JOAN BAUCELLS I LLADOS

La reforma del delito de usurpación en el nuevo Código penal ha desencadenado un intenso debate político y jurídico entorno a la criminalización de la ocupación pacífica de bienes inmuebles deshabitados. Este trabajo pretende participar en la discusion abordando el analisis exhaustivo de estos delitos desde una interpretacion de los tipos penales orientada a sus consecuencias constitucionales y politico-criminales. Las caracteristicas del llamado movimiento okupa ; la regulacion que el Derecho civil hace de la posesion sin justo titulo y de mala fe ; los principios politico-criminales derivados de un Estado social, democratico y de derecho ; el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda y de la funcion social como limite a la propiedad privada, son todos ellos temas tratados por el autor que influiran decisivamente en las conclusiones del trabajo.

Pese a la ausencia de atribuciones expresas en materia penal a las instituciones comunitarias, la presente obra se dedica a demostrar que a estas alturas de integración europea no hay duda de la existencia de una autentica politica criminal europea en materia ambiental. Ademas, los diferentes instrumentos que se han venido elaborando en los distintos pilares de la Union europea -especialmente la ultima Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la proteccion del medio ambiente mediante el derecho penal presentada en Bruselas el nueve de febrero de 2007 [COM(2007) 51 final 2007/0022 (COD)]-, suponen incluso un avance en la armonizacion de infracciones y sanciones penales ambientales de los paises miembros. Pese a los avances que estos instrumentos pueden llegar a significar, todo este proceso merece alguna reflexion critica que lo ayude a avanzar con eficacia, coherencia y respeto a los principios politico criminales derivados del Estado de derecho. Por ello el trabajo no elude proponer nuevas perspectivas por las que se considera que deberia continuar avanzando la politica criminal europea en materia ambiental en los proximos años.

A partir de la consolidación del Estado democrático, han empezado a desarrollarse un gran número de fenómenos delictivos motivados por las convicciones y conciencias de los ciudadanos en los que la ocupacion de inmuebles, la insumision o las negativas a pagar impuestos y a colaborar en mesas electorales son solo un buen ejemplo. Es el fenomeno de la delincuencia por conviccion. Pese a los interesantes problemas politicos, dogmaticos y politico-criminales que plantea el fenomeno, no ha tenido la atencion que se merece por parte de la jurisprudencia y doctrina españolas que, o bien han buscado soluciones para supuestos muy concretos o han prestado tan solo atencion a supuestos motivados por una decision en conciencia. El presente trabajo pretende realizar algunas reflexiones politico-criminales en torno al fenomeno y aportar algunas lineas de solucion para resolver estos conflictos en su conjunto.

Esta obra pretende abordar los principales problemas de la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.Una Ley en la que definitivamente, y despues de cuatro años, el legislador español da cumplimiento a la directiva europea 96/61/CE, de 24 de septiembre.Los autores han pretendido situar esta Ley en el contexto de la legislacion europea y autonomica; estudiar las cuestiones relativas a la coordinacion, colaboracion y competencias de las diferentes administraciones implicadas en la prevencion y el control de la contaminacion; presentar los aspectos mas novedosos relativos a la autorizacion, al control y a la inspeccion de las actividades industriales sujetas al ambito de aplicacion de esta Ley, y, finalmente, ahondar en los mecanismos relacionados con la participacion de la sociedad civil en esta labor.En ella no se pierden de vista las cuestiones practicas de esta autorizacion y control de actividades contaminantes, por lo que al fin de la obra el lector puede encontrar, entre sus anexos, el texto de la normativa vigente con su correspondiente nomenclator.