Juan José Montero Pascual

La liberalización de sectores como las telecomunicaciones, los transportes, la televisión o los servicios postales está poniendo fin a los derechos exclusivos y a la gestión directa de estos servicios por la Administración. Las autoridades comunitarias están configurando un nuevo régimen jurídico de intervención en la actividad económica, construido sobre la imposición a los operadores activos en el mercado de las denominadas obligaciones de servicio público.

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La liberolización de las telecomunicaciones en diciembre de 1998 dio pie a la publicación de numerosos análisis sobre la apertura a la competencia del sector. Más escasos, sin embargo, resultan los analisis de la intervencion publica en el mercado de las telecomunicaciones completado ya el periodo inicial de apertura a la competencia. Este libro parte del estudio de la legislacion que rige la prestacion de servicios de telecomunicaciones. Asi, se estudia el marco normativo e institucional y el regimen de entrada al mercado, incluyendo el acceso a los recursos escasos (espectro radioelectrico y numeracion). Igualmente, se estudian las diferentes obligaciones que la normativa impone a la generalidad de operadores (servicio universal, defensa de los usuarios, etc.) Mas alla, el objetivo principal del presente libro es el estudio de la regulacion del sector de las telecomunicaciones. El foco se centra en los principios y procedimientos de regulacion y, sobre todo, en la practica de la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones. Este libro es el resultado de varios años de seguimiento cercano de la actividad de la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones. Especial atencion es dedicada a las resoluciones que han establecido las denominadas "obligaciones ex ante", que definen el concreto regimen juridico de los operadores con poder de mercado.

La actividad administrativa de regulación de los mercados tiene un protagonismo creciente. La experiencia en la regulación de los mercados de telecomunicaciones, energía, transporte y audiovisual, permite ya identificar los rasgos propios de la regulacion, el regimen juridico que le es propio y tambien las derivas patologicas que deben ser atajadas. La regulacion economica puede definirse, desde una perspectiva tecnico-juridica, como la actividad de la Administracion consistente en el control continuo de un mercado mediante la imposicion a sus operadores de obligaciones juridicas proporcionales a misiones de interes general objetivamente determinadas, segon la valoracion que en un ambito de extraordinaria discrecionalidad realiza la Administracion. La extraordinaria discrecionalidad que caracteriza la actividad administrativa de regulacion recomienda extremar los tradicionales controles y garantias. Destaca en primer lugar la relevancia de la garantia institucional, en forma de regulador independiente, con la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia a la cabeza. Igualmente relevante es el reforzamiento del control jurisdiccional mediante un control mas riguroso de la proporcionalidad de la actividad de la Administracion. Finalmente, parece razonable incrementar las garantias procedimental es, a partir de la experiencia norteamericana.

Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas electrónicas están transformando no sólo los mercados de alojamiento y transporte, sino más allá, la forma en la que consumimos y trabajamos. Está naciendo una nueva forma de organización industrial en la que nuevos prestadores, a menudo no profesionales, pueden comercializar sus servicios de forma sencilla y segura gracias al servicio de mediación de las plataformas electrónicas. Las implicaciones jurídicas de este nuevo fenómeno son el objeto de este, el primer libro que se publica sobre la regulación de la economía colaborativa. Se identifican los diferentes negocios jurídicos en el triángulo formado por plataformas, prestadores de servicios y consumidores. Se aclara la naturaleza jurídica de los servicios de las plataformas electrónicas. Se excluye la posible laboralidad de las relaciones entre las plataformas y los prestadores de servicios. Se estudia la aplicación del Derecho del consumo a la prestación de servicios por personas físicas no profesionales. Finalmente, se describe el impacto de la economía colaborativa en los regímenes jurídicos de los servicios de alojamiento, trasportes interurbanos y transportes urbanos y los conflictos que se han producido hasta la fecha.

La actividad administrativa de regulación de los mercados tiene un protagonismo creciente. La experiencia en la regulación de los mercados de telecomunicaciones, energía, transporte y audiovisual, permite ya identificar los rasgos propios de la regulacion, el regimen juridico que le es propio y tambien las derivas patologicas que deben ser atajadas. La regulacion economica puede definirse, desde una perspectiva tecnico-juridica, como la actividad de la Administracion consistente en el control continuo de un mercado mediante la imposicion a sus operadores de obligaciones juridicas proporcionales a misiones de interes general objetivamente determinadas, segun la valoracion que en un ambito de extraordinaria discrecionalidad realiza la Administracion. La extraordinaria discrecionalidad que caracteriza la actividad administrativa de regulacion recomienda extremar los tradicionales controles y garantias. Destaca en primer lugar la relevancia de la garantia institucional, en forma de regulador independiente, con la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia a la cabeza. Igualmente relevante es el reforzamiento del control jurisdiccional mediante un control mas riguroso de la proporcionalidad de la actividad de la Administracion. Finalmente, parece razonable incrementar las garantias procedimentales, a partir de la experiencia norteamericana.

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Los servicios postales están sufriendo una profunda transformación. La evolución tecnológica y la globalización constituyen amenazas a la vez que oportunidades para los operadores postales tradicionales. Ademas se ha iniciado el proceso de liberalizacion del sector. De forma progresiva, estan siendo eliminados los derechos exclusivos de los que han venido gozando durante siglos los monopolios publicos nacionales. La introduccion de la competencia en los mercados postales esta exigiendo la redefinicion del marco juridico que rige el sector. Se plantea asi la necesidad de ordenar el acceso al mercado de los nuevos operadores mediante las oportunas autorizaciones, la conveniencia de constituir un regulador independiente, o la posibilidad de regular las condiciones de acceso a la red postal publica por parte de los competidores. Adquiere una especial relevancia en este contexto la necesidad de intervencion publica para garantizar la universalidad del servicio y en general, el interes general. Surge asi el debate sobre la convivencia de la competencia y del interes general, y el papel que corresponde ocupar a las autoridades publicas en el nuevo entorno abierto a la competencia. Todas estas cuestiones son tratadas en detalle en la presente monografia a cargo de Juan Jose Montero Pascual, Profesor Ramon y Cajal en el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED y Abogado especialista en Regulacion y Competencia.