AGUSTIN JESUS PEREZ CRUZ MARTIN

Los nuevos retos del arbitraje ante una sociedad globalizada pretende dar respuesta, desde la perspectiva arbitral, como método heterocompositivo de conflictos jurídicos (ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO), a los múltiples problemas jurídicos que una sociedad globalizada está planteando y que no están obteniendo una repuesta adecuada por la jurisdicción ordinaria que se muestra, lamentablemente, de nuevo, manifiestamente inoperativa. En la obra no sólo se aborda el tratamiento del arbitraje interno en España -tanto el contemplado en la Ley de arbitraje, como en diversos arbitrajes señoriales (laboral, administrativo, de transporte, arrendamientos urbanos, testamentario, concurso de acreedores)-, sino que se ofrecen perspectivas, histórica y constitucional, imprescindibles para abordar adecuadamente una regulación adecuada del arbitraje, así como la regulación del arbitraje. Así mismo, se ha estimado oportuno regular distintas regulaciones del arbitraje en ordenamientos jurídicos iberoamericanos (Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina), europeos (Italia), Derecho de la U.E. y EE.UU. y el arbitraje internacional que permiten al lector aproximarse a distintas regulaciones de una misma institución, posibilitándole contrastar soluciones diferentes, lo que resulta siempre excepcionalmente enriquecedor. En la obra intervienen profesionales de la Judicatura, Universidad y Arbitraje que permiten visualizar distintas perspectivas de tratamiento del arbitraje. Debe destacarse, singularmente, que, con la salvedad de los Capítulos dedicados al arbitraje en Argentina y EE.UU. -realizados por profesores españoles-, el resto de los Capítulos destinados a la exposición de los arbitrajes en Iberoamérica y Europa han sido realizados por destacados juristas y árbitros nacionales de los países respectivos. Finalmente, debe destacarse que el trabajo se enmarca en los resultados arrojados en el marco del Proyecto de Investigación "El Poder Judicial ante una sociedad globalizada", subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. DER 2009/11199).

La presente obra se estructura en cuatro capítulos.En el primero de ellos se estudia, desde un punto de vista estrictamente dogmático, la jurisdicción y la independencia judicial como pieza imprescindible en la efectividad y eficacia del Estado social y democratico de derecho. Junto a la independencia se abordan otras notas esenciales de la jurisdiccion, tales como la unidad, imparcialidad, inamovilidad, exclusividad y responsabilidad judicial (penal y administrativa).En el segundo capitulo se aborda de modo exhaustivo el estudio de los distintos Consejos de Justicia y Magistratura en Europa (Italia, Francia, España, Portugal, Belgica, Reino Unido, Rumania), Iberoamerica (contiene la exposicion de los distintos modelos de gobierno del Poder Judicial en un total de 17 republicas iberoamericanas), asi como el modelo singular en los EE.UU.Seguidamente, se efectua la exposicion critica del diseño constitucional del Consejo General del Poder Judicial y su desarrollo en la legislacion organica, plasmado en los distintos textos, desde la L.O. 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial hasta la vigente Ley Organica del Poder Judicial y sus reformas, singularmente, el tratamiento que ha recibido la independencia judicial en dichos textos legales.

Desde que en el año 2010 se introdujo en el ordenamiento jurídico español la responsabilidad penal de las personas jurídicas han surgido numerosas incógnitas y controversias en relación con la atribucion de responsabilidad penal a los entes colectivos, asi como en lo que se refiere a su enjuiciamiento. En esta obra se analizan las cuestiones problematicas mas relevantes que plantea la responsabilidad penal de las personas juridicas y su enjuiciamiento. Asi pues, partiendo de la normativa tanto nacional como supranacional y de la jurisprudencia mas relevante en la materia, en este trabajo se analizan los distintos sistemas de imputacion de responsabilidad penal para los entes colectivos, el acto de imputacion de la entidad y las garantias procesales que corresponden a la persona juridica en tanto que investigada o encausada, la determinacion del procedimiento aplicable al enjuiciamiento de estos entes, las medidas cautelares contra societatem, la posibilidad del ente de conformarse para evitar el juicio oral, el objeto de la prueba en el proceso penal de las personas juridicas, la forma en que se diseñan e implementan los programas de prevencion delictiva o compliance programs, el sistema de penas imponibles a las personas juridicas y el sistema de ejecucion de estas. Por ultimo, se cierra el estudio con algunas...

La obra, que ha sido elaborada autores procedentes de diferentes profesiones jurídicas -Profe-sores universitarios, Magistrado y Fiscal-, tiene una clara vocación docente, dirigida básicamente a la formacion de los estudiantes de Licenciatura y Grado en Derecho, pero tambien a los opositores en el concurso de provision de plazas de alumnos de la Escuela Judicial y Centro de Estudios Juridicos para su posterior ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal.Derecho Procesal Penal pretende superar los planteamientos exclusivamente doctrinarios, sin perjuicio de las necesarias referencias a aquellas que resultan imprescindibles por su relevancia, reparando especialmente en las aportaciones jurisprudenciales -basicamente T.C. y T.S.-., por estimarse que, dado que el texto procesal penal vigente ha quedado superado y desfasado manifiestamente a raiz de la entrada en vigor de la C.E., ha sido la doctrina constitucional y legal las que resultan especialmente relevantes en el necesario respeto y vigencia de los derechos y garantias procesales en el proceso penal del s. XXI, obviamente ello no se hace en detrimento de las imprescindibles referencias legales habida cuenta del sistema juridico en que se encuentra ubicado el proceso penal.Se han mantenido los contenidos y extension que se estiman necesarios para una adecuada formacion universitaria en la asignatura de Derecho Procesal Penal frente a la tendencia a la disminucion de los contenidos en los Manuales de Derecho Procesal, derivado, probablemente, de las pautas que se derivan de la aplicacion del denominado proceso de Bolonia en aras a la consecucion de la armonizacion en el diseño del sistema de educacion superior europeo, derivado de la Declaracion conjunta de Ministros Europeos de Enseñanza, firmada en Bolonia el 19 de junio de 1999.Como ha quedado indicado inicialmente, la estructura de Derecho Procesal Penal se acomoda al Programa aprobado por el Acuerdo de 29 de enero de 2014, de la Comision de Seleccion, en lo relativo a los temas de dicha materia, por lo que resulta idoneo para la preparacion de los opositores para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal.

abreviaturas.capítulo primero. la jurisdicción.tema 1. la jurisdicción.tema 2. poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo.tema 3. la predeterminación del juez.tema 4. órganos judiciales estatales (i).tema 5. organos judiciales estatales (ii).tema 6. juzgados y tribunales no integrados en el poder judicial. tribunales especiales y tribunales supraestatales.tema 7. el gobierno del poder judicial.capitulo segundo. el personal jurisdiccional, secretario judicial, personal al servicio de la administracion de justicia y otro personal.tema 8. el personal jurisdiccional.tema 9. el secretario judicial, personal al servicio de la administracion de justicia y otro personal.tema 10. la defensa y representacion en el proceso.capitulo tercero. el derecho a la jurisdiccion .tema 11. la accion.tema 12. el derecho de asistencia juridica gratuita.capitulo cuarto. el proceso.tema 13. el proceso.tema 14. los principios procesales.tema 15. los actos procesales.capitulo quinto. el derecho procesal y sus fuentes.tema 16. la ciencia juridica y el derecho procesal.tema 17. fuentes del derecho procesal.

La necesidad de una justicia penal más ágil y que haga del principio de celeridad uno de sus criterios informadores forma parte de una aspiración histórica 1-2 y así fue proclamada en el Pacto de Estado sobre la Justicia. En esta línea, la Exposición de Motivos de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, señala en su apartado I que: "La presente Ley es fruto destacado del espíritu de consenso que anima el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia. Entre los muchos objetivos de dicho Pacto está el de que una futura Ley de Enjuiciamiento Criminal consiga 'la agilización de los procedimientos, la mejora de los procedimientos abreviados, el enjuiciamiento de los delitos graves y flagrantes y la simplificación de trámites en los grandes causas'".