JULIO CESAR TEJEDOR BIELSA

Monografía que combina derecho público y privado para analizar el proceso de construcción del derecho a la vivienda en el último ciclo inmobiliario y de reconstrucción de las políticas de vivienda. Asi lo imponen la naturaleza y regimen juridico del sector inmobiliario. Se estudian los dos ultimos planes estatales de vivienda y los autonomicos que lo desarrollan, asi como las vigentes leyes de vivienda autonomicas, ya de segunda generacion. Es sobre ellas, a falta de una norma estatal integradora que establezca condiciones basicas de igualdad en la materia, sobre las que han de construirse las nuevas politicas de vivienda que han de nacer de la actual crisis.La nocion de servicio de interes general, vinculada al derecho a la vivienda como resultado de un conjunto de acciones de los poderes publicos, esta llamada a estructurar las formas clasicas de accion administrativa en la materia en unas nuevas politicas de vivienda. En tal marco son objeto de atencion las formas de acceso y regimen de tenencia de las viviendas en España, en el contexto europeo y proponiendo alternativas a la propiedad, el regimen de autopromocion colectiva, los nuevos procedimientos de identificacion de la demanda y control de acceso basados en registros administrativos de solicitantes, y las relaciones entre politicas de vivienda y sistema financiero, sin eludir debates como la dacion en pago o el credito responsable.En ese contexto se afronta criticamente el estudio de los aspectos claves del regimen juridico de la vivienda protegida, renovado en los ultimos años pero probablemente merecedor de mayor atencion del legislador. Lo mismo cabe afirmar de la relacion entre urbanismo y politica de vivienda, estrechamente vinculados en España en instituciones claves como los patrimonios publicos de suelo, las reservas para vivienda protegida o las mas novedosas reservas dotacionales. Finalmente, como corolario, se dedica el ultimo capitulo a uno de los nuevos nichos de negocio para un sector inmobiliario que, como el español, esta abocado a un proceso de reconversion, la rehabilitacion y regeneracion urbana, enmarcandolas en el actual debate sobre el urbanismo y analizando la nueva regulacion establecida mediante las diversas reformas de la normativa administrativa, civil y fiscal de los dos ultimos años.

En la presente obra se aborda sistemáticamente y desde una perspectiva interdisciplinar, la profunda reforma del sector financiero en la Unión Europea, en relación con la cual el Parlamento Europeo acaba de aprobar un ultimo paquete de Directivas. Una reforma que en España ha resultado especialmente intensa, incluso traumatica, como consecuencia del proceso de bancarizacion de la practica totalidad de cajas de ahorro tras su rescate por parte del Estado con el apoyo financiero, fuertemente condicionado, de la Union.En ese contexto general se analiza detenidamente el impacto de la reforma sobre la estructura institucional publica reguladora, supervisora y rectora de los procesos de intervencion, reestructuracion las nuevas organizaciones publicas rectoras de los procesos de reestructuracion y resolucion tales como el Fondo de reestructuracion ordenada bancaria, la Autoridad Bancaria Europea o el nuevo papel que corresponde al Banco Central Europeo. En la obra se estudia tambien, logicamente, el regimen juridico de tales procesos de intervencion temprana, reestructuracion y resolucion, asi como el complejo regimen de inspeccion y sancionador del conjunto del sistema financiero en España y, en conexion con todo ello, el de las sociedades de gestion de activos procedentes de la reestructuracion bancaria, asi como la posible evolucion del sistema financiero europeo como consecuencia de los cambios regulatorios hacia un genuino servicio de interes economico general.El volumen lo completan un conjunto de trabajos centrados en los instrumentos financieros y fiscales mas relevantes en relacion con la crisis financiera y el proceso de reforma (instrumentos hibridos, regulacion hipotecaria, dacion en pago, regimen fiscal) sin olvidar alternativas financieras alimentadas por la crisis, como el shadow banking, o el efecto que la nueva y mas rigurosa regulacion de las exigencias de capital pueda tener sobre la empresa bancaria.

Derecho administrativo para la excepción.La obra que el lector tiene entre sus manos, coordinada por los profesores Julio Tejedor (Unizar), Andrés Boix (UV) y Alba Nogueiro (USC) es el resultado de la reflexion de diversos profesores de Derecho Administrativo y Constitucional sobre el ordenamiento español de las crisis, en lo que se propone denominar Derecho administrativo para la excepcion. La crisis pandemica ha puesto en cuestion en España la capacidad de respuesta del Derecho, y los juristas, para afrontar con herramientas juridicas eficaces, serenidad y prospectiva circunstancias de excepcion. Cualquier observador ha podido asistir al debate, a veces de extrema discrepancia, entre el Derecho constitucional de excepcion y el Derecho administrativo para la excepcion. Un debate en el que la capacidad de uno u otro para ofrecer soluciones a los problemas, aportar garantias y respetar los cauces democraticos, los derechos fundamentales y el marco competencial estuvieron en el punto de mira. La recuperacion de la normalidad propicia un entorno sereno en el que reflexionar sobre las crisis recientes, un contexto en el que analizar critica y propositivamente las respuestas que el Derecho administrativo ofrece con caracter general y en diferentes ambitos sectoriales para afrontar y gestionar la excepcion

La nueva Ley de Contratos del Sector Público nos distancia de Europa, se aleja del espíritu de las directivas y de la convergencia normativa promovida por las instituciones europeas para favorecer la integracion de mercados. Contratar en España va a ser muy diferente porque nuestra nueva Ley se aleja, tambien, de lo establecido en normas de numerosos Estados miembros que transponen las mismas directivas con mayor simplicidad y solvencia, sin caer en la sobrerregulacion a que ha abocado la desconfianza en los gestores publicos que subyace en la regulacion española. La Ley de Contratos del Sector Publico, en fin, pone en riesgo la simplificacion promovida por la Union Europea y el deseado uso estrategico de la contratacion. Aun cuando existen avances innegables para los licitadores, la sobrerregulacion de la actuacion administrativa, producto de la desconfianza y la conviccion de que la norma puede por si misma acabar con la corrupcion, puede hacer en parte ineficaz lo mucho que de positivo es posible encontrar en la nueva Ley de Contratos.

La presente obra se centra en la perspectiva competencial de la función constitucional de gobierno del territorio y estado autonómico, cuya complejidad viene acrecentándose según avanza el proceso de descentralizacion autonomica y se afianza un contexto de multiplicidad de Administraciones territoriales entre las que no existen relaciones jerarquicas. Esta complejidad juridica y politica, junto a la importancia economica de las mas diversas decisiones publicas que inciden sobre el territorio y, especialmente, su vinculacion a la calidad de vida de sus habitantes, justifican el presente estudio, que se afronta prestando especial atencion a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, trabajosamente construida a lo largo de los años hasta llegar a pronunciamientos tan recientes y asentados como la Sentencia 164/2001, de 11 de julio, y analizando exhaustivamente la incidencia que conceptos tales como competencia, prevalencia o supletoriedad, concurrencia y exclusividad, coordinacion y colaboracion, tienen a la hora de articular de forma coherente las diferentes acciones publicas sobre el territorio en el marco de un Estado tan complejo como esta llegando a ser el autonomico.

Encuadernado en rústica plastificada y con cubierta azul. Edición de 2000. La presente obra se inserta en el actual debate sobre el modelo de Estado, debate en el cual confluyen, de forma decisiva, planteamientos politicos y tecnicas juridicas. Desde esta perspectiva, dificilmente puede ocultarse la relevancia del principio de competencia. Hasta el momento actual, la herramienta fundamental para construir el Estado autonomico, desde una perspectiva ordinamental, al menos, ha sido este principio. La consagracion en la jurisprudencia constitucional del sistema de doble lista, negatorio de cualquier solapamiento competencial, ha permitido delimitar ambitos de autonomia efectiva desde un Estado inicialmente centralizado. Sin embargo, ello ha supuesto que una regla conflictual, cual es la de prevalencia, haya quedado desprovista de un ambito operativo propio porque todo conflicto, en definitiva, se plantea en relacion con la titularidad de la competencia y no con la eficacia de las normas. Por otra parte, la generalizacion del proceso autonomico ha hecho que otra regla constitucional, la supletoriedad del Derecho del Estado, privada del contexto en el cual surgio y hubiera podido jugar un papel relevante, haya quedado reducida a regla marginal en el actual sistema.