El "Estudio Jurídico del ICO (...)" representa una respuesta nueva y revolucionaria en este ámbito, dentro de un sector tan importante como es el de la construcción, en su pretensión más buscada: la defensa de los derechos de las EMPRESAS CONSTRUCTORAS, victimas injustas del gravamen tributario, y que cuestiona: la aplicacion llevada a cabo por los Ayuntamientos desde el punto de vista del principio de legalidad, los privilegios que se atribuyen las Administraciones Autonomicas y otros Entes publicos como eventuales acreedores contractuales del impuesto (Contratos Administrativos de Obras), la situacion de las entidades Subcontratistas como realizadoras de las construcciones y las entidades Promotoras como contribuyentes que no pierden su condicion aunque realicen el pago a las constructoras, etc. Todo ello conectado, a priori, con el contenido urbanistico de la regulacion legal del impuesto, que obliga a conocer los expedientes de solicitud de licencia de obras gestionados por las Gerencias de Urbanismo y a posterior con las deudas de las Administraciones Publicas en concepto de impago de Certificaciones de Obras.