CRISTOBAL BORRERO MORO

¿Actualmente, son constitucionales los tributos propios autonómicos? ¿Es admisible una interpretación constitucional de una norma integrante del bloque de constitucionalidad -art. 6.3 LOFCA- que excluya de facto el ejercicio de una competencia financiera, reconocida a las CCAA en la CE: establecer tributos propios -art. 157.1.b) CE?La proyección cuantitativa y cualitativa de la autonomía financiera, plasmada en el actual Sistema de Financiación Autonómica, a través de los impuestos cedidos no excluye, en modo alguno, otras manifestaciones de dicha autonomía como la de establecer tributos propios. Por ello, tratamos de analizar la trascendencia de la doctrina constitucional, sentada fundamentalmente en la STC 289/2000, para la pervivencia de los tributos propios autonómicos, ya que la misma parece hoy díficil, dado, a la luz de la interpretación constitucional, tanto el agotamiento de la materia imponible disponible para establecer dichos recursos autonómicos; como la subordinacion del ejercicio de dicha competencia constitucional al legislador estatal ordinario.Ciertamente, el encaje del ejercicio del poder financiero por parte de sus distintos titulares (Estado-Administración central; CCAA, CCLL), así como la consecución del mandato constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo, está lejos de conseguirse. Su intento es lo que nos ha movido ha realizar esta obra.

La preservación del medio adquiere, en nuestra Constitución, la condición de fin de Estado. Esta situación, amparada socialmente, es utilizada por el legislador para establecer múltiples figuras tributarias relacionadas con la preservacion del medio, a veces a los solos efectos de servir de coartada para justificar su establecimiento. De ahi la necesidad de incardinar dichos tributos en el marco del deber de contribuir. Existe una necesidad juridica de acomodarlos al objetivo constitucional de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos publicos de acuerdo con su capacidad economica, haciendo realidad los principios de solidaridad y redistribucion, que deben inspirar a todo el sistema tributario. Este proposito exige la integracion del principio "quien contamina , paga", como fundamento de los tributos ambientales, entre los principios de justicia material que configuran el deber de contribuir. La realizacion de esta labor dogmatica permite afrontar con rigor los problemas de articulacion tecnica que presentan la configuracion juridica de los tributos ambientales, superando toda inclinacion por un tema de moda.