Carmen Pérez González

Las desapariciones forzadas de personas durante la guerra civil y la dictadura franquista son una de las cuestiones pendientes de la democracia española. Fueron más de ciento treinta mil las víctimas directas de esta violenta represion puesta en marcha por razones politicas desde los primeros momentos del golpe de Estado y sostenida con vigor durante los años iniciales de la dictadura. Despues, la forma como se desarrollo la transicion española y la democracia de baja intensidad a que dio lugar impidieron que se investigaran estos hechos, se enjuiciara penalmente a sus autores, se rehabilitara moral y politicamente la memoria de las victimas y se acometiera la debida reparacion a sus familiares. Hoy la inmensa mayoria de los restos de las personas desaparecidas se encuentran en fosas comunes a lo largo de toda la geografia española, a la espera de que el Estado español asuma su responsabilidad, ordene las correspondientes exhumaciones e identificaciones de cadaveres, y ponga fin a la situacion de olvido y desamparo en que se encuentran las victimas y sus familiares. Mientras esto no se haga, la democracia española seguira mereciendo el calificativo de imperfecta. Este libro aborda la cuestion de las desapariciones forzadas en España desde una perspectiva interdisciplinar. Historiadores, especialistas en Derecho internacional y derechos humanos, jueces, abogados y filosofos del Derecho se dan cita en sus paginas. En ellas se ofrecen argumentos para la plena aplicacion de la categoria de las desapariciones forzadas a los crimenes del franquismo. Ademas, se exploran las vias juridicas y politicas necesarias para esclarecer la verdad de lo sucedido, hacer justicia y reparar de forma integral la memoria, dignidad y derechos de las victimas y sus familiares.

El presente volumen constituye un análisis de carácter eminentemente jurídico de la reciente reforma del artículo 23.4 de la LOPJ. Como es sabido, dicha reforma limita el ejercicio extraterritorial de la jurisdicción española para el enjuiciamiento de determinados delitos cometidos por extranjeros o españoles a aquellos supuestos en los que existan víctimas de nacionalidad española, los presuntos responsables se encuentren en España o se constante la existencia de algún vínculo de conexión relevante este Estado. El alcance y las consecuencias de esta restricción se revelan particularmente preocupantes en relación con las posibilidades de enjuiciamiento de aquellos crímenes internacionales (crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad) cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados cuyo examen se aborda también en los trabajos incluidos en este libro. Tanto el castigo de los responsables de la comisión de aquellos crímenes como el resarcimiento de las víctimas constituyen, en efecto, elementos sin los cuales parece difícil concebir el logro de una solución al conflicto palestino-israelí que quepa considerar justa. Una solución que pasa, en todo caso, por garantizar el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, y en cuya consecución deberían cooperar todos los Estados de la Comunidad Internacional.

No cabe dudar de que el Derecho deportivo ha ganado ya una autonomía propia como disciplina jurídica. La regulación de la actividad deportiva ofrece numerosas perspectivas de análisis y todas ellas son objeto de atención en la presente obra. Así, sus diferentes capítulos abordan los aspectos internacio­nales, administrativos, laborales, mercantiles y penales de dicha regulación. Sus autores, profesores de Universidad y abogados, conforman un grupo de destacados especialistas en la materia. Junto al análisis de las cuestiones teóricas más relevantes, el libro ofrece una selección de los pronunciamientos jurisprudenciales más importantes, tanto nacionales como internacionales. Ei resultado es un trabajo verdaderamente multidisci­plinar de interés evidente para académicos, abogados y para todos aquellos que, en general, se interesen por las cuestiones jurídicas deportivas.

Se vienen sucediendo desde hace años en España los debates relativos a la necesidad de diseñar e implementar una política pública en el ámbito de la consolidación de la memoria histórica o democrática que sirva a la adecuada proteccion de los derechos de las victimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Se trata, sin duda, de una asignatura todavia pendiente en nuestro pais. Hasta ahora, el conjunto de las iniciativas que han logrado salir adelante no ha alcanzado los estandares impuestos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Asi lo ha venido afirmando un nutrido grupo de organos de proteccion internacional de derechos humanos. Sus pronunciamientos han recordado de modo repetido al Estado español precisamente esto: que le queda aun un trecho por recorrer hasta que sea posible afirmar que se ha dado pleno cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Derecho internacional. La ultima de esas iniciativas es en verdad reciente. Se trata del Proyecto de Ley de Memoria Democratica, de cuyo analisis juridico se ocupa este libro colectivo procurando combinar tres perspectivas que son al tiempo indispensables y complementarias: la internacional, la comparada y la interna. Si bien la discusion jur

LA GOBERNANZA DE LAS MIGRACIONES FORZADAS ENFRENTA RETOS POR EL AUMENTO DE FLUJOS MIGRATORIOS DEBIDO AL CAMBIO CLIMáTICO, PROPONIENDO QUE EL DERECHO INTERNACIONAL PROTEJA LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTE

Transnacionalidad y autonomía han definido la consolidación de un Derecho internacional, diríamos privado, del deporte, que se denomina aquí Lex Sportiva. Sin embargo, de modo paulatino, el Derecho internacional publico ha ido ocupandose de lo deportivo. Como consecuencia de ello, el deporte es una actividad cuya regulacion corresponde a autoridades publicas y privadas. Como quiera que las relaciones entre ambos ordenes juridicos, el Derecho internacional publico y la Lex Sportiva, no son siempre pacificas, este trabajo defiende que en este proceso de convergencia de normas juridicas, el primero no debe renunciar a jugar un papel fundamental: el de definir y conformar los limites que debera respetar dicha Lex Sportiva. En este contexto, se analizan en particular los desarrollos acaecidos en el seno del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y su reflejo en la mejor proteccion de los derechos fundamentales de los deportistas.

La figura del Secretario General del Consejo, Alto Representante (SG/AR) de la política exterior y de la seguridad común (PESC) es, como es bien sabido, de reciente creación. Su institucionalización no es en absoluto un hecho aislado sino que se encuadra en un proceso que tiende a la progresiva definicion y puesta en marcha de una politica comun de defensa. Aunque aun es pronto para saber hasta donde llegaran los Estados en este ambito, podemos adelantar ya que el nombramiento del SG/AR ha cumplido, al menos, con uno de los objetivos que motivaron su creacion: ha contribuido, de forma significativa, a dar mayor visibilidad a la PESC. En la primera parte de este trabajo nos proponemos analizar la naturaleza de esta figura, atendiendo tambien a las funciones que le han sido encomendadas y que pasan por su triple condicion de Secretario General del Consejo, Alto Representante de la PESC y Secretario General de la UEO.

El proceso de integración comunitaria europea ha significado para los particulares un incremento de derechos en muchas y muy variadas materias. De poco serviría, sin embargo, el reconocimiento de esos derechos sin la posibilidad de que fuesen defendidos ante los tribunales nacionales. Entre los principales mecanismos establecidos para lograr una proteccion efectiva, se encuentra el principio de responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario, objeto de analisis de este trabajo. Su consagracion ha supuesto un paso fundamental en relacion a la garantia de estos derechos, al imponerse a los Estados miembros la obligacion de indemnizar a los particulares cuando un incumplimiento del Derecho Comunitario, que les resulta imputable, les ha causado un daño.