Miguel Pino Abad

LAUDATIO PROFESOR GARCÍA MARÍN / Manuel Torres Aguilar JOSÉ MARÍA GARCÍA MARÍN: APUNTES PARA UNA SEMBLANZA / Juan Antonio Alejandre García FRANCISCO DE MILLA, REGIDOR, CORREGIDOR Y HOMBRE DE LETRAS / Pablo Jose Abascal Monedero ENTRE LA CATEDRA Y EL FORO: LA HUELLA PROFESIONAL DE ANTONIO GOMEZ EN SUS LIBROS / Mª Paz Alonso Romero ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICENCIA EN EL SIGLO XIX: LOS PROYECTOS LEGISLATIVOS DE CONCEPCION ARENAL / Javier Alvarado Planas VARIACIONES MODERNAS DEL TIPO DELICTIVO / Enrique Alvarez Cora DOCUMENTI INEDITI PER LA STORIA DI HERNAN CORTES E DELLA CONQUISTA DEL MESSICO CONSERVATI NELL ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI / Imma Ascione LOS DISCURSOS DE FELIPE II A LAS INSTITUCIONES PARLAMENTARIASDE LOS TERRITORIOS DE LA CORONA DE ARAGON / Agustin Bermudez VALIDO ET PRIME MINISTER: LES EXEMPLES D OLIVARES ET DE WALPOLE / Jacques Bouineau EL CONTROL DE LA JUSTICIA CASTELLANA POR EL PODER REAL (SIGLOS XVI-XVIII): EL JUICIO DE RESIDENCIA / Mª Jose Collantes de Teran de la Hera CONOCIMIENTO Y METODO DEL DERECHO ESPAÑOL EN EL SIGLO XVIII / Santos M. Coronas APROXIMACIONES AL TRATADO DE LIBERTATE ECCLESIASTICA DE JUAN LOPEZ DE SEGOVIA / Salustiano de Dios LAS MATRICES CULTURALES DEL CONSTITUCIONALISMO EUROPEO / Francesco di Donato EL DECRETO DE NUEVA PLANTA DE CATALUÑA / Jose Antonio Escudero VINDICAR LA HONRA. ADULTERIO Y PUNTO DE HONOR EN EL SIGLO XVII / Enrique Gacto EL ESQUEMA JUDICIAL DEL PRIMER CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: REPERCUSIONES EN NAVARRA / Mercedes Galan Lorda EL CONVENTUS IRUDICI CORDUBENSIS / Jose Manuel Guerrero Vacas DOGMATICA E HISTORIA: CONSTITUCIONES PACIS ET TREUGAE. CONSTITUTIONES REGIS. CONSTITUCIONES CURIARUM / Aquilino Iglesia Ferreiros L OPINIONE PUBBLICA NAZIONALE E L APPELLO AL POPOLO: FIGURE E CAMPI DI TENSIONE / Luigi Lacche LA FORZA COSTITUTIVA DEI MODI MISTI / Giuseppe Lorini EL METODO EN LA HISTORIA DEL DERECHO (LA PURIFICACION DE LO JURIDICO) / Eduardo Martire LE PRATICHE CRIMINALI DI PIETRO FOLLERIO.GIUSTIZIA E POTERI NEL MEZZOGIORNO ITALIANO DEL CINQUECENTO / Marco Nicola Miletti EL PROBLEMA DE LA NACION Y LAS NACIONALIDADES ANTE LORD ACTON / Manuel Moreno Alonso LAS CIFRAS DE LA PENA DE MUERTE EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XIX: UNA APROXIMACION ESTADISTICA / Pedro Ortego Gil CATALUÑA Y LA LEY. LA POLEMICA EN TORNO AL VALOR DE LAS PRAGMATICAS REGIAS A TRAVES DE UN EPISODIO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII / Francisco Luis Pacheco Caballero VIAJE A LA HISTORIA EN CARRION DE LOS CONDES / Rafael Perez Molina EL DELITO DE RESISTENCIA A LA JUSTICIA DURANTE EL ANTIGUO REGIMEN / Miguel Pino Abad TEOLOGIA Y VULGARIZACION POLITICO-JURIDICA DEL MARTIRIO EN LA MONARQUIA UNIVERSAL CATOLICA / Victoria Sandoval Parra EN EL CENTENARIO DE LA IMPLANTACION DEL DIVORCIO EN MEXICO / Jose Luis Soberanes Fernandez NUEVOS DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL AGUA EN LOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DE MADRID DURANTE EL SIGLO XVIII / Maria Jesus Torquemada

La obra hace un estudio de la confiscación desde sus primeras manifestaciones en el Derecho romano, algo que a la postre ha demostrado, una vez más, la línea de continuidad de este sistema jurídico ya que gran parte de las soluciones adoptadas en aquellos siglos se trasplantaron a epocas posteriores, sobre todo desde la Baja Edad Media con la difusion del Derecho comun y su implantacion progresiva a nivel territorial... El punto final del iter se ha encontrado en la Constitucion gaditana de 1812 donde quedo proscrita esta pena para la posteridad...

Durante los siglos medievales y modernos, Castilla apareció fundamentalmente como una tierra exportadora de materias primas a otros reinos e importadora de productos manufacturados, provocando con ello un evidente desequilibrio economico en su balanza comercial, que padecieron especialmente los subditos, sobre todo porque gran parte de las exportaciones se centraron en bienes basicos para su sustento. Ante esta tesitura, los diferentes monarcas se vieron forzados a arbitrar una serie de medidas protectoras que, a costa de poner trabas a la libre circulacion de mercancias, garantizase el abastecimiento a precios controlados a favor de los naturales, para que estos no se viesen desprovistos de esos objetos, estimados imprescindibles en su desarrollo vital.Desde el reinado de Alfonso X aparece en los textos de Derecho territorial castellano una prolija relacion de preceptos dedicados a la regulacion de esta materia de interes general, algo que, a su vez, parece indicar que las normas eran por diversos motivos incumplidas, lo que acarreaba que cada poco tiempo hubiese que promulgar nuevas disposiciones con las que se intentase poner freno a una practica tan perniciosa.Esos motivos de peso, que justificaban sobradamente las peticiones de los procuradores en las Cortes y los positivos propositos de los monarcas, de poco hubiesen servido si la legislacion no hubiera estado acompañada de un completo organigrama de oficiales encargados de preservar su correcta ejecucion. Asi, desde las Cortes de Burgos de 1301 se nombraron guardas para que actuasen en los puertos de las villas fronterizas, siendo sustituidos algunos años despues por los alcaldes de sacas.No obstante, la experiencia demostro que la privacidad competencial de los alcaldes de sacas en la persecucion de este delito, lejos de reportar los beneficios esperados, no hizo sino acrecentar el problema que ya existia antes de su aparicion. La solucion a este problema se encauzo por dos vias: de una parte, concediendo tambien competencia en esta materia a los corregidores; de otra, permitiendo a estos reparar los agravios que los alcaldes hubiesen cometido contra los particulares.Finalmente, se analizan las penas tipificadas en las normas sobre esta materia. Penas que se caracterizaron por su extraordinaria severidad, algo que quedaba justificado si tenemos presente que, para los juristas de la epoca, se trataba de un delito susceptible de ser encajado dentro de las diferentes manifestaciones de la traicion y, por ello, sus participes se hacian acreedores a recibir las maximas sanciones tanto desde el punto de vista corporal como patrimonial.La paternidad de este libro corresponde a Miguel Pino Abad, profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Cordoba y secretario de la Facultad de Derecho y Ciencias Economicas y Empresariales de dicha Universidad desde el año 2002. A lo largo de su carrera academica, ha publicado numerosos estudios sobre Historia del Derecho Penal a los que ahora se suma esta monografia sobre la extraccion de bienes vedados en la Castilla medieval y moderna, que ve la luz en el marco del proyecto de investigacion Delincuencia y represion juridica en España: Teoria y praxis historica de las figuras delictivas (II), con referencia DER201231098, financiado por el Ministerio de Economia y Competitividad.

Tienen la consideración de sociedades anónimas especiales las sociedades anónimas que se hallan sometidas a una regulación especial, no excluyente de la común atinente a este tipo social. Son varios los criterios que determinan el transito a semejante ambito normativo, como, entre otros, la materializacion de la iniciativa publica economica mediante la participacion en el capital de sociedades mercantiles (sociedades anonimas publicas), el hecho de desarrollar el objeto social en algun mercado supervisado (sociedades anonimas especiales en el mercado del credito y en el mercado de valores y sociedades anonimas de seguros) y la singularidad resultante de la profesionalizacion del deporte (sociedades anonimas deportivas). No son las mencionadas, objeto de atencion en este volumen del Tratado de Derecho Mercantil, todas las sociedades anonimas especiales alumbradas por el Derecho español. Otras tienen ya su lugar o han de tenerlo en otros volumenes.

Durante los siglos medievales y modernos, Castilla apareció fundamentalmente como una tierra exportadora de materias primas a otros reinos e importadora de productos manufacturados, provocando con ello un evidente desequilibrio economico en su balanza comercial, que padecieron especialmente los subditos, sobre todo porque gran parte de las exportaciones se centraron en bienes basicos para su sustento. Ante esta tesitura, los diferentes monarcas se vieron forzados a arbitrar una serie de medidas protectoras que, a costa de poner trabas a la libre circulacion de mercancias, garantizase el abastecimiento a precios controlados a favor de los naturales, para que estos no se viesen desprovistos de esos objetos, estimados imprescindibles en su desarrollo vital.Desde el reinado de Alfonso X aparece en los textos de Derecho territorial castellano una prolija relacion de preceptos dedicados a la regulacion de esta materia de interes general, algo que, a su vez, parece indicar que las normas eran por diversos motivos incumplidas, lo que acarreaba que cada poco tiempo hubiese que promulgar nuevas disposiciones con las que se intentase poner freno a una practica tan perniciosa.Esos motivos de peso, que justificaban sobradamente las peticiones de los procuradores en las Cortes y los positivos propositos de los monarcas, de poco hubiesen servido si la legislacion no hubiera estado acompañada de un completo organigrama de oficiales encargados de preservar su correcta ejecucion. Asi, desde las Cortes de Burgos de 1301 se nombraron guardas para que actuasen en los puertos de las villas fronterizas, siendo sustituidos algunos años despues por los alcaldes de sacas.No obstante, la experiencia demostro que la privacidad competencial de los alcaldes de sacas en la persecucion de este delito, lejos de reportar los beneficios esperados, no hizo sino acrecentar el problema que ya existia antes de su aparicion. La solucion a este problema se encauzo por dos vias: de una parte, concediendo tambien competencia en esta materia a los corregidores; de otra, permitiendo a estos reparar los agravios que los alcaldes hubiesen cometido contra los particulares.Finalmente, se analizan las penas tipificadas en las normas sobre esta materia. Penas que se caracterizaron por su extraordinaria severidad, algo que quedaba justificado si tenemos presente que, para los juristas de la epoca, se trataba de un delito susceptible de ser encajado dentro de las diferentes manifestaciones de la traicion y, por ello, sus participes se hacian acreedores a recibir las maximas sanciones tanto desde el punto de vista corporal como patrimonial.

La obra hace un estudio de la confiscación desde sus primeras manifestaciones en el Derecho romano, algo que a la postre ha demostrado, una vez más, la línea de continuidad de este sistema jurídico ya que gran parte de las soluciones adoptadas en aquellos siglos se trasplantaron a epocas posteriores, sobre todo desde la Baja Edad Media con la difusion del Derecho comun y su implantacion progresiva a nivel territorial... El punto final del iter se ha encontrado en la Constitucion gaditana de 1812 donde quedo proscrita esta pena para la posteridad

En esta obra de conjunto bajo el título Poder, sociedad y administración de justicia en la América Hispánica (siglos XVI-XIX), se reúnen los trabajos que, mediante comunicaciones, necesariamente breves, se presentaron en el XX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano celebrado en la sede de la Universidad Internacional de Andalucia en La Rabida (España) desde el lunes 16 al viernes 20 de septiembre de 2019.Hemos recogido en este libro setenta y dos articulos que corresponden a otras tantas comunicaciones que se expusieron durante el desarrollo del Congreso.

Hasta el momento presente contamos con numerosos trabajos de investigación dedicados a analizar diversos aspectos que rodean a la malversación de caudales públicos, pero todos centrados en el siglo XX y los años que llevamos del XXI, sin aludir a los relativos al conocido peculatus de la epoca romana.El objetivo fundamental del presente libro de Miguel Pino Abad, catedratico de Historia del Derecho de la Universidad de Cordoba, pasa por explicar que la malversacion fue la ineludible consecuencia de la generalizada inmoralidad publica que azoto a nuestro pais en el periodo decimononico. Por tal motivo, expone al lector algunos de los casos mas significativos que saltaron a la luz publica en los que se vieron involucrados tanto politicos como empleados de Hacienda. Casos que, sin duda, se multiplicaron ante las esteriles medidas preventivas adoptadas para erradicar esta lacra. En otros apartados, la obra se ocupa de la regulacion de la malversacion de caudales publicos en los diferentes Codigos penales del siglo XIX; los indultos y conmutaciones de penas que, en no pocas ocasiones, beneficiaron a los condenados; los procedimientos establecidos para intentar recuperar los caudales malversados, concluyendo con el analisis de las trabas que el propio ordenamiento juridico mostraba para hacer viable la eficacia de dicho reintegro y que pasaban por la necesidad de obtener la preceptiva autorizacion administrativa para la incoacion de los procesos judiciales y por los frecuentes conflictos de competencia.

Este recurso coexistió desde 1390 con la llamada segunda suplicación, que se podía interponer contra las sentencias de revista dadas por las Audiencias, Chancillerías o Consejo de Castilla, en causas que se habian incoado ante alguno de estos altos tribunales y siempre que versaran sobre asuntos arduos o complejos. Para que fuese viable su correcta interposicion el recurrente debia depositar una fianza que ascendia a mil quinientas doblas, que perderia si la sentencia era confirmada en dicho grado. Por ello, esta segunda suplicacion tambien recibio el nombre de recurso de las "mil y quinientas". Ya en el siglo XIX, las abiertas criticas doctrinales, que veian en la suplicacion una simple artimaña que utilizaban, muchos litigantes maliciosos para dilatar los procesos en que estaban inmersos y la generalizacion del recurso de casacion, provoco que aquella perdiese el protagonismo que habia demostrado en las centurias previas, lo que se comprueba en la escasa acogida que recibieron en las diversas leyes de enjuiciamiento que vieron la luz por entonces.

Inmediatamente después del fallido intento de golpe de Estado, encabezado por el general Sanjurjo, el Gobierno de Manuel Azaña presentó en las Cortes un proyecto de ley para separar de sus cargos a todos los funcionarios civiles o militares que fueran co