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La publicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público supone un nuevo hito en el intento de modernizacion de la gestion publica y cumple diversos objetivos que van desde el control riguroso de las facturas publicas al establecimiento de un principio central conforme al cual la no registracion de las facturas impide a las mismas producir sus efectos obligacionales. La Ley se situa en el entorno de utilizacion de los medios electronicos para consolidar un sistema de transparencia e informacion sobre la gestion publica con la finalidad de asegurar que las obligaciones asumidas son, estrictamente, las previstas en el marco juridico conforme al cual se asumen, sustantiva y presupuestariamente, las obligaciones en el ambito publico.

El régimen jurídico y de funcionamiento de las Entidades Locales en sus diversas manifestaciones y contenidos constituye uno de los grandes retos de la sociedad española del siglo XXI.Esta relevancia es consecuencia de diversas circunstancias entre las que se señala, especificamente, que se trata de la Administracion mas numerosa y, a la vez, mas la mas heterogenea con cobertura de pequeños fenomenos de actuacion administrativa al lado de municipios con una relevancia mas notable que otras Administraciones de caracter superior.Esta importancia numerica y su propia conformacion heterogenea ha ido unida a un exponencial crecimiento de sus competencias y, sobre todo, de sus servicios ha producido un efecto complejo en la sociedad y en el equilibrio de las Administraciones Publicas.Este esquema previo, unido a la situacion de crisis economica, ha justificado la publicacion de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la Administracion Local que tiene por objeto "clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio" una Administracion una competencia", racionalizar la estructura organizativa de la Administracion local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario mas riguroso y favorecer la iniciativa economica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas".La publicacion de esta norma introduce un profundo cambio en el funcionamiento y en el status quo de las entidades locales que justifica el esfuerzo de compilacion y sistematizacion que se contiene en el Practicum que aqui se presenta. En el mismo se ha procurado unificar las novedades de la Ley 27/2013 con las referencias tematicas generales del regimen juridico de las Entidades Locales de forma que se contiene, finalmente, el conjunto de las referencias y modalidades organizativas y de funcionamiento, el regimen juridico de los bienes con los que cuenta la Administracion local y su propia estructura de funcionamiento proyectada sobre los aspectos sectoriales mas relevantes de la organizacion local.Se trata, por tanto, de integrar como un todo organico el regimen juridico preexistente y el que procede del nuevo marco legal para obtener una vision de conjunto que permita entender el funcionamiento de las Entidades Locales.

Con ocasión del ingreso de Alberto Palomar Olmeda, director de la Revista de Derecho del Deporte y el Entretenimiento, en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, se publica este número especial con el que se le rinde homenaje, y en el que se analiza la evolucion del Derecho Deportivo y su incidencia aplicativa en los diferentes paises, asi como la colision que puede plantearse con las normas de orden publico nacional y las emergentes normas del Derecho Comunitario.

El practicum contiene tres grandes grupos de materiales. Los primeros se refieren a las obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. El segundo, se corresponde con el marco procesal de actuacion en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las reglas generales de esta. Finalmente y con todas las limitaciones que por razon de la materia y de su desarrollo proceden se encuentran las principales instituciones de las materias sustantivas. En esencia, las principales cuestiones del ambito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. De esta forma el usuario puede encontrar la primera y fundada informacion de todos los ambitos en los que se va a desarrollar su funcion asi como los materiales necesarios para superar con exito el Master y el examen de acceso.

El proceso de transformación del procedimiento administrativo en relación con los títulos habilitantes en materia de ejercicio de actividades económicas es, sin duda, uno de los elementos que más va a conmocionar las estructuras y las instituciones administrativas.En esencia se trata de pasar de una tecnica como la autorizatoria que es, sin duda, una tecnica en gran medida conservadora porque permite el control previo del ejercicio de una actividad y, por tanto, la adveracion del cumplimiento de los requisitos necesarios para el ejercicio de una actividad a una tecnica de control a posteriori (ya se denomine declaracion responsable o comunicacion previa) en la que es la propia responsabilidad del ciudadano el elemento detonante del ejercicio de la actividad.Este cambio de unas formas de control previo a las de control a posteriori tiene una repercusion no siempre valorada y, desde luego, no suficientemente analizada en la tecnica procedimental, en la incidencia en la teoria de las nulidades de la actuacion administrativa, en la propia tecnica de revision de oficio e, incluso, en materia de recursos administrativos. La verdadera incidencia de la perdida de la tecnica autorizatoria como elemento central de la actuacion administrativa tiene, por tanto, una incidencia y una virtu

La obra Afronta el estudio de algunas cuestiones que no habían sido tratadas en los anteriores títulos de la colección; la competencia desleal, las características particulares de las apuestas en deportes y pruebas con animales, las licencias de apertura de locales de juego o la proteccion de menores en la legislacion de juego.

Una vez agotada aparece una nueva edición de este Derecho de la Función Pública. El libro asume las novedades que se han introducido desde la última edición pero es necesario recordar que, la mayor parte, son de índole aplicativa y jurisprudencial. Esta simple afirmación nos sirve para indicar el enorme esfuerzo de desarrollo e implementación de un nuevo modelo de recursos humanos en el ámbito de la Administración Pública se ha visto, por el momento, frustrada o, cuando menos demorada. Al momento de cerrarse esta edición solo una norma autonómica (la Ley Valenciana) ha completado el desarrollo que prevería el EBEP. Otras Comunidades Autónomas han hecho alguna adaptación parcial (Ley Asturiana) y otras muchas más esperan con proyectos más o menos concluidos en su formación. La Ley AGE tampoco ha visto la luz? Alberto Palomar Olmeda, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo, Doctor en Derecho y Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, coordina y dirige un excepcional equipo de Profesores universitarios, Abogados, Magistrados y Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

El deporte como actividad social y económica tiene, cada vez más, un importante reflejo en la sociedad y, por ende, una relevante incidencia en el ámbito académico y en las distintas modalidades y formas en las que se va plasmando el estudio jurídico del deporte. Esta Obra, denominada Derecho del Deporte, tiene como objetivo central servir de base a los distintos ámbitos de la docencia del Derecho del deporte, tanto en los grados especializados, en los masters oficiales y, en general, en el conjunto de ofertas formativas que se están articulando entorno al deporte. Se trata de una obra colectiva realizada por profesores y profesionales vinculados por haber dedicado mucha parte de su actividad profesional al Derecho del Deporte y trata de dar una visión general del conjunto del Ordenamiento Jurídico del deporte y de las distintas facetas que componen el mismo.

El Estatuto Básico del Empleo constituye la cabeza de un amplio conjunto normativo que debe desarrollarse en los próximos años y que tiene como esencia el intento de establecer un nuevo régimen de los empleados públicos. la importancia en el plano territorial y en el plano sustantivo de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público es determinante en el ámbito de la gestión pública de los próximos años. La opción del mismo de incluir en su ámbito de aplicación al personal funcionario y al personal laboral obliga a que el análisis se realice desde una perspectiva multidisciplinar y que se pongan en común las referencias que proceden de la forma clásica de organización y del derecho laboral. pero no es solo esto sino que la inclusión en su ámbito de aplicación del personal al servicio de las Administraciones Territoriales lleva al mismo a situarse en el plano de la normativa básica estrictamente considerada y con una misión de uniformación de las condiciones esenciales del empleo público.

La Administración Pública de nuestros días está sometida a una profunda transformación en sus pautas esenciales de funcionamiento y en los comportamientos frente a los ciudadanos. La introducción de métodos electrónicos y tecnológicos, en general, supone uno de los retos más acuciantes e importantes a los que se ve sometida aquella y cuya eficacia puede considerarse como uno de los elementos de mayor incidencia futura y de mayor esperanza en la transformación real del funcionamiento administrativo.El Derecho Público, en general, y el Derecho Administrativo, en particular, están llamados a revisar algunos de los postulados esenciales de su funcionamiento y de sus reglas tradicionales. En el presente trabajo se analiza, sustancialmente, la incidencia que puede tener la utilización de la tecnología en el proceso de revisión jurisdiccional de los actos administrativos y la forma de aplicación de la teoría general de las nulidades a los actos administrativos en los que se haya utilizado medios de este orden.

La preocupación por las conductas violentas, racistas o xenófobas forma parte de las preocupaciones sociales más relevantes de los últimos años. Autoridades e Instituciones nacionales e Internacionales tratan afrontar esta situación y de tomar medidas que favorezcan la convivencia social. En el ámbito del deporte dicha preocupación debe considerarse prioritaria por la propia vistosidad del deporte, por su factor representativo, por su visibilidad social y por el ejemplo de representación y aproximación social que la actividad deportiva tiene en la sociedad de nuestro tiempo. La Ley 19/2007, de 11 julio Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte constituye una actualización ciertamente novedosa de la normativa que el mundo del deporte había señalado de forma pionera desde 1990 en relación con la lucha contra la violencia en el deporte. Esta actualización se hace desde un esquema ciertamente ambicioso.

La reforma del sistema que propicia la nueva Ley 15/2007 se orienta, entre otros aspectos destacables, a la búsqueda de mayor eficacia en la acción administrativa de defensa de la competencia. Así, en lo que hace referencia a las conductas anticompetitivas, prácticas colusorias y abuso de posición de dominio, principalmente, se pretende una persecución más eficaz de las mismas, dotando de mayores poderes de investigación a la nueva Comisión Nacional de la Competencia. También se busca un procedimiento más ágil, con una reducción general de plazos y trámites, y el fortalecimiento de instrumentos alternativos para la finalización de expedientes sancionadores. Esta obra, profundiza en los aspectos más importantes del Derecho de Defensa de la Competencia fundamento teórico, organización institucional, procedimientos administrativos y judiciales.

Legislación general. Sectores del juego. Máquinas recreativas, bingos, casinos, rifas, timbas, apuestas, loterías, apuestas hípicas...

Este nuevo Tratado, con la finalidad de dotar a la obra de utilidad para el jurista práctico, y por qué no, también al académico, tiene una vocación de análisis global e integral, incluyendo en los comentarios aspectos de organización judicial y, sobre todo, la problemática de la legislación supletoria representada por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Incidiendo en dos aspectos esenciales del proceso contencioso-administrativo, incluyendo por un lado referencia expresa a la supletoriedad de la LEC en esa materia en concreto, y por otro lado, una minuciosa recepción realizada de la jurisprudencia existente sobre todos los aspectos relevantes del proceso contenido en la LJCA.

La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombes fue uno de los grandes hitos de la octava legislatura, por lo que es lógico que haya propiciado la aparición de un número muy elevado de estudios y publicaciones. La presente obra posee varias características que conviene destacar. Se trata de un comentario sistemático, de modo que la consulta se facilita enormemente y la técnica expositiva se ajusta a la ya habitual en esta misma colección. El estudio que se ha efectuado de la norma es completo, abarcando los diversos sectores del ordenamiento afectados (máxime a la vista de la transversalidad del principio de no discriminación). El elenco de autors, todos ellos reconocidos en sus respectivos ámbitos profesionales, concuerda con las anteriores características, destacando tanto la interdisciplinariedad (incluso más allá del ámbito jurídico) cuanto la heterogeneidad de su filiación profesional. El haber aguardado un tiempo para la exposición permite ofrecer, ya, una obra con cierto reposo y meditación, que va más allá de la glosa o comentario de urgencia.

La organización de la oficina judicial en España ha sufrido pocas modificaciones desde su concepción histórica. Las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial en diciembre de 2003 suponen el primer hito de lo que debe ser una larga cadena de reformas que permita modernizar la función administrativa de la jurisdicción y proporcionar un marco más ágil y de servicio a los ciudadanos. La amplia transformación de la Oficina Judicial que deriva de aquella modificación tiene un alcance general que se centra no solo en la conformación de una organización diferente sino que afecta además al régimen jurídico del personal que presta sus servicios en la misma. El presente Libro trata de analizar la organización administrativa de la justicia, el régimen jurídico de los cuerpos que desarrollan su función dentro de la misma y la nueva articulación de la oficina judicial. Son tres elementos que justifican un amplio proceso de reflexión que debe prolongarse en el tiempo pero al que se quiere contribuir, desde el comienzo, por la novedad que el mismo supone.

Se refiere al régimen de personal de los empleados públicos. Materia muy compleja, sin una legislación unitaria y en la que la determinación de la legislación aplicable es labor interpretativa. Por ello este código establece una referencia común a las normas que mantienen la primacía del grupo normativo, esto es, la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 y la Ley 30/1984, de 2 de Agosto de Medidas de Reforma de la Función Pública. Completado con algunas regulaciones sectoriales y especiales (personal sanitario, de correos...) y con la regulación territorial. Otro bloque temático está representado por la regulación de la organización administrativa del Empleo Público dentro de la Administración General del Estado y de los distintos órganos unipersonales y colectivos que inciden en dicha regulación. Desmenuza la regulación del Estatuto de los Funcionarios Públicos en su formulación más convencional, esto es, su régimen de selección, situaciones administrativas, derechos y deberes de los funcionarios públicos. Esta opción deja para sendos capítulos comunes la regulación de los derechos sociales y el régimen de protección social de los empleados públicos en los que la regulación resulta aplicable al conjunto de los empleados públicos y no estrictamente a los que proceden de un determinado régimen jurídico.

Incluye CD.

Coord. Alberto Palomar Olmeda. El régimen jurídico de la extranjería es uno de los temas clásicos del Derecho Público cuya importancia se ha agudizado en los últimos años como consecuencia de la importancia numerica de los extranjeros en nuestro pais. El tratamiento de esta cuestion no puede centrarse en la normativa especifica de extranjeria ya que la incidencia de la extranjeria en nuestra sociedad va mas alla de las normas referidas estrictamente a la extranjeria proyectandose sobre el ambito mercantil, social, civil, financiero, educativo,etc... Esta concepcion es la que inspira desde su primera edicion el Tratado de Extranjeria. Se trata de ofrecer una vision general del extranjero en nuestro Ordenamiento Juridico que sirva al conjunto de actores que se acercan, desde perspectivas distintas, a la regulacion de los derechos y deberes de los extranjeros en España. Para ello un conjunto de profesores y profesionales de distinta extraccion, procedencia y dedicacion abordan las cuestiones esenciales que pueden plantearse a los extranjeros en España. El resultado intenta ser una obra comprensiva de una realidad cambiante, omnicompresiva y extremadamente atractiva para los juristas por su actualidad, su intensidad y su variedad.