José Luis Rodríguez Lainz

La prescripción de psicótropos es muy frecuente tanto en la medicina de atención primaria como especializada. Por otro lado, el ordenamiento jurídico impide la conducción bajo la influencia de estas sustancias. Todo ello produce un posible conflicto entre la prescripcion medica y la normativa de circulacion. Se pretende clarificar esta cuestion y dar pautas de basicas actuacion. Esta obra completa el catalogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

El autor, con un espíritu eminentemente práctico labrado por años de dedicación profesional, realiza un concienzudo estudio de toda la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, con el referente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de intervencion de las comunicaciones telefonicas realizando un analisis critico de las convulsas tendencias doctrinales que han hecho de la materia uno de los mas claros ejemplos de manifiesta indefinicion jurisprudencial. En un esmerado y minucioso tratamiento de todas las cuestiones que suscita tan apasionante institucion juridica, se desgranan, estructuran y analizan las diversas corrientes jurisprudenciales, tratando a toda costa de destacar las lineas predominantes, a la luz de la critica doctrinal y de la practica judicial cotidiana. Se incluye un CD-Rom conteniendo versatiles plantillas de todas las actuaciones judiciales propias de tal institucion procesal. El BOE de 7 de mayo de 2002 ha publicado la Ley Organica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, y la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. Ambos textos legales no han sufrido mofdificacion alguna en su paso por el Senado, por lo que cualquier referencia a los proyectos de ley de ambos textos legales, tras el tramite de enmiendas en el Congreso de los Diputados (que son los textos analizados en el libro), debe entenderse extrapolable a lo que ya forma parte de nuestro Ordenamiento Juridico.

Entre las principales novedades que presenta la nueva Ley Concursal se encuentra el novedoso sistema de restricción de derechos fundamentales de la persona del deudor-concursado, que ha evolucionado de un arcaico sistema que pecaba de excesivo automatismo a otro que trata de implicar los principios y garantias constitucionales en su decision, a la vez que de ampliar el abanico de facultades que se reconocen al Juez del concurso. En este contexto, de la sola retencion de la correspondencia se ha pasado a la posibilidad de restringir cualesquiera comunicaciones del sujeto pasivo de la medida, sin mas limitaciones que el sometimiento de la decision judicial a los mencionados principios y garantias constitucionales. El autor, siguiendo la linea iniciada por sus dos anteriores trabajos en materia de intervencion judicial de comunicaciones, realiza un exhaustivo estudio del nuevo art. 1.º de la Ley Organica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, limitado a tal faceta de restriccion de derechos fundamentales; tratando, por una parte, de dar una respuesta a las serias dudas de constitucionalidad que plantea su redaccion y, por otra, de facilitar su aplicacion cotidiana tanto a los destinatarios directos de tales normas como a los profesionales del derecho interesados en la regulacion de los procedimientos concursales. La obra termina con un capitulo destinado a formularios de diversas modalidades y vicisitudes relacionadas con la aplicacion de tales medidas en el contexto de un procedimiento concursal. I) INTRODUCCION. II) EL PRECEDENTE LEGISLATIVO: BREVES APUNTES SOBRE LA REGULACION DE LA RETENCION DE LA CORRESPONDENCIA DEL CONCURSADO/QUEBRADO EN LA LEY DE ENJUCIAMIENTO CIVIL DE 1881. III) LA RESTRICCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL. A) La restriccion del derecho al respeto de la correspondencia del concursado en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. B) Aplicacion de la Doctrina del TEDH a la Doctrina del Tribunal Constitucional. IV) EL PRECEDENTE INMEDIATO DE LA ACTUAL REGULACION DE LA INT

La entrada en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, por mandato de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, ha supuesto una autentica revolucion en un fragil edificio juridico que parecia definitivamente apuntalado. El principio de exclusividad de tales Juzgados en el conocimiento de causas relacionadas con lo que la propia ley define como violencia de genero no ha impedido sin embargo la convivencia con los Juzgados de Instruccion de Guardia, en una dificil y confusa relacion que es objeto de un profundo analisis en el presente trabajo. El autor, sin embargo, aprovecha la ocasion para realizar un estudio completo de las repercusiones juridico procesales derivadas de la creacion de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, tanto desde el punto de vista de sus competencias civiles y penales, como de las especialidades procesales derivadas de su naturaleza organico procesal, y en concreto en cuanto respecta a las ordenes de proteccion y medidas de proteccion y aseguramiento. Termina la obra con un analisis de la participacion que en tales procedimientos tienen las dos figuras cruciales en dicho contexto de exclusividad jurisdiccional: la victima como potencial fuente y medio de prueba y a su vez parte, y el abogado de los turnos especificos de violencia de genero. Cuenta, por ultimo con practicos formularios sobre actuaciones del Juzgado de Guardia a prevencion y en sustitucion del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ordenes de proteccion, y tramitacion de cuestiones de competencia entre unos y otros.

Incluye CD-Rom La incesante evolución de las tecnologías de la información en el ámbito de las telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas ha convertido lo que era algo anecdótico o intrascendente para una investigacion criminal, los datos de trafico, es decir, aquellos datos e informaciones que circulan por las redes de comunicaciones, conjuntamente con estas, y que facilitan informacion sobre su origen, destino, localizacion, itinerario, fecha..., en un inescrutado potencial informativo para el exito de aquella, de tanta o mas trascendencia que las clasicas injerencias sobre contenidos. El autor, partiendo de un exhaustivo estudio de la trascendental STC 123/2002, de 20 de mayo y de la escasa Jurisprudencia que ha tratado el problema, se adentra en el complicado mundo de los denominados datos de trafico, dando respuesta, a la luz del analisis doctrinal y jurisprudencial de las injerencias sobre contenidos de comunicaciones, asi como de la legislacion en materia de telecomunicaciones, proteccion de datos de caracter personal y servicios de la sociedad de la informacion, a las innumerables dudas que ha suscitado el tratamiento procesal penal de tan novedosa dimension juridica de las comunicaciones.