Alejandro Huergo Lora

El desarrollo de las actuaciones previas, el procedimiento san-donador, las posibilidades de graduación de las sanciones o la propia cuantía y proporcionalidad de las mismas ha sido objeto de un intenso debate social y doctrinal. Algunas de estas materias han sido recientemente abordadas por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Organica 1 5/1 999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal que ¡as precisa y regula. Alejandro Huergo Lora Cesar Cierco Seira y otros

El presente libro estudia las sanciones administrativas desde una perspectiva poco habitual en la doctrina española reciente aunque con sólidos apoyos en el panorama europeo. Así, se rescata la distinción entre las sanciones administrativas y las penales, actualmente difuminada por la idea del ius puniendi único. El Derecho penal y el administrativo sancionador son dos instrumentos jurídicos complementarios pero diferentes, que no pueden intercambiarse ilimitadamente y que conllevan la aplicación de reglas diferentes, entre otras cosas porque el Estado no dispone de los mismos instrumentos para la persecución de los delitos y de las infracciones administrativas, porque unas y otras sanciones no tienen la misma capacidad punitiva y porque, en la práctica, tampoco son idénticas las garantías que protegen a los ciudadanos frente al uso de ambas potestades sancionadoras. Por otro lado, se aborda (en general y aplicada a múltiples supuestos dudosos) la distinción entre las sanciones administrativas y otras medidas de gravamen impuestas por la Administración, que resultan tanto o más perjudiciales para sus destinatarios pero que no son sanciones porque no tienen una finalidad exclusivamente punitiva. Toda medida que, aunque afecte negativamente a un particular, sirva (también) para la protección de intereses públicos (revocaciones, prohibiciones de ejercicio de actividades, órdenes de restauración o reparación de daños), no puede ni debe ser calificada o utilizada como sanción, pues ello pone en peligro la satisfacción de esos intereses públicos al condicionarla a la concurrencia de circunstancias puramente personales del infractor. El libro reconstruye, sobre estas bases, el régimen jurídico de las sanciones administrativas, distinguiendo aquellas reglas que son consustanciales al concepto de sanción y por ello deben aplicarse a todas ellas con independencia de su naturaleza administrativa o penal y de su gravedad, de aquellas otras que simplemente protegen al destinatario de un acto frente al gravamen que éste le impone y que deben ser comunes a las sancione

Todo el Derecho administrativo se refiere al control de la Administración y a la tutela de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con ella. Una cuestión nunca resuelta y que además tiene muchos frentes (no sólo el proceso contencioso-administrativo), algunos de los cuales se abordan en los trabajos incluidos en este libro.Así, se analiza la vertiente procesal del principio de transparencia, que está abriendo a los particulares vías para la obtención de información sobre la actividad administrativa que antes no era accesible ni siquiera a quien interponía un recurso contencioso-administrativo. Por otro lado, se analizan las posibilidades reales de la sustitución de los recursos administrativos por procedimientos alternativos de resolución de conflictos, un cambio siempre aplazado por el legislador pero cuyo alcance ya puede ser calibrado a la luz de experiencias sectoriales y del análisis del marco normativo. El libro continúa con un estudio de la invalidez de los contratos públicos en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que es el campo en la que se han producido, con la introducción del recurso especial en materia de contratación, las novedades más importantes en la tutela de quienes se enfrentan a la Administración.En el ámbito del Derecho comunitario, que es donde se juega hoy una parte decisiva de la tutela de los ciudadanos frente al poder público, se expone el estado actual y la posible evolución futura de una cuestión tan clásica como fundamental, como es la legitimación de los particulares para la interposición del recurso de anulación. Por último, de vuelta al contencioso-administrativo, se analiza un problema concreto pero de gran trascendencia práctica en algunas situaciones: si la Administración, al retrotraer las actuaciones después de la anulación de un acto administrativo, está vinculada por los actos que se hayan dictado en aplicación del anulado y que hayan quedado firmes por no haber sido impugnados.

ÍNDICE.La potestad sancionadora tiene un protagonismo innegable (y no menguante) en la vida de las Administraciones Públicas y de los ciudadanos y las empresas. Se aprueban cada vez más normas, dirigidas a proteger los bienes e intereses públicos más variados, y la principal (y muchas veces única) reacción ante su incumplimiento es la imposición de sanciones administrativas. No pocos órganos o autoridades, sobre todo los encargados de asegurar el cumplimiento de alguna normativa sectorial, administran sancionando.Sin embargo, esa herramienta utilizada con tanta generosidad dista mucho de estar a punto. Con una regulación legal dispersa e incompleta, se trata de uno de esos pocos ámbitos de nuestro Derecho público en los que la jurisprudencia (sobre todo la del Tribunal Constitucional) ha asumido una auténtica función creativa. En la esperanza de que nos encontremos en el camino hacia la aprobación de una Ley integral sobre la potestad sancionadora, este libro analiza una amplia muestra de problemas no resueltos y de perplejidades jurídicas que resultan especialmente sorprendentes en el Derecho sancionador, en el que la exigencia de certeza y de seguridad jurídica es máxima.Las dudas que plantea la publicación en el BOE de determinadas sanciones administrativas, los límites de las potestades que tiene la Administración para obtener pruebas de las infracciones, la responsabilidad sancionadora de los menores de edad o de los estudiantes universitarios, la utilización de cartas admonitorias como una alternativa a la imposición de sanciones, los problemas más recientes en el tratamiento jurídico de las denuncias, los últimos desarrollos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, o problemas relacionados con las sanciones en sanidad o medio ambiente, son algunos de los asuntos abordados en este volumen.En este libro se publican trabajos de un nutrido grupo de profesores de Derecho Administrativo, Penal y Mercantil, de las Universidades de Oviedo y Pompeu Fabra. Un enfoque pluridisciplinar que se considera necesario poder analizar al menos una parte de las múltiples perspectivas y aristas que ofrece la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas

Recientemente inaugurada en la práctica española pero con una larga tradición en los principales sistemas federales y, de modo especial, en Alemania, la Conferencia de Presidentes, que reúne al Presidente del Gobierno y a los Presidentes de las Comunidades Autónomas o a estos últimos en solitario, según los casos, constituye un instrumento de gran utilidad para fortalecer las relaciones institucionales y la cooperación entre las Comunidades Autónomas, cuya actual debilidad es una de las más evidentes carencias del Estado compuesto progresivamente surgido de la Constitución de 1978, que desde su apertura inicial ha ido orientándose cada vez más hacia un federalismo inspirado en los modelos europeos más próximos, y, en particular, en el alemán. En este libro se estudian las razones que justifican la puesta en marcha de la Conferencia de Presidentes, sus antecedentes -esenciales para explicar sus funciones y características- y los principios básicos de su funcionamiento. La Conferencia no puede ser una ocurrencia o un arbitrismo, sino que su asentamiento exige colocar en primer lugar las funciones que puede cumplir y su peculiar forma de actuación, que la han convertido, en otros países federales, en una institución fundamental pese a su prácticamente inexistente respaldo normativo. La Conferencia de Presidentes se encuentra, pues, en el centro mismo del Estado autonómico y su análisis obliga a examinar, además, como aquí se hace, muchas de las cuestiones actualmente sometidas a debate acerca de su reforma, como la conversión del Senado en una cámara territorial o los riesgos del llamado federalismo cooperativo.

En este libro se expone, de manera sistemática y crítica, el Derecho urbanístico del Principado de Asturias, organizado básicamente alrededor de la Ley del Suelo y de su Texto Refundido, aprobado en 2004 pero modificado ya dos veces, por las Leyes 2/2004, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda, y 6/2004, de acompañamiento a los Presupuestos para 2005. El sistema urbanístico del Principado responde al modelo clásico existente en España, sin novedades de calado, frente a lo que tantas veces ha podido decirse desde la Región. Por ello, sin perjuicio de las lógicas diferencias (que existen, ciertamente), las soluciones que se ofrecen -que se analizan cuidadosamente en el libro, institución por institución-, son sustancialmente idénticas a las de cualquier otra Comunidad Autónoma. La supuesta titularidad autonómica del grueso de las competencias legislativas en la materia podría haber hecho pensar otra cosa, pero el peso decisivo de la legislación del Estado y la falta de ambición de los legisladores autonómicos, que no han querido o no han podido abandonar el modelo urbanístico que animó la primera Ley del Suelo hace ya casi cincuenta años, imponen incontestablemente el resultado de esta práctica uniformación del Derecho urbanístico en España. El libro adquiere, así, en gran parte de su contenido, una dimensión de alcance general, más allá del ámbito propio del Derecho urbanístico del Principado de Asturias.

Encuadernación: Rústica semirrígida plastificada. Edición de 1998. El presente trabajo, que tiene en cuenta ya la Ley del Suelo de 1998, aísla los distintos tipos de convenios a partir de un análisis de sus funciones y examina detalladamente su regimen juridico, tanto en el plano contractual como en el de la responsabilidad extracontractual de las Administraciones Publicas y el control de la discrecionalidad del planeamiento urbanistico. Para ello se ha utilizado tambien como punto de referencia el regimen de los convenios en otros Derechos, sobre todo el aleman, tanto en el ambito estrictamente urbanistico como en la planificacion sectorial (con especial referencia a los espacios naturales protegidos).

Tras estudiar las bases constitucionales y comunitarias de las pretensiones de condena, se analizan todos sus elementos a la luz de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998: ámbito exacto del recurso contra la inactividad y del recurso para la ejecución de actos firmes, requisitos de legitimación, vía administrativa previa, medidas cautelares positivas y el ámbito de la sentencia, en especial cuando es posible condenar a la Administración a dictar un reglamento o un acto definido detalladamente en la sentencia y cuáles son las soluciones aplicables en los demás casos para otorgar a los particulares la tutela judicial más efectiva posible. En suma un análisis práctico de las principales cuestiones que en relación con las pretensiones de condena, diariamente se plantean en el funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Los algoritmos, como instrumento principal de la inteligencia artificial y para el manejo de big data, son una oportunidad y un riesgo. En los distintos capítulos se analizan sus principales usos juridicamente relevantes, en que consisten y cuales serian las bases necesarias para encauzarlos juridicamente, de forma que se aproveche la oportunidad y se limiten los riesgos. La obra tiene su base en los trabajos presentados a un congreso celebrado el 25 de octubre de 2019, aunque se han actualizado y elaborado intensamente con posterioridad.

El Derecho Administrativo Sancionador tiene una importancia fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. Las diversas Administraciones Públicas (europea, estatal, autonómica y local) ejercen su potestad sancionadora sobre todos los sectores de nuestra realidad social y economica que suscita una gran variedad de cuestiones juridicas que precisan de analisis y estudios juridico como el que se pretende abordar con caracter anual en esta obra.

He aquí al mejor Merton: incisivo, sincero, espiritual y provocativo. Este libro es un conjunto de reflexiones personales, intuiciones, metáforas, observaciones y juicios sobre lecturas y sucesos. El material está tomado de sus diarios escritos entre 1956 y 1966. Además de componer una versión personal del mundo de su época, estas páginas son un diálogo implícito con otras mentes, un diálogo en el que se suscitan preguntas, pero sin esperar hallar «respuestas». Como el mismo Merton señala: «No tengo respuestas claras a las preguntas que andan por ahí. Tengo preguntas, y, de hecho, creo que a un hombre se le conoce mejor por sus preguntas que por sus respuestas. Sin duda, dar a conocer las propias preguntas es ponerse al descubierto. No salgo al mercado a dar esas respuestas prefabricadas y en serie que tanto solicita el público, y lo que más pongo en duda es la viabilidad de las respuestas públicas y populares, incluyendo algunas de las que pretenden ser más avanzadas». Quizá el mejor modo de caracterizar este libro es decir que consiste en una serie de apuntes y meditaciones, algunos poéticos y literarios, otros históricos y aun teológicos, que inevitablemente hacen de Thomas Merton un «espectador» privilegiado del que podemos aprender a mirar y a preguntar.