MARIA DEL ROSARIO ALONSO IBAÑEZ

Encuadernación: Rústica plastificada y cubierta azul.Coedición con el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo(1992).

La actividad urbanística se ha ido progresivamente enriqueciendo en sus planteamientos y contenidos hasta integrar en ella las políticas protectoras del patrimonio cultural, en unos términos que desbordan el clásico contexto en el que tradicionalmente se habían contemplado, conformando una apuesta por el modelo histórico de desarrollo urbano concentrado donde se reconozca la identidad de la ciudad histórica compacta, sus usos y actividades, y donde el patrimonio cultural debe dejar de mantenerse en posiciones meramente defensivas. Al servicio de este modelo de desarrollo, la catalogación urbanística se presenta con bríos renovados. En general, la catalogación es una herramienta de trabajo con formato de documento que adquiere interés desde una doble dimensión. La primera, de orden científico-técnico, en la medida que supone el desarrollo de una investigación sobre la realidad arquitectónica de un espacio, urbano o rural, encaminada a la localización, identificación y descripción sintética que permite el conocimiento básico de elementos que presentan interés ambiental, paisajístico o cultural. La segunda, de orden jurídico en sentido estricto, que utiliza la propia actividad de catalogación y su soporte documental como medio conducente a la protección de aquellos bienes que incluye. En este sentido, se puede añadir una tercera dimensión que es su cualidad de trascender el mero documento, adquiriendo la condición de instrumento de ordenación urbanística, de categoría de protección del patrimonio cultural, o de ambas cosas a la vez. Esta doble naturaleza que en la actualidad tiene la catalogación protectora, y sobre todo, el que se haya predispuesto en algunos casos un único régimen jurídico para los bienes que sean objeto de catalogación urbanística, es una de las aportaciones más novedosas que en el panorama normativo español ha introducido la legislación de las Comunidades Autónomas, novedades que son analizadas en esta publicación, junto con los pronunciamie

Encuadernación: Rústica plastificada y cubierta azul. Coeditado con Alsa Grupo, S. A. (1996).

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen un marco de referencia que no solo identifica los retos sobre los que es necesario intervenir para lograr un desarrollo sostenible, sino tambien la manera de abordarlos. Se trata de un enfoque anclado en el paradigma de la sostenibilidad, basado en la coordinacion de acciones y en la cooperacion e implicacion de todo tipo de gobiernos e instituciones, sociedad civil, sectores economicos, sector cultural, la academia, etc. En ese marco, el Derecho es una herramienta imprescindible para resolver los conflictos que este nuevo contexto abre; sus instituciones, principios y normas nos permiten conciliar los problemas colectivos de cualquier naturaleza, ya sea la pobreza, las desigualdades, los efectos del cambio climatico o la COVID-19, entre muchos otros. Los estudios juridicos, como los que esta obra contiene, son imprescindibles para alcanzar los objetivos y metas que la Agenda 2030 compromete, objetivos que -dada su amplitud- pueden ser abordados desde todos los sectores del ordenamiento.