Carolina Mesa Marrero

La capacidad para testar la reconoce nuestro Derecho sucesorio como regla general queda excluida en los supuestos previstos en el artículo 663 del Código civil, siendo particularmente relevante la prohibicion que afecta a quien habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio. Este trabajo tiene por objeto analizar los aspectos problematicos que plantea el tema, principalmente en relacion con testamentos otorgados por personas de edad avanzada y por tanto con mas posibilidades de padecer enfermedades que pueden afectar su capacidad natural de entendimiento para comprender la razon y el alcance de sus actos.Atendiendo al elevado grado de litigiosidad de esta materia se ha considerado oportuno abordar su estudio desde una perspectiva jurisprudencial, lo que permitira identificar aquellas cuestiones mas controvertidas en la practica, asi como conocer y valorar los criterios de actuacion de nuestros Tribunales.

La presente monografía tiene su origen en el trabajo publicado en el año 2006, dentro de la colección de Derecho patrimonial de esta Editorial. En ella se analiza la regulación legal del contrato de alimentos, abordando sus aspectos más relevantes, tales como los rasgos que caracterizan esta modalidad contractual, los sujetos intervinientes, el contenido de dicho contrato, así como el incumplimiento de la obligación alimenticia y sus consecuencias. Especial atención merece el estudio de la jurisprudencia recaída en esta materia, cuyos pronunciamientos permiten conocer mejor el grado de conflictividad que este contrato plantea en la práctica y los criterios de actuación de nuestros tribunales. En suma, puede concluirse que la presente obra examina ampliamente el régimen jurídico del contrato de alimentos; un contrato cuya regulación legal se ha llevado a cabo por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, que lo incorpora en los artículos 1791 a 1797 del Código Civil. Sin embargo, pese a su reciente tipificación legal, no es una figura desconocida en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que ya se conocía en la práctica, si bien con la denominación de contrato de vitalicio o contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos. Se trataba de un contrato atípico cuya función asistencial es la que, también, se persigue con este contrato de alimentos, pues esta modalidad contractual es utilizada habitualmente por personas con alguna limitación funcional y, particularmente, por las que se encuentran en situación de dependencia, como los ancianos o mayores, que suelen celebrar este contrato con familiares o personas de su confianza para procurarse la ayuda, el auxilio y la asistencia que precisan en las actividades básicas de la vida diaria.

El presente trabajo se dedica al estudio de un fenómeno social que en los últimos años ha adquirido una creciente relevancia jurídica: las uniones de hecho. El vacío legal sobre esta materia origina numerosos problemas de índole económica, particularmente al término de la convivencia por ruptura o por fallecimiento, que por el momento, sólo son resueltos por los Tribunales de Justicia, que vienen aplicando soluciones coyunturales a las cuestiones concretas que se plantean. Por ello, el análisis de las relaciones económicas de las parejas de hecho se realiza con una especial atención a la jurisprudencia dictada en los últimos años. Asimismo, la problemática jurídica de las parejas de hecho ha sido objeto de varias iniciativas legales promovidas por algunos Grupos Parlamentarios a nivel estatal que pretendían el reconocimiento de los efectos jurídicos derivados de la convivencia extramatrimonial mediante la modificación de determinadas disposiciones legales de nuestro ordenamiento jurídico, a fin de eliminar las discriminaciones que afectan a los miembros de la unión de hecho. Sin embargo, y pese al fracaso de dichas propuestas parlamentarias, algunas Comunidades Autonómas, concretamente Cataluña, Aragón y Navarra, han aprobado ya sus respectivas Leyes de parejas de hecho, que son objeto de análisis en el presente trabajo.

A nadie se le escapa la importancia práctica que reviste la figura del presidente de la comunidad de propietarios. Prueba de ello es la abundante jurisprudencia que se ocupa de esta materia y que en esta obra es recopilada y analizada exhaustivamente. En particular, la autora dedica una especial atención a los problemas juridicos que plantea su nombramiento, el alcance y el contenido de sus funciones (con el difícil deslinde de las atribuciones propias de la junta de propietarios), y, por último, el problema de su eventual responsabilidad frente a la comunidad y frente a terceros. Todo ello expuesto con rigor y claridad y al alcance de cualquier lector interesado.

Es bien sabido que en los últimos años la realidad de las uniones de hecho ha suscitado un notable interés social y jurídico, motivado fundamentalmente por las propuestas legislativas encaminadas a un reconocimiento institucional de este modo de convivencia. Es por ello por lo que, al presentar una nueva edicion de esta monografia, se ha querido dar cuenta de la actualidad y trascendencia del tema, incorporando las novedades e iniciativas de mayor relieve que han visto la luz durante este lustro.En este sentido, la proliferacion de normas autonomicas de parejas de hecho ha obligado a reflexionar sobre el papel de las Comunidades Autonomas en la regulacion de esta materia, aconsejando tambien un tratamiento distinto al abordar su estudio. En consecuencia, se ha prescindido de un analisis completo e independiente de cada una de las Leyes, optandose por una presentacion y examen conjuntos de las mismas en el cuadro comparativo que figura como anexo.Tambien desde el punto de vista sistematico se introduce otro cambio en esta tercera edicion, no incorporandose ahora el apartado que antes se dedicaba a la pension de viudedad. El inmovilismo normativo y los escasos avances de los pronunciamientos judiciales han restado interes al debate en torno al eventual derecho que asiste a los convivientes a percibir una pension ...

La tipificación del contrato de alimentos se ha llevado a cabo por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, regulándose en los arts. 1791 a 1797 CC, si bien se trata de una figura que, con fundamento en el principio de autonomia de la voluntad, ya era admitida en la practica y conocida como contrato vitalicio o contrato de cesion de bienes a cambio de alimentos. Esta modalidad contractual -tanto si nos referimos al contrato vitalicio como al nuevo contrato de alimentos-, consiste en que una de las partes se obliga a prestar alimentos, asistencia y cuidados a la otra parte durante su vida, a cambio de la transmision de un capital en cualquier clase de bienes y derechos. La prestacion de alimentos asi entendida consiste no solo en la manutencion, sino tambien y principalmente en el aspecto asistencial de ayuda, auxilio y bienestar en sentido amplio. De ahi que el contrato sirva a la persona acreedora para asegurar la cobertura de sus necesidades o en prevision de que la edad o alguna minusvalia le impida valerse por si misma y atenderse de forma autonoma. En definitiva, se trata de un contrato que se utiliza habitualmente por personas con alguna limitacion funcional y, en particular, por las personas con dependencia, como los ancianos. En el trabajo se estudia el regimen juridico del contrato de alimentos, analizando los caracteres mas destacados del mismo, sus elementos, y prestando especial atencion a uno de los aspectos mas controvertidos y polemicos de este contrato: el incumplimiento de la prestacion alimenticia. En efecto, el incumplimiento ha sido el tema estrella respecto al contrato vitalicio, y por ello se analiza particularmente la jurisprudencia recaida en esta materia con anterioridad a la tipificacion del contrato de alimentos, lo que nos ha permitido valorar si los criterios jurisprudenciales mantenidos hasta ese momento coinciden o no con las soluciones previstas hoy en la regulacion legal del contrato de alimentos.

Enfoque práctico para entender las relaciones económicas de las parejas de hecho: su génesis, su consideración legal, la convivencia, etc.