Aura Esther Vilalta Nicuesa, página 3 de 9

La presente acción, de honda raigambre histórica, nace de la premisa o consideración de que la copropiedad es una situación provisional y ello justifica su naturaleza imprescindible y ejercitable por parte de cualquier condómino mientras la situación de copropiedad subsista. Su ejercicio y ejecución sin embargo no están exentos de numerosos interrogantes. Esta obra ofrece una visión práctica de todo aquello que necesita saber para su interposición o, en su caso, para su evitación mediante una acertada defensa

Las acciones derivadas del contrato de mandato suponen mecanismos de actuación en defensa de los intereses de los diferentes intervinientes en una relación de mandato, ya sea entre los propios contratantes o con respecto a terceros vinculados por el mencionado contrato. La presente obra ofrece una vision practica de los presupuestos necesarios para la interposicion de estas acciones o, en su caso, para evitar sus efectos mediante una acertada defensa; con estudio de los requisitos procesales que son de aplicacion tras la entrada en vigor de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

La nueva Ley 8/99, de reforma de la ley 49/1960, aborda uno de los problemas más endémicos en las comunidades de propietarios: la morosidad. A tal fin articula toda una batería de medidas, entre las que se encuentra la afeccion real del inmueble transmitido al pago de los gastos generales correspondientes a la anualidad en curso o, en su caso, en la cual tenga lugar la adquisicion y el año inmediatamente anterior; la atribucion de caracter ejecutivo a los acuerdos formalizados en el acta de la junta de propietarios y el establecimiento en un procedimiento monitorio para el cobro de las deudas que se rige por las previsiones de la L.1/2000 de Enjuiciamiento Civil. La presente obra ofrece una vision practica de las novedades legislativas apuntadas, y facilita un estudio que permite conocer el nuevo iter procesal y los instrumentos de defensa de las partes implicadas.

La nueva L. 8/99, de 6 de abril reforma profundamente el régimen de mayorías y los plazos de impugnación de los acuerdos de las comunidades de propietarios, para, por un lado, permitir la adopción de acuerdos de una manera más flexible y dinámica, y, por el otro, permitir mediante la extensión de los plazos, la impugnación de aquellos que resulten perjudiciales a los copropietarios que no tengan la obligación legal de soportarlos, o a la propia comunidad; sin perjuicio de las posibles acciones de impugnación por la nulidad o anulabilidad de las resoluciones adoptadas si atentan contra la Ley o los estatutos. La presente obra ofrece una visión práctica de todo aquello que necesita saber todo condómino y tercero para su interposición, y los recursos de que dispone la comunidad de propietarios.

Las acciones indemnizatorias o reparadoras de la novedosa Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, pretenden restaurar el patrimonio del perjudicado agraviado a la situación anterior al daño producido por la aparicion de vicios sobre la construccion, eliminando la causa originante del mismo. Es menester, no obstante, que el vicio aparezca dentro del plazo ''legal'' de garantia que le corresponda segun su naturaleza. Esta accion convive con otras, algunas de las cuales resultan acumulables. La presente obra ofrece una vision practica de todo aquello que necesita saber para denunciar dichos defectos, escoger la accion que corresponda al caso y llevar a cabo una acertada defensa.

Esta acción es instrumento procesal permanente para la obtención de la ineficacia de un contrato nulo y la retroacción al estado posesorio anterior, si bien la nulidad requiere no ser confundida con instituciones jurídicas afines tales como la anulabilidad o la rescisión, con características procesales y efectos distintos. La presente obra ofrece una visión práctica de todo aquello que necesita saber para su interposición o, en su caso, para su evitación mediante una acertada defensa

La acción hipotecaria del art. 131 es un instrumento rápido de cumplimiento forzoso de créditos que se dirige directamente contra los bienes hipotecados sin que preceda fase declarativa alguna. Si bien, sometido a estrictos requisitos formales cuyo incumplimiento puede implicar facilmente la nulidad de todo el procedimiento. La presente obra ofrece una vision practica de todo aquello que necesita saber para su interposicion o, en su caso, para su evitacion mediante una acertada defensa.

Las acciones negatorias son aquellas que puede interponer el propietario de un bien contra aquél que cause una perturbación sobre el mismo; perturbación que puede ser jurídica (servidumbre u otros derechos reales) o material (inmisiones). La accion que se estudia carece de regulacion normativa en el Derecho comun, pero no asi en el ambito territorial, destacando por su importancia la Ley catalana 13/1990, de 9 de julio, de la accion negatoria, las inmisiones, las servidumbres y las relaciones de vecindad; norma a la que se hace especial referencia en esta obra. Se ofrece una vision practica de los presupuestos procesales y sustantivos necesarios para la interposicion de estas acciones, asi como para el ejercicio de una correcta defensa del demandado. Todo ello en aplicacion de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y con estudio de las especialidades del juicio verbal que la mencionada Ley contempla como cauce procesal adecuado para los titulares de derechos reales inscritos, frente a aquellos que perturben su ejercicio sin titulo que les legitime. La Ley 22/2001, de 31 de diciembre, de regulacion de los derechos de superficie, de servidumbre y de adquisicion voluntaria o prefente, aprobada por el Parlament de Catalunya, deroga expresamente los arts. 4 a 25 de la Ley 13/1990, de 9 de julio, de la accion negatoria, las inmisiones, las servidumbres y las relaciones de vecindad.

La acción declarativa de simulación de un contrato, ya sea ésta absoluta o relativa, es el medio adecuado para alcanzar la nulidad e ineficacia del mismo; a salvo queda el contrato encubierto en la simulacion relativa, si este goza de los requisitos de validez impuestos por la Ley. La presente obra ofrece una vision practica de todo aquello que necesita saber para la interposicion de la accion de simulacion o, en su caso, para una adecuada defensa. A partir del analisis de nuestra Jurisprudencia se estudian, entre otros aspectos, sus notas caracteristicas, requisitos, efectos, diferencias con acciones o figuras afines, asi como otras cuestiones procesales adaptadas a la L.1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

En esta obra se tratan los procesos que versan sobre la capacidad de las personas y los de declaración de prodigalidad, con examen del nuevo régimen o proceso especial introducido por L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Y asi, desde un punto de vista sustantivo, se estudian principalmente el alcance, requisitos y causas de la declaracion de incapacitacion; asi como el fundamento, regulacion y demas aspectos de interes relacionados con la declaracion de prodigalidad. Y desde un punto de vista procesal, se analizan los aspectos procesales comunes a ambos procesos -incapacitacion y prodigalidad-, sin olvidar las especialidades propias de cada uno de ellos. Del mismo modo se estudia la concreta tramitacion del proceso por el que se insta la reintegracion de la capacidad o la modificacion del alcance de la incapacitacion ya declarada, y la medida consistente en el internamiento no voluntario por razon de trastorno psiquico. Se ofrece una vision practica de todo aquello que se necesita saber para la interposicion de esta accion, con especial incidencia en las particularidades que la nueva normativa procesal introduce en esta materia

El expediente o procedimiento de suspensión de pagos es un medio eficaz que permite proteger al comerciante o empresario que prevea la imposibilidad de cancelar sus deudas en las fechas de sus respectivos vencimientos, por falta de liquidez. Se pretende evitar la ejecucion general de caracter mercantil del suspenso mediante la formalizacion de un convenio entre deudores y acreedores, por el que se acuerda aplazar los creditos existentes, a traves del beneficio de la espera, o en su caso una quita. La presente obra, a partir del analisis de la Jurisprudencia mas reciente sobre la materia, ofrece una primera aproximacion y vision practica de los requisitos necesarios para la solicitud y tramitacion del expediente de suspension de pagos; con estudio de las partes del proceso y demas organos intervinientes; el convenio y su aprobacion; procedimiento y motivos de oposicion al mismo, adaptado a la L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil; efectos y diferencias con la quiebra, etc.

Esta accion recogida en el artículo 348 del Código Civil esun instrumento al servicio del propietario no poseedor contra el poseedor no propietario.

Delitos contra la Administración Pública. Título XIX; Delitos contra la Administración de Justicia. Título XX; Delitos contra la Constitución. Título XXI.

La presente obra ofrece una panorámica general de distintas formas de explotación de la tierra entendida como superficie de cultivo. Aborda sucintamente las líneas que dan forma y configuración a la actual Ley 19/1995, de modernizacion de las explotaciones agrarias, expone la disciplina legal a la que el titular de una finca rustica que constituya explotacion prioritaria queda sometido por lo que hace a los actos de division y disposicion, con el objetivo de preservar que toda finca conserve una superficie minima de cultivo que la haga rentable. Y lleva a cabo un sobrevuelo por institutos juridicos que pueden tener incidencia en el ambito de la agricultura; para, finalmente, ofrecer un breve apendice dedicado a las particularidades que presenta el derecho Catalan.

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

La presente colección de acciones civiles analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposicion: legislacion, jurisprudencia, bibliografia, esquema procesal y formularios habituales. La presente accion, de honda raigambre historica, parte de una concepcion de la copropiedad como estado provisional que justifica su naturaleza imprescindible, de la que se infiere, a su vez, una facultad de ejercicio en cualquier momento y por todo condomino. Su interposicion y ejecucion no se hallan, sin embargo, exentas de interrogantes, algunos de los cuales se abordan en este trabajo para ofrecer soluciones al practico del foro. Esta obra ofrece una vision practica de todo aquello que necesita saber para su interposicion o, en su caso, para su evitacion mediante una acertada defensa.

Las uniones estables de pareja o parejas de hecho como forma diversa de unión de carácter estable distinta del matrimonio goza en la actualidad de una regulación legal innovadora en el ámbito autonómico: desde la pionera Ley catalana 10/1998, de 15 de julio, de Uniones estables Catalana, pasando por la Ley Aragonesa 6/1999, de 26 de marzo, de parejas estables no casadas, la Ley Navarra 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad juridica de las parejas estables, la Ley Valenciana 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho, la Ley de la Comunidad de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de hecho, la Ley de Baleares 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables, la Ley de Andalucia 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho, la Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables, la Ley de la Comunidad Autonoma de Canarias 5/2003, de 6 de marzo, para la regulacion de las Parejas de Hecho, la Ley de Extremadura 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho, Ley del Pais Vasco 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, hasta llegar a la mas reciente Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de hecho. Con todo, este desarrollo normativo autonomico no cohonesta con el tratamiento fragmentario y absolutamente disperso que el legislador estatal dispensa a esta realidad social, circunstancia que origina significativas dificultades e incertidumbres en la practica procesal civil.