Mª BELEN GARCIA ROMERO

La conjunción de progreso tecnológico y externalización productiva ha hecho posible la aparición y desarrollo en el panorama laboral de un nuevo fenómeno denominado teletrabajo, que compagina el uso de las nuevas tecnologías informáticas y de las comunicaciones con el concepto de flexibilidad del lugar de trabajo.A nivel interno, el teletrabajo es ya una realidad en la forma de organización de importantes empresas en nuestro país, en cuyo seno se empiezan a suscribir acuerdos para regular las condiciones de su implantación, y los derechos y obligaciones de las partes del contrato, y todo parece indicar que en los próximos años el número de teletrabajadores aumentará sensiblemente, sobre todo, una vez que se superen los principales impedimentos para su generalización. Una de las más importantes limitaciones para su expansión ha sido hasta ahora la ausencia de una respuesta normativa específica a esta realidad socio-laboral, que generaba una sensación de desprotección en las personas proclives a practicarlo y la oposición de los sindicatos por temor a que esta nueva forma de organización del trabajo favorezca la explotación de los trabajadores. El artículo 13 ET, en su redacción resultante de la Reforma laboral de 2012, pretende cumplir ese papel de regulación específica del teletrabajo.

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La contratación del sector público mueve cifras muy elevadas, llegando a representar el 20 % del PIB, y genera una intensa actividad económica caracterizada por una potente trasferencia de capital público al sector privado y por la capacidad de generar directa o indirectamente un elevado volumen de empleos. Desde la decada de los 70, la Union Europea ha construido un importante acervo comunitario en torno a la contratacion publica con claro afan armonizador del tratamiento legal de la materia. Tal normativa ha conocido un intenso proceso de revision y modernizacion, especialmente, en el marco de la denominada OEstrategia Europa 2020", que culmina en la aprobacion de tres nuevas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, entre cuyos fines destaca la utilizacion estrategica de la propia contratacion publica como instrumento de apoyo de objetivos sociales comunes. Para la consecucion de ese pretendido crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y, muy especialmente, para el logro de objetivos sociales a traves de la contratacion publica se utilizan las denominadas Oclausulas sociales", esto es, disposiciones, de origen normativo o convencional, incluidas en un contrato o acuerdo comercial en virtud de las cuales la parte prestadora del serv

Fundamentos de la Seguridad Social. Gestión de la Seguridad Social….

El derecho a la protección de la salud, del que forma parte inherente la prestación farmacéutica, está reconocido en el art. 43 CE dentro de los principios rectores de la política social y económica. Tal configuracion implica que su exigibilidad requi

Bajo el título “La protección social del trabajo de cuidados”, esta obra recoge parte de los resultados derivados del Proyecto de Investigación PID2019-104630RB-I00, sobre “El futuro del sistema espa

Bajo el título "Rentas Mínimas Garantizadas en la Unión Europea", se estudia el establecimiento y desarrollo por parte de los Estados miembros de unos sistemas llamados de seguridad "trampolín" entre el empleo y la politica social comprensivos de una garantia de ingresos minimos combinada con politicas de empleo activas. Tras el analisis juridico de los diferentes instrumentos existentes en el contexto de la Europa comunitaria, la obra se centra de modo especial en el estudio de los programas españoles comenzando por la delimitacion de su propio espacio institucional y social. Seguidamente se realiza un analisis exhaustivo y comparado de los diecisiete conjuntos normativos en que se regulan los referidos mecanismos de lucha contra la pobreza, destacando los elementos comunes y particulares de cada una de las prestaciones. Asimismo, se estudian los complejos problemas relativos a su fundamentacion constitucional, delimitacion competencial entre el Estado y las comunidades Autonomas en esta materia, naturaleza juridica y demarcacion conceptual entre ingresos minimos de insercion y prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Por ultimo, el trabajo se cierra con un capitulo de dedicado a las implicaciones del Derecho Comunitario en esta materia. En el se trata tanto de determinar la aplicabilidad o no de las reglas de coordinacion comunitaria a los sistemas nacionales de ingresos minimos como de examinar las posibilidades de convergencia de dichos regimenes hacia un sistema unico de caracter supranacional. El origen de este estudio se encuentra en la Tesis Doctoral de la autora por la que obtuvo en 1997 el grado de doctora europea en Derecho por la Universidad de Murcia. Mª Belen Garcia Romero es profesora ayudante de facultad del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad social de la citada Universidad.

La coordinación comunitaria de las legislaciones nacionales que garantizan la protección jurídica de quienes ejercen su derecho a la libre circulación, presenta una especial complejidad con respecto a las prestaciones de invalidez. Ello es debido a la dispar forma en que los ordenamientos de los Estados miembros afrontan la proteccion de esta contingencia. El presente estudio se dirige, pues, a clarificar las reglas aplicables para la determinacion del derecho a prestaciones del asegurado social en las diferentes hipotesis que pueden plantearse. Asimismo, y para completar el tratamiento de la frondosa normativa comunitaria existente en la materia, se abordan, entre otras cuestiones, la agravacion de la invalidez y sus consecuencias, la transformacion de pensiones de invalidez en otras de vejez y las previsiones sobre acumulacion de prestaciones. En la resolucion de las cuestiones planteadas se ha contado con la inestimable aportacion de la doctrina sentada por el Tribunal de Luxemburgo en interpretacion de las fuentes juridico formales que entran en juego.