Carlos Vidal Prado

Con motivo de la reciente crisis económica, se han tomado una serie de medidas que tenían por objeto la contención del gasto público. Estas medidas han afectado a toda la Administración Pública, incluyendo las universidades. Sin embargo, estas gozan del derecho fundamental (en palabras del Tribunal Constitucional) a la autonomia universitaria, que puede verse afectado por algunas de las decisiones aprobadas, especialmente en lo que se refiere a su financiacion y a su politica de personal. En este libro se analiza, primero, en que se concreta la autonomia universitaria en Europa y en otros paises (Alemania e Italia). A continuacion, se aborda la situacion en España, teniendo en cuenta la experiencia comparada. Asi, se estudia la repercusion de elementos como la tasa de reposicion de personal (docente o no docente), la elaboracion de los presupuestos y su integracion o no en los del Estado o de la Comunidad Autonoma respectiva, la suficiencia o no de la financiacion de las universidades publicas, etc. Se acaba concluyendo que, si bien la autonomia financiera de las universidades esta limitada en España, hay ciertos limites que no se deberian cruzar, porque se estaria vulnerando la autonomia universitaria en su configuracion constitucional.

Se aborda en esta obra una cuestión constitucionalmente relevante como es el derecho a la educación, en sus múltiples vertientes, especialmente como derecho de libertad y como derecho social de prestación. Se analiza la regulación constitucional de la educación y la evolución de su desarrollo normativo, así como la financiación pública de la educación. Asimismo, se tratan aquellas cuestiones más controvertidas, intentando llevar a cabo un análisis equilibrado de las distintas posturas: la educación en valores constitucionales, la necesaria pluralidad interna y externa de los centros docentes, las condiciones para la financiación pública de centros concertados, la dotación económica de las becas y ayudas al estudio, etcétera.Se sostiene que el consenso constitucional en esta materia, difícil de alcanzar en su momento, debería mantenerse en cualquier intento de pacto educativo. Es esencial prestigiar y potenciar la enseñanza que se imparte en la red de centros docentes estatales, sin olvidar que nuestra red de centros es mixta y que la existencia de centros docentes no estatales es básica para asegurar la libertad de enseñanza y la de elección de centro, también garantizadas constitucionalmente.

La crisis económica que venimos padeciendo desde hace unos años se ha unido, además, a una crisis institucional. En el caso de la Unión Europea, la respuesta que las instituciones han ido articulando ante la crisis, y las iniciativas que, como consecuencia, han ido poniendo en marcha cada uno de los Estados miembros han recibido múltiples críticas, fundamentalmente contrarias a las políticas de austeridad en el gasto, y han dado pie al surgimiento de una contestación política interna, que en muchos casos se ha concretado en nuevas formaciones políticas de carácter populista.