Juan Montero Aroca

Encuadernado en rústica semirrígida y con cubierta gris. Edición de 1982.

Encuadernado en tela habana o guaflex azul, estampada (algunos volúmenes en rústica, 13 X 20, cubierta habana). 2ª edición (1998).Este libro se escribió originariamente para servir de texto o manual a los estudiantes de la asignatura optativa de su mismo titulo y asi se publico en su primera edicion.Con ese proposito se ofrecio una vision general de la prueba civil, pretendiendose aunar claridad expositiva y atencion tanto a los problemas clasicos como a las nuevas cuestiones que la practica va suscitando. Desde que en 1881 la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil asumio el pasado y hasta la aparicion de formas de representacion de hechos y actos juridicos con relevancia procesal por la imagen y el sonido, han cambiado mucho las cosas, casi todas ellas, pero no las leyes procesales, que siguen ancladas en el final del siglo XIX.Es manifiesto, con todo, que la finalidad primera perseguida por el autor se ha visto desbordada por la realidad, pues la obra no se ha quedado reducida al ambito universitario, sino que ha merecido la atencion de los profesionales del Derecho, especialmente de abogados y jueces. Ante esa realidad, esta segunda edicion se ha enriquecido con mayores aportaciones jurisprudenciales y con modelos de escritos forenses. La atencion prestada por dichos profesionales se ve correspondida pretendiendo cumplir la finalidad de que les sirva de eficaz instrumento de trabajo.

No siempre se tiene la suficiente fuerza de voluntad para resistirse a escribir unas líneas con las que explicar la razón de ser de un libro. Esa razón de ser debe estar implícita en la existencia misma del libro y, si no es asi, mejor es no publicarlo, pero hay ocasiones en que, ni siquiera el saber que mas vale estar callado, y el haberio aprendido con experiencias muy poco gratas, impide tomar la pluma y ponerse a escribir. Esta es una obra de dos magistrados de una misma Sala, la de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que vimos, primero, con preocupacion y, luego, con esperanza, como el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil les iba a atribuir el conocimiento de un nuevo recurso, el extraordinario por infraccion procesal, y que decidimos que la promulgacion de la Ley no nos debia pillar sin estar preparados. Frente a tanto desatino como se habia dicho y propuesto respecto de la competencia de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia -y lo mas absurdo ha sido siempre el pretender atribuirles el conocimiento de un recurso de apelacion penal-, la competencia que les atribuye la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil es razonable y, sobre todo, se corresponde con el sentido politico de esas Salas, sentido que es olvidado casi siempre que, tanto instituciones publicas y aun constitucionales como personas fisicas, se refieren a la poca competencia de las Salas.

El 8 de julio de 1857 la ´Cour de Cassation´ francesa dictó una célebre sentencia en la que proclamó el derecho de los abuelos a visitar a su nieto en casa de la madre de éste. Se habló entonces del

Antes de que hayan transcurrido tres años desde la publicación de¡ libro que titulé Procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria (Valencia, 1998), me encuentro dando a la luz otro que podria considerarse la segunda edicion de aquel si entre uno y otro no se hubiera producido la promulgacion de la Ley 112000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Esa promulgacion ha exigido algo mas que actualizar el libro, pues ha sido necesario escribirlo por segunda vez y por ello, aparte de por el necesario cambio de titulo, no pondremos en la portada segunda edicion. Naturalmente, lo anterior no ha impedido aprovechar algunos materiales de aquella primera obra. Ese aprovechamiento ha sido posible por el proposito del legislador, el cual, por un lado, dice en la Exposicion de Motivos de la nueva LEC que no era en absoluto aconsejable introducir cambios sustanciales en la ejecucion hipotecaria para no alterar gravemente el mercado del credito hipotecario; pero, por otro, si ha introducido cambios, y algunos de gran trascendencia, sin perjuicio de que los grandes acreedores hayan mantenido sus ya tradicionales privilegios procesales. El juego combinado de estas dos circunstancias ha llevado a escribir un nuevo libro pero, al mismo tiempo, ha permitido utilizar algunos materiales del anterior, sobre todo lo relativo a la jurisprudencia que, ademas, se ha actualizado hasta junio de 2000. Se citan y se transcriben asi muchas sentencias, tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias, aparte del Tribunal Constitucional, y ello puede hacerse porque, aun refiriendose como es obvio a la aplicacion de los articulos de la Ley Hipotecaria, en muchos casos la norma nueva no hace mas que asumir la norma vieja. Por ello se ha realizado una tabla de comparacion entre las dos regulaciones, la de la Ley Hipotecaria y la de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Graficamente podria decirse que con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, con esos cambio y mantenimiento, no se ha tratado solo de pasar del "procedimiento judicial sumario" a las "ejecuciones hipotecarias&quo

Este libro nos presenta dos lineas de estudio entorno al derecho procesal, una su evolución histórica y la otra el análisis de la situación actual.

Se trata de una exposición delos temas de Derecho procesalcontestando al programa de oposiciones en las carreras judicial y fiscal.

Después de casi todo un siglo de entrecruzarse de concepciones sobre el proceso civil, en el que lo más destacado ha sido el intento de desvirtuación de la realidad de que por medio de él se pretende la tutela judicial efectiva de derechos e intereses de naturaleza privada, para intentar convertirlo en un instrumento del Estado, por medio del juez, para atender a la mejor proteccion de los intereses publicos, con lo que evidenciaba que se trataba de someter lo privado a lo publico, lo que era claramente revelador de una ideologia autoritaria, para lo cual se ha pretendido utilizar a la oralidad, se esta acabando de atender a los principios del procedimiento (forma) y, sobre todo, que el proceso civil tiene que seguir siendo el instrumento para la mejor proteccion de los derechos de naturaleza privada.