce la Union Europea en sus primeras aproximaciones. Tambien habra de plantearse la naturaleza y alcance de una regulacion publica, en atencion a los intereses generales presentes, que habra de encauzar con tino el natural impulso autorregulador del primer momento en el que estamos.

Se trata de una contribución para entender mejor la teoría del constitucionalismo jurídico. Reúne textos sobre teoría jurídica de la constitución, sobre conexiones entre acordar y deliberar, y sobre viejas cuestiones desde esta teoria.Josep Aguilo Regla es Catedratico de Filosofia del Derecho de la Universidad de Alicante, desde donde imparte docencia para toda America Latina en temas de argumentacion juridica, interpretacion constitucional, independencia judicial, entre otros temas de su especialidad.Forma parte del Consejo Editor de la revista Doxa. Cuadernos de Filosofia del Derecho y es Coordinador Cientifico del Portal de Filosofia del Derecho "Doxa".Entre sus publicaciones destacan; Sobre la derogacion. Ensayo de dinamica juridica (1995), Teoria general de las fuentes del Derecho y del orden juridico (2000), La Constitucion del Estado constitucional (2004), Fragmentos para una teoria de la Constitucion (con M. Atienza y J. Ruiz Manero, 2007), Sobre Derecho y Argumentacion (2008). Entre sus ensayos y articulos mas recientes destacan: "Independencia e Imparcialidad de los Jueces y Argumentacion juridica", "Nullity, Derogation and Normative powers", "Buenos y Malos: Sobre el valor epistemico de las actitudes morales y de las prudenciales", "La Derogacion en pocas palabras", "Tecnica Legislativa y documentacion automatica de legislacion", "El metodo juridico como argumentacion juridica", "Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional", "Tener una Constitucion, darse una Constitucion y vivir en Constitucion", "Presunciones, verdad y normas procesales", "Imparcialidad y aplicacion de la ley", "Dos concepciones de la etica judicial".

A través de un estudio histórico, crítico, analítico y actual del ordenamiento jurídico peruano, como del derecho comparado, la obra desarrolla los argumentos que validan a la paridad como propuesta compatible con el marco constitucional peruano.Violeta Bermudez Valdivia es Magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Catolica del Peru y abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ejercido diversos cargos de responsabilidad en entidades publicas, organizaciones de la sociedad civil y cooperacion internacional. Entre ellos, ha sido Viceministra de la Mujer y del Desarrollo Humano, Jefa del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, Directora del Movimiento Manuela Ramos, Coordinadora de Proyectos en la Oficina de Iniciativas Democraticas de USAID, Directora de planificacion y analisis estrategico de la Oficina de Cooperacion Canadiense y Jefa del Programa ProDescentralizacion de USAID. Es docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del Peru y autora de diversos articulos publicados sobre temas de democracia, gobernabilidad, derechos humanos, derechos de las mujeres y politicas publicas.

La forma y las formalidades de los contratos públicos, asícomo los demás conceptos que contienen, han estado siempre revestidos de unaenorma complejidad e importancia, por lo que en esta ocasión el tema ha sidotratado en una obra independiente. Asi, a partir del estudio del Decreto 1082de 2015, reglamentario del Estatuto General de la Contratacion de laAdministracion Publica (que derogo por completo lo establecido en el Decreto734 de 2012 y compilo lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013), del analisis dela jurisprudencia administrativa, y del examene de los laudos arbitrales, quehan sido dinamicos y hasta, en algunas ocasiones. cambiantes frente a las tesisexpuestas en la pasada edicion, a la luz del derecho se constata que la figurade los contratos estatales posee sustantividad propia, por lo que merece eldesarrollo particular que aqui se les da, incluyendo un capitulo referido a suequilibrio economico, una de las principales vicisitudes que se presenta a lolargo de su ejecucion y que comporta, sin duda, un aspecto vital y algido de lacontratacion estatal.

El libro aspectos relacionados al diseño constitucional, la evolución y el funcionamiento de diversas instituciones del régimen político peruano, buscando analizar las relaciones y conflictos que se establecen entre el Gobierno y el Parlamento.Francisco J. Eguiguren Praeli es Abogado, Magister en Derecho con mencion en Derecho Constitucional y Doctor en Humanidades por la Pontificia Universidad Catolica del Peru, donde se desempeña como profesor principal en la Facultad de Derecho.Ha sido Jefe del Departamento Academico de Derecho de la PUCP (2000-2005), y Director de la Maestria en Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la PUCP (2004-2017). Director Ejecutivo de la Comision Andina de Juristas (1991-1996); Director General de la Academia de la Magistratura (1996-1998); Presidente de la Asociacion Peruana de Derecho Constitucional; Miembro del Consejo Directivo de Transparencia; Ministro de Justicia y Derechos Humanos (julio - diciembre 2011); Embajador del Peru en España (enero 2012 - agosto 2014). Comisionado de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (enero 2016 - diciembre 2019); Presidente de la CIDH (marzo 2017 - marzo 2018). Asesor juridico y consultor en Derecho Constitucional y DDHH.

El presente Manual busca orientar a consumidores sobre los derechos que les asisten en el marco de relaciones de consumo que se dan con entidades del sector financiero, con la finalidad de que tome decisiones bien informadas.PIERINO STUCCHI LOPEZ RAYGADA es Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ESAN. Socio senior del Estudio Muñiz. Abogado considerado como leading individual en su especialidad por The Legal 500 (ranking ingles de abogados). Presidente de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales Sodital.JOSE ANTONIO BEZADA ALENCASTRE es socio del Estudio Muñiz. Abogado considerado como next generation partner en su especialidad por The Legal 500 (ranking ingles de abogados). Director de Consumo de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales Sodital. Anteriormente, fue apoderado legal del Indecopi y Asesor Legal de la Alta Direccion de la SMV. Estudios de Maestria concluidos en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia, España.OSCAR MIGUEL GARCIA TIPISMANA es Master en Finanzas y Derecho (LL.M.) por el Institute of Law and Finance adscrito a la Goethe Universitat, Alemania, con estudios en especializacion en banca y finanzas por el Instituto de Estudios Bursatiles de España. Coordinador legal encargado de la Intendencia General de Supervision de Entidades de la SMV.

En ocasiones se confunden la invalidez y la resolución de los contratos públicos, cuando realmente se trata de instituciones diferentes, con una regulación específica cada una de ellas y cuyos efectos son igualmente desiguales. Este libro tiene por objeto el regimen de invalidez de los contratos publicos, y mas concretamente de los que incoen los poderes adjudicadores, si bien en relacion a los entes del sector publico que no tienen esta consideracion en la Ley de Contratos tambien se aborda sus particularidades, pero de forma accesoria. La invalidez de un contrato, y mas que de un contrato hablariamos de la invalidez de la contratacion, significa la concurrencia de una situacion patologica en un acto de preparacion y/o adjudicacion del contrato, caracterizada por faltar o estar viciado alguno o varios de sus elementos; de concurrir un vicio, para que el acto no produzca efectos debe ser declarado invalido, produciendo esta declaracion su anulacion y abriendo la puerta a la liquidacion del contrato de haberse formalizado y al derecho de los interesados a ser indemnizados por los daños y perjuicios que hayan sufrido, circunstancias todas estas que se abordan en el presente libro.

En el Derecho Administrativo Sancionador, desde hace mucho tiempo la doctrina no se ha puesto de acuerdo, hay quienes consideran que es una parte del derecho penal común y que solo los tribunales pueden aplicar sanciones, otros que, es derecho administrativo penal.

El Derecho regulatorio se está reivindicando y configurando en el mismo espacio en el que se forjaron otras disciplinas jurídicas antes de su reconocimiento académico: el de la práctica profesional mas conectada con la realidad (economica y tecnologica en este caso), con la aparicion de nuevos sujetos (como son aqui las agencias y organismos reguladores) en una nueva correlacion entre Estado y sociedad, entre lo publico y lo privado, que se manifiesta en el potenciado protagonismo de los operadores, en la posicion garante que adopta el Estado, en el modo de adopcion de decisiones, en la consecuente reasignacion de responsabilidades y en el grado de la intervencion jurisdiccional.Pero el Derecho regulatorio, y esta es otra de sus señas mas marcadas, no solo se atiene a las referencias juridicas mas convencionales (legales, institucionales, jurisprudenciales), sino que incorpora las que proceden de la economia y de la ciencia. Son dos asi los frentes en los que se esta desarrollando este Derecho: el de la regulacion de servicios de interes general, segun el modelo imperante de regulacion en competencia que mira de continuo a la situacion del mercado, y el de la regulacion de riesgos, indexado al progreso del conocimiento cientifico y su aplicacion tecnologica. Tal vez no pueda ofrecerse de el todavia un detallado perfil dogmatico, pero es un Derecho muy pujante y plenamente operativo en el que bien pueden advertirse sus principios conformadores.

El presente libro analiza el principio de subsidiariedad en el régimen económico de la Constitución Política de 1993, desde una perspectiva filosófica, política, y prestando atención al desarrollo nacional y global que ha habido sobre el mismo.ALBERTO CRUCES BURGA es abogado y magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Ha sido profesor del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y de Derecho Constitucional Economico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro Fundador de la Asociacion Perspectiva Constitucional. Actualmente se desempeña como Asesor Principal en el Congreso de la Republica. Ha sido asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional del Peru y miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial.

El libro abarca de manera sistemática la regulación de los servicios públicos en el Perú. El texto, escrito por abogados y para abogados, aborda desde una perspectiva jurídica temas usualmente tratados desde una perspectiva teorica o tecnica.Ricardo Alfonso Leyva Flores. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Magister en Gestion de la Energia por la Universidad de ESAN y candidato al Master en Regulacion de la London School of Economics. Socio fundador y lider del Departamento Juridico de "Uribe y Leyva Asesores de Energia", con mas de 15 años de experiencia en regulacion energetica. Adicionalmente, es autor de diferentes publicaciones en materia de regulacion energetica en Peru y es asesor legal de diferentes entidades publicas y privadas en materia de energia.

En este trabajo se intenta aportar algunas reflexiones sobre el modelo jurídico establecido en materia religiosa en Colombia, el cual fue construido primordialmente por la jurisprudencia constitucional. Se pretende demostrar que, pese a que la Corte defiende el caracter laico del Estado, la misma jurisprudencia constitucional ha permitido que la Iglesia catolica conserve algunos de los privilegios de que gozaba antes de 1991. Por otra parte, algunos beneficios de la Iglesia catolica han sido extendidos a otras congregaciones en aras de garantizar la igualdad de todas. Sobre este punto se intentara justificar que esta estrategia atenta contra el caracter laico del Estado ya que privilegia injustificadamente el fenomeno religioso. Lo anterior hace que el modelo de laicidad establecido por via jurisprudencial se asemeje mas a un Estado pluriconfesional que a uno laico, dado que algunos de los privilegios de la Iglesia catolica no se han eliminado, sino que se han extendido a las demas congregaciones.