JOSE LUIS AVILA ORIVE

La ciudad se configura hoy como el escenario donde se produce la representación de los avances sociales, económicos y políticos más relevantes de la historia de la humanidad, y a la vez, como el foco más problemático en el que se concentra la desigualdad, la pobreza, la segregación y, en definitiva, la injusticia social. Su fisonomía y el modo en que, en cada caso, se ha ido conduciendo su desarrollo, responden a causas diversas propias de cada contexto social, económico y jurídico, son consecuencia de su evolución histórico-cultural y representan parte relevante de la identidad de sus ciudadanos. Sin embargo, para el momento presente ya existen una serie de postulados universales básicos, sustantivos y metodológicos, que inspiran y orientan la creación de las condiciones adecuadas para el bienestar y la calidad de vida de la persona en la ciudad, de acuerdo con su dignidad. Esta obra se dedica a la exploración jurídica del nacimiento, evolución y composición de esos postulados y a la explicación de su funcionamiento a través de tres instituciones con indudables interrelaciones, como son la ciudadanía, que se ha venido a calificar como urbana, el desarrollo urbano sostenible y el denominado derecho a la ciudad.

La diversidad de perspectivas con que puede contemplarse el suelo, no deben ocultar su dimensión principal y fundamental, es decir, su configuración como elemento del ambiente. No resulta posible explicar el funcionamiento del medio ambiente sin consideraLa diversidad de perspectivas con que puede contemplarse el suelo, no deben ocultar su dimensión principal y fundamental, es decir, su configuración como elemento del ambiente. No resulta posible explicar el funcionamiento del medio ambiente sin considerar la participacion del suelo, como tampoco resulta posible organizar su proteccion al margen de la cabal consideracion y tratamiento de tal elemento en el complejo ambiental.

La diversidad de perspectivas con que puede contemplarse el suelo, no deben ocultar su dimensión principal y fundamental, es decir, su configuración como elemento del ambiente. No resulta posible explicar el funcionamiento del medio ambiente sin consideraLa diversidad de perspectivas con que puede contemplarse el suelo, no deben ocultar su dimensión principal y fundamental, es decir, su configuración como elemento del ambiente. No resulta posible explicar el funcionamiento del medio ambiente sin considerar la participacion del suelo, como tampoco resulta posible organizar su proteccion al margen de la cabal consideracion y tratamiento de tal elemento en el complejo ambiental.

Los convenios de colaboración entre personas jurídicas públicas y entre Administraciones y particulares han venido siendo excluidos, con determinadas condiciones, de la legislación de contratos de las Administraciones publicas, en la medida en que los caracteres que los definen y las finalidades que atienden son distintas de las que son servidas por los contratos administrativos. Tal consideracion avala la exclusion, asimismo, de otros contratos y negocios juridicos.No son pocas, sin embargo, las ocasiones en las que la utilizacion de estos convenios de colaboracion se ha justificado exclusivamente en una interpretacion restringida de alguna de esas condiciones como es la forma juridica de personificacion de los sujetos intervinientes. Este modo de entender esa clase de convenios ha supuesto, de una parte, la constitucion de relaciones convencionales sobre objetos para los que no fueron pensados estos instrumentos de colaboracion, produciendo una clara vulneracion de las normas comunitarias e internas de defensa de la competencia, y de otra, la exclusion de los mismos de determinadas personificaciones de derecho privado, como es el caso de las sociedades mercantiles publicas, prescindiendo, a su vez, de la consideracion del objeto que tales convenios atendian y, en su caso, de la relacion de instrumentalidad existente entre esas sociedades y las entidades matrices.Esta obra explica de forma conjunta las clausulas 3.1.c) y d) de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Publicas, determinando los criterios conforme a los cuales se deben entender esos preceptos, y las posibilidades que de los mismos se derivan para las Administraciones publicas y los particulares en sus relaciones de colaboracion.